Sentencia Social Nº 32/2004, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1097/2001 de 23 de Enero de 2004

Si el privilegio de ejecución separada afecta tanto a la fase declarativa como a la de ejecución y, por otro lado, es aplicable en los supuestos de existencia de procedimiento concursal (quiebra o concurso de acreedores), en el que está intervenido el patrimonio del empresario, cuanto más será aplicable al supuesto en el que solo existe una simple suspensión de pagos, en que tal intervención general no se produce. En base a lo anterior, el TSJ confirma la procedencia de Auto impugnado en el que se acordó la imposición a la empresa ejecutada (recurrente en suplicación) de un apremio pecuniario de 90 euros diarios con la finalidad de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de ésta de aportar los títulos de propiedad de las fincas embargadas que le fueron requeridos.