Sentencia Social 52/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2465/2021 de 16 de enero del 2024

PRIMERO.- 1.- El debate litigioso radica en determinar si se puede reconocer la pensión de gran invalidez a una persona que accedió a la situación de jubilación anticipada por discapacidad y no ha cumplido los 65 años de edad.

Los hechos esenciales son los siguientes:

a) La actora nació en 1963. Su profesión habitual es la de vendedora del cupón de la ONCE.

b) Se le reconoció la pensión de jubilación anticipada por discapacidad con fecha de efectos 6 de julio de 2016.

c) La demandante presenta ceguera total. Tiene reconocido un grado de minusvalía del 95%.

d) El 7 de diciembre de 2016 solicitó la declaración de incapacidad permanente, lo que fue denegado por el INSS.

2.- La sentencia dictada por el TSJ de Galicia de 20 de mayo de 2021, recurso 422/2021, confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social, que había desestimado la demanda en la que reclamaba la pensión de incapacidad permanente.

3.- La actora formuló recurso de casación para la unificación de doctrina en el que denuncia la infracción del art. 195 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS). Argumenta que el hecho de estar jubilada anticipadamente no impide el reconocimiento del grado incapacitante postulado.

La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega que no concurre el requisito de contradicción y que la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- Se invoca como sentencia de contraste la del TSJ de Madrid 623/2017, de 29 de septiembre (recurso 157/2017). En ella, el demandante tenía reconocida un 86% de minusvalía. Se jubiló el 30 de marzo de 2011, aplicándose un coeficiente reductor del 0,50 por año cotizado. Solicitó la pensión de gran invalidez por revisión por agravación de una pensión de incapacidad permanente, que le fue denegada. La sentencia referencial argumenta que el hecho de que el actor accediera a la jubilación anticipadamente no impide el reconocimiento de una incapacidad, por lo que declara al demandante afecto de gran invalidez.

2.- En ambas sentencias, los demandantes estaban en situación de jubilación por discapacidad y, desde esa situación, pretenden el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente. Las sentencias llegan a pronunciamientos contradictorios: la sentencia recurrida niega al demandante aquella declaración mientras que en la de contraste le reconoce la situación de gran invalidez.

TERCERO.- 1.- La controversia litigiosa ha sido resuelta por las sentencias del TS 379/2022, de 27 abril (rcud 184/2019); 923/2022, de 22 noviembre (rcud 1563/2019); y 57/2023, de 24 de enero (rcud 3056/2019), entre otras, cuyos argumentos reiteramos.

Inicialmente el TS consideraba que no cabía acceder a la incapacidad permanente desde la situación de jubilación anticipada concedida en virtud de la aplicación de coeficientes reductores por razón de discapacidad [ sentencias del TS 512/2020, de 24 de junio (rcud 1411/2018, Pleno); 1073/2020, de 2 diciembre (rcud 2916/2018) y 709/2021, de 1 julio (rcud 4751/2018), entre otras].

2.- La sentencia del TC 172/2021, de 7 de octubre, estimó el recurso de amparo contra varias resoluciones judiciales que habían denegado el reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común porque en el momento de la solicitud la demandante se encontraba en situación de jubilación anticipada por razón de discapacidad. El TC argumentó: "La regulación de la jubilación anticipada por razón de discapacidad contenida en el 206.2 LGSS responde al instrumento de las "medidas de acción positiva". Estas medidas se definen como "aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida [...] el legislador, en el ejercicio legítimo de su libertad de configuración del sistema, no ha establecido otro requisito que el de una determinada edad para acceder a la prestación de incapacidad permanente [...] si la ley no hace distinción alguna en esta materia, el establecimiento de una diferencia de trato para los supuestos de jubilación anticipada por razón de discapacidad podría suponer una discriminación proscrita por el principio general reconocido en el art. 14, segundo inciso, CE [...] En definitiva, la interpretación de las resoluciones impugnadas produce como resultado una discriminación no justificada para la recurrente con discapacidad. Conforme a ese criterio interpretativo, toda persona que se encuentre en situación de jubilación anticipada podría acceder a una prestación por incapacidad permanente, salvo las personas con discapacidad, a pesar de cumplir el único requisito exigido por la normativa, que es una determinada edad. Se genera con ello una diferencia de trato no prevista en la norma, sin justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a una situación de jubilación anticipada precisamente por su situación de discapacidad".

En el mismo sentido se han pronunciado las sentencias del TC 191/2020, de 17 de diciembre; 111/2022 de 26 septiembre; y 21/2023 de 27 marzo, entre otras.

CUARTO.- 1.- El TS ha aplicado esa doctrina constitucional en las citadas sentencias del TS 379/2022, de 27 abril (rcud 184/2019); 923/2022, de 22 noviembre (rcud 1563/2019); y 57/2023, de 24 de enero (rcud 3056/2019), entre otras.

En ellas hemos reconsiderado nuestra anterior doctrina y hemos sentado una nueva: cabe el reconocimiento del correspondiente grado de incapacidad a un trabajador que se jubiló anticipadamente por aplicación de los coeficientes correctores por discapacidad, dándose la circunstancia de que no había cumplido los 65 años de edad. Conforme al criterio interpretativo establecido en las citadas sentencias del TC, la anterior interpretación de la norma producía como resultado una discriminación no justificada para la recurrente con discapacidad. Se trataba de una diferencia de trato no prevista en la norma, sin justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a una situación de jubilación anticipada precisamente por su situación de discapacidad.

2.- La aplicación al supuesto enjuiciado de la mentada doctrina jurisprudencial obliga, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a estimar recurso, casar y anular la sentencia recurrida y la de instancia y ordenar la devolución de los autos al Juzgado de procedencia para que resuelva, con libertad de criterio, sobre la solicitud de la actora, en relación a su estado de salud y a los antecedentes al respecto, para determinar si procede o no la declaración de incapacidad solicitada. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS).