Sentencia Social Nº 5762/2006, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1979/2006 de 28 de Julio de 2006

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

NIG : 17066 - 44 - 4 - 2005 - 0000274

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 28 de juliol de 2006

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats

més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5762/2006

En el recurs de suplicació interposat per Bartolomé a la sentència del Jutjat Social 1 Figueres de data 5 de desembre de 2005 dictada en el procediment núm. 220/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES,

Antecedentes

Primer. En data 7 de setembre de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Tutela de drets fonamentals, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 5 de desembre de 2005 , que contenia la decisió següent:

"Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por D. Ignacio debo absolverle de la demanda rectora de los presentes autos: y desestimando la demanda interpuesta por D. Bartolomé contra el Ayuntamiento de Castello d'Empuries, debo absolver y absuelvo a la entidad local demandada de los pedimentos formulados en su contra."

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El actor D. Bartolomé , provisto de DNI n° NUM000 , viene prestando sus servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización. y dirección del Ayuntamiento de Castelló d 'Empuries, en virtud de contrato laboral indefinido, con antigüedad del 11-11-1980, ostentando la categoría profesional Grup C, y últimamente el nivel de complemento 22, percibiendo un salario bruto mensual de 2.419,20 Euros, con inclusión de prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.- El actor fue nombrado, por el procedimiento de libre designación, para ocupar el cargo de Director de Servicios Turísticos, responsable del Area de promoción turística, bajo la dependencia de la Concejalía de Turismo.

TERCERO.- En virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 1997, y en atención a que el Area de Turismo comprende el negociado de oficinas y el de promoción turística, se consideró necesario, para una mayor eficiencia y gestión administrativa, que una persona desarrollase funciones de Coordinación, funciones que se encomendaron al hoy actor, sin perjuicio de lo establecido en el reglamento de personal al servicio de las corporaciones locales, en relación a la provisión y promoción de puestos de trabajo de los entes locales.

CUARTO.- Creada ex novo el Area turística, económica y comercial con la voluntad de dinamizar todos aquellos sectores económicos del municipio, y por considerar necesaria la coordinación de todos los servicios implicados en la gestión turística municipal, la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 21 de septiembre de 1999, acordó que D. Íñigo , entonces coordinador de los Servicios Públicos Municipales, sin dejar de ejercer estas funciones, desarrollara también las funciones de Coordinador del Area de Promoción Turística, económica y Comercial, presentando su programa de actuación para el cuatrienio 1999-2003 en la sesión constitutiva del Consejo Municipal de Turismo celebrada el 27 de septiembre de 1999.

QUINTO.- La Junta de Gobierno Local acordó en fecha 30 de marzo de 2004 que Dña. Araceli , auxiliar administrativa adscrita al Area de Promoción Turística, económica y comercial, desarrollara, con carácter temporal, las tareas de Coordinadora del Area de Promoción Turística, económica y Comercial, con fecha de efectos 1 de enero de 2004, hasta que la plaza sea ocupada definitivamente según los mecanismos legales previstos.

SEXTO.- El 30-6-2004 el actor dirigió comunicación escrita al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castelló d 'Empuries, con copia para el Concejal de Turismo Sr. Ignacio , haciéndoles saber su queja y malestar por que el día anterior se convocó una reunión de todo el personal de Turismo, con intervención y participación del Sr. Ignacio , para presentar a la Sra. Araceli como Coordinadora de Turismo, estando todos convocados menos el demandante. El contenido de la comunicación se tiene por reproducido en aras a la brevedad.

SEPTIMO.- Por resolución de la Alcaldía de 30 de diciembre de 2004 se inició el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Coordinador/a del Area de promoción turística, de grado medio (Grupo B, nivel 26 de la escala de la Administración General), en régimen laboral indefinido por el sistema de selección de concurso oposición en turno libre rigiéndose por las bases que se publicaron en el BOP de Girona núm 67, de 8 de abril de 2005.

OCTAVO.- La Sra. Araceli se presentó al concurso oposición. Por haber obtenido la mejor puntuación fue nombrada personal laboral fijo adjudicándosele en propiedad la plaza convocada.

NOVENO.- Con la finalidad de conseguir una mejor eficacia en la gestión, mediante resolución de la Alcaldía datad a el 14-7-2005, y con efectos del día siguiente a su expedición, se creó el Area de Mecenazgo y Esponsorización con las competencias siguientes:

Buscar los recursos económicos para la realización de los acontecimientos que se celebren en el municipio.

Todas las acciones y tareas relacionadas con la consecución de ingresos para actividades no tarifadas, como las vinculadas con espectáculos, ferias, congresos, conciertos, etc..

DECIMO.- El día 15 de julio de 2005 el Gerente municipal y la Sra. Araceli comunicaron al actor que sería trasladado al Area de Mecenazgo y Esponsorización, convocándole al despacho de la gerencia municipal para el día 20 de julio, a las 9 horas, mostrando el demandante su desacuerdo con el traslado. Como quiera que el Sr. Bartolomé , sin causa justificada que se lo impidiese, desatendiera la convocatoria,. se le citó nuevamente para las 14 horas del mismo día, con advertencia de que si persistía en su actitud rebelde se plantearía la rescisión de su contrato, negándole desde ese momento autorización para utilizar ningún medio material o inmaterial adscrito al Area de promoción turística, económica y comercial.

UNDECIMO.- En la reunión con el Gerente del día 20 de julio, y a presencia de miembros del comité de empresa, el actor reclamó que la orden de remoción y traslado le fuera notificada por escrito, contestándole el primero que, o aceptaba el traslado o sería despedido. Convocado nuevamente para el día siguiente y no existiendo sede física para la ubicación de la nueva Area, se le comunica el disfrute de un permiso extraordinario por cuenta de la empresa desde el lunes 25 al viernes 29 de julio. Incorporado el lunes siguiente, día 1 de agosto, y no existiendo lugar físico ni medios para el desarrollo del nuevo cometido, se le impuso el disfrute de vacaciones hasta el día 11 de agosto. El 16 de agosto se notifica por escrito al demandante la resolución de la alcaldía de 5-8- 2005 y, faltando aún la sede física, se le vuelve a ordenar el disfrute de vacaciones hasta el 22-8- 2005.

DUODECIMO.- Por resolución de la Alcaldía de 5 de agosto de 2005, y partiendo de que el Sr. Bartolomé es personal laboral, grupo C, nivel 22, de la corporación municipal que por libre designación fue adscrito en su momento al Area de Turismo para realizar funciones directivas, se acuerda su remoción del citado cargo, respetando en todo momento su salario, categoría y nivel profesional, y que sea adscrito, por libre designación, con efectos desde el día de la fecha, al Area de Mecenazgo y Esponsorización, bajo la supervisión y dirección de la Gerencia municipal.

DECIMOTERCERO.- Desde abril de 2003 el actor sigue tratamiento farmacológico con ansiolíticos y antidepresivos controlado por especialista en psiquiatría, por presentar trastorno de ansiedad reactivo a causas laborales. Por agudización de la expuesta patología causó baja médica el día 22 de agosto de 2005, iniciando en dicha fecha proceso de incapacidad temporal que persiste al tiempo de la celebración del presente juicio.

DECIMOCUARTO.- El Area de Mecenazgo y Esponsorización ya cuenta con espacio físico en dependencias municipales donde desarrollar sus cometidos.

DECIMOQUINTO.- El día 1 de agosto de 2005 se presentó ante el Ayuntamiento escrito de denuncia previa a la utilización de acciones administrativas y judiciales.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora Bartolomé va interposar recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, qui el va impugnar en forma l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- La Sentència d'instància, desestimà la demanda presentada per la part actora en la qual al.legava que l'Ajuntament demandat havia vulnerat el seu dret fonament relatiu a la seva integritat física i moral, el seu honor i intimitat personal, i la seva dignitat com a persona i treballador, per la qual cosa sol.licitava es declarés la nul.litat radical de tots els actes denunciats, se n'ordenés el seu cessament, es condemnés els demandats a redactar una nota de disculpa pública davant l'actor, que s'havia de notificar a tot el personal de l'Ajuntament i que s'havia de publicar almenys en un mitjà de comunicació escrita i, per últim, demanava una indemnització de 364.850 Euros per danys i perjudicis.

Contra aquesta sentència s'interposa per l'actor Recurs de Suplicació que s'estructura en quatre motius, els tres primers destinats a revisar els fets declarats provats i el quart a examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència que s'hi han comès.

SEGON.- Abans d'entrar a examinar els motius d'impugnació del recurs, en els quals es sol.licita la revisió dels fets declarats provats, correctament emparats en l'apartat b) de l' article 191 de la Llei de Procediment Laboral , cal posar de relleu que el legislador ha configurat el procés laboral com un procés al qual es consubstancial la regla de l'única instància, la qual cosa significa que no existeix un doble grau de jurisdicció, i ha construït el recurs de suplicació com un recurs extraordinari, que no constitueix una segona instància i que participa d'una certa naturalesa cassacional, tal com afirma la Sentència del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de gener . Aquesta naturalesa es manifesta, fonamentalment, en la limitació de la impugnació de la resolució d'instància, en el sentit que aquesta només es pot impugnar per alguna de les causes establertes per la Llei.

Concretament, la Llei de Procediment Laboral, estableix els motius d'impugnació en l' article 191. L'apartat b) d'aquest article disposa que es podran revisar els fets declarats provats a la vista de les proves documentals i pericials practicades. En la interpretació d'aquest article, el Tribunal Suprem exigeix, perquè pugui tenir èxit la revisió, els següents requisits: a) La concreció exacta del que s'hagi de revisar, especificant la supressió, modificació o addició que es proposi, especificant la nova redacció que es proposa, sempre que no es demani la seva supressió total i b) Es requereix també que la revisió sigui transcendent per modificar la decisió.

D'altra banda, i pel que fa a la forma de realitzar-ne la revisió, se ha de tenir en compte el següent: a) Es limiten els mitjans, de tal manera que només són idonis la prova documental i la pericial aportats a les actuacions, b) S'ha d'assenyalar específicament el document o perícia objecte de l'esmentada revisió; cal que l'errada del jutge sigui evident del document o perícia assenyalats, de tal manera que es demostri aquesta sense que el recorrent realitzi hipòtesis, raonaments o deduccions més o menys lògics, per la qual cosa no es poden incloure afirmacions, valoracions o judicis crítics sobre la prova practicada. Això significa que l'error ha de ser evident, i que aquesta evidència s'ha de destacar per ella mateixa, superant la valoració conjunta de les proves practicades que hagi pogut realitzar el magistrat d'instància; i d) no poden ser combatuts els fets provats, si aquests han estat obtinguts pel magistrat en el mateix document en que la part pretén l'emparament del recurs.

TERCER.- Tenint en compte els anteriors principis, cal ara examinar els motius al.legats pel recurrent. En el primer motiu es sol.licita la modificació del fet provat sisè, sol.licitant s'hi afegeixi els paràgrafs següents:

"En data 12.5.2004, l'actor va adreçar un escrit al Regidor de Turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Sr. Ignacio , mitjançant el qual se li comunicava formalment que una auxiliar administrativa es negava a acceptar les ordres que l'actor li donava, tot afirmant literalment que "ella no tenia perquè donar-li cap mena d'explicació, que ell no la manava", i que "de l'única cosa de la que era el cap era de la seva cadira". En aquest escrit, l'actor sol.licitava al Sr. Regidor que prengués algun tipus de mesura disciplinària contra l'esmentada administrativa, donat que la seva autoritat com a Cap davant de la resta de personal de l'Àrea de Turisme quedava greument malmesa". Fonamenta la pretensió en els documents que es troben als folis 52 i 54 a 50, que son copies de diversos correus electrònics.

En el segon motiu es sol.licita la modificació del fet provat desè, únicament pel que fa a que consti que la rescissió del seu contracte seria "per causes objectives" i que es tregui que no va acudir a la convocatòria "sense causa justificada que ho impedís". Fonamenta la petició en el document nº 61, que és una carta que li va lliurar el Gerent Municipal en data 20.7.2005.

I, per últim, en el motiu tercer, sol.licita la modificació del fet provat tretzè, en el sentit d'incloure-hi el paràgraf següent, després del primer punt: "El citado diagnóstico es totalmente compatible desde el punto de vista médico con el acoso moral referido por el actor". Es recolza la petició en el document nº 60 que es l'informe mèdic de la Psiquiatra que va presentar com a prova pericial.

Les tres pretensions han de ser desestimades. Pel que fa a la primera, perquè els documents en els quals es recolza el que proven és que, efectivament, l'actor va dirigir l'escrit que esmenta al Sr. Ignacio , però en cap cas que els fets que en ell s'indiquen siguin certs, per la qual cosa no te cap transcendència per a poder modificar la decisió de la sentència.

El mateix s'ha de dir pel que fa al segon, atès que el fet de que se li digués que seria acomiadat per raons objectives, cap conseqüència pot tenir en el present plet i, en relació a suprimir el paràgraf referent a que no hi havia cap causa per l'absència de l'actor de la reunió a la qual havia estat convocat, perquè no es recolza en cap document.

I, per últim, perquè el que es vol afegir en el fet tretzè, és una valoració que fa la perit mèdic, però que no demostra, en absolut, un error de la jutgessa en l'apreciació de la prova. Apart de que tampoc té cap transcendència per a modificar la decisió de la sentència, perquè encara que el diagnòstic que pateix sigui compatible amb l'assajament moral que afirma haver patit, això en cap cas demostraria que aquesta conducta s'hagi produït.

QUART.- També amb correcte emparament processal, ara en l' article 191, apartat c) de la Llei adjectiva laboral , el recurrent denuncia, en el quart motiu del recurs, que la sentència ha infringit els articles 10 i 15.11de la Constitució Espanyola en relació amb l' art. 179.2 de la Llei de Procediment Laboral .

L'actor argumenta, en síntesi, que ha patit un clar assajament laboral o "mobbing" i a conseqüència d'aquest se li ha produït greus danys a la seva salut, perquè va presentar diversos documents en que es prova aquesta conducta, tant pels seus superiors com per diversos subordinats, que no se'l va citar a la reunió en què es va presentar a la nova Coordinadora de l'Àrea de Turisme, que se li va buidar progressivament de les seves funcions i que se'l va traslladar a un altre lloc inexistent, sense utilitzar cap mitjà de treball, per la qual cosa va acreditar indicis suficients de la conducta d'assajament per part de l'Ajuntament demandat, i, en conseqüència, s'hauria d'haver invertit la càrrega de la prova i hauria d'haver estat aquest qui hagués hagut de provat que no hi havia hagut cap situació de mobbing.

Tal com va posar de relleu la recent sentència d'aquesta Sala de data 24 d'octubre de 2.005 , l'assajament moral és aquell que té com a finalitat aconseguir l'ensorrament íntim o psicològic de la persona. Exigeix un maltractament persistent, deliberat i sistemàtic de tal forma que s'han de donar els següents elements per a poder afirmar que existeix:

a) Una violència psicològica extrema, que no depèn de la intencionalitat, sinó de la pròpia activitat de l'assajador que es dedica a desacreditar, danyar, ofendre, discriminar, violentar o intimidar la víctima.

b) Una conducta sistemàtica, no puntual; de tal forma que no es pot qualificar com "mobbing" o assajament moral en el treball un acte singular com seria una mera discussió.

c) Una actitud perllongada amb reiteració en les accions, com va posar de manifest la Sala en la sentència de data 30 de maig de 2003 .

d) L'existència d'una relació de causalitat amb el treball, de manera que es desenvolupi en el context d'aquest i no en un entorn diferent en el que els subjectes implicats es relacionin, al marge de la prestació de serveis.

Ara bé, tal com posa de relleu la sentència del TSJ d'Andalucia (Sevilla) de data 10 d'abril de 2.004 , la presència de qualsevol conflicte no determina la presència d'un assajament laboral perquè -tal com sosté la doctrina especialitzada- els conflictes son inevitables, però en el mobbing no s'està parlant d'un conflicte, sinó d'un tipus de situació que amenaça amb infringir al treballador una sèrie de perjudicis, tant psíquics com físics.

El mobbing és un procés de destrucció; es composa d'una sèrie d'actuacions hostils que, si s'examinen de forma aïllada podrien semblar fins hi tot intranscendents, però que repetits constantment té efectes molt perjudicials. Així, doncs, el concepte de mobbing queda definit per l'enquadrament, en un període de temps, d'intents o accions hostils consumades, expressades o manifestades, per una o varies persones, cap a una tercera.

CINQUÈ.- D'altra banda també cal dir que aquesta Sala ja va posar de relleu en la seva sentència de data 16 de juny de 2004, que efectivament, tal com assenyala el recurrent, el Tribunal Constitucional, en una jurisprudència que s'inicià en la Sentència 38/1981 i que està totalment consolidada, ha anat perfilant la distribució de la càrrega de la prova en litigis en que es denunciava la violació d'un dret

fonamental o discriminació. Així en Sentència 87/2004, de 10 de maig, amb cita de la STC 90/1997 , de 6 de maig (FJ 5), s'assenyala que: "la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial. Una necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador".

Ara bé, perquè tingui lloc aquesta inversió sobre les regles que ordenen la càrrega de la prova, el Tribunal Constitucional ha exigit que la part actora hagi aportat, com a mínim, una prova indiciària de que podria haver existir la discriminació al.legada. Així, en la sentencia abans esmentada, continua dient: "Precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL ; SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994 y 136/1996, entre otras ). La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental ( STC 38/1981, FFJJ 2 y 3 ), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental ( STC 38/1986, FJ 2 ), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995 )". Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, añadíamos, "sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989 )-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996 ). La ausencia de prueba trasciende de este

modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990, FJ 1; 136/1996, FJ 4, así como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ó 17/1996 )".

En aquests supòsits, doncs, l'empresari està obligat a acreditar que va observar una conducta respectuosa amb els drets fonamentals de l'actor, facilitant el desenvolupament del seu treball amb plenes garanties per a la seva integritat.

En el cas judicat, la jutgessa d'instància no va tenir per acreditats els indicis que poguessin donar lloc a la inversió de la càrrega de la prova, perquè segons afirma en el fonament quart, l'actor no ha "llegado a identificar y probar, con singularidad e individualización, los concretos episodios de ridiculización, marginación o denigración con descripción de sus circunstancias de tiempo, ocasión y personas intervinientes, a fin de que puedan ser valorados por quien hoy resuelve..... sin expresar tampoco las tareas supuestamente marginales que se le encomendaban ni los momentos o circunstancias en que estuvo sin ocupación efectiva, omitiendo también cualquier mención sobre qué errores se le reprochaban o qué éxitos se le arrebataban".

Doncs bé, aquest raonament no pot més que compartir-se per la Sala, perquè en el present supòsit no consta provat ni un sol acte que es pugui considerar que atempta a la seva integritat física i moral, al seu honor i intimitat personal, i la seva dignitat com a persona i treballador, tal com afirmava en la seva demanda. Del que si queda constància de tot el relat fàctic de la sentencia és que l'actor, que va ser nomenat Director del Serveis Turístics de l'Ajuntament, en data que no consta, posteriorment se'l va nomenar com a Coordinador l'any 1997 i que posteriorment, en ser creada l'Àrea turística, econòmica i comercial, l'any 1999, es va nomenar Don. Íñigo coordinador de l'esmentada àrea i que aquestes funcions van ser encomanades l'any 2.004 a la Sra. Araceli , que fins aquell moment havia desenvolupat feines d'auxiliar administrativa en l'esmentada Àrea. Posteriorment, el 14.7.2005 es creà l'Àrea de Mecenatge i Esponsorització, a la qual fou escrit l'actor, sota la supervisió i direcció de la gerència municipal.

És a dir, l'actor fou rellevat d'un càrrec de direcció a un altre lloc de treball. Ara bé cal recordar, tal com assenyala la jutgessa d'instància, que el lloc que ocupava era de lliure designació, per la qual cosa no hi havia cap obstacle perquè l'Ajuntament en ús de les facultats de direcció i organització de la institució que li atorga l' article 20 de l'Estatut dels Treballadors , pogués prendre aquesta decisió, sempre hi quan, evidentment es mantinguessin la seva categoria professional i les retribucions que percep. Tampoc es pot considerar cap atemptat a la seva dignitat que el lloc de Coordinador de l'Àrea de Promoció Turística, de grau mig (Grup B, nivell 26) fos ocupat per la Sra. Araceli , que abans ostentava la categoria d'auxiliar administrativa a les seves ordres, perquè l'esmentada Sra. va accedir al càrrec citat després d'un procés selectiu de concurs oposició en torn lliure, i perquè la dita senyora tenia un títol de grau mitjà, que ell no posseeix.

L'actor afirma que no fou convocat a una reunió de tot el personal de Turisme, que va tenir lloc el dia 30 de juny de 2.004, per a presentar a la Sra. Araceli com Coordinadora de Turisme, però aquesta circumstància no consta com a provada, perquè en el fet sisè només es considera provat que l'actor va dirigir una comunicació escrita a l'Alcalde queixant-se d'això.

Sí és cert és que fou amenaçat amb l'acomiadament perquè va manifestar el seu desacord amb l'ordre de trasllat a l'Àrea de Mecenatge i Esponsorització i en aquell moment se li va negar que utilitzés cap mitjà material o immaterial adscrit a l'Àrea de promoció turística, econòmica i comercial, però aquesta amenaça estava fonamentada en que no va comparèixer el dia 20 de juliol a una reunió a la qual se'l va convocar a les 9 h. del matí i en el seu desacord amb el trasllat.

També és cert que la plaça per a la qual va ser nomenat no tenia encara seu física per a la seva ubicació i que fou obligat, en conseqüència, a gaudir de les vacances des del dia 5 fins el dia 11 d'agost i posteriorment, fins el dia 22 del mateix mes (fets provats desè i onzè). Ara bé, aquests fets l'únic que demostren, a judici de la Sala, és que hi havia una situació de conflicte entre l'actor i l'Ajuntament des de feia bastant temps i que aquesta situació va esclatar amb la decisió del demandat de traslladar l'actor a una altra Àrea, però no suposen cap indici de que hi hagi hagut una situació d'assajament moral, tal com correctament va decidir la jutgessa d'instància.

El motiu, doncs, s'ha de desestimar i amb ell la totalitat del recurs, el que comporta la confirmació de la sentència recorreguda.

VISTOS els preceptes legals esmentats, els que hi concorden i demés disposicions d'aplicació general,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat pel Don. Bartolomé contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Figueres, en data 5 de desembre de 2.005, que va recaure en les Actuacions núm. 220/2005 , en virtut de demanda presentada per l'esmentat Sr. contra l'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES i Don. Ignacio , en la qual va ser part el MINISTERI FISCAL, en matèria de Tutela de Drets Fonamentals, i per tant, hem de confirmar i confirmem l'esmentada resolució.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l' article 219 de la Llei de procediment laboral.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.