En dicha sentencia, además de estimarse la censura jurídica relativa a la efectiva existencia de responsabilidad empresarial y no de un supuesto de caso fortuito ni de temeridad del trabajador, se estima uno de los motivos de revisión fáctica formulados en el recurso, en virtud de lo cual, el ordinal cuarto de la sentencia de instancia queda redactado como sigue: "Según el informe de investigación del accidente se desconoce la causa por la que el neumático explotó. La Inspección de Trabajo emitió informe recogiendo esta investigación. No obstante, en aquel informe se recoge como posibles causas del accidente, un inflado excesivo de la rueda por el mal estado de la misma."
Por el Alto Tribunal se aprecia la preceptiva contradicción respecto del primer motivo del recurso y se entra en el fondo de la cuestión. Se explica como en la sentencia recurrida se anula la sentencia de instancia al considerar que existe responsabilidad empresarial en la causación del accidente, sin precisar a qué empresa de entre las varias codemandadas debiera atribuirse la responsabilidad o en virtud de que hechos, circunstancias o razonamientos se declara la responsabilidad de todas ellas, para que, a partir de esa declaración que se realiza de manera genérica, fije el Juzgado de lo Social la indemnización correspondiente.
PRIMERO.-En primer lugar, mantenemos en su integridad la sentencia dictada en su día, esto es, la sentencia nº 2649/20, en todo aquello que no se circunscribe a los hechos y fundamentos jurídicos relativos al reparto de responsabilidades entre las empresas codemandadas, dado que en cuanto al pronunciamiento relacionado a la efectiva existencia de responsabilidad empresarial esta Sala no tiene motivos para alterarlo. Otro tanto cabe decir en cuanto a la falta de datos para poder concretar la cantidad con la que el actor debía ser indemnizado.
Dicho esto, en la sentencia dictada en la instancia se desestima la demanda en la que el actor reclama la cantidad de 629.93934 euros más los intereses legales, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios padecidos por el mismo a raíz del accidente que sufrió el día 9 de diciembre de 2014 mientras trabaja, al explotar el neumático de repuesto situado detrás de su asiento como conductor.
Contra dicha sentencia se formuló recurso de suplicación por la parte demandante al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesando que "se dicte sentencia estimando el Recurso de Suplicación y, con revocación de la sentencia de instancia, se estime la demanda deducida por el actor y se condene a los demandados a abonar solidariamente por el concepto de daños y perjuicios derivados del accidente sufrido la cantidad la cantidad de 629.939.34 €".
GRÚAS GRANADA 2000, SL; GRANADA CONCURSAL, SLP; SAFRONET SERVICIOS, SL y COMERCIALIZADORA SAFRONET, SL. impugnaron el recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.
SEGUNDO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicitaba en concreto:
1.-Que se modifique el hecho probado tercero proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "3º.-Si bien el vehículo había pasado unos meses antes la ITV no consta qué elementos fueron sometidos a la revisión que se le hizo en esa inspección oficial.
En fecha 5 de agosto de 2.014 en la empresa recauchutados RECARGOR la demandada GRUAS GRANADA 2000 SL adquirió para una vehículo PICKUP 4 neumáticos los cuales fueron colocados por dicha empresa en el vehículo tal y como consta en la factura emitida.
Así mismo la reparación y compra de elementos que fue realizada por la empresa REPUESTOS ARABIAL no fue de ningún neumático ni de la rueda de repuesto que explosionó, pues consta en la Orden de Reparación que se redujo al Cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible".
Lo funda en el folio 301 de los autos, factura de compra de 4 neumáticos y montaje y folios 302 a 307, ambos inclusive, factura de Repuestos Arabial SL.
Desestimamos este motivo, por cuanto se pretende que se añadan hechos que no se derivan sin necesidad de conjeturas o valoraciones subjetivas de los documentos invocados al efecto, siendo preciso para que el Tribunal pueda proceder en los términos que se nos solicita que de la prueba se infieran aquellos sin necesidad de efectuar dicha labor de valoración subjetiva de la prueba.
2.-Que se modifique el hecho probado cuarto proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "4º.-Según el informe de investigación del accidente la causa de la explosión fue o el exceso de presión o estar deteriorado el neumático. Así mismo en dicho informe se indica que se prohíbe llevar la rueda dentro del habitáculo aunque así lo disponga el fabricante.
También se añade que se informará a los trabajadores de la presión adecuada para cada neumático, que se tendrá en cuenta cuando realice su inflado. Se revisará el estado del mismo periódicamente, Plazo: inmediato.
Como medida preventiva la empresa ha prohibido llevar la rueda de repuesto dentro del habitáculo de todos los coches que se utilizan en la misma.
Se ha informado a todos los trabajadores de dicha prohibición, aún cuando así lo disponga el fabricante. También se les ha informado de la presión que debe tener cada neumático".
Lo funda en los folios 323 a 336, y especialmente en el folio 327 de autos, investigación del accidente y folios 88, 89 y 90, Informe de la Inspección de Trabajo.
Se estima este motivo pero en los términos que realmente se derivan de la investigación del accidente, debiendo quedar redactado el hecho en los siguientes términos: "Según el informe de investigación del accidente se desconoce la causa por la que el neumático explotó. La Inspección de Trabajo emitió informe recogiendo esta investigación. No obstante, en aquel informe se recoge como posibles causas del accidente, un inflado excesivo de la rueda o el mal estado de la misma."
3.-Que se adicione al final del hecho probado séptimo el siguiente texto: "Se ha practicado prueba pericial médica a instancia del demandante, habiendo emitido informe el Doctor Don Jose Miguel el cual, tras examinar a D. Virgilio y estudiar los antecedentes médicos que une al citado informe, ha determinado individualizadamente las secuelas derivadas del accidente sufrido el día 9 de diciembre de 2.014. En aplicación del R. D. Legislativo 8/2,004, de 29 de octubre, ajustado en Valoración y Baremación al año 2.015, las ha especificado y valorado de siguiente manera;
-MÉDULA ESPINAL Y PARES CRANEALES.
Monoparesia de Miembros Superiores Grave.
25 puntos.
Monoparesia Miembros inferiores.
Compromiso funcional motor sensitivo alteración de compromiso sexual y de esfínteres Grado Grave,
30 puntos.
TRONCO.
Material de osteosíntesis en columna vertebral.
8 Puntos.
Algias postraumáticas con compromiso radicular 8 Puntos,
EXTREMIDAD SUPERIOR Y HOMBRO Hombro derecho:
Abducción. Mueve más de 45° y menos de 90°
7 Puntos.
Flexión anterior.Mueve más de 45° y menos de 90°
7 Puntos.
Rotación interna.
3 Puntos.
Rotación externa 3 Puntos.
Flexión posterior.
3 Puntos.
Hombro izquierdo:
Abducción, Mueve más de 90°
2 Puntos.
Flexión anterior.Mueve más de 90°
2 Puntos.
Rotación interna.
2 Puntos.
Rotación externa 2 Puntos.
DAÑOS MORALES COMPLEMENTARIOS POR PERJUICIO PSÍCO-FÍSICO.
(Cuando una secuela exceda de los 70 puntos o la suma de las concurrentes al menos 70 Puntos).
Valor: 95.862 €
LESIONES PERMANENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA.
191.725.34 €
TRASTORNO DEL HUMOR Trastorno depresivo reactivo.
10 Puntos.
PERJUICIO ESTÉTICO.
Cicatriz quirúrgica, alteración de la armonía corporal, deambular con dificultad, alteración de la micción, alteración de las funciones sexuales, etc. (Valoración en muy importante)
TOTAL puntos por secuelas: 142 (límite 100) x 3.095.41 (40 años en fecha del accidente) * 309.541 € (Hecho Tercero Demanda).
LUCRO CESANTE
Días hospitalización = 44 x 71.84 €/día = 3.161 €
Días impeditivos = 400 x 58.41 €/día = 23.364 €
Días no impeditivos^ 200 x 31.43 €/día » 32.811 €
TOTAL INDEMNIZACIÓN » 629.939.34 €".
Lo funda en los folios 194 a 237, Informe Pericial y en concreto folios 198 a 201, secuelas y valoración y folios 238 a 243, Informe médico del Dr. D. Isidro del Servicio Médico Mapfre España S.A.
Desestimamos este motivo, por cuanto la valoración de la prueba es facultad del juez de instancia, la cual ha de prevalecer, siendo sólo revisable en suplicación si ha existido error o arbitrariedad en la misma ( art. 97.2 de la LRJS) . En materia de informes médicos y dictámenes periciales, aquel puede optar por el que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, rectificándose su criterio sólo por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.
Por lo tanto, en relación con los motivos formulados al amparo del apartado b) del artículo 193 LRJS, consideramos que deben resolverse en los mismos términos en que se hizo en la primera sentencia dictada por esta Sala, dado que la revisión fáctica impetrada en el recurso en ningún momento se refiere a la cuestión relativa a la atribución a una u otra empresa codemandada de la responsabilidad empresarial que en su caso pudiera declararse en vía judicial, y esta es la única respecto de la que la sentencia del Tribunal Supremo aprecia falta de motivación por parte de aquélla.
TERCERO.-El recurso de suplicación se formuló así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegándose, en concreto, que incurría la sentencia impugnada en infracción por inaplicación de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, (BOE 7/8/1997) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. En dichos preceptos se recogen, respectivamente, la definición de lo que es un equipo de trabajo, de las obligaciones generales del empresario en esta materia, de la comprobación de los equipos de trabajo que debe realizarse por el mismo, así como de sus obligaciones en materia de formación e información a los trabajadores en este campo.
En la sentencia que dictó esta Sala se dijo sobre esta cuestión lo siguiente, manteniéndose incólume en la presente sentencia la resolución de esta cuestión relativa a la efectiva responsabilidad empresarial y no a la existencia de caso fortuito: "Pues bien, para resolver este recurso, hemos de comenzar exponiendo cual es la doctrina jurisprudencial actual en la materia, contenida, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo en la STS de 11 de diciembre de 2018 (rcud.1653/2016 ) según la cual, "conviene recordar que la doctrina de la Sala en relación con la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo establecida en la SSTS de 30 de junio de 2010 (Rcud. 4123/2018 (RJ 2010, 6775)) y seguida, entre otras en las SSTS de 16 de enero de 2012 (rcud 4142/2010 ); de 24 de enero de 2012 ( rcud 813/2011), de 30 de enero de 2012 ( rcud 1607/2011), de 1 de febrero de 2012 ( rcud 1655/2011 ); de 14 de febrero de 2012 (rcud 2082/2011 ); de 27 de enero de 2014 (rcud. 3179/2012 ) y de 4 de mayo de 2015 (rcud. 1281/2014 (RJ 2015, 2601)) puede resumirse del siguiente modo:
a) la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de calificarse como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual; y que tan sólo merece la consideración extracontractual, cuando el contrato ha sido únicamente el antecedente causal del daño, cuya obligación de evitarlo excede de la estricta órbita contractual, hasta el punto de que los perjuicios causados serían igualmente indemnizables sin la existencia del contrato. Y aún en los hipotéticos supuestos de yuxtaposición de responsabilidades, parece preferible aplicar la teoría -más tradicional, en la jurisprudencia- de la "absorción", por virtud de la cual el contrato absorbe todo aquello que se halla en su órbita natural [en general, por aplicación del art. 1258 CC (LEG 1889, 27) ; y en especial, por aplicación de la obligación de seguridad] y el resarcimiento de los daños ha de encontrar ineluctable cobijo en la normativa contractual.
b) el Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654) genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d ) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene " ( artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL (RCL 1995, 3053) cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 LPRL (RCL 1995, 3053) - determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00 (RJ 2002, 1424)).
c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 CC (LEG 1889, 27), que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas".
d) No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo sufre; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( artículo 15 LPRL (RCL 1995, 3053)), estableciéndose el deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores ( artículo 14.1 LPRL (RCL 1995, 3053)).
e) La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá, incluso, de las exigencias reglamentarias.
f) Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC (LEG 1889, 27), del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (secuelas derivadas de AT) y de los impeditivas, extintivos u obstativos (diligencia exigible), cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria (es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta).
g) El empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable, pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.
h) No procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, y no solamente porque esta conclusión es la que se deduce de los preceptos anteriormente citados y de las argumentaciones jurisprudenciales ofrecidas r, sino por su clara inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría un efecto desmotivador en la política de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a la más graves infracciones."
La aplicación de esta doctrina nos conduce a estimar este primer motivo del recurso, por cuanto, a tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, el accidente enjuiciado se produjo cuando el trabajador efectuaba un desplazamiento dentro de su jornada laboral con la grúa, produciéndose el reventón de la rueda de repuesto que llevaba detrás de su asiento, lo que hizo que perdiera el control del vehículo, colisinando con otro vehículo, lo que le ha provocado secuelas que le han hecho acreedor de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. No nos consta el motivo exacto por el que se produjo el reventón o explosión del neumático, sólo conjeturas sobre las causas más viables de dicha explosión, consistentes en que el neumático estuviera demasiado inflado o que estuviera deteriorado. Pues bien, no cabe duda alguna de que la empresa recurrente es la responsable, en su condición de empleadora, de la elección de los equipos de trabajo y de la realización de los controles periódicos sobre los mismos y sobre las condiciones en que se realiza la actividad, conforme al apartado 2º a) del artículo 16 de la LPRL , sin que en el presente caso tenga cabida la posibilidad de exención de responsabilidad empresarial por imprudencia del trabajador (que debería ser temeraria para excluir la responsabilidad de la empresa), como tampoco por la aplicación de la doctrina del caso fortuito, dado que en modo alguno se ha demostrado por el deudor de seguridad, conforme a la jurisprudencia antes expuesta, que haya cumplido con las meritadas obligaciones de control, pese a lo cual el accidente ocurrió por motivos que en todo caso serían ajenos a su buen hacer como tal. No nos consta circunstancia alguna que haya podido incidir en la causación del siniestro ajena al propio estado y mantenimiento de la rueda. Este supuesto es distinto claramente de otros en los que se produce el reventón de una rueda de las que el vehículo está utilizando para rodar y que puede producirse por una multiplicidad de causas físicas, que incluyen factores externos, estado de la vía, etc. y que, una vez acreditado el cumplimiento por el empresario de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, excluirían su responsabilidad. En estos concretos casos, sí puede pensarse en que el accidente se produce de manera fortuita, pero en el supuesto que ahora enjuiciamos existen diferencias fundamentales con estos otros supuestos, pues es difícil pensar en causas ajenas al propio estado del neumático como motivo de su explosión dentro del propio vehículo. Lo propio es pensar que la causa del reventón del neumático fue el exceso de presión o el defecto de la cámara, sin que nos conste que el trabajador accidentado conocía la presión máxima a la que podía inflarse ni ningún otro tipo de información o formación al respecto. Por lo tanto, no habiendo demostrado el deudor de seguridad, esto es, el empresario que empleó la diligencia debida en este caso y que el siniestro debe imputarse a un caso fortuito, necesariamente, conforme a la jurisprudencia antes expuesta, hemos de estimar la censura jurídica formulada en el recurso, lo que implica la revocación de la sentencia de instancia.
A mayor abundamiento, añadir que esta Sala entiende que no condiciona el presente pronunciamiento el hecho de que el juzgador a quo no haya considerado probado lo alegado por la parte actora en el juicio en relación a la supuesta manipulación de la rueda por la empresa de forma clandestina como causa del mal estado de la misma. Y es que, con independecia de ello, el resultado es la falta de prueba por la parte empresarial de causa alguna que le exima de responsabilidad en la causación del accidente litigioso, conforme a la expuesta doctrina jurisprudencial actualmente vigente y en los términos arriba recogidos."
CUARTO.-A continuación, dado que la sentencia del Tribunal Supremo anula la de esta Sala al considerar que incurre en el vicio de incongruencia, al no contener argumentación alguna en la fundamentación jurídica que justifique la decisión condenatoria, hemos de entrar a resolver la cuestión relativa a cuál de las demandadas debe responder por las consecuencias de la condena derivada de la existencia de responsabilidad empresarial en la causación del accidente objeto de esta litis. Y es que en el fallo de la sentencia primeramente dictada por este Tribunal se proclamaba la existencia de responsabilidad empresarial, acordando devolver los autos al juzgado de procedencia para que dictase nueva resolución resolviendo la cuestión relativa a la determinación del "quantum indemnizatorio"objeto de la demanda, sin especificarse en dicho fallo sobre qué codemandada debía recaer las consecuencias de dicha responsabilidad.
Pues bien, como consecuencia de los términos en los que se planteó en su día el recurso de suplicación por la parte actora, esta Sala considera que no puede declarar dicha responsabilidad más que en relación a la empleadora del trabajador en el momento de producirse el accidente, esto es, Gruas Granada 2000, SL. En dicha condición de empleadora era a quien incumbía la elección de los equipos de trabajo del actor, así como la realización de los controles periódicos sobre los mismos y sobre las condiciones en que se realiza la actividad laboral por aquel, conforme al apartado 2º a) del artículo 16 de la LPRL. Por otro lado, no se ha demostrado que dicha empresa empleadora hubiera aplicado la diligencia oportuna para evitar que se produjese el accidente, que según los expertos pudo deberse a que el neumático que reventó estuviese demasiado inflado o estuviese deteriorado. En este estado de cosas, esta Sala se reitera en la consideración de la existencia de responsabilidad empresarial por parte de la codemandada empleadora del trabajador cuando se produjo el siniestro del que esta causa trae su origen.
Dicho esto, nos encontramos en esta litis con el hecho de que en el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de instancia que declaraba la falta de responsabilidad empresarial no se formuló motivo alguno en relación con los términos en que debía producirse la condena de las distintas codemandadas, lo que originó la falta de pronunciamiento expreso sobre esta cuestión por la sentencia primera dictada por esta Sala. Y la falta de motivo en el recurso de suplicación, y ni siquiera de argumento alguno por simple que fuera, sobre la posible extensión de responsabilidad a las otras codemandadas es lo que hace que ahora, en esta nueva sentencia, esta Sala no pueda realizar un pronunciamiento en el que se extienda la responsabilidad más allá de la que correspondería a la empresa empleadora. En el citado recurso sólo se contienen argumentos en relación con la efectiva existencia de relación de causalidad entre el incumplimiento empresarial y el resultado dañoso, pero no se contiene, repetimos, en el recurso motivo alguno que permita extender dicha responsabilidad a las otras dos codemandadas, recurrentes en casación. En concreto, no se formula alegación alguna, ni en legal forma ni sin ella, sobre la existencia de un grupo de empresas o la concurrencia del fenómeno de la sucesión empresarial.
El artículo 196.2 LRJS obliga a la cita del apartado del artículo 193 en que descansen cada uno de los motivos formulados y, cuando se trata de formular una censura jurídica al amparo del apartado c) de dicho precepto legal, a que se citen las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que se consideren infringida; debiéndose, además, razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos.
Así se dice en la STS de 4 de noviembre de 2015 (RJ 2015, 6314) (rec.32/2015), la cual, reiterando una constante doctrina jurisprudencial, señala que: "la exigencia de alegar de forma expresa y clara las infracciones legales que se denuncian, no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que además, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con cada una de las infracciones que son objeto de denuncia."
Este criterio ha sido seguido por sentencias posteriores como la STS de 26 de septiembre de 2017 (rcud.2445/2015 (RJ 2017, 4660)) en la que se insiste: "el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar..., por... hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que "los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso", de modo que "no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida" ( STS 29/09/03 (RJ 2003, 8561) -rec. 4775/02 (EDJ 2003/158560) -)" ( SSTS 27/04/05 -rec. 4596/03 -; 16/01/06 (RJ 2006 , 4299) -rec. 670/05 -; 30/05/07 -rco 167/05 -; 07/07/06 -rec. 1077/05 -; y 16/12/15 -rcud 439/15 (RJ 2015, 6212) -)."
En el caso de autos, no sólo no se señala precepto alguno ni jurisprudencia que se considere infringida en relación con la falta de condena específica respecto de las distintas codemandadas, tampoco se contiene argumento alguno, insistimos, sobre este particular.
Por lo tanto, la ausencia total de cita de precepto o jurisprudencia infringida por la sentencia de instancia, así como de argumentación al respecto, impide entrar a esta Sala a resolver sobre la posible extensión de responsabilidad derivada del accidente de trabajo litigioso, más allá de la que correspondería a la empresa empleadora cuando el mismo tuvo lugar.
Lo anterior nos lleva a que, para dar cumplimiento a la petición del Alto Tribunal de que por esta Sala exista un pronunciamiento jurídicamente fundamentado sobre la responsabilidad en el caso de autos, y con respeto al principio de congruencia con las peticiones de las partes, dictamos esta nueva sentencia, manteniendo el pronunciamiento sobre la efectiva responsabilidad empresarial en la causación del accidente de trabajo, con condena exclusivamente de la empresa Grúas Granada 2000, S.L., por los motivos arriba expuestos. Ahora bien, necesariamente hemos de seguir manteniendo la declaración de nulidad de la sentencia de instancia en el sentido que se hizo en la primera sentencia resolutoria del recurso de suplicación, respecto de la cuestión relativa a la cuantificación de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el actor a causa del accidente.
En dicha primera sentencia se dijo que: "Pues bien, por un lado, la parte actora no ha formulado en relación a esta fundamental materia motivo de censura jurídica conforme a las exigencias que impone nuestra jurisprudencia al respecto. El recurso se limita a combatir el pronunciamiento judicial relacionado con la responsabilidad empresarial. Según la STS de 26 de septiembre de 2017 (rcud.2445/2015 (RJ 2017, 4660)): "el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar..., por... hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que "los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso", de modo que "no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida" ( STS 29/09/03 (RJ 2003, 8561) -rec. 4775/02 (EDJ 2003/158560) -)" ( SSTS 27/04/05 -rec. 4596/03 -; 16/01/06 (RJ 2006 , 4299) -rec. 670/05 -; 30/05/07 -rco 167/05 -; 07/07/06 -rec. 1077/05 -; y 16/12/15 -rcud 439/15 (RJ 2015, 6212) -)." Pero es que, por otro lado, en la sentencia de instancia no se ofrecen datos suficientes para cuantificar dicha indemnización, limitándose la misma a recoger en el hecho probado séptimo una serie de secuelas de forma muy genérica, sin añadir puntuación alguna y, eso sí, los 44 días de hospitalización. Adicionarse a este hecho probado el contenido del informe pericial aportado por la parte actora, tal y como se solicitaba en el recurso, excede de las funciones que debe arrogarse este Tribunal en un caso como el presente en el que el juzgador a quo no le ha dado valor probatorio por los motivos que fuere, sin que podamos afirmar que su valoración de la prueba ha sido claramente defectuosa. Según la doctrina jurisprudencial, la valoración de la prueba es facultad del juez de instancia, la cual ha de prevalecer, siendo sólo revisable en suplicación si ha existido error o arbitrariedad en la misma ( art. 97.2 de la LRJS ). En materia de informes médicos y dictámenes periciales, aquel puede optar por el que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, rectificándose su criterio sólo por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida. Esto no ocurre en el caso de autos, considerando este Tribunal necesario que el juzgador a quo, quien tiene una relación inmediata con la prueba, realice un pronunciamiento sobre la cuantía de los daños. Sólo después, podrá esta Sala, en su caso, pronunciarse con un mínimo de seguridad jurídica sobre esta cuestión.
Acordamos, pues, la devolución de las actuaciones al Juzgado de su procedencia para que el Magistrado complete la sentencia, partiendo de los extremos ya aquí resueltos y fije las oportunas indemnizaciones para todos los conceptos reclamados en concepto de daños y perjuicios, si los considera efectivamente acreditados. Y ello, sin que proceda hacer expresa imposición de costas."
No existiendo razones fundadas para modificar el pronunciamiento judicial en su día realizado sobre este particular, lo mantenemos, todo lo cual da lugar al siguiente fallo:
