ACUERDO MARCO POR LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Resolución de 22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública

En Madrid, a 27 de noviembre de 2025.

REUNIDOS

De una parte, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, en representación del Gobierno de España,
Y de otra, Isabel Araque Lucena en representación de UGT-Servicios Públicos y Miguel Borra Izquierdo en representación de CSIF.

MANIFIESTAN

El Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo Marco expresan su voluntad conjunta de establecer una hoja de ruta compartida para impulsar un empleo público estable, profesional y de calidad, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros de las Administraciones Públicas. Ambas partes se comprometen a trasladar este acuerdo a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y a cuantos ámbitos resulten procedentes, a fin de garantizar su adecuada negociación y desarrollo conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ( TREBEP) y a la normativa vigente.
Las Administraciones Públicas atraviesan un periodo de profundas transformaciones marcado por la necesidad de reforzar su capacidad institucional, garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, reducir la temporalidad, afrontar un relevo generacional sin precedentes, mejorar la planificación estratégica de los recursos humanos y avanzar hacia un modelo de administración moderna, accesible, cohesionada e igualitaria. Todo ello en un contexto de cambios tecnológicos acelerados, nuevas expectativas ciudadanas y compromisos europeos en materia de digitalización, estabilidad presupuestaria, igualdad, accesibilidad y calidad del servicio público.
Las partes firmantes reconocen y ponen en valor el papel esencial que desempeñan las empleadas y los empleados públicos en la cohesión social, la calidad democrática y el sostenimiento del Estado del bienestar. Su labor cotidiana, en ámbitos tan diversos como la atención a la ciudadanía, la gestión de políticas públicas o la respuesta ante situaciones de emergencia, requiere que sus funciones se desarrollen en un marco de estabilidad, reconocimiento profesional y garantías adecuadas. Por ello, este acuerdo establece compromisos orientados a fortalecer la seguridad en el empleo, impulsar itinerarios de carrera y promoción acordes con sus expectativas profesionales, fijar unas condiciones retributivas dignas y alineadas con la responsabilidad de sus tareas, y consolidar un sistema de formación continua y actualizado. Del mismo modo, se reafirma la protección de sus derechos fundamentales en un entorno de igualdad, salud laboral y bienestar, garantizando que el servicio público se preste en condiciones que refuercen la confianza ciudadana y la excelencia institucional.
Las partes firmantes comparten, además, el compromiso de favorecer la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad en ambos ámbitos, entendiendo que el equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las necesidades personales y familiares constituye un elemento esencial para el bienestar, la igualdad real y la calidad del empleo público. Este principio orientará la modernización organizativa y la planificación de recursos humanos, promoviendo entornos laborales que permitan desarrollar la función pública en condiciones compatibles con un proyecto vital digno y sostenible.
El proceso de digitalización del sector público constituye uno de los ejes centrales de esta transformación. La incorporación de tecnologías emergentes, como la automatización inteligente, el análisis avanzado de datos y, de forma destacada, la inteligencia artificial, está modificando de manera profunda los métodos de trabajo, la organización administrativa y la relación entre ciudadanía y Administración. Para que esta transición se realice con éxito, resulta imprescindible reforzar las competencias digitales de las empleadas y los empleados públicos, garantizando su capacitación continua, su adaptación al cambio tecnológico y el uso responsable, ético y seguro de estas herramientas. Del mismo modo, es necesario evitar que la digitalización genere brechas de acceso o de atención para que los servicios públicos sigan prestándose con criterios de universalidad, equidad y calidad en todo el territorio.
En este sentido, el presente acuerdo Marco impulsará un Plan de Competencias Digitales para las Administraciones Públicas, así como una línea específica en inteligencia artificial que garantice conocimientos transversales, y la prevención de riesgos éticos y jurídicos orientados a una Administración digital y centrada en la ciudadanía. En definitiva, la digitalización debe ser, al mismo tiempo, una herramienta de modernización y una garantía de derechos: solo reforzando la cualificación del personal público se logrará una administración más eficiente, accesible, transparente y orientada a resultados.
Asimismo, el Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes coinciden en que la mejora de los servicios públicos exige reforzar la atención directa a la ciudadanía, promoviendo modelos organizativos más cercanos, ágiles y equitativos. Para ello, se apuesta por una planificación adecuada de recursos humanos, por la creación y consolidación de oficinas de atención ciudadana accesibles digital y presencialmente, y por una distribución territorial equilibrada que garantice la misma calidad del servicio con independencia del lugar de residencia. La territorialización de los procesos y servicios constituye un instrumento para acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar la eficiencia y la accesibilidad del servicio público, favoreciendo la cooperación entre las administraciones.
Una Administración moderna es, necesariamente, una Administración igualitaria. Por ello, la igualdad y la no discriminación constituyen pilares esenciales del presente acuerdo. Las Administraciones Públicas deben ser ejemplo en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de las brechas retributivas, la prevención de cualquier tipo de acoso, la protección frente a la violencia de género y la garantía de condiciones de trabajo inclusivas para las personas LGTBI+ y las personas con discapacidad.
Asimismo, las partes reconocen la importancia de la materia de salud laboral y bienestar, así como de los riesgos psicosociales emergentes, y la necesidad de prevenir condiciones de trabajo adversas, incluidas las derivadas de fenómenos climáticos extremos. El acuerdo impulsa políticas preventivas integrales, refuerza los servicios de prevención y consolida la salud laboral como un eje estratégico de los recursos humanos.
El presente acuerdo Marco se articula además como un instrumento de planificación a medio plazo, que incorpora medidas para el diseño de procesos selectivos más ágiles, objetivos y homogéneos, para fortalecer la promoción interna, para avanzar en la clasificación profesional y para mejorar la provisión de puestos de trabajo, y continuar generando empleo estable de calidad.
Con el fin de asegurar la adecuada implantación de todas las medidas previstas, el acuerdo refuerza los mecanismos de gobernanza, seguimiento y evaluación mediante la creación de una comisión específica y el fortalecimiento del Observatorio del Empleo Público, que contará con funciones en materia de digitalización, igualdad, planificación, e identificación y análisis de nuevos perfiles y necesidades competenciales. El cumplimiento de los compromisos adquiridos requiere coordinación, transparencia y previsión, y este acuerdo prevé la conformación de grupos de trabajo específicos para garantizarlo.
Por último, el acuerdo incorpora una serie de medidas encaminadas a la mejora de las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos, así como un incremento salarial en sus retribuciones orientado a actualizar sus salarios y mantener su poder adquisitivo.
En virtud de todo lo anterior, Gobierno y organizaciones sindicales suscriben este Acuerdo Marco, convencidos de que representa un paso decisivo para consolidar una Administración moderna, profesional, orientada al servicio público y capaz de afrontar con garantías los retos presentes y futuros.

ACUERDAN