Sentencia Social 271/2023 Juzgado de lo Social de A Coruña nº 4, Rec. 144/2022 de 26 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Los hechos probados han sido acreditados a través de la valoración en conjunto de la prueba practicada. En especial, por los medios de prueba especificados en el relato de hechos probados del apartado de antecedentes de hecho, para mayor claridad expositiva, a los efectos del artículo 97.2 de la LRJS, sin necesidad de una completa trascripción de los documentos, como con tal fin de integración en los referidos hechos permite la jurisprudencia social ( STS, Sala IV, de 16-06-2015).

La prueba documental se ha valorado atendida su fuerza probatoria en los términos contenidos en los artículos 319 y 326 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LEC, en adelante) tanto para los documentos públicos como para los privados.

Los hechos que expresa el apartado anterior se estiman acreditados en virtud de la prueba practicada, concretamente la documental aportada al juicio oral por las partes, sin que ninguna de ellas hubiera sido impugnada por lo que constituye prueba plena toda ella valorada en su conjunto.

SEGUNDO.- El artículo 24 de la Constitución Española impone a la Administración la carga de probar la existencia de culpa en el administrado, pues la presunción de inocencia se predica también del procedimiento administrativo sancionador. La especialidad se encuentra en la presunción de veracidad de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, y así, éstas actas gozan de valor y fuerza probatoria, salvo prueba en contrario, por ser este un principio sancionado por el artículo 38 del Decreto 1986/1975, de 19 de julio y el artículo 52 de la Ley 8/1988, de siete de abril.

Según dispone el artículo 13.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, " El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, como resultado de la actividad inspectora previa, por acta de infracción....". Y de acuerdo con el artículo 15, las actas de infracción extendidas con arreglo a las previsiones del Reglamento "... estarán dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido constatados por el funcionario actuante...".

Y esta fuerza probatoria que se otorga a las actas de infracción, a las que se llega "como resultado de la actividad inspectora previa" y que contienen e identifican los hechos por los que puede llegar a imponerse la sanción ( artículos 14.1, párrafos b) y c) del Real Decreto 928/1998) determina que, como señala la sentencia de 6 de noviembre de 2012 (Rec. 1253/11), de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, haya de exigirse un escrupuloso respeto a las formas y garantías del procedimiento sancionador en la tramitación de las actuaciones previas de comprobación. Porque la importancia que esas actuaciones previas tienen en el desarrollo por la Administración de su máxima potestad de intervención -la represión de una conducta- es determinante. Esta importancia y trascendencia de las actuaciones previas de comprobación viene dada porque en su seno se desarrolla en realidad la propia y verdadera actividad de instrucción de este procedimiento sancionador especial.

Constituye, por tanto, doctrina jurisprudencial reiterada, recogida en la sentencia de 23 de septiembre de 2009 (Rec. 6213/07), de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que "la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante"; quedando limitada a "los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma".

Existe por lo tanto una presunción de veracidad que debe ser interpretada de conformidad con los principios constitucionales, es decir sin perjuicio de los hechos de defensa del administrado, de su derecho de defensa y de presunción de inocencia y además de las facultades de la jurisdicción para valorar las pruebas de cargo existentes en el expediente y lograr su convicción.

Con base en lo indicado, y tal y como se recoge en hechos probados, se cumplen los requisitos de forma exigidos en el artículo 14 del Real Decreto 928/1998, se señala en el acta cuales son los hechos probados y los medios tenidos en cuenta a fin de concretar los mismos, sin que pueda no se apreciarse defecto de forma en el acta de infracción pues la misma recoge el contenido reglamentariamente exigido, conforme lo dispuesto en el artículo citado.

En el caso que nos ocupa, y ante la actuación de la Inspección se impone una sanción a la empresa por entender que existe una connivencia entre la actora y la trabajadora en la suscripción del contrato de trabajo de un día de duración, con la única finalidad de crear las condiciones legales necesarias para que la trabajadora acreditara encontrarse en situación legal de desempleo y así pudiera percibir de manera indebida la prestaciones, y que tales conductas suponen un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 262, 264, 266 y 267 del TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre.

El acta de infracción, como se ha indicado, tiene una presunción de veracidad que puede ser desvirtuada por prueba en contra. Ahora bien, en el caso de autos, si bien no se cuestiona la legalidad del contrato, ni la prestación de servicios los días contratados si la finalidad del mismo, pues existía un interés mas que evidente por parte de la trabajadora en la consecución del contrato temporal dado su necesidad de encontrarse en situación de desempleo por la normativa vigente para acceder a la prestación por desempleo, quebrandose así el elemento aleatorio que preside el régimen de prestaciones en el Sistema de la Seguridad Social.

Sobre esta cuestión, no puede desconocerse la sentencia firme que por este mismo Juzgado se dictó en el procedimiento IAA 328/2019 de fecha 8 de octubre de 2020, que confirmó la sanción impuesta a la trabajadora, Bibiana, de extinción de la prestación por desempleo indebidamente percibida, pues con la realización de la actividad objeto del contrato indicado la trabajadora, Bibiana, generó derecho a percibir la prestación de desempleo en España, completando el tiempo trabajado y cotizado en Malta. La trabajadora reintegro las cantidades percibidas por dicho concepto.

Motivo por el cual, y en base a esta sentencia, que produce efectos de cosa juzgada sobre tal extremo, debe entenderse que resulta probado la existencia de una connivencia entre la trabajadora y la actora.

Igualmente, el acta de infracción, como se ha indicado, tiene una presunción de veracidad que puede ser desvirtuada por prueba en contra. Ahora bien, en el caso de autos, la demandante no ha desvirtuado esa presunción de la goza el acta de infracción. Para la parte demandante nos encontramos ante una cuestión meramente interpretativa y para ello formula las mismas alegaciones que en su día formulo en el expediente administrativo tanto en la fase de alegaciones como en el recurso de alzada, sin que en acto de juicio hubiera aportado prueba en contra.

Por ello, debe afirmarse que siguiendo el criterio de la administración demandada, tales alegaciones que han de ser desestimadas, pues del resultado de la prueba determina justamente lo contrario, según se desprende de los hechos probados, que se apoyan fundamentalmente, en el acta de infracción levantada por la ITSS y en el valor probatorio de la misma, conforme a lo dispuesto en el art. 53 de la LISOS, así como en la D.A. 4ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre , ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y normativa concordante. En tal sentido, es preciso recordar que, conforme a lo dispuesto en el art. 53.2 LISOS , "...los hechos constatados por los referidos funcionales de la ITSS que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados"...; en similar sentido, el párrafo segundo de dicho precepto, referido a los informes de la ITSS; en definitiva, presunción iuris tantum de certeza de dichos hechos, que no ha sido desvirtuada por la parte actora.

Partiendo, por tanto, de los hechos declarados probados la conclusión lógica es el acierto de la calificación jurídica efectuada por la Administración, que por sus propios fundamentos procede confirmar, pues en esencia, que los hechos probados constituyen una infracción tipificada en el artículo el artículo 23.1 c) del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sanciones e infracciones en el orden social (BOE de 8 de agosto).

Finalmente, y en cuanto a la falta de motivación alegada en el escrito de demandada solo resta decir que no se aprecia la misma. En el caso enjuiciado no se ha producido efectiva indefensión a la interesada, por falta de motivación habida cuenta que aun cuando la parte hubiere deseado mayor motivación en las resoluciones impugnadas, la misma se considera cumplida con una motivación sucinta, puesto que " exigir otra más exhaustiva podría dificultar la informatización de las resoluciones ... y sólo provocaría dilaciones perjudiciales para los propios beneficiarios del sistema, dada la multitud de expedientes ... que [la entidad gestora] está obligado a resolver con la urgencia que demanda la solución de situaciones de necesidad" ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2000 [rec. núm. 3205/1999]). Los datos que se consignan en la resolución del SPEE permiten inferir las razones que la motiva, falta de comunicación de la salida al extranjero como causa de extinción y percepción indebida, lo que elimina toda posible idea de indefensión.

En suma, las resoluciones y el acta de infracción contienen los datos fácticos y normativos necesarios para permitir el ejercicio del derecho de defensa de la actora. Además, la parte recurrente tuvo posibilidad, no sólo de formular alegaciones tanto antes como después de su escrito de alegaciones previas y en el recurso de alzada, sino que tuvo también la oportunidad de presentar documentos, consignar datos y aportar pruebas en el proceso, razón por la que no puede afirmase que se encontrase en posición de indefensión, al haber disfrutado de posibilidades de conocimiento y defensa de eficacia, por lo que han de rechazarse las infracciones anudadas al defecto denunciado.

Vistos los preceptos legales aplicables y demás de general y pertinente aplicación