Sentencia Penal 921/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4538/2023 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, en su Rollo de Sala por Procedimiento Abreviado 1/2020, dictó sentencia el 28 de junio de 2021 en la que, entre otros acusados, condenó a Guillermo como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en notoria importancia, concurriendo la agravante de reincidencia, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa en cuantía de 229.056 euros.

1.2. Contra esta resolución se interpone el presente recurso de casación que se estructura alrededor de cuatro motivos y cuyo estudio principiaremos por el segundo de ellos, puesto que, al denunciar el quebranto del derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías, condiciona la validez del procedimiento.

El motivo se entremezcla con algunas alegaciones adelantadas en el primero de los motivos formalizados y que está referido a un eventual quebranto del derecho del recurrente a la presunción de inocencia. En concreto, lo que el recurrente denuncia es que Bruno fue detenido en posesión del alijo de droga por cuya transmisión se condena ahora al recurrente. La detención de aquel se produjo en Aranda de Duero (Burgos) el 12 de marzo de 2014 y fue condenado, por conformidad del acusado, el 9 de octubre de 2014. Aduce que, si como refiere la sentencia y como señalan los informes policiales, ya se conocía que el recurrente era quien había efectuado la entrega de la sustancia que transportaba Bruno, no se comprende que no se le detuviera y que, una vez que ingresó en prisión para el cumplimiento de una pena impuesta anteriormente en otro procedimiento, no fuera informado de la existencia de la causa hasta que se le tomó declaración como inculpado el 28 de septiembre de 2016.

Reprocha, además, que no ha dispuesto de una defensa debidamente articulada ni durante la instrucción, ni en la fase intermedia, ni durante el plenario. Arguye que el abogado de la defensa no tuvo ninguna intervención en declaraciones, diligencias, escritos, recursos, ni siquiera en el escrito de defensa, y que no mantuvo reuniones o llamadas con su cliente. También reprocha que no se dio traslado del contenido de la causa al abogado de la defensa que actuó durante la instrucción, por lo que no pudo impugnar la prueba o acceder a su contenido, ni tampoco se le dio traslado al abogado que asumió la defensa en el juicio oral, de quien afirma que no estuvo registrado en el sistema icloud del órgano de enjuiciamiento.

1.3. El proceso penal del Estado de Derecho se estructura sobre la base del principio acusatorio y de la presunción de inocencia. Para que su desarrollo respete las exigencias de un proceso justo o, en términos del artículo 24.2 de la Constitución, de un proceso con todas las garantías, es necesario que el imputado conozca la acusación y pueda defenderse adecuadamente de la misma. Por ello, el derecho de defensa, como derecho reconocido a cualquier imputado, resulta esencial o nuclear en la configuración del proceso, y los principios de contradicción, igualdad de armas y de prohibición de la indefensión, actúan, a través del derecho de defensa, como legitimadores de la jurisdicción. Esto es, la jurisdicción solo puede operar en ejercicio del poder judicial cuando se dan determinadas condiciones de garantía de los derechos de las partes, y especialmente del imputado ( STS 821/2016, de 2 de noviembre); condiciones entre las que se encuentra el respeto absoluto al derecho a la asistencia letrada, reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la Constitución Española, y del imputado en su artículo 24. Junto a otros derechos, la asistencia letrada integra una batería de garantías que pretenden asegurar la eficacia real de uno de ellos: el derecho a un proceso con garantías (a un proceso equitativo, en términos del Convenio Europeo de Derechos Humanos), también llamado proceso justo.

1.4. Con el mismo criterio que el artículo 24 de nuestra Constitución, el artículo 6.3 c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950, dispone que todo acusado tiene, como mínimo, el derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo exijan. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 27 de abril de 1977, dispone en su artículo 14.3 b) que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a comunicarse con un defensor de su elección y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

1.5. Se refleja así la conexión que existe entre asistencia letrada y la institución misma del proceso, tanto si la intervención del abogado es el puro reflejo del ejercicio del derecho a su designación por el imputado, como cuando su actuación se configura como un requisito procesal por cuyo cumplimiento debe velar el propio órgano judicial, procediendo directamente al nombramiento de abogado de oficio si el encausado mantiene una actitud pasiva ante la exigencia de su nombramiento; razón por la cual, nuestra doctrina constitucional ha destacado la imposibilidad de transformar el derecho fundamental en un mero requisito formal ( STC 42/1982, de 5 de julio).

1.6. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en doctrina que se refleja en su Sentencia dictada en el caso Ártico contra Italia, de 13 de mayo de 1980 (STEDH 1980/4), recordaba que el objetivo primordial del Convenio consiste en proteger derechos, no teóricos ni ilusorios, sino concretos y efectivos. Y destacaba que la pretensión tenía especial importancia respecto de los derechos de defensa, a la vista del papel prominente que el derecho a un proceso debido tiene en una sociedad democrática [ Sentencia Airey de 9 de octubre de 1979 (TEDH 1979, 3) serie A, núm. 32, págs. 12-13, aps. 24 y 32 supra]. Recordaba la sentencia que el artículo 6.3 c) del Convenio, habla de "asistencia" y no de "designación", poniendo de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad de su auxilio, dado que el abogado de oficio, no sólo puede perecer o tener un impedimento permanente para el cumplimiento de sus funciones, sino que puede simplemente eludir la atención de sus deberes. Admitir que la asistencia técnica pudiera quedar cumplida por la mera designación de un letrado, entrañaría amenazar con convertir la asistencia letrada gratuita, en una palabra vacía en más de una ocasión; concretándose en la Sentencia Kamasinski contra Austria de 19 diciembre de 1989 (TEDH 1989/24, aps. 99 a 103), que la garantía del derecho es plenamente exigible en el trámite casacional.

Ha expresado también el Tribunal que, por más que el artículo 6.3 c) del Convenio posibilite una elección de autodefensa o de designación letrada, lo que garantiza es que no tengan lugar procesos contra un acusado carente de adecuada defensa, sin que ello suponga que el encausado pueda decidir la forma en la que deberá defenderse. Conforme a la doctrina del Tribunal Europeo, la decisión sobre cuál de las dos alternativas mencionadas en el precepto debe escogerse (representarse a sí mismo o de ser representado por un abogado de su elección, o, en determinadas circunstancias, elegido por el Tribunal), depende de la legislación aplicable en cada Estado o del reglamento del Tribunal (véase X c. Noruega, núm. 5923/72, Decisión de la Comisión de 30 de mayo de 1975, Decisiones e Informes DI 3 pg. 43). Por ello, aún cuando el Tribunal fijaba que el Estado no puede ser considerado responsable de los defectos del abogado designado como asesor letrado, establecía que el respeto del artículo 6.3.c) obliga a las autoridades nacionales competentes a intervenir cuando sea evidente la omisión del abogado de oficio, esto es, cuando el asesor legal fracase, de una forma manifiesta o suficientemente elocuente, en su intento de representar de manera eficaz a su defendido (véase Kamasinski c. Austria, ap. 65; también Mayzit contra Rusia de 20 enero 2005 (TEDH\2005\4), ap. 67). Lo que se complementa con la posición del Tribunal acerca de que la vulneración del convenio no precisa la probanza de que el déficit de asistencia lesione realmente al acusado, pues ni podría establecerse con seguridad el juicio hipotético de cómo habría discurrido el proceso de haberse actuado de otra manera, ni la necesidad de esa prueba se deriva del artículo 6.3.c), por lo que, si se introdujera la exigencia por vía interpretativa, se privaría a la garantía de gran parte de su sentido.

1.7. Si bien nuestra jurisprudencia destaca que la casación se constriñe a cuestiones planteadas por las partes que hayan sido objeto de discusión para la resolución que se impugna, sin poder introducir cuestiones nuevas que pudieron plantearse en tiempo sin que se hiciera, también hemos fijado como excepción aquellas cuestiones que puedan tener repercusión directa en los derechos fundamentales de la parte como su derecho de defensa. Por otro lado, resulta incuestionable que una denuncia de carencia de defensa efectiva solo puede sustanciarse una vez desactivadas las condiciones y circunstancias que la determinaron, respondiendo a una racional lógica procesal que la denuncia de que un letrado no prestó una efectiva defensa deba de sostenerse en instancias distintas de aquellas en las que intervino el profesional cuestionado y una vez removido, pues el planteamiento sobre si una defensa actúa de forma real y operativa exigirá lógicamente de un cuestionamiento externo.

En todo caso, la propia doctrina expresada por el TEDH nos permite sintetizar determinadas exigencias sobre el planteamiento de objeciones de esta naturaleza. En concreto, sin ánimo de agotar las premisas y sin que se exija que todas ellas deban concurrir para que pueda estimarse la denuncia de haber carecido la parte de una defensa efectiva:

A) El recurrente debe identificar las actuaciones u omisiones de defensa que se cuestionan, reflejando la razón de su consideración crítica.

B) Deben aportarse o señalarse los registros procesales que pueden prestar apoyo a la consideración defendida en el recurso, a fin de contrastar el sustento objetivo de la tesis.

C) Cuando se denuncie la falta de comunicación con el encausado o la no preparación de una adecuada asistencia técnica, en la medida de lo posible, deberán aportarse aquellos testimonios, certificados, escritos o elementos de acreditación que puedan reflejar el abandono profesional, destacando la identificación de los pasajes procesales en los que la experiencia forense sugiere que se produjo una desatención específica y

D) No basta con probar la mala praxis técnica, sino que el recurrente deberá mostrar cómo esa conducta afectó la adecuada operatividad de un proceso equitativo.

1.8. Cuando la parte hace una alegación genérica o difusa sobre la incorrección de la actuación técnico-jurídica precedente, lo que pretende del Tribunal es que: a) revise toda la actividad procesal de la parte, b) confronte ésta con la actuación jurídica del resto de las partes, c) efectué su propio análisis sobre la idoneidad y acierto de las iniciativas de aquella, d) seleccione aquellos pasajes que considere más cuestionables y e) les asigne, finalmente, una virtualidad sustantiva en el proceso de defensa, a partir de la propia experiencia procesal del Tribunal y no de las consideraciones jurídicas de la parte recurrente. El atrevimiento del actuar de la defensa forzaría al Tribunal a desbordar su posición procesal, obligándole a sustituir a aquella e identificar en su lugar las objeciones concretas que pueden ofrecer una mayor viabilidad jurídica para alcanzar su pretensión anulatoria, desarrollando el discurso crítico que la defensa debió construir e, incluso, las razones que podrían justificar un rechazo final. Todo, además, con desatención del debido debate contradictorio, pues el resto de las partes estarían imposibilitadas para introducir su propio juicio valorativo sobre los elementos finalmente determinantes de la decisión.

Consecuentemente, solo las exigencias anteriormente expuestas permiten que el Tribunal, desde la neutra posición procesal que le corresponde, pueda diferenciar la inexistencia de una defensa eficaz, que determinará la obligación de anular el procedimiento para proporcionar al encausado la defensa equitativa a la que tiene derecho, de aquellos otros supuestos en los que la defensa optó legítimamente por una determinada estrategia procesal que fracasó y en los que la nueva asistencia letrada deslegitima el proceder profesional anterior con la abusiva intención de lograr la retroacción del procedimiento y poder emprender una nueva estrategia o demorar lo inicialmente decidido.

1.9. En el presente supuesto, la ausencia de defensa efectiva que objeta el recurso de casación se proyecta sobre los dos abogados que intervinieron con anterioridad en la dirección técnica del acusado. Y la crítica al hacer profesional de los dos abogados precedentes no se concreta. Respecto del abogado que atendió la fase de instrucción, se proclama la falta de contacto con su cliente. Sin embargo, no se aporta ningún elemento testifical o documental que refleje esa desconexión, ni mucho menos se identifica que aconteciera en momentos procesales en los que la desvinculación se entienda procesalmente incomprensible, lo cual resulta particularmente significativo cuando, por estar el acusado interno en un centro penitenciario, la cuestión resultaría de fácil verificación, al existir una regulación y un registro de sus contactos personales y telefónicos con el exterior. Y en cuanto a las específicas actuaciones procesales en las que el primer abogado intervino, el recurso tampoco concreta cuáles son las declaraciones, diligencias, escritos o recursos que entiende inaceptablemente desatendidos o eludidos y determinan a su juicio la ausencia de una defensa efectiva.

1.10. No puede concluirse sin hacer mención a otros aspectos sobre los que el recurrente construye el eventual quebranto de su derecho a un proceso con todas las garantías. Junto a determinadas objeciones que se proyectan sobre la intervención telefónica y que serán objeto de análisis al abordar la legitimidad constitucional de los medios de prueba, el recurrente reprocha la tardanza en inculparle y tomarle declaración como investigado, eludiendo que la investigación estaba declarada secreta y que el devenir procesal se ajustó así a las previsiones del artículo 301 de la LECRIM.

Respecto a la defectuosa comunicación de los actos de instrucción, el recurso tampoco identifica qué actuaciones no le fueron comunicadas y por qué la omisión de éstas pudo ser determinante de indefensión y justificaría la nulidad del procedimiento que reclama. Ello comporta el rechazo de su queja. La doctrina constitucional expresa que para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de alegar o defender en el proceso sus derechos y podría conducir a la repetición de lo actuado, no basta con una vulneración meramente formal de las normas procesales, siendo preciso que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, esto es, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa ( STC 149/1998), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses afectados ( SSTC 155/1988 y 112/1989). Identificación de menoscabo defensivo que resulta particularmente exigible en este supuesto, dada: a) La exigencia de concreción impuesta al recurrente en el artículo 874.1 de la LECRIM; b) Que las distintas actuaciones de instrucción están documentadas a lo largo de más de 32 tomos y diez mil folios, impidiendo con ello que la Sala pueda hacer un análisis desconectado de la concreta aspiración del recurrente; c) Que en su día la defensa no cuestionó la resolución por la que se dio por terminada la instrucción y d) Que el recurrente quedó sometido a juicio oral con plena capacidad de propuesta probatoria, sin que el recurso exprese ninguna denegación de prueba u ofrezca alguna explicación de en qué medida una eventual notificación pretérida hubiera podido modificar la efectividad de la defensa que desarrolló posteriormente.

Por último, la Sala tampoco encuentra apoyo al reproche de no haber tenido la causa a su disposición, pues el propio recurso admite que las actuaciones se incluyeron en el sistema iCloud dispuesto por el órgano de primera instancia y que no se restringió el acceso a la parte, además de no expresar el recurso en qué medida pudo generarse algún perjuicio por las dificultades de acceso que inicialmente afectaron al abogado de la defensa que intervino en la fase de juicio oral.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El primer motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad.

Reprocha que la sentencia de instancia ha realizado una valoración ilógica e incoherente de la prueba practicada, proponiendo una lectura distinta.

Para ello destaca la declaración de descargo del propio recurrente y su concordancia con las declaraciones del resto de coacusados que se conformaron. En concreto, de los coimputados Teodora, Bruno y Juan Miguel, subraya que se negaron a declarar. De Ezequias y Bruno ( Limpiabotas) destaca su negativa a que el recurrente les hubiera vendido droga o a que le hubieran visto vender esta sustancia a otras personas, reprochando que el Tribunal haya transformado sus declaraciones de manera ilógica e irracional y las haya convertido en prueba de cargo.

Sobre la prueba testifical, pone en duda la declaración de los Guardias Civiles que establecieron la concordancia entre el recurrente y la persona a la que denominaban " Bucanero" durante las intervenciones telefónicas, en atención al vehículo que conducía. También cuestiona la identificación que establecen entre el recurrente y la persona a la que apodaban " Bola", expresando que hay otros coimputados que se llaman Guillermo. Y subraya, en todo caso, que en ningún momento se señala que el citado "porche" hiciera entrega de ninguna mercancía, o que ayudara a esconderla, o que la portara o recibiera pago alguno. Y sobre los testigos propuestos por su propia defensa que negaron la vinculación del recurrente con el tráfico de drogas, destaca que todos ellos aparecen en la investigación y sin embargo la Sala no los ha otorgado credibilidad.

Al tiempo, el recurrente niega virtualidad probatoria a las conversaciones obtenidas con ocasión de la intervención de las comunicaciones telefónicas de los investigados. De estas, reprocha que las conversaciones no se incorporaron a la copia digitalizada que estuvo a disposición de la parte, impidiendo con ello que en el escrito de defensa o durante el juicio oral se pudiera pedir un dictamen pericial sobre la concordancia entre la voz del recurrente y la que se le atribuye como uno de los interlocutores de las conversaciones. Considera, por ello, que no puede atribuirse al recurrente el contenido de los diálogos y fundar en ello la enervación de su derecho a la presunción de inocencia, particularmente cuando los agentes no identificaban al recurrente por su nombre o apellidos, sino con un apelativo que ellos mismos le asignaron en atención al coche que conducía ( Bucanero). Subraya, que tampoco se aportó al procedimiento la transcripción completa de las conversaciones, incorporándose solo un resumen de determinados pasajes confeccionado por los propios agentes investigadores y que no fue cotejado por el fedatario judicial.

2.2. Como se ha explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero), "cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio". Una verificación que alcanza a que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

2.3. Analizando en qué medida las objeciones planteadas por el recurrente podrían incidir en la validez como prueba de cargo de las conversaciones telefónicas intervenidas, debemos destacar la doctrina constitucional y de esta Sala que recuerda que la intervención telefónica no supone un medio normal de investigación sino excepcional, en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su estándar de legalidad constitucional exige que su utilización sea limitada o ajustada a la nota de excepcionalidad, con las exigencias de idoneidad, necesidad y subsidiariedad formando un todo inseparable que actúa como protección ante el riesgo de expansión que suele recaer sobre todo lo excepcional.

Fuera de ello, en el plano exclusivo de legalidad ordinaria, se sitúa el protocolo para su incorporación al proceso, que pasa por la aportación de las cintas originales íntegras y por la efectiva disponibilidad de este material para las partes, junto con la audición o lectura de las mismas en el juicio oral. Pero, mientras la aportación de las conversaciones sí es un elemento que condiciona el correcto control jurisdiccional de la medida de investigación injerente en el derecho fundamental y fundamenta además la posibilidad de un adecuado ejercicio del derecho de defensa, pudiendo tener así repercusión en el contenido esencial de un derecho constitucional, las demás exigencias son susceptibles de ser excepcionadas en la medida en que la limitación no tenga repercusión en el contenido esencial.

Por ello, hemos expresado que la audición de las cintas o grabaciones en sede de juicio oral, aunque constituye la base para satisfacer los principios de oralidad o contradicción, puede eludirse cuando, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición, las partes renuncien a la misma; puntualizando nuestra jurisprudencia que el desistimiento no puede ser instrumentalizado por las defensas para, tras la renuncia, alegar posteriormente una vulneración del derecho de contradicción por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Tal estrategia, decíamos en nuestra STS 401/2012, de 24 de mayo, "es evidente que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el artículo 11-2.º de la LOPJ, de vigencia también, como el párrafo primero, a todas las partes del proceso, incluidas la defensa".

Y respecto de las transcripciones de las cintas, hemos proclamado que únicamente constituyen un medio contingente que facilita la consulta y constatación del contenido de las conversaciones, por lo que sólo éstas son las imprescindibles. No existe ningún precepto de ley ordinaria que exija la transcripción completa de las conversaciones ni de sus pasajes más relevantes, ahora bien, si se utilizan las transcripciones en vez de los originales sonoros, su autenticidad solo puede quedar refrendada por la certificación del Letrado de la Administración de Justicia sobre su coincidencia ( SSTS 650/2000, de 14 de septiembre; 538/2001, de 21 de marzo; 353/007, de 7 de mayo; 1115/2011, de 17 de noviembre o 492/2016, de 8 de junio, entre muchas otras). No puede identificarse el control judicial con dicha transcripción, pues el material probatorio son las cintas grabadas y no el volcado documentado de su contenido. La transcripción permite el acceso al contenido de las cintas mediante la lectura, siendo por tanto un mero instrumento para valorar las conversaciones sin acudir a los más dificultosos mecanismos de reproducción y audición, pero cuando no exista, las partes tienen la posibilidad de acudir a la audición sonora, salvo que renuncien en los términos anteriormente expuestos.

2.4. Se muestra así la adecuada incorporación en este proceso de las conversaciones obtenidas.

Aunque el recurso no cuestiona las resoluciones que acordaron la intervención de las comunicaciones, el Tribunal valida la actuación investigativa en cuanto que vino derivada de la solicitud fundada del Equipo EDOA-Álava, en abril de 2013, para abordar un presunto delito de tráfico de drogas. Consecuencia de unas intervenciones telefónicas ya acordadas, se tuvo conocimiento de una reunión que tendría lugar en Bilbao, provocada por el robo de una partida de cocaína ocurrido el día 8 de enero de 2014 en un domicilio de Vitoria. A esta reunión concurrió, entre otros, el recurrente; al que la Guardia Civil, a falta de cualquier otro dato de identificación, le otorgó policialmente el apelativo de " Bucanero". A raíz de ello, se procedió a autorizar una primera intervención del teléfono utilizado por el mismo, lo que tuvo lugar por Auto de 15 de enero de 2014 y se amplió posteriormente a otros teléfonos a lo largo de los meses siguientes y hasta el Auto de 27 de octubre de 2014, sugiriéndose a través de las conversaciones mantenidas por el mismo que se estaría dedicando a la provisión de cocaína que se distribuía en Álava. Y debe destacarse que lo relevante para preservar el principio de proporcionalidad en la intervención de las comunicaciones telefónicas es la aportación de aquellos datos que resulten imprescindibles para poder constatar la idoneidad y estricta necesidad de la intervención y excluir las escuchas prospectivas, sin ser exigencia esencial la identificación del titular o del usuario de la línea, bastando con que el usuario se perciba claramente como una persona implicada en el delito que se investiga. Como indica la STC 150/2006, de 22 de mayo, "no se desprende que la previa identificación de los titulares o usuarios de las líneas telefónicas a intervenir resulte imprescindible para entender expresado el alcance subjetivo de la medida, excluyendo la legitimidad constitucional de las intervenciones telefónicas que, recayendo sobre sospechosos, se orienten a la identificación de los mismos u otorgando relevancia constitucional a cualquier error respecto de la identidad de los titulares o usuarios de las líneas a intervenir, "pues tales exigencias" resultarían desproporcionadas por innecesarias para la plena garantía del derecho y gravemente perturbadoras para la investigación de delitos graves, especialmente cuando éstos se cometen en el seno de estructuras organizadas".

Unas conversaciones que se incorporaron plenamente al proceso. El propio recurrente admite, y se refleja en la certificación del secretario, que en la causa se incorporaron, a partir del Tomo XVII, un total de 87 CDs conteniendo las grabaciones de las escuchas realizadas y que se incorporaron con expreso reflejo en los autos en virtud de los distintos oficios policiales que fueron haciendo llegar las grabaciones. Esta Sala no puede constatar si la copia de las grabaciones se incorporó a los archivos que contenían digitalizada la causa y que se pusieron a disposición de la parte recurrente, si bien ni su defensa sostiene con certeza que no fuera así, ni se ha aportado ninguna certificación que justifique el contenido incompleto de los archivos que ahora se aduce. En concreto, el recurso expresa "La cuestión nuclear a los efectos del derecho de defensa y de la prueba obrante y "practicada" en la causa, es que s.e.u.o., en la causa digitalizada (la que había de servir para la preparación de la defensa de Don Guillermo y aquella que debía practicarse en el juicio oral), nunca se incorporaron las grabaciones ni fueron unidas a las actuaciones en su totalidad".

Contrariamente a lo que se afirma, lo realmente relevante para que pueda desarrollarse un control jurisdiccional de la medida injerente y para que la parte pueda desarrollar su derecho de defensa, es que las conversaciones se remitieron al Juzgado Instructor y éste las incorporó a las actuaciones, dando conocimiento a las partes de su existencia y disponibilidad, sin que nunca se haya mostrado objeción ante una supuesta imposibilidad o dificultad para su audición o para verificar su contenido.

Y tampoco impide su consideración probatoria que las conversaciones no fueran oídas durante el plenario, como consecuencia de la expresa renuncia de las partes. Como el Tribunal de instancia proclama, "al interesar en el apartado de la prueba documental la Presidenta de la Sala que la defensa se pronunciara sobre la necesidad de escuchar las grabaciones y sobre si se impugnaban las transcripciones, el Letrado indicó que no discutía las transcripciones y no consideraba necesario oír las cintas; señalando que lo que sostenía es que la persona que hablaba no era su cliente". Se observa así que las conversaciones se incorporaron al plenario, además de mediante el interrogatorio a los testigos sobre este objeto, por una aceptación de la parte del contenido resumido que habían presentado los agentes; sin que la renuncia a la audición sea un marcador del abandono profesional que la defensa letrada atribuye a quienes le precedieron en su función, pues evitar que se reproduzcan en el juicio el contenido de las conversaciones y eludir que se perciba el sentido que pudieran tener o el timbre de voz del interlocutor, puede responder a una acertada estrategia de defensa si lo que se niega es haber intervenido en los negocios que se plasman en las grabaciones según la acusación y al tiempo se contempla que la audición puede reforzar la tesis acusatoria.

2.5. Respecto a la valoración probatoria abordada en la sentencia de instancia, debe ser preservada por la Sala por cuanto satisface los criterios de racionalidad que deben regir para una sentencia condenatoria.

Para sus conclusiones, el Tribunal atendió al contenido encriptado de las conversaciones y a las declaraciones testificales de los agentes que realizaron la investigación, quienes no solo sostuvieron que la voz de uno de los interlocutores telefónicos era del recurrente, sino que detallaron haber hecho un seguimiento de los acusados y haber presenciado la mecánica que siguieron para cargar la droga en uno de los vehículos. En concreto, Bruno, Jose Francisco y Teodora, se encontraron con Guillermo. Bruno y Guillermo se dirigieron al domicilio de éste. Allí entregaron el vehículo a un tercero no identificado que, dos horas después, estando todavía presente el recurrente, en otro punto de la ciudad les retornó la llave para que recogieran el vehículo. Un seguimiento que está debida y generosamente documentado en el dosier fotográfico entregado por los agentes a la autoridad judicial. Tras la devolución, Bruno emprendió viaje con el automóvil, estando custodiado por otro vehículo lanzadera en el que viajaban Jose Francisco y Teodora, siendo interceptado por la fuerza policial en Aranda de Duero, que le ocupó diez bolsas escondidas en el vano del motor conteniendo más de 20 kilogramos de anfetamina (6.979,16 gramos netos).

El Tribunal extrae la naturaleza del encuentro y la participación del recurrente, no solo por la furtiva secuencia observada por los testigos policiales o por el testimonio policial sobre su voz, sino por el contenido de las conversaciones telefónicas, cuya fuerza incriminatoria resultó de la coincidencia entre las sugerencias sobre un comercio ilícito que surgían de su escucha y los actos que posteriormente abordaban sus protagonistas, entre ellos el recurrente, según el seguimiento policial abordado. Fuerza incriminatoria que se refleja, además, con la conformidad del resto de acusados con la tesis acusatoria derivada de estos hechos.

Una ponderación probatoria que no eludió evaluar la prueba de descargo presentada por la defensa del recurrente, si bien sin otorgarla credibilidad porque "las manifestaciones evasivas de Ezequias o incluso su afirmación de que Guillermo no vendía droga, se ven desvirtuadas por los seguimientos efectuados, documentados en amplios reportajes fotográficos, por las testificales de los agentes de la Guardia Civil y por las numerosas conversaciones telefónicas intervenidas, que luego se analizarán, los cuales corroboran el reconocimiento de hechos auto y heteroincriminatorios contenidos en el escrito de acusación y reconocidos por los coacusados conformados".

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El tercer motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Aduce que los hechos objeto de investigación y condena se remontan a marzo del año 2014 y que desde dicha fecha ya estarían suficientemente instruidos, como evidencia que Bruno fuera condenado por ellos en octubre de 2014. Entiende que su enjuiciamiento en abril de 2021 justifica la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal.

3.2. El artículo 21.6 del Código Penal reconoce como circunstancia atenuante: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".

Su aplicación exige cuatro requisitos reiteradamente fijados en nuestra Jurisprudencia más estable: 1) que la dilación sea injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Y su apreciación como muy cualificada requerirá de una paralización superior a la extraordinaria, o bien que, dadas las concretas circunstancias de la acusada, de la causa y de la pena impuesta, pueda apreciarse que la dilación ha ocasionado un perjuicio superior al ordinariamente atribuible a la dilación constitutiva de la atenuante simple, de forma que la apreciación de la atenuación ordinaria carezca de efectividad suficiente para compensar el daño ocasionado por la demora.

En concreción de lo expuesto hemos dicho, como compendia la Sentencia núm. 668/2016, de 21 de julio, que "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación); 506/2002 de 21 de marzo (9 años); 3912007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 4401/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/2014, de 21 de abril (12 años)".

Y respecto a la atenuante simple de dilaciones, en nuestra reciente STS núm. 580/2020, de 5 de noviembre, recordábamos que: " este Tribunal viene señalando (Sentencias núm. 360/2014 y 364/2018) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6.ª del Código Penal".

3.3. En el presente supuesto, aunque el recurso no identifica la existencia de ninguna paralización relevante durante la tramitación del proceso y por más que la duración total del proceso podría inicialmente justificarse porque la investigación se extendía a otros sujetos y se indagaban también otras actuaciones delictivas llevadas a cabo por el recurrente con personas diferentes a los anteriores, sin embargo, constatamos que su condena no alcanza otros hechos que los ya esclarecidos a finales de 2014, de suerte que una demora en el pronunciamiento de más de seis años, ni es atribuible al recurrente, ni aparece finalmente justificada por ninguna actuación investigadora. Procede, en su consecuencia y conforme a la doctrina anteriormente descrita, apreciar la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, con la repercusión punitiva que indicaremos en nuestra segunda sentencia.

El motivo debe ser estimado.

CUARTO.- 4.1. Su último motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender infringido el artículo 66 del Código Penal, en relación con los artículos 21.2 y 21.6 del mismo texto, al no apreciar circunstancias atenuantes y no efectuar ningún razonamiento en la individualización de la pena impuesta, provocando una lesión del principio de proporcionalidad y del principio de igualdad en la aplicación de las penas.

El recurrente se apoya en una serie de documentos procedentes de la Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención de Abuso de Drogas, así como de los servicios de Psiquiatría del Centro Penitenciario de Zaballa dependiente del Gobierno Vasco, además de en un informe médico y certificados del centro penitenciario de Álava en los que se acredita el tratamiento al que fue sometido desde el año 2014 al 2021, para defender la aplicación de la toxicomanía que padecía. De igual modo se refiere a la atenuante de dilaciones indebidas que ya hemos analizado y concluye defendiendo que su pena debe individualizarse tomando en consideración las que fueron impuestas al resto de los condenados, sin que la confesión tardía de éstos pueda llevar a una desproporción como la que deriva de la pena impuesta al acusado.

Habiéndose apreciado en el fundamento anterior la pretensión de concurrir la atenuante de dilaciones indebidas, no pueden acogerse el resto de planteamientos del motivo.

4.2. El cauce procesal que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de aplicación de normas penales sustantivas a partir de los hechos proclamados por el Tribunal, esto es, que el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados. Consecuentemente, no puede apreciarse una circunstancia atenuatoria asentada en una drogadicción que carece de base fáctica en la sentencia y que fue rechazada porque, más allá de que pudiera haberse acreditado el consumo por el recurrente de sustancias de esa naturaleza, no se demostró una correlativa merma o disminución de las facultades volitivas, cognitivas o intelectuales del sujeto que pudiera haber condicionado la perpetración de los hechos.

Nuestra jurisprudencia condiciona la afectación de la imputabilidad desde una serie de criterios que podemos sintetizar del siguiente modo:

A) La aplicación de la eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal es oportuna cuando se acredite que el sujeto activo padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión ( STS 21/2005, de 19 de enero). Nuestra jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios cuando se anula totalmente la culpabilidad, lo que puede acontecer bien porque el drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, puesto que, en esos supuestos, el entendimiento y el querer desaparecen a impulsos de una conducta incontrolada, peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo humano produce la brusca interrupción del consumo o la brusca interrupción del tratamiento deshabituador al que se encontrare sometido ( Sentencia de 22 de septiembre de 1999).

A estas situaciones se refiere el artículo 20.2.º del Código penal, cuando requiere una intoxicación plena por el consumo de tales sustancias, impidiéndole, en todo caso, comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

B) La eximente incompleta precisa de una profunda perturbación que, sin anularla, sí disminuya sensiblemente la capacidad culpabilística, si bien conservando el sujeto activo la apreciación de la antijuricidad del hecho que ejecuta.

No cabe duda de que en la eximente incompleta, la influencia de la droga también puede manifestarse por la ingestión inmediata de la misma, o porque el hábito generado con su consumo lleve a la ansiedad, a la irritabilidad o a la vehemencia incontrolada del drogodependiente y como manifestación de una personalidad conflictiva ( art. 21.1.ª CP) .

Esta afectación profunda podrá apreciarse también cuando la drogodependencia grave se asocia a otras causas deficitarias del psiquismo del agente, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad ( STS de 31 de marzo de 1997), aunque en estos últimos casos solo deberá apreciarse en relación con aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de drogas.

C) Respecto a la atenuante del artículo 21.2 del Código Penal, se configura la misma por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal, en cuanto esta se realiza a causa de aquella. Es decir, el beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto. Esta adicción grave debe condicionar su conocimiento de la ilicitud (conciencia) o su capacidad de actuar conforme a ese conocimiento (voluntad).

La circunstancia atenuante del artículo 21.2 del Código Penal es apreciable cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas, de modo que, al margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia y sin considerar las alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto, la atenuante se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto realizada "a causa" de aquélla ( SSTS. 4.12.2000 y 29.5.2003). Se trataría así con esta atenuación de dar respuesta penal a lo que criminológicamente se ha denominado "delincuencia funcional" ( STS. 23.2.1999). Lo básico es la relevancia motivacional de la adicción, a diferencia del artículo 20.2 del Código Penal y su correlativa atenuante, artículo 21.1 del Código Penal, en que el acento se pone más bien en la afectación a las facultades anímicas.

Nuestra jurisprudencia ha declarado que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos, es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible.

Respecto a su apreciación como muy cualificada, en STS. 817/2006, de 26 de julio, recordábamos que la referida atenuante es aquella que alcanza una intensidad superior a la normal de la respectiva circunstancia, teniendo en cuenta las condiciones del culpable, los antecedentes del hecho y cuantos elementos o datos puedan destacarse y ser reveladores del merecimiento y punición de la conducta del penado, no siendo aconsejable acudir en casos de drogadicción a la atenuante muy cualificada, pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más apropiado en la eximente incompleta.

D) Por último, cuando la incidencia en la adicción sobre el conocimiento y la voluntad del agente es más bien escasa, sea porque se trata de sustancias de efectos menos devastadores, sea por la menor antigüedad o intensidad de la adicción, más bien mero abuso de la sustancia, lo procedente es la aplicación de la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal.

Pero es asimismo doctrina reiterada de esta Sala que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación. No puede solicitarse la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas en una u otra escala, porque la exclusión total o parcial, o la simple atenuación de la responsabilidad de los toxicómanos, debe resolverse en función de la imputabilidad o de la evidencia de la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto. En consecuencia, los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves no constituyen atenuación, ya que la adicción grave es el supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia de drogas.

En consecuencia, para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo y su vinculación con los hechos, constatándose que tanto la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y la singularizada alteración que sufriera en el momento de la comisión del delito, tuvieron influencia las facultades intelectivas y volitivas que regían la actuación en ese momento concreto, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones ( SSTS 16 de octubre de 2000; 6 de febrero de 2001; 6 de marzo de 2001; 25 de abril de 2001; 19 de septiembre de 2002; 16 de julio de 2002 o 259/2017, de 6 de abril, entre muchas). Consecuentemente, resulta correcta la decisión del Tribunal de instancia de entender no concurrente cualquier circunstancia atenuatoria, pues la actividad ilícita desplegada por el recurrente se materializó sobre una cantidad muy importante de droga (20 kg de anfetamina) y en un contexto de desahogo económico que desvinculan su ejecución con cualquier compulsión de consumo.

4.3. Resulta también carente de justificación el reproche de falta de fundamentación de la individualización de la pena o que la misma no responde a una exigencia de proporcionalidad porque no se equipara a la pena impuesta al resto de condenados.

Desde la gravedad del hecho y las circunstancias personales del delincuente, el arbitrio judicial en esta materia permite y obliga a expresar un criterio razonado, y razonable, sobre la pena que se entiende adecuada imponer, entre los límites fijados por el legislador. Y la razonabilidad de la individualización de la pena, observada desde las circunstancias personales del delincuente, entraña contemplar los motivos que han llevado a delinquir al acusado, así como aquellos rasgos diferenciales de su personalidad que deben corregirse para evitar una reiteración delictiva.

Por lo que hace referencia a la gravedad del hecho, esta Sala tiene declarado que la ponderación no se concreta en una evaluación de la gravedad del delito, pues el legislador ya considera la naturaleza del bien jurídico afectado por el delito y la forma básica del ataque a éste, cuando fija el marco penológico abstracto en cada uno de los tipos penales descritos en el Código. La gravedad de los hechos que se sancionan hace referencia a aquellas circunstancias fácticas concomitantes en el supuesto concreto que se está juzgando, es decir, la dimensión lesiva de lo realmente acontecido, desde la antijuricidad de la acción, el grado de culpabilidad del autor y la mayor o menor reprochabilidad que merezca su comportamiento. Ambos parámetros muestran la extensión adecuada de una pena que debe contemplar la resocialización del autor, atendiendo a la prevención especial y al juicio de reproche que su conducta merece, debiendo el Tribunal expresar su criterio para evitar cualquier reparo de arbitrariedad y para poder satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que le afecta. De este modo, el Tribunal Constitucional establece en su Sentencia 21/2008, de 31 de enero, que el deber de motivación incluye no solo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto ( SSTC 108/2001, 20/2003 o 148/2005); en los mismos términos que se recoge en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS 198/2012, de 8 de marzo o 116/2013, de 21 de febrero, entre muchas otras).

Y las razones que en este caso condujeron a la singularización de la pena del recurrente fueron claramente expresadas por el Tribunal de Instancia, al subrayar que respondía a la "cantidad del alijo de anfetaminas enviado para su redistribución a terceros por el mismo, la existencia de otro envío anterior de anfetaminas no intervenido y la relevancia de su papel en las diversas operaciones de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud, en las que el mismo impartía instrucciones a otros implicados y la personalidad del culpable". Unas circunstancias singulares que, junto a la sumisión del Tribunal al principio acusatorio respecto de otros acusados, ofrecen el fundamento de la pena que se le impuso y de su diferencia respecto del resto de acusados.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.