Sentencia Social Nº 2899/2012, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2563/2012 de 27 de Noviembre de 2012

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  • Orden: Social
  • Fecha: 27 de Noviembre de 2012
  • Tribunal: TSJ Pais Vasco
  • Ponente: Lumbreras Lacarra, Elena
  • Núm. Sentencia: 2899/2012
  • Núm. Recurso: 2563/2012
  • Núm. Cendoj: 48020340012012102704

Encabezamiento

RECURSO Nº:Suplicación / E_Suplicación 2563/2012

N.I.G. P.V. 20.05.4-12/001150

N.I.G. CGPJ 20.069.34.4-2012/0001150

SENTENCIA Nº: 2899/2012

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 27 de noviembre de 2012.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA y Dª. ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Nicolas contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. 1 de los de DONOSTIA - SAN SEBASTIAN de fecha 29 de junio de 2012 , dictada en proceso sobre despido, y entablado por Nicolas frente a FONDO DE GARANTIA SALARIAL, GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. y OMBUDS CIA. DE SEGURIDAD S.A..

Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. ELENA LUMBRERAS LACARRA, quien expresa el criterio de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

' PRIMERO.-El demandante, DON Nicolas , mayor de edad y cuyas circunstancias personales obran en el encabezamiento de la demanda ha venido prestando servicios para la entidad demandada GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. desde el

1/3/2010, con la categoría profesional de escolta y con un salario mensual de 2149,89 euros incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- Es de aplicación el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2005-2008 (BOE de 10/6/2005).

TERCERO.-El demandante ha venido prestando servicios de escolta en primer lugar en virtud del contrato eventual de fecha 11/3/2010 (folio 201) y desde 11/09/2010 en virtud de contrato de obra o servicio determinado, (folio 203), siendo la obra 'servicios de acompañamiento del gobierno vasco servicio G018, teniendo dicha obra autonomía o sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa'.

CUARTO.- En fecha 13/11/2010 se adjudicó a GARDA el contrato de Servicios de Protección a personas del Gobierno Vasco expediente NUM000 (contrato al folio 336 y ss. y pliego de cláusulas administrativas particulares a los folios 339 y siguientes).

QUINTO.- En fecha 15/2/2012 el Consejero de Interior del Gobierno Vasco dictó Orden por la que se procede a la resolución del contrato anterior. Dicha comunicación fue efectuada a Garda en fecha 16/2/12 y copia de la misma obra a los folios 373 y ss. de las actuaciones y aquí se da por reproducida. Fundamenta la causa de la resolución en la reducción de los servicios activados en el contrato de referencia a resultas del alto al fuego y cese definitivo de la actividad armada declarado por ETA en fechas 10/1/2011 y 20/1/2011 respectivamente. En la misma resolución se hace constar que Ombuds Cía de Seguridad y Sabico Seguridad indican su disposición a hacerse cargo de los servicios residuales que el contrato contemple, acordándose la reasignación de porcentajes en relación a ambas empresas.

SEXTO.- En la misma fecha el Gobierno Vaco dirigió comunicación escrita a GARDA con el asunto: 'relevo de servicios', obrante al folio 377, en la que le comunica que 'a partir del 17 del presente mes, y con la máxima celeridad que permitan tanto la realización de los trámites necesarios para la subrogación del personal que vaya a llevarse a cabo, como las oportunas condiciones operativas, deberán pasar a ser prestados por la empresa Ombuds Compañía de Seguridad los servicios que le detallo a continuación, todos ellos de Gipuzkoa:

G018, tipo 1.

GV0D, tipo 3.

GV0Q, tipo 3.

GV0Y, tipo 3.

GV0Z, tipo 3.

GV1A, tipo 3

GV51, tipo 3'.

El servicio tipo 1 es de doble escolta y vehículo.

SÉPTIMO.- El actor (TIP NUM001 , folio 666) ha estado prestando servicios para los siguientes indicativos en los últimos siete meses, según se desprende de los cuadrantes de servicio obrantes en los folios 595 y siguientes: agosto 2011: indicativo G044; septiembre 2011: indicativo G044; octubre 2011: G044, salvo día 18/10/2011, para el G-018; Noviembre 2011: G044; diciembre 2011: GV 044; enero 2012: GV 044 del día 1 al 13; días 14 a 23, G018.

Consta que el trabajador Don Alfonso , TIP NUM002 , así como el indicativo 4045, han prestado los servicios de protección para el indicativo G.018 desde agosto de 2011 hasta febrero de 2012.

El indicativo G-044 no ha resultado subrogado.

OCTAVO.- en fecha 16/2/2012 GARDA dirigió comunicación a OMBUDS del siguiente tenor:

Muy Sres. nuestros:

Informados de que a partir del 18 de febrero de 2012, son Vds. los adjudicatarios de los Servicios de Escolta Privado que venía prestando GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A., cubriendo varios servicios del Gobierno Vasco, para cumplir lo dispuesto en el art. 14 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad , adjunto a la presente les entregamos documentación detallada a continuación de los cinco trabajadores:

1. Alfonso PEREZ (servicio G018)

2. Casimiro (servicio G018)

3. Florencia (servicio GV0Z)

4. Estanislao (servicio GV1A)

5. Federico (servicio GV0Y)

- Certificación de situación laboral de los trabajadores.

- Fotocopias de nóminas de los 3 últimos meses de los trabajadores afectados.

- Fotocopias de los TC1 y TC2 de los 3 últimos meses.

- Copia de los contratos de trabajo de los escoltas afectados.

- Copia del Acuerdo Salarial de los escoltas afectados.

- Fotocopia del TIP de los mismos.

- Fotocopia de la Cartilla de Tiro.

Sin otro particular, quedando a su disposición para aclararles cualquier extremo que precisen, les saludamos muy atentamente'

NOVENO.- En fecha 20/02/2012 GARDA dirigió comunicación escrita al trabajador demandante del siguiente tenor literal:

Muy Sr. Nuestro

La Dirección de esta empresa, por medio de la presente, lamenta tener que comunicarle, que ha tomado la decisión de proceder a la extinción de su contrato de trabajo con efectos desde el día 20 de febrero de 2012, de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores por causas objetivas, fundamentándose dicha decisión en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas productivas.

Las causas motivadoras de esta decisión son las siguientes:

Nuestra empresa venía prestando Servicio de Protección de Personas en virtud del Contrato Exp C.C.C. NUM000 suscrito con el Gobierno Vasco, estando usted adscrito a dichos servicios con la categoría profesional de escolta.

No obstante, como usted ya conoce, el citado cliente ha procedido, en fecha 18 de febrero de 2012, a la rescisión de todos los servicios de protección que nuestra Empresa prestaba en virtud del citado contrato de Servicio de Protección de Personas (Exp C.C.C. NUM000 ).

Ante esta situación, la Empresa ha estudiado otras posibilidades diferentes de la actual pero lamentablemente, en la actualidad, no existe en nuestra Delegación ningún servicio de escolta en el cual pueda usted prestar servicios con su categoría profesional, dándose además la circunstancia de que al desaparecer el servicio de protección de personas al que usted estaba asignado, su puesto de trabajo queda vacío de contenido.

Además de lo anterior, debemos señalar que no resulta posible ubicarlo en otro puesto de trabajo, al margen de su categoría profesional, dado que todos los servicios y puestos están cubiertos por plantilla con contrato laboral en vigor.

Por todo ello, nos vemos en la necesidad de extinguir su contrato por amortización de puesto de trabajo en base a la existencia por causas productivas anteriormente señaladas conforme al artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores .

La medida extintiva tomada que a VD le ha afectado contribuye a garantizar la viabilidad futura de ésta Empresa y del empleo que mantiene, pues permite una mejor y más adecuada organización de los recursos y permite una mayor competitividad de la misma en el mercado.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores , se le hace entrega en este acto, mediante cheque nº NUM003 de Caja Madrid de la indemnización legal de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, cuantificándose la misma en TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (3.581,92 e).

Igualmente, y dado que no ha sido posible dar cumplimiento al preaviso de comunicación contenido en el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , se le hace entrega en este acto, mediante cheque nº NUM004 de Caja Madrid, de la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (838,44 E), correspondientes a 15 días de salarios por falta de preaviso, de conformidad con el último párrafo del apartado cuarto del citado artículo 53.

La liquidación de haberes salariales estará a su disposición en la Delegación de Guipúzcoa dentro del plazo que establece el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad.

Sin otro particular, y agradeciéndole de antemano la fidelidad y colaboración durante el tiempo que ha prestado servicios en nuestra Empresa, se despide atentamente,'

DÉCIMO.-La empresa contaba con un total de 1021 trabajadores en fecha 29/02/2012. En un periodo de referencia de 90 días la empresa ha extinguido 13 contratos de trabajo por causas objetivas, uno por despido disciplinario reconocido como improcedente, y uno por no superación del periodo de prueba.

UNDÉCIMO.-El actor no ostenta ni ha ostentado cargo de representación de los trabajadores.

DUODÉCIMO.- En fecha 13/12/2010 tuvo lugar el acto de conciliación, con el resultado de sin avenencia respecto de Prosegur Compañía de Seguridad, e intentado sin efecto respeto de Ombuds Compañía de Seguridad S.A. '

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

'Que desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva y estimando la excepción de falta de acción invocada por OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., procede la desestimación de la demanda interpuesta por DON Nicolas contra GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. y OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., declarando ajustada a derecho la extinción de la relación contractual producida en fecha 20/02/2002 , absolviendo a las demandadas de las pretensiones ejercitadas en su contra.'

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


Fundamentos

PRIMERO.- .-El trabajador D. Nicolas interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián que desestima su demanda interpuesta frente a las mercantiles Garda Servicios de Seguridad, SA y Ombuds Compañía de Seguridad, SA en la que solicita se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido efectuado el día 20 de febrero de 2012 por Garda.

En el presente recurso de suplicación el trabajador sostiene que aunque la empresa Garda extinguió su contrato de trabajo por la vía del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores , en realidad estamos ante un despido colectivo del artículo 51.1 del ET por haberse superado los umbrales numéricos previstos en tal precepto atendiendo al número de trabajadores afectados por las extinciones contractuales en un período de noventa días.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-Recurre el trabajador, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989 , y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero ).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan 'concluyente poder de convicción' o 'decisivo valor probatorio' y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

El Sr. Nicolas quiere hacer constar en el hecho probado décimo que a fecha 29 de febrero de 2012, 55 trabajadores pertenecían al centro de trabajo de Guipúzcoa, centro en el que en un período de referencia de 90 días ... No procede acceder a tal pretensión revisora por su irrelevancia para resolver el procedimiento pues como luego veremos la unidad de referencia a los efectos del artículo 51.1 del ET es la empresa y no el centro de trabajo.

TERCERO.- El artículo 193-c) de la Ley de la Jurisdicción Social recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término 'norma' en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las 'normas sustantivas', en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral , lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.-Con amparo en el precitado artículo 193-c) de la Ley de la Jurisdicción Social, impugna el recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de los artículos 51.1 y 53.1 del Estatuto de los Trabajadores .

Sostiene el recurrente que dado que la unidad de referencia a los efectos del cómputo del despido colectivo debe ser el centro de trabajo y no la empresa, y como en el centro de Guipúzcoa, que contaba con una plantilla de 70 trabajadores, se han extinguido en un período de 90 días un total de 15 contratos de trabajo, se han superado los umbrales numéricos previstos en el artículo 51.1 del ET y por tanto el despido del actor debe declararse nulo.

Como es sabido, la causa económica es común a ambos despidos, el colectivo y el objetivo y el elemento diferenciador radica en el número y porcentaje de trabajadores afectados, número y porcentaje que -hecho pacífico- no se alcanza (en el presente litigio) en el caso de que el elemento referencial fuera la empresa y sí se alcanza en el caso de que fuera el centro de trabajo.

El trabajador recurrente invoca la aplicación de la Directiva 98/59 , pero resulta que, aparte de que tal Directiva no fue más que una modificación de la 77/187 , que, a su vez fue derogada por el artículo 12 la Directiva 2001/23 , lo cierto es que la naturaleza jurídica de la Directiva impide su aplicación directa ( art. 14 de la Directiva 2001/23 , vigente y artículo 10 de la Directiva 98/59 ) por su propia naturaleza jurídica, salvo que el Estado destinatario no haya adaptado su normativa interna al contenido de la Directiva (lo que no es el caso de España, que alteró la regulación legal) y, además, sólo cuando el mandato de la Directiva sea concreto, no un principio o una línea de actuación.

Al margen de lo anterior, y comparando las condiciones normativa de la Directiva citada 98/59, la regulación de ésta resulta inferior, en garantías, a la normativa española constituida por el artículo 51 ET .

En efecto, el artículo 1 de la Directiva reza así: 'A efectos de lo dispuesto en la presente ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo 1º de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) apartado 1 artículo 49 de esta ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco . Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 c) de esta ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.'

Por su parte, la regulación del Derecho Nacional ( artículo 51.1 ET ) reza: 'A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen más entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores' . 'Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley , siempre que su número sea, al menos, de cinco. . Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.'

Esta normativa nacional es pues, una regulación más amplia, y no sólo respecto al elemento de referencia física (centro de trabajo 'versus' empresa) para el cómputo del número de trabajadores afectados, sino también respecto a éste número y respecto al elemento de referencia temporal (período de los despidos, cuando son sucesivos), con lo que la diferencia entre una y otra regulación no puede, en absoluto, reducirse sólo a la referencia a 'centro de trabajo' frente a la 'empresa'. Esta cuestión tendrá incidencia en la resolución del recurso, como ahora se verá.

Y así se advierte que la regulación española es más favorable ya que la situación de crisis debe afectar a toda la empresa ( STS 14.05.98 ) y no sólo al centro de trabajo, efecto que la jurisprudencia extiende no sólo a la propia empresa, sino al grupo de empresas (aunque sólo en los supuestos de confusión de plantillas, ex STS 04.12.02 , y no en los otros ex STS 23.06.99 ) lo que constituye una notable ventaja ya que la causa de crisis económica -como es notorio- es muy fácil de producirse en un centro (crisis de clientela en una zona, pérdida del local por extinción del arrendamiento o, como en el presente caso, por extinción de la concesión, etc.) pero mucho más difícil de extender a toda la empresa, ya que en la mayoría de los casos las pérdidas económicas o causas organizativas pueden ser absorbidas o asumidas por la empresa en sus otros centros de trabajo.

Otro ejemplo del carácter más favorable de la legislación española es la exigencia a la empresa de la justificación de la causa extintiva, exigencia de la que carece la regulación comunitaria, que sólo se refiere al procedimiento, y a un plazo de negociación que impide (con una duración reducida a 30%, excepcionalmente 60 días) la extinción automática de los contratos.

A esta ventaja se refiere la STSJ Castilla-La Mancha de 27.6.95 en los siguientes términos: '... no se vulnera el principio constitucional a la tutela judicial efectivas, ni el 'pro operario' del Orden Social del Derecho, con el diferente cómputo y regulación, al ser, ambos tipos de despido causales, con revisión en sede jurisdiccional, no siendo propia del derecho comunitario la autorización administrativa del colectivo y debiendo acreditar la empresa la concurrencia de la causa que justifica el despido de impugnarse su decisión por el trabajador, también en el objetivo. en realidad, al regular la invocada Directiva Comunitaria 75/129 (modificada por la Directiva Comunitaria 1992/56, de 24 de junio ), las garantías del despido colectivo, sólo en atención al procedimiento y no en relación a una necesaria justificación causal del mismo ,como hace el derecho nacional ,estamos ante una regulación nacional más tuitiva para los intereses de los trabajadores, aun referida a la empresa y no al centro de trabajo, pues, en todo caso deberá el empresario justificar la medida en orden a la viabilidad de la empresa y el mantenimiento del empleo, permitiendo el art. 5 de la Directiva comunitaria, disposiciones nacionales más favorables a los trabajadores'.

En conclusión: la normativa nacional es mucho más favorable para los trabajadores que la regulación comunitaria.

En este concreto caso, España ya adaptó su normativa interna a la Directiva que aquí se cita y al efecto reformó el artículo 51.1 ET en los términos antes expuestos, por lo que el mandato de la Directiva esta cumplido por el Estado Español, como ya se ha dicho.

Por tanto, ha de tomarse como elemento referencial el número de trabajadores totales de la empresa y, como los despidos no alcanzan el 10%, según resulta pacífico, la conclusión es que la vía adecuada para la extinción del contrato del actor, por causas económicas, es la del despido objetivo, que fue la utilizada por la Empresa, con lo que no puede declararse la nulidad del despido, por lo que el motivo queda desestimado y la Sentencia confirmada.

QUINTO-Por último, el trabajador alega también en su recurso que la carta de despido adolece de evidencia de genericidad o falta de concreción de la causa y por tanto no cumpliría con los requisitos de forma previstos en el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores .

El artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores exige para el despido objetivo la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de la misma Ley , es decir, de causa económica, técnica, organizativa o de producción, y este precepto señala en su redacción actual: 'Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado'.

Por último, la redacción actual tras la Ley 3/2012 del penúltimo párrafo del apartado 4 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , dice: «La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso se considerará improcedente.»

Pues bien en este caso es por tanto claro que la labor del juez es comprobar si la empresa ha acreditado convenientemente la causa invocada para justificar el despido objetivo.

Y en este caso entendemos que la carta de despido es clara sobre la causa del mismo y no genérica como señala el recurrente: explica la existencia del contrato suscrito por la mercantil y el Gobierno Vasco para los servicios de protección, la rescisión por parte del cliente de todos los servicios de protección que la empresa Garda prestaba en virtud del citado contrato de ahí que desaparecen los servicios en que se ocupaba al actor. No puede así decirse que el trabajador desconozca los motivos por los que se extingue su contrato de trabajo. En definitiva, la desactivación de servicios de protección por parte del Gobierno Vasco hace que tenga que prescindirse forzosamente de un número de escoltas a los que no puede darse ocupación.

Por todo ello entendemos que procede la desestimación del recurso de suplicación y confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO.-No procede hacer declaración sobre costas, por gozar el recurrente vencido en esta instancia del beneficio de justicia gratuita ( artículos 235-1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y 2-2-d) de la Ley 1/1.996, de 10 de Enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita ).

Fallo

Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por D. Nicolas frente a la Sentencia de 29 de junio de 2012 del Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián en autos nº 227/2012 frente a GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, SA y OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, confirmando la sentencia de instancia, sin imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letradodirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 5 días hábilessiguientes al de su notificación (art. 208 LJS).

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al prepararel recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de prepararel recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresosa que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-2563/12.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42-0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-2563/12.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


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