Sentencia Social Nº 221/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 4, Rec 884/2015 de 08 de Marzo de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 04 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta 3 - 28010

Teléfono: 914931953

Fax: 914931959

34002650

NIG: 28.079.00.4-2014/0040114

Procedimiento Recurso de Suplicación 884/2015

ORIGEN:

Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid Despidos / Ceses en general 960/2014

Materia: Despido

C.A.

Sentencia número: 221/2016

Ilmos. Sres

D./Dña. MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES

D./Dña. MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ

D./Dña. M. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

En Madrid, a nueve de marzo de dos mil dieciséis.

Habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 4 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación número 884/2015 formalizado por la graduada social Doña Ana Belén Mingo Muñoz, en nombre y representación de DOÑA Enma , contra la sentencia número 167/2015 de fecha 5 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social número 37 de los de Madrid , en sus autos número 960/2014, seguidos a instancia de la recurrente frente a la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID y el AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por despido, ha sido Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. DÑA. M. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN.

Antecedentes

PRIMERO:Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

'PRIMERO.- Por Orden 7210/2013, de 3 de octubre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, se establecieron las bases reguladoras y se convocaron ayudas -subvenciones- para el año 2013, del Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo (BOCM 240, de 9 de octubre de 2013).

SEGUNDO.- Habiendo concurrido a dicha convocatoria el organismo autónomo local 'AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID', por Orden 10377/2013, de 26 de noviembre, se le concedió, con cargo a la partida de Políticas Activas de Empleo del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid, una subvención para la ejecución de la medida de política activa de empleo 'Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo.

TERCERO.- Por Orden 10859/2013, de 5 de diciembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, se modificó la Orden 7210/2013, de 3 de octubre, mediante una segunda convocatoria al Programa de Inserción Laboral dirigido a los desempleados con mayores dificultades de inserción laboral.

CUARTO.- El 20 de diciembre de 2013 se aprobó por la Agencia para el Empleo de Madrid Expediente núm. NUM000 , de formalización de contrato de formación y aprendizaje para el programa de inserción laboral de personal desempleado de larga duración que haya agotado las prestaciones por desempleo, de 135 auxiliares administrativos, acordándose una duración del contrato desde el 30 de diciembre de 2013 hasta el 29 de junio de 2014; seleccionándose para participar en el programa DOÑA Enma , entre otros.

QUINTO.- El 30 de diciembre de 2013 DOÑA Enma , con DNI NUM001 , suscribió contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje con la Agencia para el Empleo, para la actividad laboral de auxiliar administrativo ofimática, incluida en el grupo profesional auxiliar administrativo, pactándose la duración del contrato desde el 30 de diciembre de 2013 al 29 de junio de 2014; percibiendo una retribución mensual de 808,95 euros brutos, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Se hizo constar en el contrato que el mismo está financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal distribuidos para la gestión por la Comunidad Autónoma de Madrid conforme se dispone en el artículo 3 de la Orden ESS/2198/2013 de 21 de noviembre.

SEXTO.- El contrato quedó excluido de ámbito del Convenio Colectivo único del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, así como del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral al servicio de Madrid y sus organismos autónomos, siéndole de aplicación las tablas salariales del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid.

SÉPTIMO.- DOÑA Enma ha llevado a cabo su trabajo en la Biblioteca Pública Municipal Canillejas, sito en la calle Boltaña, núm. 23 de Madrid, durante el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2014 y el 29 de junio de 2014, como personal de apoyo en el turno de tarde de la misma. La actividad realizada consistió en la colocación y ordenación de fondos, preparación de fondos para su puesta a disposición del público, expedición de carnés de usuario, servicio de préstamo de documentos, información bibliográfica básica, información general sobre la biblioteca y sus servicios, atención al servicio de reprografía e internet, trabajos de ofimática generales y básicos, trabajos de apoyo en los procesos técnicos, colaboración en actividades de la Biblioteca, concretamente la preparación de la exposición '25 años de la Biblioteca de Canillejas en la calle Boltaña'.

La demandante ha recibido formación consistente en la unidad formativa ADGD308 actividades de gestión administrativa (RD645/2011, de 9 de mayo), concretamente en unidades formativas MF0233_2 Ofimática por un total de 190 horas y UF0351 Aplicaciones informáticas de la gestión comercial de 40 horas; constando entregado diploma del curso en fecha 27 de junio de 2014.

OCTAVO.- En fecha 5 de diciembre de 2013 la AGENCIA PARA EL EMPLEO inicia Expediente núm. NUM002 para el llamamiento de cuatro técnicos especialistas PAE, con el objeto de dar apoyo en la ejecución del Programa de Inserción Laboral para personas empleadas de larga duración, a fin de desempeñar funciones de coordinación con el personal municipal de las tareas a ejecutar por los desempleados participantes, y supervisión de la actividad desarrollada.

El 11 de abril de 2014 AGENCIA PARA EL EMPLEO inicia Expediente núm. NUM003 para el llamamiento de 5 titulados medios PAE, con objeto de la coordinación del Programa de Inserción Laboral.

Dichos trabajadores/coordinadores durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y junio de 2014 han realizado visitas a los centros donde los trabajadores del Programa de Inserción Laboral desempeñaban funciones, para coordinar la actividad de los mismos.

NOVENO.- El 14 de mayo 2014 la Agencia para el Empleo de Madrid comunicó a DOÑA Enma la extinción de la relación laboral el día 29 de junio de 2014 por finalización del contrato.

DÉCIMO.- DOÑA Enma no ostentaba en el momento de la finalización del contrato, ni ostentó en el año inmediatamente anterior a éste la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical.

UNDÉCIMO.- En julio de 2014 DOÑA Enma presentó reclamación previa frente a la AGENCIA PARA EL EMPLEO; presentando ampliación de la reclamación previa en fecha 7 de agosto de 2014. Presentando escrito de alegaciones frente a la Biblioteca Pública Municipal Canillejas, el 18 de agosto de 2014.'

TERCERO:En la resolución recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo:

' DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por DOÑA Enma frente a la AGENCIA DE EMPLEO DE MADRID y el AYUNTAMIENTO DE MADRID

, y en consecuencia, ABSUELVO a la AGENCIA DE EMPLEO DE MADRID y al AYUNTAMIENTO DE MADRID de los pedimentos deducidos en su contra.'

CUARTO:Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante formalizándolo posteriormente, habiendo sido impugnado por el letrado del AYUNTAMIENTO DE MADRID en representación de los codemandados.

QUINTO:Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 30 de octubre de 2015 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO:Nombrada Magistrada-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día de marzo de 2016 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

Fundamentos

ÚNICO.- Con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la recurrente la vulneración del artículo 16.2 . y 3 del Real Decreto 1529/2012 , poniendo de manifiesto que según el informe de la Directora de la Biblioteca Municipal de Canillejas las tareas que realizaba eran las mismas del técnico auxiliar de bibliotecas, superiores a las contratadas lo que califica de fraude de ley. Alega que conforme al artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores la actividad laboral desempeñada por el trabajador ha de estar relacionada con las actividades formativas, constando en este caso de 190 horas de ofimática y 40 horas de aplicaciones informáticas, según el certificado de profesionalidad, código ADGD0308, Real Decreto 645/2011, considerando la resolución impugnada que recibió la formación correspondiente orando en autos la ficha de profesionalidad, aduciendo que el certificado de profesionalidad no está completo porque se refiere al primer módulo de 190 horas, teniendo además la actora antes formación en ofimática como consta en el curriculum vitae, así como en la titulación que ostenta, resaltando que dichas tareas no forman parte de la actividad normal de la agencia para el empleo ni son actividades permanentes, por lo que concluye que la relación laboral debe considerarse indefinida, tal y como indica el informe de Intervención.

Inatacado el relato de probados hemos de estar al contenido del mismo del que resulta que la actora suscribió con la Agencia para el Empleo un contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje, para la actividad laboral de auxiliar administrativa ofimática, incluida en el grupo profesional auxiliar administrativo, inserto en una convocatoria al programa de inserción laboral dirigido a los desempleados con mayores dificultades de inserción laboral, que trae causa de la adjudicación de ayudas asignadas conforme a lo previsto en la Orden 7210/2013, de 3 de octubre de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura por la que se regulan las subvenciones de dicho programa (BOCM 240, de 9 de octubre) que se aprobaron mediante Resolución de la Directora de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, de 27 de noviembre de 2013, que dispone la publicación de la Orden 10377/2013, por la que se resuelve la convocatoria, siendo una de las receptoras la Agencia para el Empleo de Madrid cuyos fines son la gestión de las políticas municipales de empleo del Ayuntamiento de Madrid y específicamente, entre otros, la colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid en la gestión de la intermediación en el mercado de trabajo, con especial atención en la integración de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral (artículos 2 y 3 del Estatuto del Organismo Autónomo Local Agencia para el Empleo de Madrid, publicado en BOCM 68, de 30 de junio de 2004) (doc. 16 de la contestación, a los folios 131 y siguientes), quedando excluido el contrato de la actora del ámbito del convenio colectivo único y demás normativa de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, constando que ha recibido la formación en ofimática 190 horas y en aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40 horas, obteniendo diploma del curso el 27 de junio de 2014, extinguiéndose la relación laboral el 29 del mismo mes por finalización del contrato.

No podemos tener en consideración las afirmaciones fácticas que realiza la recurrente en el único motivo del recurso, porque en los motivos del apartado c) del Art. 193 LRJS ha de alegarse la infracción de normas jurídicas sustantivas o de la jurisprudencia sobre ellas, pero no de normas o jurisprudencia sobre aspectos procesales, y debe partirse de la relación fáctica de la sentencia salvo que se logre su modificación por el cauce del Art. 193 b) en relación con el 196.3, y deben citarse expresamente los preceptos y jurisprudencia que se consideren infringidos por el juzgador de instancia. La estructura del recurso exige que, si la parte no está de acuerdo con los hechos probados, primeramente intente su revisión por el cauce del Art. 193 b) y seguidamente, al amparo del Art. 193 c) LRJS , extraiga las consecuencias jurídicas de la modificación de los hechos, alegando las normas sustantivas y la jurisprudencia que estime infringidas en motivos separados si es preciso por la diversidad de normas alegadas.

Consecuentemente no podemos apreciar la existencia de un fraude de ley, habiéndose pronunciado ya esta Sala con reiteración respecto de contratos de las mismas características suscritos por la Agencia para el empleo, considerándolos ajustados a derecho y extinguidos correctamente a su vencimiento y, concretamente en un supuesto idéntico al que nos ocupa lo ha hecho la Sección 1ª, en sentencia de 22-5- 2015, nº 448/2015, rec. 230/2015 , que dice así:

'Ya en sede del Derecho aplicado, en el motivo ordenado como segundo, denuncia infracción de los artículos 11 del ET , 7.4, 6.2 de la Orden 7210/2013, de 3 de octubre y 2.1 del Real Decreto 1796/2010 y concordantes, sosteniendo, en síntesis de su alegato, el contrato para formación y el aprendizaje suscrito no es el adecuado pues la trabajadora ya poseía la cualificación profesional, que la actividad laboral desempeñada no estaba relacionada con las actividades formativas, no certificándose la actividad laboral realizada en exceso, celebrándose la contratación en fraude, pues la subvención se concedió a la Agencia para el Empleo , no al Ayuntamiento, y debió prestarse la actividad en las dependencias de la Agencia .

El RDL 10/2011, de 26 de agosto, procedió a una importante reforma del art. 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) que alcanza a la propia denominación del tipo contractual regulado por el precepto, que se pasa a llamar contrato para la formación y el aprendizaje. El RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, da una nueva redacción al citado precepto del ET y, con ello, modifica aquél régimen jurídico. A raíz del RDL 3/2012, el régimen jurídico del tipo contractual objeto del art. 11.2 ET difiere, en la actualidad, según que se trate:

1).- De un contrato para la formación celebrado antes de la entrada en vigor de la reforma del precepto llevada a cabo por el RDL 10/2011. Tal contrato continua rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su concertación y, por lo tanto, por lo que disponía el comentado precepto con anterioridad a la reforma a la que acabo de hacer referencia (disp. trans. 2.ª RDL 10/2011).

2).- De un contrato para la formación celebrado tras la entrada en vigor del RDL 10/2011 y al amparo de uno de los proyectos de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo o de los proyectos de empleo -formación promovidos por las Comunidades Autónomas y que en el momento de aquella entrada en vigor estuviesen aprobados o pendientes de aprobación en virtud de convocatorias efectuadas con anterioridad. La disp. adic. 19.ª ET, añadida por el RDL 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abrió para los referidos proyectos la posibilidad de utilización de la modalidad del contrato para la formación de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su aprobación o convocatoria.

3).- De un contrato para la formación y el aprendizaje celebrado bajo vigencia de la reforma del precepto realizada por el RDL 10/2011 o, lo que es igual, entre el 31 de agosto de 2011 y el 11 de febrero de 2012, víspera de la entrada en vigor del RDL 3/2012.

4).- De un contrato para la formación y el aprendizaje celebrado a partir del 12 de febrero de 2012 y, por lo tanto, con arreglo al actual contenido del art. 11.2 ET .

Conforme dispone el art. 11.2 ET :

' El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. Se podrán acoger a esta modalidad contractual los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo correspondiente.

b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. No obstante, mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo que la formación inherente al nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualificación profesional.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional , previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo . No obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación profesional a que se refiere el apartado e), sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación complementarios en los centros de la red mencionada.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas. La impartición de esta formación deberá justificarse a la finalización del contrato.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación de los trabajadores en los centros formativos y en las empresas, así como su reconocimiento, en un régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador. Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores como de las empresas.

Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

e) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable.

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

g) La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

h) La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la empresa al término del contrato se estará a lo establecido en el apartado 1, párrafo f), de este artículo '.

Con la reforma laboral de 2012 (el contrato de la actora se suscribió con efectos del 30-12-13 entrando de lleno en el radio de acción de la reforma) asistimos a una clara flexibilización de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje para facilitar y, con ello, fomentar su utilización. Lo viene a reconocer el preámbulo del RDL 3/2012, cuando asocia las modificaciones introducidas en la regulación de aquél a la finalidad de « potenciar el empleo juvenil mediante la supresión de limitaciones injustificadas » (apartado II, párrafo último).

Aunque la determinación de la edad general que permite la celebración del contrato y la sujeción de ésta a que el contratado no posea la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para celebrar un contrato de trabajo en prácticas (art. 11.2.a), párrafo primero, permanece tras la reforma de 2012, pudiendo ser contratados los mayores de dieciséis años y menores de veinticinco que carezcan de la expresada cualificación, debe tenerse en cuenta este límite máximo de edad «no será de aplicación » en los contratos que « se suscriban en el marco de las acciones y medidas establecidos en la letra d) del artículo 25.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo » (disp. adic . 19.ª.2 ET , añadida por el RDL 14/2011, de 16 de septiembre). Además, el RDL 10/2011 estableció (disp. trans. 2.ª), introduciendo una excepción temporal a la regla contenida en el citado precepto del ET, que podrían celebrarse hasta el 31 de diciembre de 2013 contratos para la formación y el aprendizaje con mayores de veinticinco y menores de treinta años, pasando el RDL 3/2012 (disp. trans. 9.ª) a admitir tal posibilidad « hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento », lo cual, previsiblemente, se producirá más allá de la indicada fecha.

Se mantiene también la imposibilidad de celebración de un contrato para la formación y el aprendizaje que figure asociado a la cobertura de un puesto de trabajo que el trabajador hubiese ocupado antes en la misma empresa (no en otra) durante más de doce meses y en virtud, parece, de otro tipo de contrato (art. 11.2.c), párrafo segundo). El legislador considera que la situación descrita resulta incompatible con la finalidad formativa típica del contrato para la formación y el aprendizaje, el cual, si se celebrara, habría que considerarlo concertado en fraude de ley.

Tras su reforma por el RDL 3/2011, el art. 11.2.b) ET , al tiempo que mantiene la duración mínima legal en un año y eleva la duración máxima legal y general de dos a tres años, flexibiliza los dos topes o límites permitiendo que el convenio colectivo autorice la celebración del contrato, « en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas », por una duración máxima inferior a los tres años y una duración mínima superior o inferior al año, aunque en este segundo caso nunca inferior a seis meses, duración que coincide con la mínima legal establecida para el contrato para la formación antes de la reforma del art. 11 llevada a cabo por el RDL 10/2011 .

Con criterio mucho más flexible, el nuevo art. 11.2.d) permite que la referida formación también se pueda recibir en la propia empresa, cuando ésta disponga « de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación (oficial) de la competencia o cualificación profesional » a adquirir a través del contrato, «sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de períodos de formación complementarios en los centros de la red mencionada ».

QUINTO.- El discurso argumentativo desplegado por la recurrente carece de base atendiendo al relato de hechos probados firmes. Por de pronto, su contrato para prestar servicios en la Agencia para el Empleo de Madrid desde el día 30-12-13, categoría de auxiliar administrativo ofimática, modalidad para la formación y el aprendizaje, lo es en el marco del programa de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado prestaciones de desempleo, en un proyecto de empleo y formación al amparo del art. 25-1 d) Ley 56/2003 , con las especificidades que de ello derivan. La actividad desarrollada se compadece con los trabajos propios de su categoría (hecho probado sexto) y relacionadas con el programa informático del Ayuntamiento, haciéndolo en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid que previamente se le había indicado por la Agencia para el Empleo , siendo en todo momento asistida por los coordinadores de la Agencia , correspondiendo al responsable de las dependencia municipales indicarle los trabajos a realizar conforme a sus instrucciones. Se han respetado los tiempos de formación teórica, alternándose con las actividades laborales propiamente dichas, siendo la Agencia para el Empleo que la impartió (la formación teórica) un centro autorizado y que expidió el correspondiente certificado de profesionalidad que constituye un instrumento de acreditación oficial del conjunto de competencias profesionales que capacitan a una persona para el desarrollo de una actividad laboral. No es cierto que el contrato para formación y el aprendizaje suscrito no sea el adecuado en razón a que la trabajadora ya poseyera la cualificación profesional, ni tampoco lo es que la actividad laboral desempeñada no estuviera relacionada con las actividades formativas, pues de hecho la actora no contaba con el certificado de profesionalidad que ahora se ha emitido con carácter oficial tras la formación recibida. Y en cuanto a que el centro de trabajo donde ha prestado servicios no se corresponda con el reseñado en el contrato de trabajo ello no revela fraude de ley alguno, pues ya se indicaba en la propia oferta de empleo por la que se concede la subvención a la Agencia de Empleo que la prestación de servicios se realizaría en distintas dependencias y organismos municipales. Por último, la colaboración entre la Agencia de Empleo y el Ayuntamiento se incardina a la perfección en las competencias y finalidades de la Agencia que es un organismo autónomo local.

Bajo las consideraciones que anteceden no atisbamos fraude alguno en el contrato suscrito entre las partes que concluyó en la fecha convenida, no estando ante un despido sino ante una válida causa de terminación, imponiéndose la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.'

Razonamientos de aplicación al supuesto que nos ocupa al constar probado y no desvirtuado por el recurso, que la Agencia para el Empleo ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y en la normativa legal, tanto la citada en la resolución transcrita como en cuanto al Real Decreto 1520/2012, proporcionando a la actora la formación pactada, emitiendo el correspondiente certificado y no habiendo dato alguno que permita colegir que las tareas desarrolladas fueran de superior categoría, ni ninguna otra irregularidad, que desde luego no resulta de los hechos que se han declarado probados, por todo lo cual el recurso se desestima.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

Fallo

Que desestimamos el Recurso de Suplicación número 884/2015 formalizado por la graduada social DOÑA ANA BELÉN MINGO MUÑOZ en nombre y representación de DOÑA Enma , contra la sentencia número 167/2015 de fecha 5 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social número 37 de los de Madrid , en sus autos número 960/2014, seguidos a instancia de la recurrente frente a la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID y el AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por despido y confirmamos la resolución impugnada.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2829-0000-00-0885-15 que esta sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Pº del General Martínez Campos, 35, 28010 Madrid o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

2. En el campo ORDENANTE, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma.

3. En el campo BENEFICIARIO, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.

4. En el campo ' OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA', se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2829000000088415 ), pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.