Sentencia Social 902/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 701/2023 de 19 de marzo del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de la demanda de que se declarase improcedente el despido del actor, con las consecuencias legalmente previstas, se alza dicha parte en suplicación formulando un primer motivo de recurso al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, al objeto de revisar los hechos declarados probados de la sentencia a la luz de las pruebas documentales y periciales practicadas, proponiendo en concreto, en base a la demanda y a la carta de despido, la adición al hecho probado cuarto del siguiente texto a continuación de su primer párrafo:

"Si bien, lo anterior, en la carta de despido entregada por la empresa al trabajador se alude a la disminución del rendimiento en el ejercicio de 2020 respecto al año anterior, pero sin efectuar el correspondiente desglose por trimestres, por lo que con los datos aportados en la referida carta el trabajador no puedo conocer que en cada trimestre del periodo indicado se había producido la aludida disminución de ingresos. Igualmente ha quedado acreditado, que, la ausencia de datos aportado no ha venido acompañado de una puesta a disposición al dicente de la documentación que pudiera ser consultada".

La adición propuesta debe ser desestimada, por cuanto por cuanto lo pretendido por el recurrente en realidad requiere acudir a conjeturas, suposiciones o interpretaciones valorativas, habida cuenta que con la redacción interesada no se pretenden introducir en el relato fáctico datos o circunstancias, sino una valoración del contenido de la carta de despido que debe ser efectuada, en su caso, en sede de la censura jurídica de la sentencia.

Por otra parte, la pretendida modificación se basa en un documento no hábil a efectos del presente recurso, por cuanto para que se sustente la revisión de la versión judicial de los hechos probados, la prueba por la que se pretenda la misma y de la que se haya de derivar el error de hecho alegado, debe consistir en documental o pericial obrante en autos y tener fuerza probatoria inmediata y evidente, careciendo de eficacia revisoria las manifestaciones de las partes en sus escritos ( Sentencias del Tribunal Supremo 18 de marzo de 1974, 17 de mayo de 1976, 24 de abril de 1975 y 5 de junio de 1976).

Por último, en relación con la carta de despido, la misma se da por reproducida en el hecho probado tercero de la sentencia, por lo que resulta innecesario añadir cualquier referencia expresa a su contenido, al formar parte en su integridad del relato fáctico.

SEGUNDO:En el ordinal correlativo formula el demandante un motivo de recurso de la sentencia formulado al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, concretadas en los siguientes apartados:

I.- Infracción del artículo 52.c) en relación con el artículo 51.1 del ET por aplicación indebida, por cuanto dicha norma establece que la disminución del nivel de ingresos o ventas se entenderá que es persistente si literalmente "durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior", es decir, que debe exponerse al trabajador que la bajada de ingresos se ha producido en cada uno de los tres trimestres referidos en la norma y con referencia al correspondiente del año anterior, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues en la carta de despido se alude a la disminución del rendimiento en el ejercicio de 2020 respecto al año anterior pero sin efectuar el correspondiente desglose por trimestres, por lo que con los datos aportados en la referida carta, el trabajador no puede conocer si en cada trimestre del periodo indicado se había producido la aludida disminución de ingresos, como exige la norma expuesta. Dicha exigencia legal requiere concretar los hechos en los que se funda la decisión extintiva, de manera que el trabajador pueda conocer la situación de la empresa y la necesidad de amortizar el puesto de trabajo, lo que no ha ocurrido en el presente caso por los motivos expuestos.

Entrando a resolver la supuesta infracción imputada a la sentencia de instancia, debemos partir de lo dispuesto en el artículo 51.1 del ET, al que se remite el artículo 52.c) del mismo texto legal cuando la extinción del contrato por causas objetivas afecte a un número inferior al establecido en aquél, y en el que se expone en relación con la causa económica del despido objetivo que "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".

De la expuesta regulación se deduce en primer lugar que la referida causa de despido debe partir de la existencia de una situación económica negativa de la empresa, la cual puede derivar tanto de la existencia de pérdidas actuales o previstas, como de la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas, efectuando por tanto la referida norma una interpretación auténtica de lo que debe considerarse dicha situación económica negativa, y que en todo caso, ha de considerarse que concurre tanto en el caso de la existencia de pérdidas como de la referida disminución persistente en los ingresos, persistencia esta última que la propia disposición establece como producida en los casos de disminución durante tres trimestres consecutivos del nivel de ingresos ordinarios.

Por tanto, la referida situación económica negativa puede acreditarse tanto por la existencia de pérdidas como de una disminución persistente en los ingresos en los términos legalmente expuestos, por lo que habiendo justificado la empresa la existencia de dicha situación en base a la concurrencia de pérdidas ciertas durante el ejercicio anterior, ha de considerarse que la alegada causa económica se basa en los parámetros exigidos legalmente para su consideración.

Por otra parte, como se expone por el Tribunal Supremo en su sentencia de 12.5.2015 en relación al contenido formalmente mínimo que debe contener una carta de despido por circunstancias objetivas, para poder delimitar el ámbito del proceso de despido y evitar la indefensión del despedido, ha de entenderse que: "...la comunicación escrita, tanto en el despido objetivo como en el disciplinario, para su validez formal debe proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan o de las causas que se invocan como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y que esta finalidad no se cumple cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones o afirmaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador",objeciones que no concurren en el presente caso, por cuanto examinado el contenido de la carta de despido, dada por reproducida en el inalterado relato de hechos probados, a la luz de la jurisprudencia expuesta, no puede llegarse a la conclusión de que la misma conculque las exigencias formales indicadas en aras a informar cumplidamente al trabajador de las causas que motivan su cese, en particular al aportarse los concretos datos económicos constitutivos de las pérdidas que justifican la decisión extintiva.

Por último, en cuanto a la alegación, efectuada de forma incorrecta en sede de revisión fáctica de la sentencia, de la ausencia de entrega junto con la carta de despido de la documentación acreditativa de la situación económica, dicho requisito documental no se recoge en el artículo 53.1 del ET ni es una exigencia que viene siendo aplicada por la jurisprudencia, por lo que que los datos fácticos sobre los que se funde el despido han de tener reflejo, como regla básica, en la comunicación escrita, integrada, en su caso,con la documentación acompañatoria, es decir, que ante la insuficiencia de los datos aportados en la carta de despido, la misma puede completarse con la documentación económica de acompañarse ésta, de lo que cabe colegir, a sensu contrario, que de recogerse en la carta datos suficientes para conocer la concurrencia de la causa alegada, no es necesario adjuntar a la misma la justificación documental que la apoye.

En suma, la carta de despido entregada al trabajador cumple con creces las obligaciones impuestas a la empresa al comunicar su cese por causas económicas, reflejando la situación de pérdidas producidas durante los ejercicios de 2019 y 2020, las cuales son consecuencia de una creciente de la pérdida de negocio y de una notable caída en la actividad y la carga de trabajo que se venía experimentando desde 2018, añadiendo igualmente, que la empresa había procedido al despido en las mismas fechas de otro trabajador, sin que hubiera procedido a la contratación de ningún otro empleado, por lo que los motivos formales de insuficiencia de la referida carta deben ser desestimados.

II.- Infracción del artículo 52.c) en relación con el artículo 51.1 del ET por aplicación indebida, fraude de ley conforme al artículo 6 del Código Civil en relación con la aplicación del Real Decreto 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, por cuanto durante el plazo de seis meses, la demandada tenía la obligación de salvaguardar el empleo desde la fecha de reanudación de su actividad EN relación con el ERTE de fuerza mayor tramitado en marzo de 2020.

No obstante, esta cuestión no se ha resuelto en la sentencia de instancia porque no fue objeto de planteamiento, tal como se comprueba del contenido de la demanda y de la posición de las partes descrita en el fundamento de derecho primero de la sentencia de instancia, de manera que la cuestión de la incidencia sobre los despidos objetivos de la legislación dictada con ocasión de la pandemia de COVID en relación con la causa de fuerza mayor justificativa de un ERTE, al no haber formado parte del debate en la instancia, se plantea ex novo en el recurso como cuestión nueva y por ello no puede ser resuelta ahora, habida cuenta que las cuestiones nuevas están vedadas en el recurso de Suplicación tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su sentencia 728/2018 de 10 Jul. 2018, Rec. 3188/2016 y más recientemente en sentencia nº 104/2022 de 2 de febrero de 2022, (rec. Núm. 4633/2018), a cuyo tenor, salvo que se trate de cuestiones de orden público procesal y en general aquellas cuestiones que pueden y deben ser examinadas de oficio por el Tribunal sin necesidad que hayan sido alegadas previamente por alguna de las partes, en los recursos extraordinarios de suplicación y casación no pueden examinarse las denominadas "cuestiones nuevas" porque el objeto de los citados recursos no consiste en volver a enjuiciar la cuestión de fondo sino en examinar la corrección de la sentencia de instancia a la vista de los motivos previstos en la LRJS, lo que excluye que puedan suscitarse cuestiones que no fueron alegadas ni examinadas por el órgano judicial de instancia.

A mayor abundamiento, para la resolución del recurso de suplicación debemos partir del relato de hechos probados de la sentencia, por cuanto en dicho recurso no puede valorar el tribunal superior el conjunto de las pruebas practicadas al corresponder dicha función al juez de instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LRJS, y sólo puede ser enmendada con los requisitos previstos en el apartado b) del artículo 193 de la misma ley, lo que como hemos visto, no tenido lugar en el presente caso. Partiendo de tales consideraciones, no existe en el relato fáctico de la sentencia de instancia referencia alguna a la existencia de un ERTE por fuerza mayor acordado por la empresa como consecuencia del impacto económico y social del COVID 19, por lo que no puede valorarse de la aplicación de la normativa reguladora de tales expedientes al no resultar acreditado el supuesto de hecho previsto legalmente.

III.A).- Como infracción de la jurisprudencia, el recurrente alega en en el subapartado A) la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias que reseña sobre la razonabilidad de las medidas, al considerar que en el presente caso no se ha realizado ningún análisis sobre la razonabilidad de la medida, así como la necesidad de la toma de la misma en relación con las constancias concurrentes.

Al respecto de dicha alegación, como resume la STS de 25/2/15, "En anteriores pronunciamientos de esta Sala IV hemos recordado que a los órganos jurisdiccionales les compete no solo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida adoptada. Así lo señalábamos en la STS/4ª/Pleno de 18 febrero 2014 (rec. 96/2013 ), en la que aplicábamos al despido colectivo la doctrina sentada al respecto para la modificación sustancial de condiciones de condiciones en la STS/4ª de 27 enero 2014 (rec. 100/2013 ). En ésta última, precisábamos que la razonabilidad no había de entenderse como exigencia de que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella (lo que es privativo de la dirección empresarial), sino como adecuación idónea al fin".

Siendo éste el planteamiento que impera en la actualidad, la aplicación de la doctrina recogida en la jurisprudencia expuesta obliga a valorar la razonabilidad de la medida acordada por la empresa en términos de proporcionalidad, es decir, debe compararse la justificación aportada por la empresa con la propia situación económica de la misma, de tal modo que puede llegarse a la conclusión de que la decisión extintiva acordada es consecuencia lógica de la situación económica negativa que se venía padeciendo, sin que por el contrario, competa a los tribunales valorar la decisión adoptada por la empresa en términos de idoneidad o de oportunidad de la gestión empresarial, sino únicamente considerar si la reducción de la plantilla se corresponde con la gravedad de la situación económica existente.

A este respecto, compartimos las conclusiones de la juez a quo en relación a las circunstancias de razonabilidad de la medida, las cuales realiza en el fundamento jurídico tercero, tras la justificación de la consideración como probadas de las pérdidas habidas en la empresa, por referencia expresa al testimonio de la única trabajadora que permanece en la empresa, y en el que se alude a que debido a una importante bajada en la facturación como consecuencia de la saturación del mercado de los servicios prestados por la empresa, "se intentó explorar nuevas vías de negocio, que fracasaron, siendo que entre 2018 y 2019 experimentaron una caída constante en la facturación. En esta situación y ante la dificultad para adquirir nuevos clientes, no podían amortizar las inversiones publicitarias, viéndose esta situación agravada por el estallido de la pandemia".

Nos encontramos, por tanto, con una decisión organizativa de una empresa amparada en una situación económica negativa derivada de la existencia de pérdidas actuales, dotada de la adecuada gravedad en relación con la importancia de la medida adoptada, por lo que el juicio de razonabilidad, apoyado en la proporcionalidad del despido respecto a la grave situación económica padecida, ha de considerarse superado, por lo que debe concluirse que las causas económicas alegadas en la carta de despido justifican, de una forma razonable atendidos los datos aportados, el cese del demandante, lo que determina el rechazo de la infracción de la jurisprudencia alegada.

III.B).- Infracción de la sentencia del juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo nº 383/20218 de 29 de agosto, que analiza sentencias del Tribunal Supremo en aplicación práctica similar al objeto del pleito, en cuanto a que los datos aportados en la carta de despido no vienen avalados por ningún documento público o mediante informe de auditor externo, siendo así que la documentación económica presentada es elaborada por un trabajador de la empresa, no por un auditor que de fe de credibilidad.

Al respecto de la referida alegación, debemos considerar la referida vulneración de la jurisprudencia a las sentencias del Tribunal Supremo recogidas en la sentencia del juzgado de instancia indicada, por cuanto esta última, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, no constituye jurisprudencia, al quedar la misma constituida únicamente por las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

Sentado lo anterior, la alegación efectuada en torno a la falta de acreditación de la realidad de los datos económicos aportados en la carta de despido, es una cuestión atinente a la valoración de las pruebas efectuada por el juez a quo, función que le corresponde conforme a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LRJS, que le atribuye la valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron, incluso con su posible intervención ( artículo 87.3 de la LRJS) , y que le llevó a una convicción, valoración y conclusión que recoge en su sentencia con expresa referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esa conclusión, operación que resulta inamovible en este momento procesal, salvo evidente error fundado en las pruebas antes citadas y sin que ello suponga aceptar una absoluta soberanía en la apreciación probatoria ni la libertad de seguir sus impresiones o conjeturas, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto ( S. del TC nº 44/89, de 28 de febrero) una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

En el presente caso, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, los datos económicos aportados en la carta de despido han sido estimados como acreditados en atención a los medios de prueba practicados en el juicio y que según se expone expresamente en el fundamento jurídico tercero de su sentencia, se basan en la documental aportada consistente en las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020, en cuanto incorporan el balance abreviado que refleja datos que se trasladan a la carta de despido, y cuyo contenido fue igualmente ratificado por las manifestaciones de la testigo trabajadora de la empresa, al resultar conocedora de las circunstancias económicas concurrentes en la empresa.

Por ello, no resulta necesaria la aportación de otras pruebas de carácter documental público o pericial contable, por cuanto, como hemos visto, no es necesario que se acompañe a la carta de despido tales elementos de prueba, pues como expuso la Sentencia del TSJ Galicia de 31-1-2017 (rec. 3948/2016), analizando el precepto que se considera vulnerado: "En tal sentido, el precepto no exige que, cuando la causa alegada sea económica, se acompañe a la carta un estudio pormenorizado, a modo de auditoría, de la situación económica de la empresa, bastando, para que el trabajador tenga un cumplido conocimiento del motivo de su cese y no se le cause indefensión, que se exprese siquiera de forma resumida la situación económica de la empresa que motiva la decisión extintiva ni tampoco es exigible la entrega a los trabajadores afectados de documentos relativos a la situación negativa causante de la extinción. Del mismo modo, en el caso de causas organizativas y de producción, basta con que se expresen los cambios operados y las incidencias en la organización y/o producción empresarial".

Por todo ello, la infracción de jurisprudencia alegada debe ser rechazada.

III.C).- Infracción de la jurisprudencia conforme a la STSJ de Cataluña 2273/21 de 23 de abril y la STJS de Madrid de 25/11/2020, en relación con el artículo 6 del Código Civil, en relación a las medidas extraordinarias para la protección del empleo recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2020, en cuanto a que no se podrían entender como justificativas del despido, entre otras, las causas económicas en las que se amparen las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornadas previstas en dicha norma.

Al respecto, debe recordarse que con el respeto que merece cualquier resolución judicial, sin embargo, las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia no constituyen la jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación, pues como hemos indicado, dicho valor jurídico solo lo ostenta, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico según el artículo 1.6 del Código Civil, la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho; así como, las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en la interpretación de los preceptos constitucionales, según lo dispuesto por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y por otra parte, la pretendida infracción de la jurisprudencia se relaciona de nuevo con la incidencia sobre los despidos objetivos de la legislación dictada con ocasión de la pandemia de COVID en relación con la causa de fuerza mayor justificativa de un ERTE, lo que como ya hemos visto, es una cuestión nueva que no ha formado parte del debate en la instancia y que por ello no puede ser examinada por primera vez en este recurso, por lo que en suma, la infracción alegada debe ser rechazada, y con ella, la totalidad del recurso de suplicación que nos ocupa, lo que conlleva la íntegra confirmación de la sentencia impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,