Sentencia Penal Nº 9/2011, Audiencia Provincial de Castellon, Sección 1, Rec 643/2010 de 12 de Enero de 2011

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  • Núm. Cendoj: 12040370012011100044

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

Sección Primera

Rollo de Apelación Penal núm.643/10

Juicio Oral Nº 226/08

Juzgado de lo Penal núm. 3 de Castellón

P.A. Nº 252/07

Juzgado de Instrucción núm. Nº 4 de Castellón

SENTENCIA NÚM. 9

Ilmos. Sres.:

Presidente:

DON ESTEBAN SOLAZ SOLAZ

Magistrados:

DON PEDRO LUIS GARRIDO SANCHO

DOÑA AURORA DE DIEGO GONZALEZ

______________________________________

En Castellón de la Plana, a doce de enero de dos mil once.

La SECCIÓN PRIMERA de la Audiencia Provincial de Castellón, constituída por los Ilmos. Sres. anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia de fecha, treinta de Abril de dos mil diez dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Castellón , en autos de Juicio Oral Nº 226/08 seguidos por delito de robo con fuerza.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE, el condenado, Don Humberto , representado por la Procuradora Doña Maria Antonia Carrilero Balado y defendido por el Letrado D Luis Tudela Ortells y como parte APELADA, el MINISTERIO FISCAL, siendo Ponente la Magistrada Ilm. Sra. Dña. AURORA DE DIEGO GONZALEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia recurrida, declara probados los hechos siguientes: "ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que Humberto , mayor de edad, en unión con otro individuo no identificado, previo concierto y común acuerdo, y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, sobre las 4:00 horas del día 19 de Julio de 2006, y tras fracturar el cristal de la puerta lateral del Restaurante Prados, sito en la C/. Juan Carlos I de Torreblanca, accedió a su interior, fracturando una máquina recreativa del local de la que falta el cajón de la recaudación, siéndole ocupada al acusado la cantidad de 296,35 euros, y sin que la empresa " Comercial Torreblanca". Propietaria de la máquina, reclame por estos hechos".

El propietario del restaurante, Severino , reclama por lo daños causados en su local, antes descritos, cuyo valor de reparación asciende a 250 euros.

SEGUNDO.- El fallo de la sentencia apelada dice: "Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Humberto , como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa de los arts. 237, 238.2º, 240, 16 y 62 del Código Penal , sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e imposición de las costas procesales.

Se acuerda el decomiso de la cantidad de 296,35 euros intervenida al acusado al amparo del art. 127 C.P .

Asimismo, DEBO CONDENAR Y CONDENO a Humberto , a que indemnice, en concepto de responsabilidad civil, a favor de Severino en la suma de 250 euros, más los intereses del art. 576 LEC . "

TERCERO.- Publicada y notificada la sentencia interpuso contra la misma recurso de apelación que fue admitido a trámite, con traslado a la parte adversa quien lo impugnó solicitando su desestimación.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se turnaron a la Sección Primera donde se formó el oportuno Rollo de apelación, tramitándose el recurso y señalándose la deliberación y votación del Tribunal.

Hechos

SE ACEPTAN los hechos declarados probados en la Sentencia apelada.

Fundamentos

SE ACEPTAN los de la resolución apelada en lo que no contradigan los siguientes

PRIMERO.- Se alza en apelación D. Humberto contra la sentencia de primer grado que le condenó como autor responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa a la pena de nueve meses de prisión. Solicita el apelante de la Sala la revocación parcial de la sentencia apelada y que se dicte nueva resolución por la que se imponga la pena mínima de seis meses. Alega en apoyo de sus pretensiones falta de motivación de la sanción impuesta, habida cuenta de que la motivación de la sentencia apelada sólo se refiere al grado de ejecución alcanzado de cara a la rebaja de la pena prevista en uno o dos grados atendida la comisión del hecho delictivo en grado de tentativa, sin que a su entender se justifique otra sanción que la mínima de seis meses aplicable, con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo que es caso de falta de motivación de la sanción impuesta estima que procede imponer la mínima imponible.

El Ministerio Fiscal se ha opuesto a las pretensiones del recurso por entender que la motivación de la sentencia apelada no sólo es válida para sustentar la rebaja en un solo grado de la pena, sino que también proporciona sustento adecuado a la imposición de los nueve meses de prisión.

SEGUNDO .- Afirma la STS de 16 julio 2001 que la exigencia de motivación en las resoluciones judiciales y por tanto en las sentencias, deriva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, establecido en el art. 24.1 de la CE ., que comprende, entre otros, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, y exige, que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptuado en el art. 142 de la LECrim y está prescrito por el art. 120.3º del CP .

En las sentencias 1181/97 y 1366/97 , se expone que la motivación debe abarcar tres aspectos o planos de la sentencia penal:

a) La fundamentación del relato fáctico con exposición de las pruebas de las imputaciones que el mismo contiene.

b) La fundamentación de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo penal procedente (con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo y circunstancias modificativas).

c) La fundamentación de las consecuencias punitivas y de responsabilidad civil, en el supuesto de condena, lo que comporta motivar la individualización de la pena .

En sentencias 184/98 de 14.7 y 383/99 de 3.6 , se expone la doctrina sobre motivación de las penas considerando que si la exposición de las razones de la individualización es siempre conveniente, se convierte en necesaria en algunos supuestos, como cuando se exaspera al máximo la punición sin razón aparente ( SS. de 14.2.92 , 26.4.95 y 4.11.96 ), cuando uno de los coautores es sancionado con pena superior a la impuesta a los otros, sin motivo evidente o cuando se pone a todos los acusados penas iguales, pese a concurrir en alguno de ellos alguna circunstancias modificativa. La sentencia 184/98 señala que será necesario obviamente, también la motivación de la individualización de la pena cuando se exija expresamente por la norma, como sucede en el supuesto contemplado en la regla 1ª del art. 66 del CP ., de ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, o de concurrencia de agravantes y atenuantes. En tales casos, la mencionada regla 1ª establece que los Jueces y Tribunales individualizarán la pena, imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia.

La falta de motivación de la pena ha sido solventada por el Tribunal Supremo, como señala la sentencia de 18-10-2002, núm. 1724/2002 , por medio de tres mecanismo: 1°. -) Bien remitiendo los autos, al Tribunal de origen, el cual, sin necesidad de repetir el juicio, debe suplir la omisión, razonando la cantidad de pena a imponer. Tal opción lleva implícito el inconveniente de provocar un retraso o dilación en la resolución definitiva del asunto, dada la posibilidad de que la parte afectada interponga nuevo recurso de casación. 2°. -) La segunda posibilidad, es hacer la regulación individualizadora de la pena el propio Tribunal revisor de la sentencia de instancia, justificando la pena impuesta, cuando excede de la mínima, si la sentencia refleja datos y circunstancias, que fundamenten la razonabilidad y ponderación de la pena recaída, no razonada. Este mecanismo procesal choca con el inconveniente de que una función que se halla atribuida al juzgador de instancia, se desplaza y desnaturaliza, haciendo la individualización un órgano a quien no corresponde. 3°. -) Por último, que el Tribunal ad quem recurra a la imposición de la pena mínima conforme al marco legal fijado para el tipo delictivo aplicado con sus circunstancias, logrando eliminar la posible vulneración de cualquier derecho fundamental del recurrente y la producción de dilaciones en el proceso. Quizás dentro de esta alternativa, se sacrifique alguna de las finalidades del derecho penal, integrada por la realización de la justicia material (proporcionalidad de las penas), que puede resentirse, si por una omisión o error del juez a quo, el superior suprime la posible individualización, en pro de la salvaguarda de derechos fundamentales.

Sin embargo, en el caso examinado coincide la Sala con el Ministerio Fiscal en el sentido de que no es correcto circunscribir la motivación de la sentencia apelada a la rebaja en un solo grado de la pena, pues ni lo dice expresamente la resolución ni se infiere de su redacción. Por el contrario, entendemos que la concreta sanción impuesta, superior al mínimo legal aparece suficientemente fundada en la aludida sentencia que explicita suficientemente los factores concurrentes tales como la producción de la secuencia delictual integrante del robo que solo vino quebrada con la persecución y alcance ulterior. Tuvo lugar el acceso al establecimiento por medio de la fractura del cristal y también forzó el recurrente la máquina tragaperras apoderándose de su importe.

En suma, y por cuanto ha sido expuesto, no concurren razones algunas que desvirtúen la sentencia apelada, procediendo por ello su confirmación con desestimación del recurso

TERCERO .- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 239 y 240 de la LECR se imponen al apelante las costas de esta alzada.

VISTOS los artículos citados en ambas instancias y los demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, desestimando el recurso de apelación promovidos por D. Humberto contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado- Juez del Juzgado de lo Penal num. 3 de Castellón, en sus autos de Juicio Oral núm. 226 de 2008, confirmamos íntegramente la resolución recurrida con imposición al recurrente de las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Grado de tentativa
Motivación de las sentencias
Robo con fuerza en las cosas
Robo con fuerza
Autor responsable
Individualización de la pena
Hecho delictivo
Tipo penal
Derecho a la tutela judicial efectiva
Omisión
Coautoría
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Responsabilidad
Resolución definitiva
Dilación procesal
Proporcionalidad de las penas
Robo