Sentencia Social 638/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1741/2021 de 07 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1.- El debate casacional consiste en dilucidar si puede estimarse una demanda reclamando una prestación de la Seguridad Social cuando ha transcurrido un plazo superior a los 30 días del art. 71.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) desde que se desestimó la reclamación previa hasta que se formuló la demanda.

Los datos esenciales para la resolución de la controversia litigiosa son los siguientes:

a) Se tramitó un expediente de incapacidad permanente que finalizó con resolución del INSS fechada el 22 de junio de 2018 que denegaba al actor la pensión de incapacidad permanente.

b) El día 10 de agosto de 2018 el demandante interpuso la reclamación previa. Fue desestimada por resolución de 7 de enero de 2019.

c) El día 26 de noviembre de 2018 formuló una primera demanda reclamando la pensión de gran invalidez. El Juzgado de lo Social dictó auto el 18 de junio de 2019 acordando el desistimiento por incomparecencia del actor.

d) En fecha 30 de julio de 2019 interpuso una segunda demanda reclamando la pensión de gran invalidez.

e) El Juzgado de lo Social dictó sentencia de fecha 8 de julio de 2020 reconociendo el derecho del actor a percibir la pensión de gran invalidez.

2.- La sentencia del TSJ de Cataluña 914/2021, de 12 de febrero (recurso 4926/2020), confirmó la sentencia de instancia. Argumenta que, conforme al art. 71 de la LRJS, para formular una demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social es necesario que los interesados interpongan reclamación previa ante la entidad gestora, de forma que, si hubiera caducado una reclamación previa anterior, puede reiterarse la reclamación previa en tanto no haya prescrito el derecho. En el supuesto enjuiciado, la Administración conoció de la existencia y contenido del conflicto, pudiendo preparar la oposición, puesto que desde hacía meses el INSS conocía la demanda y un mes y medio antes se había intentado celebrar el juicio, sin que tampoco hubiera prescrito el derecho.

3.- El INSS formuló recurso de casación unificadora con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 71 de la LRJS. Argumenta que, desde la resolución de la reclamación previa (el 7 de enero de 2019) hasta la interposición de la segunda demanda (el 30 de julio de 2019), había transcurrido el plazo de 30 días previsto en el citado precepto. Después de haberse acordado el desistimiento en el primer proceso, el actor no presentó otra reclamación previa antes de la demanda rectora de esta litis.

4.- La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida. El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) .

Se invoca de contraste la sentencia del TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid de 7 de junio de 2016, recurso 423/2016. La actora había solicitado el reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente. El INSS la denegó. Presentó demanda reclamando la pensión. No compareció al juicio. El juzgado dictó decreto el 10 de febrero de 2015 en el que se la tuvo por desistida. Volvió a presentar demanda el 27 de marzo de 2015 sobre los mismos hechos, sin haber formulado reclamación previa. El TSJ argumenta que el recurso de suplicación está aquejado de defectos formales que dificultan su estimación y que la argumentación desarrollada por la parte recurrente es errónea. A continuación, explica que debe apreciarse caducidad de la instancia ya que había transcurrido el plazo legal desde la fecha de reclamación previa hasta la presentación de la demanda, lo que no impide que pueda iniciar nuevamente el trámite e incluso interponer nueva demanda, pero lo que no puede hacer es presentar una segunda demanda contra la resolución administrativa que ya ha sido objeto de una primera y que finalizó por desistimiento, sea cual fuere la causa de éste.

La sentencia referencial no desestima el recurso por el incumplimiento de los requisitos formales sino que, aunque la estructura del recurso de suplicación dificulta su estimación, entra en el examen de la controversia litigiosa y sienta una doctrina de contraste.

2.- Concurre el requisito de contradicción. En ambos pleitos, los actores solicitaron el reconocimiento en situación de incapacidad permanente en alguno de sus grados. Desistieron de una reclamación anterior y presentaron nueva demanda. Ambas sentencias se plantean si procede reconocer la caducidad en la instancia cuando no se ha presentado reclamación previa en un segundo procedimiento de solicitud de reconocimiento de grado. Los fallos son contradictorios ya que, mientras en la sentencia recurrida se considera que no es necesaria la presentación de nueva reclamación administrativa previa, en la sentencia de contraste se declara la caducidad por haberse superado el plazo para dicha presentación.

TERCERO.- 1.- La derogada Ley de Procedimiento Laboral de 1995 regulaba la reclamación previa en su art. 69. Ese precepto establecía:

"Art. 69.1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales u Organismos autónomos dependientes de los mismos será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma establecida en las leyes.

2. Denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, el interesado podrá formalizar la demanda ante el Juzgado o la Sala competente, a la que acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la presentación de la reclamación uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.

3. No surtirá efecto la reclamación si la resolución fuese denegatoria y el interesado no presentare la demanda ante el Juzgado en el plazo de dos meses, a contar de la notificación o desde el transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada, salvo en las acciones derivadas de despido, en las que el plazo de interposición de la demanda será de veinte días".

2.- La sentencia del TS 245/2016, de 29 marzo (rcud 2996/2014) enjuició un litigio en el que un beneficiario de la Seguridad Social no había formulado reclamación previa contra la resolución expresa inicial dentro del plazo de 30 días desde su notificación. Las circunstancias eran las siguientes:

a) En fecha 11 de agosto de 2011 el actor había solicitado la prestación por desempleo que le fue reconocida por resolución del SEPE de 19 de agosto de 2011 por el periodo desde el 30 de julio de 2011 hasta el 29 de mayo de 2012.

b) El 29 de abril de 2013 el demandante presentó ante el SEPE solicitud de revisión de la resolución de aprobación de prestaciones por desempleo que fue desestimada por resolución del SEPE de fecha 29 de mayo de 2013 por ser extemporánea.

En ese pleito se discutía si podía formularla transcurrido dicho plazo en tanto no hubiera prescrito el derecho y si, al proceder el demandante por vía judicial dentro de los 30 días siguientes al planteamiento de la reclamación previa, debía examinarse su pretensión en el ámbito judicial. Esta Sala concluyó que sí que debía examinarse su demanda:

"el no presentar la reclamación previa dentro plazo del 30 días establecido en la norma procesal social no afecta al derecho subjetivo, que continúa subsistente en tanto no transcurran los plazos de prescripción que señala la LGSS y que de mantenerse vigente el derecho sustantivo a la fecha de la reclamación previa, de proceder el demandante por vía judicial, dentro de los treinta días siguientes al planteamiento de la reclamación previa ulteriormente formulada, ha de examinarse su pretensión en el ámbito judicial".

3.- La vigente LGSS de 2015 reformó la regulación de la reclamación previa, en la línea con la citada doctrina jurisprudencial. El art. 71 apartados 2, 4 y 6 de la LRJS dispone:

"2. La reclamación previa deberá interponerse ante el órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo [...]

4. [...] Del mismo modo podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma [...]

6. La demanda habrá de formularse en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo [...]".

4.- La sentencia del TS 943/2023, de 7 noviembre (rcud 3657/2022), enjuició un litigio en el que concurrían las siguientes circunstancias:

a) Se tramitó un expediente de revisión de grado de una incapacidad permanente. Finalizó con resolución denegatoria del INSS comunicada a la actora en fecha 22 de junio de 2020.

b) La beneficiaria interpuso reclamación previa el 17 de febrero de 2021.

c) El INSS la desestimó por resolución de 29 de abril de por haberse interpuesto la reclamación previa transcurridos los 30 días hábiles.

d) La beneficiaria presentó demanda solicitando la pensión de incapacidad permanente absoluta.

e) El Juzgado de lo Social dictó sentencia desestimando la demanda porque consideraba caducada la instancia.

f) La actora interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado por el TSJ, quien argumentó que la reclamación previa se había presentado cuando había transcurrido con creces el plazo del art. 71.2 de la LRJS.

El TS sentó la siguiente doctrina:

"La ausencia de reclamación previa dentro plazo de 30 días frente a una resolución denegatoria no afecta al derecho subjetivo, que continúa subsistente en tanto no transcurran los plazos de prescripción que señala la LGSS. Tal y como prevé el artículo 71.4 LRJS, podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma.

Cuando una persona beneficiaria de prestaciones de Seguridad Social, o que aspira a serlo, presenta una demanda judicial ha de haber agotado la vía previa. Eso no requiere solo accionar dentro del plazo de treinta días tras la notificación denegatoria, sino haber sustanciado de manera temporánea el trámite de reclamación previa".

Esta Sala desestimó el recurso de casación unificadora interpuesto por la beneficiaria y confirmó la sentencia recurrida, que había confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social, el cual había desestimado la demanda de revisión por agravación de grado de la pensión de incapacidad permanente.

CUARTO.- 1.- El art. 71.4 de la LRJS permite presentar otra reclamación previa cuando ha caducado la reclamación previa anterior, siempre que el derecho no haya prescrito. La caducidad de la primera reclamación previa afectará, en su caso, a los efectos de la pensión de incapacidad permanente. Por su parte, el art. 71.6 de la LRJS obliga a presentar la demanda en el plazo de treinta días desde la denegación expresa o presunta de la reclamación previa.

2.- La aplicación del tenor literal del art. 71 de la LRJS, de conformidad con la citada doctrina jurisprudencial, obliga a concluir que, mientras el derecho no haya prescrito, se puede reiterar la reclamación previa en materia de prestaciones de la Seguridad Social. Pero la demanda reclamando el derecho debe interponerse dentro del plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución denegatoria de la segunda reclamación previa.

3.- En la presente litis, se formuló una reclamación previa. Cuando había transcurrido el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución desestimatoria, se formuló la primera demanda reclamando la pensión. Se dictó auto acordando el desistimiento y, sin presentar otra reclamación previa, el beneficiario interpuso una segunda demanda reclamando la pensión de gran invalidez. La citada demanda se formuló seis meses después de la desestimación de la reclamación previa. Había transcurrido el plazo máximo establecido por el art. 71.6 de la LRJS, lo que obliga a concluir, oído el Ministerio Fiscal, que la demanda se presentó extemporáneamente.

En consecuencia, procede estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el recurso de suplicación formulado por el INSS contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en el sentido de estimar el recurso de tal clase, revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda interpuesta por D. Celso contra el INSS, absolviendo a la parte demandada de las pretensiones formuladas en su contra. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .