Sentencia Penal Nº 892/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2, Rec 201/2012 de 10 de Noviembre de 2012

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  • Núm. Sentencia: 892/2012
  • Núm. Recurso: 201/2012
  • Núm. Cendoj: 08019370022012100845

Encabezamiento

Audiencia Provincial de Barcelona

Sección Segunda

Juicio de Faltas núm. 341/12.

Rollo de Apelación núm. 201/12

Juzgado de Instrucción nº. 1 de Mollet del vallés

S E N T E N C I A NÚM. 892

En Barcelona, a diez de Octubre del dos mil doce.

En nombre de S.M. el Rey, S.Sª Iltma. Don Pedro Martín García, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto en grado de apelación, constituido en Tribunal unipersonal, los autos de Juicio de Faltas núm. 341/12. Rollo de Sala núm. 201/12, sobre falta contra las personas, procedentes del Juzgado de Instrucción nº. 1 de los de Mollet del Vallés, habiendo sido partes, en calidad de apelante Doña Valle , defendida por la Letrada Doña Eva Hernández Vilagrasa, y en calidad de apelados el Ministerio Fiscal y Don Juan Luis .

Antecedentes

Primero . -- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia apelada.

Segundo . -- Con fecha 5 de Julio del 2012, y por el Juzgado de Instrucción nº. 1 de los de Mollet del Vallés, se dictó sentencia en los autos de Juicio de Faltas núm. 341/12, cuyo fallo se da aquí por reproducido por razones de economía procesal.

Tercero . -- Apelada la sentencia por Doña Valle , y previos los trámites legales, se remitieron los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiendo a esta Sección por turno de reparto, teniendo entrada en la misma el día 8 de Octubre del 2012, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero . -- Se aceptan y dan por reproducidos los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

Segundo . -- Si bien el recurso de apelación autoriza al Tribunal 'ad quem' a revisar la valoración probatoria del Juez 'a quo', el hecho de que la apreciación por éste lo sea de pruebas practicadas a su presencia, y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina, en principio y por punto general, que la valoración probatoria realizada por el Juez de Instrucción -- a quien legalmente corresponde la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio oral, apreciación que será en conciencia y que comprenderá además las razones expuestas por el Ministerio Fiscal y por las demás partes, o sus defensores, así como lo manifestado por los propios acusados : art. 973 de la L.E.Crim . --, deba respetarse, con la única excepción que la conclusión probatoria de que se trate carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el correspondiente juicio verbal de faltas.

Tercero . -- La desestimación del recurso de apelación formalizado por Doña Valle viene determinada, según se sigue de la lectura del primero de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada puesto en relación con el acta del juicio verbal de faltas, por el hecho de que la convicción judicial se formó con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a presencia de la Jueza 'a quo' con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción ( arts. 24 ap. 2 C.E., 229 aps . 1 y 2 L.O.P.J . y 741 L.E.Crim . ), aptas por ello para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia ( art. 24 ap. 2 C.E . ) y formar la convicción judicial ( art. 741 L.E.Crim . ), como ha reconocido pacíficamente la jurisprudencia constitucional ( S.S.TC. 79/1994 , 123/1997 y 155/2002 , entre otras muchas), concretadas en el presente caso por la declaración testifical de Don Juan Luis y el propio reconocimiento del hoy apelante, bien que alegara las razones a su juicio justificantes, declaraciones que valoradas por el Juez de instancia con el inestimable auxilio de la inmediación, de la que carece este Tribunal, le merecieron plena credibilidad en orden a la formación de su convicción, por lo que no cabe apreciar ni vulneración del derecho del recurrente a la presunción de inocencia -- pues su condena se ha basado en auténticas pruebas de contenido incriminatorio practicadas con sujeción a todas las prescripciones constitucionales y legales --, ni tampoco error alguno en la valoración de las pruebas por parte del Juez, pues su valoración no es contraria a los principios de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia humana común, sin que quepa olvidar, como con todo acierto expone, bien que tácitamente, el Juez de instancia, que la resolución judicial que, entre otros extremos, fija el régimen de visitas no establece obligaciones ni deberes para los hijos, sino para los padres, que son los que vienen judicialmente obligados a acatar y hacer realidad la correspondiente resolución judicial.

Por ello el padre o la madre que tengan bajo su guarda y custodio a un hijo/a son los que vienen obligados a desplegar cuantas conductas sean adecuadas y necesarias para que éste/a se avenga a relacionarse con el otro progenitor titular del régimen de visitas, siendo inimaginable en último término que un hijo/a de determinada edad, que vive la normal relación de afecto y amor filial con el padre o la madre con la que convive, venga a anteponer su voluntad al hecho de poder ser condenado penalmente su padre o madre por su conducta negativa a que aquéllos cumplan con el régimen de visitas legalmente establecido, cuando menos mientras se trata de solucionar por sus padres el conflicto de intereses producido por su actitud bien pactadamente bien judicialmente. Es por este motivo que las exploraciones de los menores en este tipo de juicios se revela como innecesaria, pues no es a ellos a quien afecta la obligación judicialmente declarada, siendo el padre o la madre obligado por tal régimen quien dentro de las vías de la comunicación y relación humanas o, en último término, mediante la vía judicial, a quien corresponde dar solución legal a la actitud o voluntad del hijo menor de edad.

De otra parte, y por último, si bien es cierto que la sentencia debió precisar en el correspondiente apartado de "hechos probados" las fechas en que se produjo el incumplimiento por Doña Valle del régimen de visitas, lo cierto es que su omisión carece de toda relevancia constitucional o legal, pues como es de general y común conocimiento los hechos objeto del juicio de faltas -- como, por regla general, los de cualquier otro proceso - son única y exclusivamente los denunciados y que dieron lugar a la incoación del Juicio de Faltas, dato perfectamente cognoscible por la hoy apelante a poco interés o diligencia que hubiera desplegado y ello partiendo de la base del incumplimiento por el Juzgado de Instrucción de la obligación al mismo impuesta de dar traslado a la parte denunciada de copia del escrito de denuncia o querella ( art. 967 ap. 1 L.E.Crim . ).

VISTOS los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación, tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Fallo

: Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por Doña Valle contra la sentencia dictada en 5 de Julio del 2012 por el Juzgado de Instrucción nº. 1 de Mollet del Vallés en los autos de Juicio de Faltas núm. 341/12, la que, en consecuencia, debo confirmar y confirmo íntegramente en todos sus pronunciamientos, declarando de oficio las costas procesales de la presente alzada.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará personalmente a las partes, a quienes se hará saber que la misma es firme y que contra ella no cabe recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Presunción de inocencia
Declaración del testigo
Auxilio
Voluntad
Conflicto de intereses
Omisión
Objeto del proceso
Querella