Anuncio de notificacion - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 04-05-2007

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  • Ámbito: Ceuta
  • Boletín: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta Número 4631
  • Fecha de Publicación: 04/05/2007

No siendo posible practicar la notificación a D.ª JULIA PASTOR ALVAREZ, en relación con expediente n.º 2 4.483/06, se publica el presente anuncio para acreditar que con fecha 02.03.07., el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juan A. Rodríguez Ferrón, ha dispuesto lo siguiente:

«ANTECEDENTES DE HECHO D.ªJULIA PASTOR ÁLVAREZ, formula reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ciudad por lesiones sufridas como consecuencia de caída en la vía pública, aparentemente debida a la existencia de un punto de alumbrado.

Los hechos relatados tuvieron lugar el pasado 13/12/04, a hora indeterminada, en Paseo de Revellín, altura del establecimiento denominado Supersol.

Acompaña la interesada a su reclamación la siguiente documentación:-/Parte de admisión de Urgencias del Hospital de la Cruz Roja. Diagnóstico médico de fecha 17/12/04 (Dr. De Luque).

Informe alta 23/12/04 Clínica Sagrado Corazón.

 Informe 14/12/05 Clínica de Fisioterapia Campoy.

 Informe médico 15/12/05 (Dr. De Luque).

 Con fecha 06/04/2006, la Consejera de Fomento incoa expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la Ciudad por las lesiones sufridas, designando instructor del expediente.

 La reclamante propone como prueba los testificales de D. Juan Luis Bernal Álvarez, D.ªJuana Catalán García, D.ª Rosario Crespo Fernández y D.ª Pilar Bernal López.

 El Instructor del procedimiento por su Resolución del 19/04/06 acepta las testificales propuestas por la demandante.

 Con fecha 26 y 27 de abril del año en curso compadecen los testigos designados por la interesada a los que se toman declaración que consta en el procedimiento.

 Los Servicios Técnicos de la Consejería de Fomento emiten con fecha 29/09/06 informe n.º 599/06 sobre las características de la vía donde tuvieron lugar los hechos del accidente denunciado.

 El Instructor del procedimiento por su Resolución del 02/10/06 pone de manifiesto el expediente a la interesada concediéndole plazo de audiencia.

 Comparece la denunciante mediante escrito de fecha 23/10/06 reiterando la descripción de los hechos que motivaron el accidente, haciendo además mención expresa a la documentación justificativa de los daños recibidos, que ya consta en el expediente, e igualmente se hace referencia a las testificales presentadas como confirmación de la peligrosidad de los elementos instalados.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La jurisprudencia ha venido entendiendo que la responsabilidad patrimonial queda configurada mediante la acreditación de los siguientes requisitos

a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente, individualizado en relación a una persona o grupo de personas y antijurídico, de forma que si se da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae la obligación de indemnizar;

b) que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los Servicios públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo causal; y

c) que no se haya producido por fuerza mayor.

 En el supuesto que se analiza no alegándose por la administración demandada la fuerza mayor y admitiéndose la existencia de lesiones como consecuencia de una caída, necesariamente debe centrarse el estudio en el nexo causal y la antijuridicidad del daño.

 La reclamante manifiesta que sufrió lesiones que se produjo en una caída al tropezar con un báculo de alumbrado público instalado por la Ciudad en el Paseo del Revellín.

 El espacio público en que tuvieron lugar los hechos relatados aparece descrito por los Servicios Técnicos Municipales como una vía peatonal de quince metros de ancho de fachada a fachada, con una serie de elementos de mobiliario urbano ( papeleras, maceteros, farolas de alumbrado, bancos) instalados de forma alineada y con suficiente espacio de separación entre ellos para permitir el libre y fácil discurrir por la zona.

 El elemento objeto de controversia es un punto de alumbrado de 90 cm., de altura, ubicado en línea con el resto de mobiliario, pensado, en principio, para incrementar la luminosidad de la calle y que con posterioridad fue retirado por innecesario al haberse acordado incrementar el potencial lumínico de los báculos de mayor porte.

 La existencia en la calzada de un punto de alumbrado público, que por otra parte, se encuentra convenientemente homologado según consta en el expediente, no constituye un obstáculo peligroso, no consiste en un elemento extraño a las líneas que forman parte del mobiliario urbano y tenía una licita y evidente finalidad: incrementar la luminosidad de una calle peatonal.

 En efecto, a pesar de lo manifestado por los testificales, no puede afirmarse que dicho báculo fuese un elemento peligroso o que sobresaliese del suelo a una altura indebida que generase un riesgo grave de producción de lesiones, dicho con otras palabras, no puede considerarse suficiente para que sea atribuible a la administración municipal, en relación de causalidad, las consecuencias de un tropezón, pues en este caso todos los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios les serían imputables.

 Por el contrario, en casos como el presente se requeriría para entender la relación de causalidad que hubiera una anormal actuación de los servicios municipales o un comportamiento activo por indebida instalación de los elementos del mobiliario urbano generados de un riesgo grave en relación con los usos normales a efectuar en la vía pública, comportamiento que no ha sido acreditado en el presente supuesto, la finalidad de aportar una mayor iluminación en el Paseo del Revellín en beneficio de todos los ciudadanos, no bastando un mero tropezón para que el ayuntamiento sea responsable de las consecuencia dañosa que se puedan producir sobre las vías y bienes de titularidad municipal.

 Por otra parte, el punto luminoso controvertido no necesita de una especifica señalización, ya que ello podría conducir a situaciones ilógicas como la necesidad de instalar señales de advertencias en todas las instalaciones de mobiliario urbano dispuestas por la Ciudad.

 En definitiva, la luminaria implantada no puede considerarse insalvable y peligrosa con arreglo a criterios de la diligencia media exigibles a todos los peatones en su deambulación por la Ciudad, para provocar la caída que se produjo, atendiendo a factores de adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo lugar, la necesaria atención para caminar por la vía pública exigible a los peatones y el estándar de eficacia que es exigibles a los Servicios públicos municipales, pues, en otro caso, se llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia que excedía de los que comúnmente se reputa obligatorios en la actualidad y convertiría a las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados con independencia del actuar administrativo transformándolo en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico, como ha declarado el Tribunal Supremo en las Sentencias de fecha 5 de junio de 1998 y 13 de septiembre de 2002, pronunciándose en idénticos términos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura del 20 de julio de 2004.

 La competencia en esta materia corresponde al Excmo. Sr. Consejero de Fomento por Decreto de la Presidencia de fecha 16/05/06.

PARTE DISPOSITIVA

Se rechaza la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D.ªJULIA PASTOR ALVAREZ, al no producirse la lesión resarcible como consecuencia de un daño patrimonial objetivamente antijurídico”.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art.107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidadprevistos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo dedos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación, (artículos 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”

Ceuta, a 20 de abril de 2007.- VºBºEL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ªDolores Pastilla Gómez.


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