Sentencia Penal 762/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 54/2023 de 24 de septiembre del 2025

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona condenando al acusado como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito de estafa, en relación de concurso medial, a sendas penas de 1 año y 3 meses de prisión y la multa que impone. La estimación en el recurso de apelación se refiere a la consideración de las sucesivas falsedades como una pluralidad delictiva, que la Audiencia Provincial consideró integradas en el delito continuado, o como una unidad natural de acción, como ha sido considerado por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación, que suprime del fallo la pluralidad de actos incardinados en el delito continuado.

En síntesis, el relato fáctico refiere que los acusados, uno como apoderado de la empresa y otro como director general de la misma, idearon el siguiente plan para lograr un beneficio patrimonial ilícito. A finales de enero del 2019 se personan en una entidad bancaria con la finalidad de adquirir distintos productos financieros siendo requerido para aportar la documentación de la empresa y para que los acusados, conocedores de que la misma no presentaba actividad, y a sabiendas de su falsedad, presentaron un balance de situación de la empresa, la declaración anual de operaciones de la Agencia Tributaria, así como facturas y cobros de la empresa con terceras personas, documentos que no se correspondían a la realidad y que documentaba operaciones que nunca se habían producido, los cuales habían sido confeccionados por los acusados, o por terceras personas a su instancia. Con esa documentación la entidad bancaria les facilitó los siguientes productos financieros: una cuenta corriente, una tarjeta de crédito de la que era beneficiario uno de los acusados y una línea de crédito por importe de 60.000€ que fueron utilizados por los acusados en beneficio propio para realizar gastos particulares. Dice el relato que intentaron la adquisición de un vehículo para la sociedad que no llegó a materializarse al ser descubierta la mendacidad.

La sentencia ha sido recurrida por uno de los condenados que denuncia, en el primer motivo, la inconstitucionalidad de los artículos que regulan el recurso de casación, en especial los números 1 y 2 del artículo 849 y su interpretación respecto del artículo 741 de la ley procesal que, a juicio del recurrente, vulnera los artículos 117 y el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la argumentación que desarrolla refiere que la situación procesal en nuestro país respecto a la revisión por este de casación es la misma que dio lugar a la condena de España, contenido en el dictamen del Comité de Naciones Unidas para el seguimiento y actuación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por no ajustarse el sistema que resulta de las exigencias contenidas en el artículo 14.5 del mencionado Pacto. Concretamente, la vulneración el sobre el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria. Concluye argumentando que lo que pretende esta parte es que se revise el criterio de valoración que realiza el Tribunal Superior de Justicia de acuerdo a las máximas de experiencia y la lógica racional, argumento que desarrolla junto a la invocación del principio in dubio pro reo.

El motivo se desestima. En la exposición de la queja el recurrente parece olvidar que la conclusión a la que llegó el comité Derechos Humanos de Naciones Unidas se formuló respecto a una situación anterior a la reforma del recurso de casación que tras la cual se regula ahora y prevé la doble instancia con una revisión en sede de casacional, situación procesal actual que nada tiene que ver con la anterior a la ley 41/2015 y que modificó el régimen de impugnación de las sentencias dictadas por la jurisdicción penal respecto a las que se prevé una apelación y una casación, en los términos contenidos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de esta casación, la sentencia dictada en primera instancia por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia de 21 de diciembre de 2021, fue objeto de revisión, a través del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que estimó procedente el recurso, en sentencia de 8 de noviembre de 2022 que es objeto de esta casación.

El motivo carece de contenido y debe ser desestimado.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia la nulidad de actuaciones del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24 de la Constitución. Aunque no lo expresa debe querer referirse al derecho a un proceso debido. En el recurso, aunque menciona el rat. 546 de la LECrim, referido a la entrada y registro, su queja se refiere a la vulneración de su derecho fundamental al no haber sido acogida la nulidad de actuaciones, interesada como cuestión previa ante el Tribunal Superior de Justicia, porque iniciado el juicio oral el 14 de julio de 2021, ante la incomparecencia de un testigo se interesó la suspensión del juicio que se reanudó el 18 de octubre del 2021, juicio reanudado que volvió a suspenderse por incomparecencia del testigo citándose de nuevo a las partes el 17 de noviembre del mismo año. Arguye el recurrente que el principio de contradicción aparece contravenido cuando las reanudaciones del juicio suspendido se realizan más allá del plazo de 30 días que señala la ley, en el art. 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo se desestima. La cuestión fue objeto de debate en el Tribunal Superior de Justicia el cual declaró no haber lugar la declaración de nulidad que requiere, no solo la vulneración derivada de una irregularidad procesal, que sea grave y también que cause indefensión, y si bien el escrito se denuncia el incumplimiento del plazo de suspensión para asegurar el principio de contradicción en la producción de la prueba, el recurrente, ni entonces en la apelación ni ahora en casación, señala el fundamento qué haga procedente la declaración de nulidad por la causación de indefensión a la persona que reclama la vigencia del principio de concentración. Antes al contrario, la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia han referido la no producción de indefensión, y no se ha producido argumentación en un sentido contrario, derivada de la grabación de las anteriores sesiones del juicio oral que ha permitido a la sala no solo tener conocimiento cabal de los testimonios y prueba practicada en las anteriores sesiones de juicio oral, sino que han podido reproducirlas en el juicio oral, si así hubieran sido solicitadas.

Ciertamente se ha producido la irregularidad derivada del incumplimiento de lo establecido en el artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ese incumplimiento no ha producido, al menos no se expresa en la impugnación, una indefensión material más allá del mero incumplimiento que el tribunal, de forma expresa que no ha perjudicado el cabal conocimiento de la causa pon los órganos encargados del enjuiciamiento.

TERCERO.- En el tercer motivo de la impugnación denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, por no existir prueba de cargo suficiente y capaz de desvirtuar ese derecho fundamental. Igualmente, y con el mismo amparo constitucional, denuncia la inexistencia de la actividad probatoria suficiente para afirmar los hechos de la condena por el delito de estafa. El recurrente repasa los elementos de la tipicidad del delito de estafa y cuestiona ley existencia de precisa actividad probatoria para su condena.

Ambos motivos presentan una idéntica argumentación referida a la inexistencia de prueba al tiempo que carga las culpas de los hechos en el otro condenado, que no ha recurrido la sentencia. Recordamos que el hecho probado de la sentencia inicia el relato fáctico afirmando los dos acusados actúan de mutuo acuerdo, el no recurrente como apoderado de la empresa, y el recurrente como director general de la misma, y que ambos idearon un plan para obtener un beneficio patrimonial ilícito. La sentencia objeto de la presente impugnación a través del recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha tenido en cuenta la valoración probatoria realizada por la Audiencia Provincial y que ha expuesto de forma minuciosa en el fundamento de derecho primero la actividad probatoria practicada en el juicio que considera suficiente y que resulta de la testifical de los empleados de la sucursal bancaria, a la que acudieron los dos acusados para la obtención de los productos financieros, conociendo la inactividad empresarial de la entidad que representaban, y dirigían, y conociendo que por lo tanto, la documentación que presentaban y referida a actividades de la empresa y las declaraciones tributarias de la empresa no se correspondían con la realidad los acusados presentaron una apariencia de actividad comercial que les permitió obtener la línea de crédito bancario que utilizaron, como el tribunal de la primera instancia afirma a partir de las testificar del director de la sucursal y también de la empleada de la misma, quiénes examinaron la documentación presentada y narraron el engaño sufrido. Los vestigios, comparecidos en el juicio oral, manifestaron que los dos acudían en varias ocasiones a la entidad bancaria relacionándose con uno u otro de forma indistinta aportando la documentación que ha sido examinada. El Tribunal de la inmediación señala la credibilidad y fiabilidad de los dos testimonios, que aparece también documentado, pues los documentos que el tribunal ha señalado la fundamentación sentencia, en la que se relacionan los documentos falsificados y las relaciones con terceras empresas simulando la realización de una actividad comercial inexistente.

Constatada la existencia de precisa actividad probatoria los dos motivos se desestima.

CUARTO.- En el cuarto de los motivos denuncia, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la falta de proporcionalidad de la pena al entender que la pena impuesta resulta desproporcionada al hecho declarado probado.

El motivo se desestima. En el recurso no se denuncia error alguno, lo que ya permitiría su desestimación por no ajustarse a la exigencia de la vía impugnatoria elegida. Por otra parte la subsunción y la pena ha sido objeto de corrección por el Tribunal Superior de Justicia, que al retirar de la imputación el carácter continuado del delito ha supuesto una notable reducción de la pena por la que fueron condenados en primera instancia. Tampoco el recurrente refiere el contenido de la queja que expresa como fundamento del recurso los principios de proporcionalidad y necesidad que no lo desarrolla.

QUINTO.- El sexto y último de los motivos denuncian un error en la apreciación de la prueba del número dos del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, motivo que no llega a desarrollar, al referirse la relación de este motivo que opone con los que hemos examinado en los motivos de su impugnación tercero y cuarto que han sido analizados conjuntamente, al referir la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El motivo carente de contenido casacional se desestima.