Sentencia Social 2070/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1062/2025 de 25 de noviembre del 2025

PRIMERO:El demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social para atribuir a accidente de trabajo la situación de incapacidad temporal (IT) iniciada el 1 de abril de 2023 y finalizada el 6 de septiembre de 2023.

En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado tercero de la sentencia de instancia. La propuesta consiste en añadir el siguiente párrafo:

"Que según consta en informe médico de 04/04/2023 del Servicio de Salud Mental del Hospital San Agustín, el demandante refiere ansiedad, angustia, estado de ánimo bajo, labilidad emocional, aislamiento social, vivencia de inutilidad e inseguridad en relación a dolor crónico y secuelas que padece en su MID. Refiere sentirse poco comprendido en los síntomas y limitaciones que padece".

Cita como avales probatorios los documentos 2, 3 y 4 de su ramo de prueba.

La Mutua colaboradora con la Seguridad Social, UMIVALE ACTIVA, impugna el recurso y se opone al intento revisor, por irrelevante y no revelar la comisión de error por el Juzgado en la apreciación de la prueba.

Para dar respuesta a solicitud del recurrente resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es la Juzgadora de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS - La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

El motivo de recurso debe desestimarse. El recurrente cita tres informes médicos, de 31 de marzo de 2023, 3 de abril de 2023 y 4 de abril de 2023 aunque el texto propuesto solo se refiere a éste. En principio los informes médicos son medios de prueba sin decisivo valor probatorio pues no tienen atribuida una eficacia acreditativa superior a otros elementos de convicción, ni disponen de garantías objetivas sobre el acierto del contenido. En el caso presente no hay razón para apartarse de ese criterio pues el intento revisor tiene como único objetivo consignar las manifestaciones referidas por el demandante ante la facultativa que le atiende y el recurso no expone argumentos consistentes para dar prevalencia a tales manifestaciones, que contrastan con apreciaciones consignadas en el informe médico oficial.

El recurso alude al reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total por la contingencia de accidente de trabajo, a lo que la Mutua responde que la sentencia no era firme y la declaración solo obedece a lesiones físicas. En cualquier caso, la sentencia no contiene referencia al reconocimiento, el recurso no solicita la incorporación del dato y de sus circunstancias en el relato de hechos probados y la mención genérica efectuada no dota de mayor solidez al intento revisor, que exige mostrar de forma clara, directa y concluyente, sin conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas el error del órgano judicial en la valoración de los diferentes medios de convencimiento aportados en el proceso. Son requisitos que el recurso no cumple.

SEGUNDO:En el segundo motivo de recurso, por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, el trabajador denuncia la infracción del art. 156.2.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Con cita de la sentencia del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas, de fecha 3 de junio de 2020, rec. 180/2020, alega que el trastorno adaptativo desencadenante de IT tiene relación causal con las limitaciones ocasionadas por la lesión del miembro inferior derecho sufrida en accidente de trabajo.

La Mutua UMIVALE rechaza las afirmaciones del recurrente y cita en apoyo la sentencia del TJS de Cataluña de 7 de noviembre de 2024.

El concepto de accidente de trabajo se recoge en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El apartado 1 dispone: "Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". El apartado 2 atribuye la consideración de accidentes de trabajo a varios supuestos, entre ellos, en el subapartado g): "Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación."

Sobre esta norma la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de febrero de 2019, rec. 261/2019 (citada en la sentencia del TJS de Canarias- sede Las Palmas de Gran Canaria, invocada en el recurso) señala:

"Para que entre en juego este tipo legal de accidente de trabajo, es necesario que, producido un accidente laboral, se produzca una relación causal unitaria entre las consecuencias del accidente y la aparición de otras enfermedades o dolencias, determinada bien por su vinculación causal con la alteración del estado de salud originada por el propio accidente, ya por su conexión con el proceso de curación del accidentado.

El factor clave para apreciar una enfermedad intercurrente es pues la relación de causalidad entre esta y el accidente o el medio en que se ha situado el trabajador afectado para su curación, quedando por tanto extramuros de la calificación como accidente de trabajo los casos en que existe una simple coincidencia temporal entre las consecuencias patológicas del accidente y las derivadas de otras lesiones o enfermedades extrañas y ajenas al mismo o a su proceso curativo y al tratamiento aplicado para su restablecimiento".

La sentencia del TSJ de Canarias de 18 de febrero de 2019, rec. 1315/2015 (mencionada en la del TSJ de Cataluña de 24 de noviembre de 2024, rec. 2543/2024, invocada por la Mutua), considera que si el trabajador no era portador de ninguna alteración psíquica previa, "cuando la enfermedad mental es reactiva a las lesiones físicas causadas por el accidente interfiriendo y solapándose con aquellas, la situación resultaría subsumible en el apartado 2.g del art. 115" [actual art. 156.2 g) LGSS] por lo que tiene la consideración de accidente de trabajo.

En el supuesto objeto de examen, los hechos acreditados no permiten establecer la conexión causal en que el recurso se basa. El art. 156.2 g) LGSS no comprende en el concepto de accidente de trabajo cualquier relación entre las consecuencias lesivas del suceso y una enfermedad sobrevenida. El demandante sufrió un accidente de trabajo el 6 de marzo de 2022 con rotura de menisco externo de la rodilla derecha, por la que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y estuvo en IT hasta el 1 de marzo de 2023 en que recibió el alta médica. No consta que mientras recibía asistencia médica para la lesión de la rodilla solicitara y le fuera prescrito tratamiento médico por sintomatología psíquica, relacionada o no con el suceso traumático o el proceso curativo. El 1 de abril de 2023, al mes de la indicada alta médica, comienza una nueva situación de IT, hasta el 6 de septiembre de 2023, con el diagnóstico de trastorno adaptativo. La proximidad temporal de las bajas médicas es insuficiente para la conexión causal requerida a fin de atribuir al accidente de trabajo la segunda situación de IT y no desautoriza el criterio del INSS, asumido en la sentencia de instancia, cuando además el informe médico oficial sobre valoración de la contingencia lo relaciona no con las lesiones sufridas en el accidente o su proceso terapéutico, sino con el alta médica recibida y señala la existencia "componente personal extralaboral en relación con su afición/segunda actividad (buceo)" .

Por lo expuesto.

PRIMERO:El demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social para atribuir a accidente de trabajo la situación de incapacidad temporal (IT) iniciada el 1 de abril de 2023 y finalizada el 6 de septiembre de 2023.

En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado tercero de la sentencia de instancia. La propuesta consiste en añadir el siguiente párrafo:

"Que según consta en informe médico de 04/04/2023 del Servicio de Salud Mental del Hospital San Agustín, el demandante refiere ansiedad, angustia, estado de ánimo bajo, labilidad emocional, aislamiento social, vivencia de inutilidad e inseguridad en relación a dolor crónico y secuelas que padece en su MID. Refiere sentirse poco comprendido en los síntomas y limitaciones que padece".

Cita como avales probatorios los documentos 2, 3 y 4 de su ramo de prueba.

La Mutua colaboradora con la Seguridad Social, UMIVALE ACTIVA, impugna el recurso y se opone al intento revisor, por irrelevante y no revelar la comisión de error por el Juzgado en la apreciación de la prueba.

Para dar respuesta a solicitud del recurrente resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es la Juzgadora de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS - La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

El motivo de recurso debe desestimarse. El recurrente cita tres informes médicos, de 31 de marzo de 2023, 3 de abril de 2023 y 4 de abril de 2023 aunque el texto propuesto solo se refiere a éste. En principio los informes médicos son medios de prueba sin decisivo valor probatorio pues no tienen atribuida una eficacia acreditativa superior a otros elementos de convicción, ni disponen de garantías objetivas sobre el acierto del contenido. En el caso presente no hay razón para apartarse de ese criterio pues el intento revisor tiene como único objetivo consignar las manifestaciones referidas por el demandante ante la facultativa que le atiende y el recurso no expone argumentos consistentes para dar prevalencia a tales manifestaciones, que contrastan con apreciaciones consignadas en el informe médico oficial.

El recurso alude al reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total por la contingencia de accidente de trabajo, a lo que la Mutua responde que la sentencia no era firme y la declaración solo obedece a lesiones físicas. En cualquier caso, la sentencia no contiene referencia al reconocimiento, el recurso no solicita la incorporación del dato y de sus circunstancias en el relato de hechos probados y la mención genérica efectuada no dota de mayor solidez al intento revisor, que exige mostrar de forma clara, directa y concluyente, sin conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas el error del órgano judicial en la valoración de los diferentes medios de convencimiento aportados en el proceso. Son requisitos que el recurso no cumple.

SEGUNDO:En el segundo motivo de recurso, por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, el trabajador denuncia la infracción del art. 156.2.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Con cita de la sentencia del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas, de fecha 3 de junio de 2020, rec. 180/2020, alega que el trastorno adaptativo desencadenante de IT tiene relación causal con las limitaciones ocasionadas por la lesión del miembro inferior derecho sufrida en accidente de trabajo.

La Mutua UMIVALE rechaza las afirmaciones del recurrente y cita en apoyo la sentencia del TJS de Cataluña de 7 de noviembre de 2024.

El concepto de accidente de trabajo se recoge en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El apartado 1 dispone: "Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". El apartado 2 atribuye la consideración de accidentes de trabajo a varios supuestos, entre ellos, en el subapartado g): "Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación."

Sobre esta norma la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de febrero de 2019, rec. 261/2019 (citada en la sentencia del TJS de Canarias- sede Las Palmas de Gran Canaria, invocada en el recurso) señala:

"Para que entre en juego este tipo legal de accidente de trabajo, es necesario que, producido un accidente laboral, se produzca una relación causal unitaria entre las consecuencias del accidente y la aparición de otras enfermedades o dolencias, determinada bien por su vinculación causal con la alteración del estado de salud originada por el propio accidente, ya por su conexión con el proceso de curación del accidentado.

El factor clave para apreciar una enfermedad intercurrente es pues la relación de causalidad entre esta y el accidente o el medio en que se ha situado el trabajador afectado para su curación, quedando por tanto extramuros de la calificación como accidente de trabajo los casos en que existe una simple coincidencia temporal entre las consecuencias patológicas del accidente y las derivadas de otras lesiones o enfermedades extrañas y ajenas al mismo o a su proceso curativo y al tratamiento aplicado para su restablecimiento".

La sentencia del TSJ de Canarias de 18 de febrero de 2019, rec. 1315/2015 (mencionada en la del TSJ de Cataluña de 24 de noviembre de 2024, rec. 2543/2024, invocada por la Mutua), considera que si el trabajador no era portador de ninguna alteración psíquica previa, "cuando la enfermedad mental es reactiva a las lesiones físicas causadas por el accidente interfiriendo y solapándose con aquellas, la situación resultaría subsumible en el apartado 2.g del art. 115" [actual art. 156.2 g) LGSS] por lo que tiene la consideración de accidente de trabajo.

En el supuesto objeto de examen, los hechos acreditados no permiten establecer la conexión causal en que el recurso se basa. El art. 156.2 g) LGSS no comprende en el concepto de accidente de trabajo cualquier relación entre las consecuencias lesivas del suceso y una enfermedad sobrevenida. El demandante sufrió un accidente de trabajo el 6 de marzo de 2022 con rotura de menisco externo de la rodilla derecha, por la que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y estuvo en IT hasta el 1 de marzo de 2023 en que recibió el alta médica. No consta que mientras recibía asistencia médica para la lesión de la rodilla solicitara y le fuera prescrito tratamiento médico por sintomatología psíquica, relacionada o no con el suceso traumático o el proceso curativo. El 1 de abril de 2023, al mes de la indicada alta médica, comienza una nueva situación de IT, hasta el 6 de septiembre de 2023, con el diagnóstico de trastorno adaptativo. La proximidad temporal de las bajas médicas es insuficiente para la conexión causal requerida a fin de atribuir al accidente de trabajo la segunda situación de IT y no desautoriza el criterio del INSS, asumido en la sentencia de instancia, cuando además el informe médico oficial sobre valoración de la contingencia lo relaciona no con las lesiones sufridas en el accidente o su proceso terapéutico, sino con el alta médica recibida y señala la existencia "componente personal extralaboral en relación con su afición/segunda actividad (buceo)" .

Por lo expuesto.

PRIMERO:El demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social para atribuir a accidente de trabajo la situación de incapacidad temporal (IT) iniciada el 1 de abril de 2023 y finalizada el 6 de septiembre de 2023.

En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la revisión del hecho probado tercero de la sentencia de instancia. La propuesta consiste en añadir el siguiente párrafo:

"Que según consta en informe médico de 04/04/2023 del Servicio de Salud Mental del Hospital San Agustín, el demandante refiere ansiedad, angustia, estado de ánimo bajo, labilidad emocional, aislamiento social, vivencia de inutilidad e inseguridad en relación a dolor crónico y secuelas que padece en su MID. Refiere sentirse poco comprendido en los síntomas y limitaciones que padece".

Cita como avales probatorios los documentos 2, 3 y 4 de su ramo de prueba.

La Mutua colaboradora con la Seguridad Social, UMIVALE ACTIVA, impugna el recurso y se opone al intento revisor, por irrelevante y no revelar la comisión de error por el Juzgado en la apreciación de la prueba.

Para dar respuesta a solicitud del recurrente resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es la Juzgadora de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS - La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

El motivo de recurso debe desestimarse. El recurrente cita tres informes médicos, de 31 de marzo de 2023, 3 de abril de 2023 y 4 de abril de 2023 aunque el texto propuesto solo se refiere a éste. En principio los informes médicos son medios de prueba sin decisivo valor probatorio pues no tienen atribuida una eficacia acreditativa superior a otros elementos de convicción, ni disponen de garantías objetivas sobre el acierto del contenido. En el caso presente no hay razón para apartarse de ese criterio pues el intento revisor tiene como único objetivo consignar las manifestaciones referidas por el demandante ante la facultativa que le atiende y el recurso no expone argumentos consistentes para dar prevalencia a tales manifestaciones, que contrastan con apreciaciones consignadas en el informe médico oficial.

El recurso alude al reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total por la contingencia de accidente de trabajo, a lo que la Mutua responde que la sentencia no era firme y la declaración solo obedece a lesiones físicas. En cualquier caso, la sentencia no contiene referencia al reconocimiento, el recurso no solicita la incorporación del dato y de sus circunstancias en el relato de hechos probados y la mención genérica efectuada no dota de mayor solidez al intento revisor, que exige mostrar de forma clara, directa y concluyente, sin conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas el error del órgano judicial en la valoración de los diferentes medios de convencimiento aportados en el proceso. Son requisitos que el recurso no cumple.

SEGUNDO:En el segundo motivo de recurso, por el cauce procesal del art. 193 c ) LJS, el trabajador denuncia la infracción del art. 156.2.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Con cita de la sentencia del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas, de fecha 3 de junio de 2020, rec. 180/2020, alega que el trastorno adaptativo desencadenante de IT tiene relación causal con las limitaciones ocasionadas por la lesión del miembro inferior derecho sufrida en accidente de trabajo.

La Mutua UMIVALE rechaza las afirmaciones del recurrente y cita en apoyo la sentencia del TJS de Cataluña de 7 de noviembre de 2024.

El concepto de accidente de trabajo se recoge en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El apartado 1 dispone: "Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". El apartado 2 atribuye la consideración de accidentes de trabajo a varios supuestos, entre ellos, en el subapartado g): "Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación."

Sobre esta norma la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de febrero de 2019, rec. 261/2019 (citada en la sentencia del TJS de Canarias- sede Las Palmas de Gran Canaria, invocada en el recurso) señala:

"Para que entre en juego este tipo legal de accidente de trabajo, es necesario que, producido un accidente laboral, se produzca una relación causal unitaria entre las consecuencias del accidente y la aparición de otras enfermedades o dolencias, determinada bien por su vinculación causal con la alteración del estado de salud originada por el propio accidente, ya por su conexión con el proceso de curación del accidentado.

El factor clave para apreciar una enfermedad intercurrente es pues la relación de causalidad entre esta y el accidente o el medio en que se ha situado el trabajador afectado para su curación, quedando por tanto extramuros de la calificación como accidente de trabajo los casos en que existe una simple coincidencia temporal entre las consecuencias patológicas del accidente y las derivadas de otras lesiones o enfermedades extrañas y ajenas al mismo o a su proceso curativo y al tratamiento aplicado para su restablecimiento".

La sentencia del TSJ de Canarias de 18 de febrero de 2019, rec. 1315/2015 (mencionada en la del TSJ de Cataluña de 24 de noviembre de 2024, rec. 2543/2024, invocada por la Mutua), considera que si el trabajador no era portador de ninguna alteración psíquica previa, "cuando la enfermedad mental es reactiva a las lesiones físicas causadas por el accidente interfiriendo y solapándose con aquellas, la situación resultaría subsumible en el apartado 2.g del art. 115" [actual art. 156.2 g) LGSS] por lo que tiene la consideración de accidente de trabajo.

En el supuesto objeto de examen, los hechos acreditados no permiten establecer la conexión causal en que el recurso se basa. El art. 156.2 g) LGSS no comprende en el concepto de accidente de trabajo cualquier relación entre las consecuencias lesivas del suceso y una enfermedad sobrevenida. El demandante sufrió un accidente de trabajo el 6 de marzo de 2022 con rotura de menisco externo de la rodilla derecha, por la que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y estuvo en IT hasta el 1 de marzo de 2023 en que recibió el alta médica. No consta que mientras recibía asistencia médica para la lesión de la rodilla solicitara y le fuera prescrito tratamiento médico por sintomatología psíquica, relacionada o no con el suceso traumático o el proceso curativo. El 1 de abril de 2023, al mes de la indicada alta médica, comienza una nueva situación de IT, hasta el 6 de septiembre de 2023, con el diagnóstico de trastorno adaptativo. La proximidad temporal de las bajas médicas es insuficiente para la conexión causal requerida a fin de atribuir al accidente de trabajo la segunda situación de IT y no desautoriza el criterio del INSS, asumido en la sentencia de instancia, cuando además el informe médico oficial sobre valoración de la contingencia lo relaciona no con las lesiones sufridas en el accidente o su proceso terapéutico, sino con el alta médica recibida y señala la existencia "componente personal extralaboral en relación con su afición/segunda actividad (buceo)" .

Por lo expuesto.