Sentencia Social 28/2023 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 19/2023 de 06 de marzo del 2023

PRIMERO .- Dos son los recursos de suplicación a examinar ante esta Sala.

Uno- El interpuesto por la empresa demandada, en solicitud de que se dicte nueva resolución por la que se revoque la Sentencia dictada en la instancia en el sentido de:

1º) Estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, absolviéndole y dejando imprejuzgada la cuestión por ser competencia del orden jurisdiccional civil; y

2º) Subsidiariamente, de declarar la procedencia del despido, absolviéndole de las pretensiones de la demanda.

Dos- El interpuesto por la parte actora, en solicitud de que se dicte Sentencia por la que se modifiquen los Hechos declarados probados Cuarto, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Decimoquinto, así como se amplíe la argumentación del Fundamentos de Derecho Cuarto, manteniendo el fallo de la sentencia por el que declara la nulidad del despido del demandante.

- La empresa demandada recurrente, articula su recurso en ocho motivos; uno al amparo de lo dispuesto en el Art. 193 b) de la LRJS, y los restantes al amparo de lo dispuesto en el Art. 193.c) de la LRJS, de los que, por razones de orden lógico, examinaremos en primer lugar, el segundo, en el que se invoca la excepción de incompetencia de la Jurisdicción Social para el conocimiento de la cuestión litigiosa.

En segundo lugar, examinaremos los motivos articulados por ambas partes en solicitud de revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, y por último, los motivos articulados por la parte demandada denunciando la infracción de normas y Jurisprudencia.

SEGUNDO.- Incompetencia de la Jurisdicción Social

Denuncia la parte demandada, en el segundo de los motivos de su recurso, la infracción del Art. 1.3 c) del ET, en relación con el Art. 1.1 del mismo texto legal, y la Jurisprudencia en relación a la teoría del vínculo; alegando en síntesis, que aun cuando la Sentencia recurrida recalca la triple condición del demandante,(socio, administrador y gerente) el percibo del mismo salario que los otros dos socios (casi 100.000 €/año) aun ostentado una menor participación en el capital, el hecho de ser el demandante quien tomaba las decisiones de contratar y despedir, ostentar la representación de la sociedad ante terceros, firmando contratos, y reconocer que dirigía la empresa sin supervisión ni control, califica su vínculo contractual como laboral común (ni tan si quiera de alta dirección), infringiendo así el artículo y teoría, citados; a lo que añade, que dicha teoría es aplicable al caso, ya que durante el escaso 'lapsus' de tiempo existente entre el cese del demandante como administrador y su salida de la empresa (17 días), no consta que desempeñara tarea alguna incardinable en una relación laboral común, por lo que debe concluirse que la relación que unía al demandante con entonces, TALLERES MAVIMA, S.L. tenía carácter mercantil y, por ende, la jurisdicción competente para resolver las cuestiones derivadas de su cese sería el orden civil.

- La cuestión debatida se centra en determinar si la relación mantenida por el demandante con la empresa demandada es laboral o mercantil, y si por lo tanto se ha incurrido en la infracción indebida de la Doctrina del vínculo.

= La resolución de la excepción planteada requiere recordar en primer lugar la Doctrina Jurisprudencial al respecto, para en momento posterior analizar si resulta de aplicación al supuesto concreto.

En la STS de 09 de marzo de 2022, dictada en el rec.742/2019, se afirma:

" La exclusión de la relación de laboralidadde los socios que realizan otras tareas diferentes de las propias de su cualidad de socio puede venir dada por la falta de la nota de ajeneidad cuando dicho socio ostenta la titularidad de una cuota societaria determinante, de manera que la prestación de trabajo que pueda realizar se efectúa a título de aportación a la sociedad, cuota que esta Sala ha señalado a partir del 50% de participación en el capital social. Pero también puede venir excluida, al amparo del art. 1.3 c) ET , por falta de dependencia en el trabajo, cuando se trata de personas que forman parte del órgano máximo de dirección de la empresa , ...., siendo función típica de estas personas que forman parte del órgano de gobierno de la empresa la representación y suprema dirección de la misma, sin que su relación nazca de un contrato de trabajo sino de una designación o nombramiento por parte del máximo órgano de gobierno, de modo que su relación tiene carácter mercantil.

Es cierto que la jurisprudencia admite que esas personas puedan tener al mismo tiempo una relación laboral con su empresa, pero ello sólo sería posible para realizar trabajos que podrían calificarse de comunes u ordinarios; no así cuando se trata de desempeñar al tiempo el cargo de consejero y trabajos de alta dirección (Gerente, Director General, etc.) dado que en tales supuestos el doble vínculo tiene el único objeto de la suprema gestión y administración de la empresa, es decir,que el cargo de administrador o consejero comprende por sí mismo las funciones propias de alta dirección. Y en este sentido existe una doctrina reiterada de la Sala, como por ejemplo en las sentencias de 29 de septiembre de 1988 , de 16 de diciembre de 1991 ( Rº 810/90), de 22 de diciembre de 1994 ( Rº 2889/93 ), doctrina reiterada por otras muchas y que podemos resumir, con la sentencia de 20 de noviembre de 2002 (Rec. 337/02 ), en los siguientes términos"

La sentencia de 22-12-994 (rec. 2889/1993 ), al interpretar el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores , señala que "Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de Administrador único, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley...Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directay ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía . Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores ...

= En segundo lugar, de los hechos probados y afirmaciones fácticas de la Sentencia recurrida, se deduce, que:

El demandante prestó servicios por cuenta y órdenes de la demandada con una antigüedad del 1.07.1998, como director-gerente/jefe de ventas.

Era uno de los socios y administradores de la misma, titular del 0Ž67 % (5/750) de sus participaciones (por donación de su padre, realizada mediante escritura pública de 5.07.2017 que las valoraba en 13.250 €); cargo de administrador que compartía con el resto de socios (así designados mancomunadamente en Junta General de 1.10.2017, en la que se acordó debían actuar al menos dos de los cuatro y que uno de los firmantes fuera D. Carmelo o D. Celestino y, el otro, D. Armando o Don Juan Francisco): su padre, D. Armando, D. Carmelo y D. Felipe, eran titulares respectivamente del 32Ž66%, 33Ž27% y 33Ž40%. Antes de esta donación ostentaban el cargo de administradores mancomunados los tres socios.

En su condición de gerente firmaba los documentos de tráfico mercantil de la empresa. También firmaba como tal las comunicaciones a los trabajadores en imposición de sanción y acudía a actos de conciliación en representación de la mercantil. Era quien decidía los asuntos del día a día de la sociedad, de los que informaba posteriormente al resto de socios y ponía a la firma aquella documentación que lo precisara la rúbrica de los socios. Al efecto y habitualmente mantenían inicialmente una reunión todos los lunes a la que también asistía Bernardo y posteriormente también Íñigo y, finalizada la misma, el actor marchaba a Aranda; reunión que dejaron de realizar en mayo 21.

En fecha 13.01.2022, otorgaron escritura pública de compraventa de las participaciones de la sociedad (MAVIMA SL) a Hergovi SAU, cesándose en la misma fecha a los anteriores administradores, y nombrando solidariamente a D. Severiano (letrado) y a D. Valeriano.

D. Jesús Luis, como nuevo apoderado y gerente de la mercantil Hergovisa, (se presentó en dicha condición el día siguiente, 14.01.2022 de la compraventa de acciones) el viernes 21 de enero de 2022 alcanzó un acuerdo de novación contractual con el actor, que la empresa plasmó por escrito fechado a 24.01.2022 conforme al cual el actor pasaba a prestar servicios en virtud de contrato indefinido y a tiempo completo con categoría profesional de vendedor/viajante y salario bruto mensual neto de 2.500 € que incluía: salario base mensual conforme categoría y tablas salariales de convenio de aplicación (1.173Ž91 € brutos), plus carencia de incentivos, complemento de antigüedad o plus convenio según convenio de aplicación, dos pagas extras según convenio prorrateadas mensualmente y complemento a líquido hasta alcanzar salario total pactado. En dicho Acuerdo se dejaba indicado que como consecuencia de la compraventa de participaciones de las que era titular y su cese como administrador a partir del 24.01.2022 quedaba encuadrado dentro del Régimen General como trabajador por cuenta de la empresa.

El referido nuevo gerente mientras asumía plenamente sus funciones, compartió despacho con el actor hasta el 27 de enero de 2022; las funciones que como gerente hubiera podido realizar el actor, estuvieron sujetas a supervisión, inexistente desde el 5.07.2017, hasta que se llevó a cabo la compraventa de participaciones sociales por Hergovisa, el 13 de enero de 2022, habiendo cesado ya como socio y administrador, careciendo de todo poder de representación.

El actor fue despedido disciplinariamente con fecha 31.01.2022, mediante carta, cuyo tenor literal obra en el HP quinto de la Sentencia, al amparo de lo dispuesto en el Art. 54 del ET, por incumplimiento contractual grave y culpable (una falta en materia laboral) de acuerdo con lo establecido en el art. 54 .2 f) del ET.

= En tercer lugar, de lo hasta aquí expuesto, aplicando la Doctrina Jurisprudencial trascrita en primer lugar a los hechos de los que hemos dejado constancia, se deduce que:

- El actor desde el 1.07.1998, hasta el 5.07.2017 prestó servicios por cuenta y ordenes de la demandada.

- Desde el 5.07.2017, hasta que operó la novación extintiva de su relación, el 21.01.2022, en su condición de administrador, socio y gerente de la empresa demandada, ejerció poderes inherentes a la titularidad de la empresa, tomando decisiones fundamentales, actuando con autonomía, iniciativa propia y plena responsabilidad; en síntesis, actividades de alta dirección, informando posteriormente a los socios en las reuniones que habitualmente se mantenían los lunes, reuniones que dejaron de realizarse en mayo de 2021, razones por las que durante el periodo señalado, la relación debe ser calificada como mercantil.

- Desde el día de la compraventa de participaciones sociales por Hergovisa, el actor fue cesado como socio, y administrador, y las funciones que pudiera haber realizado como gerente estaban bajo la supervisión del nuevo gerente Sr. Jesús Luis, que se presentó a los socios en la referida condición al día siguiente de la compraventa de acciones; operada la novación contractual el día 21 de enero de 2022, pasó a prestar servicios en virtud de contrato indefinido y a tiempo completo con categoría profesional de vendedor/viajante y salario bruto mensual neto de 2.500 €, quedando encuadrado en el Régimen General como trabajador por cuenta ajena; y en dicha condición, fue despedido el día 31 de enero de 2022, por incumplimiento contractual grave, conforme a lo dispuesto en el art. 54.2.d) del ET.

= En tercer lugar, de lo anterior se desprende, como se afirma en la Sentencia recurrida, que la anterior relación mercantil del actor en la empresa demandada, es ajena a la competencia de la Jurisdicción social para conocer del despido disciplinario impugnado, cuando ya había adquirido la condición de trabajador por cuenta ajena; sin que en consecuencia se haya producido infracción del Art. 1.3.c) del ET en relación al art. 1.1 del mismo texto legal, ni de la Doctrina Jurisprudencia de la Teoría del doble vínculo.

Por último, entendemos, que no resulta de aplicación la STS citada por la parte recurrente, por cuanto en contra de lo alegado por la misma, constan las funciones que al menos temporalmente durante ese lapso de tiempo desarrolló el actor, (desde la novación hasta el despido disciplinario) supervisado por el gerente de la empresa demandada, compartiendo despacho con el mismo hasta el 27 de enero de 2022, fecha en la que el actor se instaló en otro despacho.

TERCERO.- Revisión de Hechos Probados

= La empresa demandada recurrente solicita la modificación del hecho probado primero de la Sentencia recurrida, y su redacción en los siguientes términos:

" El demandante venía prestando servicios en TALLARES MAVIMA, S.L., de la que era socio, como director-gerente/jefe de ventas y administrador mancomunado, percibiendo una retribución bruta anual en torno a los 100.000 € (99.336Ž64 € de retribución dineraria por rendimientos del trabajo declarados en IRPF del ejercicio de 2021).

Constaba en alta en Régimen General de asimilados, sin cotizar por desempleo ni FOGASA, en CCC de la empresa ( NUM000) ascendiendo su base de cotización a la máxima de 4.070Ž10 €/mes (idéntica base tenía otro trabajador, D. Bernardo, siendo inferiores las del resto)." .

- El hecho probado primero de la sentencia consta con el siguiente tenor literal:

" El demandante venía prestando servicios por cuenta y órdenes de la demandada con una antigüedad del 1.07.1998 y como director-gerente/jefe de ventas, percibiendo una retribución bruta anual en torno a los 100.000 € (99.336Ž64 € de retribución dineraria por rendimientos del trabajo declarados en IRPF del ejercicio de 2021).

Constaba en alta en Régimen General en CCC de la empresa ( NUM000) junto con otros trece trabajadores, ascendiendo su base de cotización a 4.070Ž10 €/mes (idéntica base tenía otro trabajador, D. Bernardo, siendo inferiores las del resto )."

Apoya la modificación en las nóminas del demandante, (Acontecimiento 43) donde constan los únicos descuentos, característicos del régimen de asimilados; alegando, que la modificación es relevante porque afecta a la naturaleza jurídica de la relación entre actor y demandada, y a los efectos sobre la relación previa a ostentar la triple condición de socio administrador y gerente.

1 = Para analizar la procedencia o improcedencia de la revisión de los hechos probados de una Sentencia recurrida en Suplicación, hay que tener presente que dicha revisión está constreñida en nuestro ordenamiento procesal laboral, habida cuenta el carácter extraordinario del recurso de suplicación.

Dicho carácter supone que el recurso de suplicación no es una segunda instancia y que la valoración de la prueba es competencia del Juez de lo social, que preside el acto del juicio y la práctica de la misma conforme a los principios de oralidad e inmediación, - artículo 74 LRJS-. Por consiguiente, la modificación del relato de hechos probados únicamente es posible cuando a través de la prueba documental o pericial, - en ningún caso testifical-, se constata un error claro y evidente del juzgador.

- Conviene además recordar las reglas básicas que ha venido compendiando la Doctrina del Tribunal Supremo ( SSTS de 16- septiembre-2014, rec. 251/2013 , 14-mayo-2013, rec. 285/2011 y 5-junio-2011, rec. 158/2010, entre otras) sobre la forma en que se ha de efectuar la revisión fáctica, a saber:

a).- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

b).- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del Juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

c).- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

d).- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 ; 18/01/11 -rco 98/09 ; y 20/01/11 -rco 93/10 ).

Insistiendo en la segunda de las exigencias, se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 - rec. 79/05 ; y 20/06/06 -rec. 189/04 ).

2 = Desde la óptica jurisprudencial expuesta, es evidente la improcedencia de la revisión en los términos planteados, por cuanto las nóminas en las que la parte apoya la revisión corresponden a los años 2020 y 2021, cuando ya el actor ostentaba esa triple condición desde el 5.07.2017, y antes de producirse la novación extintiva contractual por la que, una vez efectuada la compraventa de acciones por Hergovisa SAU a la empresa demandada Talleres Mavima SL, dejó de ser administrador, con funciones temporales supervisadas de gerente como trabajador por cuenta ajena. (HP segundo, tercero, y decimosegundo)

CUARTO.- La parte actora recurrente propone la modificación de los Hechos declarados probados Cuarto, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Decimoquinto, así como se amplíe la argumentación del Fundamentos de Derecho Cuarto, manteniendo el fallo de la sentencia por el que declara la nulidad del despido del demandante.

= Con carácter previo debemos dar respuesta a la cuestión planteada por la empresa recurrente en relación a la inadmisibilidad del referido recurso formulado por la actora, con fundamento en que la legitimación para recurrir exige haber sido afectado desfavorablemente por la resolución judicial, al sufrir, una afectación o gravamen, a lo que añade, el contenido del art. 17.5 de la LRJS, con cita de las STS a las que nos remitimos.

1 = Para dar respuesta a dicha cuestión, debemos partir de la Doctrina Jurisprudencial recogida en Resoluciones como el ATS, Social de 27 de septiembre de 2022, Rec. 83/2022, en el que se afirma:

"...En la actualidad el art 17.5 LRJS regula la legitimación para interponer los diversos recursos, recogiendo la doctrina de esta Sala IV. Señala dicho precepto "Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores". Por su parte, el art. 448.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civilseñala que podrán interponer los recursos previstos en la ley quienes, habiendo sido parte en el pleito, resulten afectados desfavorablemente por la resolución que se pretende recurrir, y en tal sentido se había pronunciado la jurisprudencia de la Sala Cuarta de este Tribunal.

En efecto, y como indicó la STS, Sala General, 21 de febrero de 2000, R. 1872/1999 , "Es un presupuesto procesal básico en todo recurso la existencia de un gravamen o perjuicio real y efectivo, no meramente teórico, para la parte que lo formula, por lo que la legitimación para interponerlo la tiene aquella que ha resultado perjudicada por la parte dispositiva de la decisión del juez o tribunal a quo. La verdadera causa del recurso es el interés del recurrente, siempre que sea un interés personal, objetivo y directo; tal interés se encuentra en el hecho de haber sido perjudicado por la resolución judicial contra la que se recurre; por lo tanto, la condición que determina la causa del recurso es el vencimiento en la instancia o instancias judiciales precedentes; de ahí, que el vencido pueda siempre recurrir, si la ley lo permite, y no puede hacerlo el vencedor que, por definición, no ha sufrido ningún perjuicio con la decisión del juez o tribunal inferior". No obstante debe tenerse presente que perjuicio o gravamen no equivale a vencimiento, sino que puede existir aún en el caso de pronunciamiento favorable, siempre que la parte vencedora haya visto denegada alguna excepción que tuviera interés en sostener, o cuando haya un interés preventivo, que es el que existe cuando la parte que ha obtenido un fallo favorable recurre para sostener en el recurso una excepción material o procesal ante el eventual recurso de la parte contraria Doctrina seguida, entre otras, por SSTS 20 de noviembre de 2001, R. 2991/1999 ; 2 de julio de 2002, R. 420/2001 ; 10 de noviembre de 2004, R. 4531/2003 ; 5 de julio de 2006 R. 13/2005 ; 26 de octubre de 2006, R. 3484/2005 ; 3 de octubre de 2007, R. 104/2006 ; 11 de junio de 2008, R. 55/2005 ; 20 de mayo de 2009, R. 2405/2008 .

2- Partiendo de la anterior Doctrina debemos analizar el Recurso de suplicación de la parte actor vencedora en cuanto a su petición principal de declaración de nulidad del despido del que fue objeto, no obstante mostrar su disconformidad con determinados hechos probados, y prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria; ello sin perjuicio del éxito de su recurso.

Sentado lo anterior, comenzaremos el examen de la pretensión de modificación de los hechos probados pretendidos por la misma, en aplicación de la Doctrina Jurisprudencial acerca de los requisitos exigibles, expuesta en el fundamento de derecho anterior y que damos por reproducida.

- En primer lugar la parte actora recurrente, solicita, la revisión de los dos últimos párrafos del HP cuarto de la sentencia, que por remisión damos por reproducidos, y su redacción por supresión/sustitución en los siguientes términos:

"El viernes 21 de enero la empresa entregó al actor una propuesta fechada a 24.01.2022 conforme la cual el actor pasaría a prestar servicios en virtud de contrato indefinido y a tiempo completo con categoría profesional de vendedor/viajante y salario bruto mensual de 2.500 € que incluiría: salario base mensual conforme categoría y tablas salariales de convenio de aplicación (1.173Ž91 € brutos), plus carencia de incentivos, complemento de antigüedad o plus convenio según convenio de aplicación, dos pagas extras según convenio.

Así mismo por la empresa se le entregó al trabajador, junto con la referida propuesta, un escrito de comunicación de baja voluntaria con efectos del 31.12.2022 fechada a 15.12.2022

El actor comunicó a la empresa que no aceptaba dicha propuesta, inicialmente de modo verbal y posteriormente mediante mail de fecha 27-01-2022 enviado por su abogado al nuevo gerente D. Jesús Luis"

Apoya la parte la modificación en los propios documentos que han servido para la redacción del hecho, así como en el email enviado al nuevo gerente, remitiéndose al HP decimosegundo (doc. nº 2 y 3 aportados con el escrito de demanda y doc. nº 4 de los aportados en el acto del juicio).

Con la referida modificación, la parte actora recurrente pretende una nueva valoración de la prueba practicada en el juicio, con apoyo en los mismos documentos que han sido ya valorados por la Juzgadora; a lo que debemos añadir que el email de 27 de enero es de fecha posterior al día en que se alcanzara el acuerdo de novación contractual; a lo que debemos añadir, que el email referido en el HP decimosegundo ha sido valorado en el FD cuarto, junto a las reclamaciones cruzadas entre los letrados de ambas partes, como indicio de la vulneración de derechos fundamentales denunciada en su versión de garantía de indemnidad; por lo que el motivo resulta intrascendente para la eficacia del fallo a dictar en esta instancia; y del mismo no se extrae error alguno en la valoración que de la prueba practicada (documental y testifical del sr. Jesús Luis) se ha llevado a cabo por la Juzgadora de instancia.

- En segundo lugar, la parte actora solicita la revisión del hecho probado decimoprimero de la Sentencia, suprimiendo dos extremos, y su redacción en los siguientes términos:

"Durante las negociaciones previas a la compraventa de acciones los compradores accedieron toda la documentación de la empresa referida en la Escritura de Compraventa de fecha 13-01-2.022.

El 5.01.2022 los compradores mantuvieron una reunión con tres de los socios ( Armando, Carmelo e Felipe) en la que les plantearon una rebaja del precio por discrepancias en la valoración de existencias, que los vendedores rechazaron."

La parte actora intenta suprimir el hecho de que examinaran solo la documentación contable; así como que él interviniera en esas negociaciones como gerente, y que los vendedores rechazaran la rebaja en el precio, alegando que la nueva propiedad iba a beneficiarse del bonus de 2021 que la marca iba a abonar.

Apoya la modificación en la Escritura de Compraventa de las participaciones de fecha 13.01.2022(doc. nº 1 aportado en el acto del juicio); alegando que lo único que se constata en dicha reunión, es la existencia de discrepancias en la valoración de existencias; indicando los vendedores, que el bonus estaba pendiente de que el DAF indicara si finalmente lo pagaba o no, considerando que pertenecía a los vendedores, aceptando que si lo percibían, les beneficiaría a los adquirentes, lo que finalmente aceptaron.

El referido motivo no puede prosperar, en primer lugar porque el hecho de que el actor no asistiera a la reunión, es un hecho negativo, y además carente de prueba alguna; en segundo lugar, porque el hecho de que pudieran examinar toda la documentación contable no altera el que pudieran examinar la totalidad de la documentación; y en tercer lugar, porque no se ha combatido en relación a este hecho el contendió del HP decimotercero al que nos remitimos.

- En tercer lugar, la parte actora recurrente propone la revisión del hecho probado decimosegundo, con la modificación de los párrafos tercero y cuarto del referido hecho, y su redacción en los siguientes términos:

"El 27.01.2022 el actor se encontró el despacho cerrado a primera hora de la mañana y al ir a iniciar su jornada. El despacho lo había cerrado el día anterior D. Jesús Luis."

Con dicha redacción intenta la supresión del párrafo contenido en el hecho probado, en el extremo relativo a que "...El despacho lo había cerrado el día interior D. Jesús Luis, que cada día se desplazaba al centro de trabajo desde su lugar de residencia (Bilbao) y ese día aun no había llegado a la empresa..."

Alega que la modificación se apoya en el mail enviado a Jesús Luis a las 11Ž53, por el letrado que formula el recurso, así como en la respuesta del propio Jesús Luis a las 12,25.

La referida modificación no puede tener acogida, por cuanto, la Juzgadora en la sentencia recurrida ha valorado a tales efectos la testifical del Sr. Jesús Luis (D. Jesús Luis), dando otra versión que la de la parte actora, y la sala no puede entrar a valorar los elementos personales de prueba; ello sin perjuicio que de la valoración de dichos e-mails, y de los remitidos a continuación por el letrado del actor, y por letrado Sr. Valeriano, administrador de la empresa, se ha realizado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia, sin que sea este el momento para llegar a otras conclusiones.

- En cuarto lugar, la parte actor propone la revisión del hecho decimotercero de la sentencia, y su redacción en los siguientes términos:

"Fruto de la negociación con la marca llevada a cabo por el anterior socio D. Armando, materializada en el mail enviado en fecha 23-12-2021 a DAF por el Sr. Borja adjuntando la carta redactada por el entonces socio D. Armando, la marca procedió a abonar el bonus correspondiente a 2.021, en Febrero de 2.022"

Con esta nueva redacción, la parte acepta el primer apartado del hecho, y solicita la supresión del segundo, en el que consta: "Fruto de posterior negociación con la marca han conseguido percibir el mismo con nuevas condiciones a cumplimentar en 2022."

Apoya la modificación en el email y carta que han sido declarados probados en el hecho séptimo; carta que fue aportada por la demandada, prueba de la única negociación llevada a cabo con la marca.

La referida modificación no puede tener acogida, porque se basa en una conjetura, queriendo sustituir la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora, sin que pueda darse por probado que el bonus se abonara como consecuencia del referido email y carta.

- En quinto lugar, la parte actora propone la modificación del primer párrafo del hecho probado decimoquinto, con la adición que resaltamos en negrita :

"La empresa ha cerrado el ejercicio 2021 con pérdidas (-16.520Ž13 € después de impuestos ), si bien la demandada no ha presentado ningún documento oficial que acredite ese extremo."

Alega al respecto que se apoya en que el dato contable fue aportado por la empresa mediante un documento unilateral, no pasando por organismo alguno.

Dicha adición no puede ser acogida, porque pretende con la incorporación al relato de un hecho negativo, (obstrucción negativa); lo que está vetado a efectos de revisión fáctica de la sentencia en el recurso de suplicación.

= Mediante el Segundo de los motivos, la parte actora recurrente interesa la revisión del Fundamento de Derecho cuarto de la sentencia, poniendo de manifiesto que comparte la calificación del Despido como nulo, petición principal de su demanda; y que comparte los tres primeros párrafos, para pasar a realizar una valoración en detalle de los extremos que se contiene en su escrito, al que nos remitimos, y llegar a sus propias conclusiones.

El motivo debe ser inadmitido de plano, por cuanto el recurso se contrae a la revisión de los hechos probados, no a una nueva valoración de los fundamentos de la Sentencia recurrida, sin denuncia alguna de precepto infringido, y con cuya conclusión final muestra su conformidad.

= En el Tercero y último de los motivos, la parte actora recurrente, refiere que tras la notificación de la Sentencia, la empresa ha seguido coaccionando o presionando, y vulnerando los derechos de defensa ante las actuaciones de la empresa, pretendiendo la incorporación de tres documentos, que la sala ha inadmitido mediante Auto de fecha 6 de Marzo de 2023 al que nos remitimos.

Por todo lo expuesto el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora debe ser desestimado.

QUINTO.- Motivos articulados por la parte demandada recurrente denunciando la infracción de normas y Jurisprudencia.

= Mediante el Tercero de los motivos, denuncia la parte demandada recurrente la infracción del art.9.2. del RD 1382/1985, de 1 de agosto y la doctrina del Tribunal Supremo emanada de las Sentencias de 24 de mayo de 2011 y 9 de diciembre de 2009.

Alega en apoyo de dicho motivo, que la infracción se produce al considerar que la relación del demandante que abarcó desde el 1 de julio de 1998 hasta el 11 de octubre de 2017, fecha de la Junta General en que fue nombrado administrador mancomunado según refleja el Hecho Probado Segundo, quedó suspendida cuando ostentó simultáneamente la condición de socio, administrador y gerente, volviendo a reactivarse tras su cese del órgano de administración, en previsión de lo que se regula en el artículo 9.2 del RD 1382/1985; y que dicho precepto no es aplicable desde el momento en que la relación surgida tenía naturaleza mercantil; que la aplicación de la Doctrina contenida en las STS citadas, lleva a la conclusión de que la relación previa al nacimiento de su vínculo societario, quedó extinguida y por lo tanto su antigüedad, no puede ser la recogida en el hecho probado primero de la sentencia, sino a lo sumo desde la hipótesis del nacimiento de un nuevo vínculo, desde el 14 de enero de 2022, fecha de su cese como socio y miembro del órgano de administración.

- La cuestión que se suscita en el presente motivo se centra, en si la relación laboral ordinaria por cuenta ajena que inicialmente mantenía el actor con la empresa demandada desde el 1.07.1998 quedó extinguida o suspendida con fecha 5.07.2017, cuando adquirió la triple condición de socio, administrador y gerente.

= Conforme se afirma en la STS de 24 de mayo de 2011, dictada en el Rec.1427/2010, sentencia citada por el recurrente, en la que se analiza el supuesto de un trabajador por cuenta ajena con una relación común, que pasa a firmar un contrato de alta dirección y a desempeñar el cargo de administrador único de la sociedad, se afirma con cita de la S de 9 de diciembre de 2009, recurso 1156/09, que el nacimiento del vínculo societario supone la extinción del previo laboral; al contrario de lo que puede suceder entre la relación de alta dirección y la relación laboral común.

- Esta Sala ha entendido y así lo ha hecho constar al resolver el motivo principal del recurso de la empresa recurrente (motivo que ha sido desestimado por las razones expuestas) en relación a la Incompetencia de Jurisdicción, que la relación del actor con la empresa demandada, desde el 5.07.2017, hasta el 13 de enero de 2022, fue de naturaleza mercantil de alta dirección (compraventa de participaciones sociales por HERGOVISA SAU a MAVIMA SL), transformada en relación laboral común, por novación contractual desde aquel momento, ejerciéndose por el actor a partir de entonces funciones temporales de gerente, supervisadas por parte del nuevo gerente de la sociedad compradora.

= En aplicación de la Doctrina Jurisprudencial trascrita, debemos afirmar que la relación laboral ordinaria previa que mantuvo el actor con la empresa demandada, quedó extinguida, cuando pasó a ser de naturaleza mercantil, pasando a ser laboral con carácter ex novo cuando se produjo la referida novación contractual.

La Sala entiende que en principio, no se ha producido en la sentencia recurrida, la infracción del Art. 9.2 del RD1382/1985 de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, porque del Fundamento de Derecho quinto de la misma se deduce que la referida afirmación se realiza exclusivamente a los meros efectos o en relación a que el despido se hubiera declarado improcedente, consideraciones que se realizan como mera hipótesis anudadas precisamente a una declaración que finalmente no se ha producido

= En cualquier caso, debe estimarse el motivo examinado; estableciendo que al quedar la relación laboral previa extinguida, (lo que la parte demandada sostuvo en el acto del juicio, en contra de lo afirmado al respecto por la parte actora en la impugnación del recurso) el 14 de enero de 2022, es la fecha de antigüedad del actor.

SEXTO.- Mediante el cuarto de los motivos, la parte demandada recurrente , denuncia la infracción del art. 1.2 del RD 1382/1985 de 1 de agosto, al no considerarse como relación laboral de alta dirección el vínculo que pudo surgir el 14 de enero de 2022 tras el cese del demandante como administrador de TALLERES MAVIMA SL, y la pérdida de su condición de socio el 13 de enero de 2022 tras la venta de sus participaciones sociales.

El presente motivo ha quedado resuelto en sentido desestimatorio, en el Fundamento de derecho segundo de la presente resolución al analizar la excepción de incompetencia de la jurisdicción social para el conocimiento de la cuestión litigiosa.

Nos remitimos al contenido del mismo para evitar reiteraciones, destacando del mismo los extremos siguientes:

"... Desde el día de la compraventa de participaciones social por Hergovisa, el actor fue cesado como socio y administrador, y las funciones que pudiera haber realizado como gerente estaban bajo la supervisión del nuevo gerente Sr. Jesús Luis, que se presentó a los socios en la referida condición al día siguiente de la compraventa de acciones; operada la novación contractual el día 21 de enero de 2022, pasó a prestar servicios envirtud de contrato indefinido y a tiempo completo con categoría profesional de vendedor/viajante y salario bruto mensual neto de 2.500 €, quedando encuadrado en el Régimen General como trabajador por cuenta ajena; y en dicha condición, fue despedido el día 31 de enero de 2022, por incumplimiento contractual grave, conforme a lo dispuesto en el art. 54.2.d) del ET .... la anterior relación mercantil del actor en la empresa demandada, es ajena a la competencia de la Jurisdicción social para conocer del despido disciplinario impugnado, cuando ya había adquirido la condición de trabajador por cuenta ajena; sin que en consecuencia se haya producido infracción del Art. 1.3.c) del ET en relación al art. 1.1 del mismo texto legal , ni de la Doctrina Jurisprudencia de la Teoría del doble vínculo..."

Por lo expuesto, el motivo debe ser desestimado.

SEPTIMO.- Mediante el quinto de los motivos, la parte demandada recurrente, de modo subsidiario y para el caso de que se mantenga la existencia de una relación laboral, ordinaria o especial, denuncia la infracción del Art. 55.5 del ET y del Art. 108.2 de la LRJS, en relación con el Art. 24.2 CE, en cuanto a la calificación del despido como nulo por vulneración de la garantía de indemnidad del demandante.

Alega la parte recurrente en apoyo del presente motivo, que el hecho probados cuarto, el fundamento de derecho cuarto, y el hecho probado decimosegundo de la sentencia, que sirven de pilares del presunto acoso al demandante son desarbolados por la propia Sentencia, reseñando, que responden a pactos previos (en relación con la modificación de condiciones laborales y baja voluntaria) y con un episodio del cierre de un despacho motivado porque el nuevo Gerente cerró el día anterior y cuando el demandante llegó al centro de trabajo, aquél no había llegado aún al tener que desplazarse desde su lugar de residencia (Bilbao) hasta Logroño; y que a pesar de lo anterior, la Juzgadora 'a quo' califica el despido como nulo y el único motivo para hacerlo se sustenta en los correos electrónicos remitidos por el Letrado del demandante de cuya lectura se desprende que son una reiteración de la demanda; y que no sólo la parte actora no ha aportado indicios suficientes, sino que la misma Juzgadora 'a quo' dar por acreditados los hechos motivadores del despido.

1- Conforme a la Doctrina Jurisprudencial recogida en STS como la de 15 de noviembre de 2022 Rec: 2645/2021, debemos partir de que: "... 5.- Reiterada doctrina constitucional sostiene que " la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero - o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre, FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ...

Sin embargo, " ...para que opere el desplazamiento hacia el empresario de la carga de prueba, no basta simplemente con que el trabajador afirme la vulneración de la garantía de la indemnidad (o de cualquier otro derecho fundamental), sino que ha de acreditar un indicio o -sin que proceda realizar mayores precisiones- un principio de prueba que permita deducir que aquella vulneración se puede haber producido (se remite, por ejemplo, a las SSTS 26 de abril de 2018, rcud 2340/2016 , y 22 de enero de 2019, rcud 3701/2016 )". .... El Art 17.1 ET establece expresamente que serán "nulas" las decisiones del empresario que supongan un trato "desfavorable" a los trabajadores como "reacción ante una reclamaciónefectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial.... Y, por lo que se refiere, a la prueba de indicios y a la distribución de la carga probatoria, los arts. 96.1 y 182.1 LRJS disponen que, ante la concurrencia de "indicios" de que se ha producido la vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, "corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad" ( STS de 20 de octubre de 2021, Rec: 87/2021 entre otras)

2- En el supuesto enjuiciado, del relato fáctico de la Sentencia recurrida, (HP duodécimo) se desprende, que: Tras la compraventa de participaciones, el 14 de enero de 2022, se incorporó el nuevo gerente Sr. Jesús Luis; mientras asumía plenamente sus funciones compartió despacho con el actor, ocupando el que venía siendo utilizado por éste como director gerente.

El 27.01.2022, el actor se encontró el despacho cerrado a primera hora de la mañana al ir a iniciar su jornada. (el despacho lo había cerrado el día interior D. Jesús Luis, que cada día se desplazaba al centro de trabajo desde su lugar de residencia (Bilbao) que no había llegado a la empresa);

A partir de entonces el actor se instaló en despacho ajeno.

A las 11.53 de ese día el abonando del actor remitió en nombre del actor a D. Jesús Luis, email, requiriendo cesaran en actuaciones desplegadas para con él en relación a conflictos habidos en las últimas semanas, tratando de modificar de modo muy sustancial sus condiciones contractuales, degradándolo de categoría con una reducción de salario y, en ese día, impedido el acceso a su despacho y entrar en su ordenador, habiendo cambiado las claves de correo... lo que consideraba constituía un acoso laboral inadmisible.

D. Jesús Luis contestó al anterior por la misma vía a las 12.25 horas diciendo que si hasta entonces habían compartido el despacho, consideraba que por motivos de su actividad ahora no era compatible y se le había propuesto otra ubicación, teniendo a su disposición el ordenador que él no utilizaba, manteniendo sus cuentas de correo, habiendo sólo modificado las que no eran de su jurisdicción, genéricas de talleres Mavima, no considerando pueda afirmarse que su actuación pudiera ser considerada constitutiva de acoso. Negando que hubiera tenido impedido el acceso al despacho, estando las llaves en la puerta como de costumbre, habiendo sido él que declinó utilizarlo para curso de formación, que hizo en otra ubicación.

El email anterior fue contestado por el letrado del actor el 28.01.2022 solicitando aclaración sobre la situación del actor tras la compraventa de participaciones, reiterando su solicitud de que cesara el acoso.

Siguiendo la cadena de correos y el 31.01.2022 D. Severiano (que ostenta la condición de letrado colegiado en Palencia) remitió un email al letrado del actor solicitando que para tratar cualquiera tener sobre el actor se dirigiera a su despacho.

- El día 31 de enero de 2022, a los cuatro días de la primera comunicación del actor a D. Jesús Luis, a los dos días de contestar el letrado del actor a D. Jesús Luis; y el mismo día en el que el letrado de la parte demandada solicita a este último que para tratar cualquier asunto sobre el actor se dirigiera a su despacho) la empresa comunica su despido al actor, mediante carta con fecha de efectos del mismo día en base a un incumplimiento contractual grave y culpable, dando lugar a una falta en materia laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.2 d) del ET.

Falta, en base a un hecho que se remonta a marzo de 2021, cuando el actor mantenía con la empresa demandada una relación mercantil de alta dirección.

Por ello, entendemos al igual que la Juzgadora de instancia, que las reclamaciones formuladas a partir del día 27 de enero de 2022 por el letrado del actor en su representación, denunciando acoso y reivindicación de sus condiciones laborales, suponen o constituyen indicio de la vulneración de derechos fundamentales en su versión de garantía de indemnidad, sin que los hechos en que se fundamenta el despido disciplinario del actor desvirtúen su valor.

Es evidente que el despido disciplinario fue una reacción inmediata a las referidas reclamaciones, en represalia de las mismas; máxime cuando el día en que se produce el mismo, ya había comunicado el Letrado de la empresa al del actor que para cualquier tema se dirigiera a su despacho.

Como hemos apuntado, el despido disciplinario se funda en un hecho que se remonta a marzo de 2021, consistente en la inasistencia del actor a dos cursos de formación de la marca concesionaria DAF, que se decía obligatoria (términos de la sentencia en el HP octavo) en el curriculum de los Jefes de Venta, que fue comunicada inmediatamente a la empresa (HP noveno), e impedía que por la misma se accediera al bonus y perdiera eventualmente la concesión, lo que finalmente no ocurrió, como consta en el HP decimotercero de la Sentencia, del que se deduce, que: "Asumida la gestión de la demandada por la nueva propiedad, conoció ésta que no se habían alcanzado todos los ítems que daban derecho a percibir el bonus de 2021 y gestiones realizadas por la anterior propiedad pese a ello para su cobro. Fruto de posterior negociación con la marca han conseguido percibir el mismo con nuevas condiciones a cumplimentar en 2022."

Al margen de lo anterior, lo cierto es que el despido se produjo transcurridos al menos nueve meses del conocimiento por la empresa de los hechos que motivaran el mismo; debiendo tenerse en cuenta que la demanda se dirige a la empresa anterior MAVIMA, que posteriormente vendió sus participaciones sociales a Hergovisa, ocultando dicho hecho.

Ambas sociedades son una, después de la transmisión, (fusión por absorción) y la personalidad jurídica la misma, por lo que, compartimos plenamente con la Sentencia recurrida, cuando en su FD cuarto afirma: "...si el conocimiento por la nueva propiedad de estos hechos hubo de producirse necesariamente después del 14.01.2022 cuando tomaron posesión de la empresa, no se ha aportado prueba concreta alguna sobre el día concreto en que supieron del caso y si ello aconteció antes o después del desencuentro sobre nuevas condiciones laborales del actor, en orden de desvirtuar el valor de indicio de los hechos invocados al efecto por la contraparte, más aun considerando que la falta que hubiera podido cometer el actor estaba entonces ya prescrita y, por ende, carecía de eficacia para justificar la decisión extintiva de la empresa, por cuanto los hechos se cometieron más allá del período de prescripción larga de seis meses que en estos casos permite retrotraer la norma ( art. 60.2 ET ) pues ya desde la comunicación informando de su impartición se indicaba de su obligada realización, con las consecuencias que en caso contrario podían derivar y que esa era la única convocatoria que iba a haber (excepción invocada por el actor en juicio y de la que se dio traslado a la contraparte para alegaciones ), sin que las circunstancias del caso permitan aplicar la doctrina que computa ese plazo desde que cesó esa ocultación, pues ninguna hubo cara a la empresa en el momento de su comisión, siendo vicio de consentimiento que en su caso pueda afectar a la validez de la compraventa, la ocultación a la nueva propiedad que al respecto ha trascendido...."

Por todo lo expuesto debemos concluir que el despido del actor debe calificarse nulo por vulneración de derechos fundamentales en su versión de garantía de indemnidad; como decisión de la empresa ante las reclamaciones efectuadas por aquél frente a la misma, y que correspondiendo a la empresa demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida adoptada y de su proporcionalidad, no lo ha logrado, a lo que se añade que la falta que motivara el despido disciplinario del actor esta prescrita.

La Sentencia recurrida no ha infringido los art. citados por la parte recurrente ( Art.55.5 del ET y 108.2 de la LRJS; tampoco ha infringido el art. 55.4 del ET en relación al art. 54.2 d), ni el art. 60.2 del ET.

= En consecuencia de lo anterior, la sala en este mismo fundamento, da respuesta desestimatoria asimismo, a los motivos sexto y séptimo del recurso examinado; en los que la parte recurrente denuncia respectivamente la infracción del Art. 55.4 del ET y el Art. 108.1, 2º de la LRJS en relación con el art. 54.2 d) del ET, en solicitud de que se declare el despido procedente; y el Art.60 del ET, en relación con el Art. 13 del RD 1382/1985.

OCTAVO.- Mediante el octavo de los motivos del recurso, la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 11.2 del RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del personal de Alta Dirección; de forma subsidiaria y para la hipótesis de que no se acogiera la naturaleza mercantil de la relación contractual y se mantuviera la calificación de nulidad del despido, las consecuencias del mismo deben ser las previstas en el artículo 11.2 RD 1382/1985.

Alega la parte al respecto, que la resolución de instancia no acoge tal precepto en su Fundamento de Derecho Quinto, considerando de aplicación el artículo 55 E.T. al entender la catalogación no es correcta como se ha expuesto en los motivos Primero y Cuarto del presente recurso, al que nos remitimos a efectos de evitar reiteraciones; insistiendo en que la sentencia resulta incongruente, por cuanto para las consecuencias del despido mantiene las condiciones salariales en la cuantía que percibía el demandante cuando era socio, gerente y administrador y no hace mención expresa a la categoría en que se debe reincorporar al trabajador, ya que si fuera como gerente, se debería entender la relación como alta dirección y aplicar el artículo 11.2 RD 1382/1985 para las consecuencias del despido nulo, pero si fuera como empleado ordinario según el pacto de novación alcanzado que se da por probado, los salarios de tramitación se deberían haber cuantificado en el nuevo salario pactado en el acuerdo de 24 de enero de 2022.

- El motivo debe de prosperar exclusivamente en cuanto al extremo relativo a las consecuencias del despido nulo a los efectos de la readmisión del actor, debiéndose estar en cuánto al salario regulador, al pactado en el acuerdo de 24 de enero de 2022, (HP cuarto de la Sentencia recurrida) momento en que nace la relación laboral común del actor con la empresa, pasando a prestar servicios en virtud de contrato indefinido y a tiempo completo con categoría profesional de vendedor/viajante y salario bruto mensual neto de 2.500 € que incluía: salario base mensual conforme categoría y tablas salariales de convenio de aplicación (1.173Ž91 € brutos), plus carencia de incentivos, complemento de antigüedad o plus convenio según convenio de aplicación, dos pagas extras según convenio prorrateadas mensualmente y complemento a líquido hasta alcanzar salario total pactado.

NOVENO.- Sin imposición de las costas causadas ( Art. 235 de la LRJS)