Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1191/2010 de 14 de Febrero de 2011

La cuestión suscitada consiste en determinar si resulta competente la Jurisdicción Social para conocer de la pretensión de despido de los trabajadores afectados por el ERE cuando la demanda se basa en la existencia de una cesión ilegal, que ocultaría, de apreciarse, una realidad no analizada en la resolución administrativa que autorizó las extinciones. La Sala IV reitera que hasta que no se cumplan las previsiones del art. 3.3 LPL, la distribución de competencias en materia de despidos colectivos se establece en función del contenido del acto administrativo y así cuando lo que se impugna es el contenido de la propia autorización en la que se basan los ceses, la competencia corresponde al orden contencioso-Administrativo. Corresponden al orden social las controversias en despidos colectivos que puedan surgir en relación con el abono de las indemnizaciones por cese, como reconoce el artículo 14.2 del Real Decreto 43/1996 y aquellos supuestos en los que, por no venir determinada en la resolución administrativa la relación de los trabajadores afectados, se impugna la selección realizada por el empresario como acto posterior y separado de esa autorización administrativa. En el caso se entiende que es competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las pretensiones relativas al cese del demandante en relación con la eventual sucesión de la actividad y al orden Social la cuestión relativa a la eventual existencia de despido relacionado con la cesión ilegal.