Sentencia Supranacional Nº C-81/05, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 07 de Septiembre de 2006

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  • Orden: Supranacional
  • Fecha: 07 de Septiembre de 2006
  • Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
  • Ponente: Colneric
  • Núm. Sentencia: C-81/05
  • Núm. Cendoj: 62005CJ0081
Resumen:

Petición de decisión prejudicial: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - España. # Política social - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Directiva 2002/74/CE - Indemnización por despido acordada en acto de conciliación - Pago asegurado por la institución de garantía - Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial.

Doctrina:Tissandier, Hélène: L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2007 p.21-22Conti, Roberto ; Foglia, Raffaele: Indennità per licenziamento irregolare e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, Il Corriere giuridico 2006 p.1757-1759De la Puebla Pinilla, Ana: Indemnizaciones por despido y FOGASA: divergencias con la doctrina comunitaria (Comentario a la STJCE de 7 de septiembre de 2006, asunto Cordero Alonso), Revista de Derecho Comunitario Europeo 2006 p.577-592Cavallini, Joël: Le mécanisme de garantie des créances salariales doit respecter le principe général d'égalité, La semaine juridique - Social 2006 nº 1816 p.31-32Mak, Chantal: European Review of Contract Law 2007 Vol.4 p.432-438Kocher, Eva: Allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen mitgliedstaatlichen Verfassungen und Gemeinschaftsrecht - Die Fogasa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2007 p.169-173Sarazá Jimena, Rafael: Primacía del Derecho comunitario, derechos fundamentales y sistema constitucional español (comentario a la STJCE de 7 de septiembre de 2006, asunto C-81/05, caso Cordero Alonso), Poder Judicial 2006 nº 82 p.11-52Ricci, G.: Il Foro italiano 2007 IV Col.326-327Winter, Regine: Unterschiedliche Auslegung von Grundrechten durch EuGH und nationales Verfassungsgericht ("Cordero Alonso"), Juris Praxis Report - Arbeitsrecht 2006 No. 48 Anmerkung 1


Encabezamiento

En el asunto C‑81/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante resolución de 28 de enero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 2005, en el procedimiento entre

Anacleto Cordero Alonso

y

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Tizzano;

Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

– en nombre del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), por la Sra. A. García Trejo, Letrado habilitado de la Abogacía del Estado;

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. E. Braquehais Conesa, en calidad de agente;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. G. Rozet y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de abril de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión original (en lo sucesivo, «Directiva 80/987»), así como en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987 modificada»).

2. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «Fogasa»), relativo a la negativa de éste a pagar a aquél, en virtud de su responsabilidad subsidiaria, una indemnización por despido.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 80/987 dispone que «la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2».

4. El artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva precisa que ésta no afectará al Derecho interno en lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido» y «derecho en vías de adquisición».

5. El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva establece:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio del artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente al período anterior a una fecha determinada.»

6. Según el artículo 4 de la Directiva 80/987, los Estados miembros tendrán la facultad de restringir la obligación de pago de las instituciones de garantía, prevista en el artículo 3 de esa misma Directiva, limitándola a la retribución correspondiente a un determinado período o fijando un tope.

7. El artículo 9 de la citada Directiva dispone que ésta «no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores asalariados».

8. Conforme al artículo 10, letra a), de la misma Directiva, ésta no afectará a la facultad de los Estados miembros «de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos».

9. El tenor del artículo 3 de la Directiva 80/987 modificada es el siguiente:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno.

Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía serán las remuneraciones impagadas correspondientes a un período situado antes o, en su caso, después de una fecha determinada por los Estados miembros, o antes y después de la misma.»

10. Conforme a su artículo 3, la Directiva 2002/74 entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el 8 de octubre de 2002.

11. El artículo 2 de dicha Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 8 de octubre de 2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Aplicarán las disposiciones previstas en el primer párrafo a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»

Normativa nacional

12. El artículo 14 de la Constitución Española establece el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

13. El artículo 26, apartados 1 y 2, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Estatuto de los Trabajadores, BOE nº 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión modificada por la Ley 60/1997, de 19 de diciembre de 1997 (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 1997, p. 37453) (en lo sucesivo, «Estatuto de los Trabajadores»), dispone:

«1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. [...]

2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.»

14. El artículo 33, apartados

Fundamentos

En el asunto C‑81/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante resolución de 28 de enero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 2005, en el procedimiento entre

Anacleto Cordero Alonso

y

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Tizzano;

Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

– en nombre del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), por la Sra. A. García Trejo, Letrado habilitado de la Abogacía del Estado;

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. E. Braquehais Conesa, en calidad de agente;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. G. Rozet y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de abril de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión original (en lo sucesivo, «Directiva 80/987»), así como en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987 modificada»).

2. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «Fogasa»), relativo a la negativa de éste a pagar a aquél, en virtud de su responsabilidad subsidiaria, una indemnización por despido.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 80/987 dispone que «la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2».

4. El artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva precisa que ésta no afectará al Derecho interno en lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido» y «derecho en vías de adquisición».

5. El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva establece:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio del artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente al período anterior a una fecha determinada.»

6. Según el artículo 4 de la Directiva 80/987, los Estados miembros tendrán la facultad de restringir la obligación de pago de las instituciones de garantía, prevista en el artículo 3 de esa misma Directiva, limitándola a la retribución correspondiente a un determinado período o fijando un tope.

7. El artículo 9 de la citada Directiva dispone que ésta «no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores asalariados».

8. Conforme al artículo 10, letra a), de la misma Directiva, ésta no afectará a la facultad de los Estados miembros «de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos».

9. El tenor del artículo 3 de la Directiva 80/987 modificada es el siguiente:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno.

Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía serán las remuneraciones impagadas correspondientes a un período situado antes o, en su caso, después de una fecha determinada por los Estados miembros, o antes y después de la misma.»

10. Conforme a su artículo 3, la Directiva 2002/74 entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el 8 de octubre de 2002.

11. El artículo 2 de dicha Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 8 de octubre de 2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Aplicarán las disposiciones previstas en el primer párrafo a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»

Normativa nacional

12. El artículo 14 de la Constitución Española establece el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

13. El artículo 26, apartados 1 y 2, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Estatuto de los Trabajadores, BOE nº 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión modificada por la Ley 60/1997, de 19 de diciembre de 1997 (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 1997, p. 37453) (en lo sucesivo, «Estatuto de los

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1) Cuando un Estado miembro ya reconocía en su legislación interna, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE, el derecho del trabajador a obtener la protección de la institución de garantía para el caso de insolvencia empresarial en relación con una indemnización por extinción de contrato, la aplicación de dicha legislación en los casos en que la insolvencia del empresario se haya producido después de la entrada en vigor de esta Directiva está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74.

2) En el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, el principio general de igualdad, tal y como se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, exige que cuando, según una normativa nacional como la que es objeto del litigio principal, en caso de insolvencia del empresario, la institución de garantía se haga cargo del pago de las indemnizaciones legales debidas por la finalización del contrato de trabajo establecidas por una sentencia judicial, las indemnizaciones de la misma naturaleza reconocidas en un acuerdo entre trabajador y empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial deben recibir el mismo trato.

3) El juez nacional debe dejar sin aplicar una norma interna que, vulnerando el principio de igualdad, tal y como éste se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, excluye que la institución de garantía competente se haga

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