Sentencia Penal 707/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5432/2020 de 04 de julio del 2024

PRIMERO.- La sentencia de instancia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, condena por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud del subtipo atenuado del art. 368 pf. II CP, a la pena de DOS años de prisión, sentencia que es confirmada por el TSJ, tras ser desestimado el recurso de apelación que contra aquella interpuso la representación procesal del condenado.

No entendemos, por tanto, a qué responde que se articule por motivos por error iuris, con mención a artículos como el 237. 238.1, 240, 241 CP, relativos al delito de robo, o al 139 y 28 CP, delito de asesinato, ajenos por completo a los hechos del proceso, que lo han sido para la condena por un delito contra la salud pública, lo que evita cualquier consideración al respecto.

Y en lo que pudiera guardar relación con el delito contra la salud pública, hay una mención al art. 849 LECrim. , por indebida aplicación del art. 368 pf. II CP, que no desarrolla, pero que no acabamos de entender, porque dicho subtipo atenuado ya fue apreciado en la sentencia de instancia y, no habiendo habido debate al respecto con ocasión del recurso de apelación, fue conservado en los mismos términos en que se determinó por el tribunal provincial.

Hay otras menciones en otros motivos, como al art. 5.4 LOPJ o al 24.2 CE, en los que se alega infracción de precepto constitucional y vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, como también se menciona el art. 849 LECrim, por error de hecho en la apreciación de la prueba, pero que tampoco se desarrollan en absoluto, aunque parecen encerrar un cuestionamiento de la valoración de la prueba.

Planteado en estos términos el recurso, ante tan nulo fundamento, nos encontramos ante una causa de inadmisión del art. 885.1º LECrim. que, en el momento procesal presente, se torna en de desestimación. Aun así, en el siguiente fundamento se darán razones de fondo para tal desestimación, tomado como referencia doctrina de la Sala al respecto.

SEGUNDO.- Cuando en casación se realizan alegaciones que giran en torno al cuestionamiento de la valoración de la prueba, se suelen canalizar bien por la vía de la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, bien por la del error facti, del art. 849.2º LECrim.

1. Cuando de un motivo por error en la valoración de la prueba se trata, de conformidad al texto del art. 849.2º LECrim. , cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso "sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Entre otros requisitos, para su estimación, se exige que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento; o, dicho de otro modo, resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Y, además, es necesario que el dato contradictorio cuando sea así acreditado sea relevante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los elementos de hecho o de derecho que no tiene aptitud para modificarlo; ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes.

En consecuencia, entrar en una dinámica valorativa de la prueba, no es misión que corresponda a este Tribunal; mucho menos, cuando, previo a este recurso de casación, ha habido uno de apelación y la valoración de la prueba realizada por el tribunal ante cuya presencia se practicó ha superado el juicio de revisión que, de ella, ha llevado a cabo el tribunal de apelación.

2. Y en lo que se refiere a la queja por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, decir que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega tal vulneración, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda respecto del alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del tribunal de instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril), de manera que, no cuestionada la calidad constitucional ni de legalidad de la prueba practicada, diremos que, en lo que al juicio de racionalidad que corresponde al tribunal de apelación en la verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador, no cabe reproche alguno, y es que, cumplida esa doble instancia, cuando se cuestiona dicho derecho fundamental, en lo que concierne al control casacional nuestro juicio de revisión se ha de centrar en el examen de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

En efecto, habiendo mediado recurso de apelación previo al de casación, ha sido el tribunal de segunda instancia el que ha hecho revisión de los anteriores parámetros, quien ha verificado la estructura racional del discurso valorativo realizado por el tribunal sentenciador, y que, al haber constatado que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, exime a este Tribunal de Casación de tal función, en la medida que la nuestra se reconduce al examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, porque lo que, en ningún caso, nos corresponde es suplantar aquella valoración que viene de la instancia hecha por el tribunal ante cuya presencia se practicó la prueba, superado el filtro del tribunal de apelación, y menos si es pasando por la que proponga el parcial e interesado criterio del recurrente.

3. Hechas las anteriores consideraciones, comprobamos que la sentencia de instancia contó con una prueba válida y suficiente, como fueron los testimonios de los agentes que presenciaron la entrega de la sustancia al comprador, quien no llego a entregar el dinero, debido a que en ese momento intervinieron los agentes que estaban presenciando la operación, valoración de la prueba convalidada por la sentencia de apelación, por cuya razonabilidad de su discurso nada nos queda por añadir para la desestimación del recurso.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente pago de las costas habidas con ocasión de su recurso.