Quinto.Resolución de 22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública

El Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes reafirman su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y con la garantía de un entorno laboral libre de cualquier forma de discriminación, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en la normativa en materia de igualdad y no discriminación.
Para ello, las Administraciones Públicas realizarán la efectiva y continua implantación y actualización periódica de los planes de igualdad, previa negociación colectiva, en todos sus ámbitos, así como la publicación efectiva y difusión de los mismos. Se impulsará la publicación de los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo comunicados al Registro de Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas. Se impulsarán las medidas necesarias para garantizar la igualdad retributiva real y efectiva, así como para incorporar mecanismos de transparencia salarial que permitan detectar y corregir posibles brechas de género. Se promoverá la creación de una Comisión de Igualdad en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas, con funciones de seguimiento, evaluación y propuesta.
Asimismo, se aprobarán e implantarán protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, garantizando la confidencialidad, la protección y recuperación de las víctimas y la debida diligencia en su tramitación, así como la máxima difusión de dichos protocolos por parte de las Administraciones Públicas.
Además, se aplicarán protocolos integrales de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia de género, asegurando la protección efectiva y la atención integral a las víctimas, la confidencialidad en todo el proceso y la coordinación entre los distintos recursos públicos disponibles. Para la adopción de estos protocolos se garantizará la negociación colectiva, y contemplarán medidas de apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, garantizando una respuesta rápida, segura y con perspectiva de género, así como su amplia difusión en el conjunto de las Administraciones Públicas, y se impulsará la difusión del protocolo de movilidad interadministrativa para mujeres víctimas de violencia de género.
Las partes firmantes se comprometen a impulsar políticas y medidas activas para garantizar la no discriminación de las personas LGTBI+, promoviendo entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad, de acuerdo con los principios de igualdad, dignidad y respeto que rigen el servicio público.
Estas medidas incluirán actuaciones para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación, criterios objetivos en el acceso, promoción y carrera profesional; formación y sensibilización para toda la plantilla; y el fomento de un lenguaje inclusivo. Asimismo, se implantará un protocolo específico frente al acoso y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, garantizando la protección y confidencialidad de las personas afectadas.
Estas políticas se integrarán de manera transversal en la organización y serán objeto de seguimiento, evaluación y actualización periódica para asegurar su eficacia.
Del mismo modo, se garantizará de manera efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso, la carrera profesional y las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas. A tal fin, se reforzarán las medidas que aseguren la accesibilidad universal en los procesos selectivos y en los entornos laborales, la adaptación de los puestos de trabajo, se reforzará el cumplimiento de los cupos de reserva en el empleo público y se promoverán programas específicos de inserción y acompañamiento que faciliten la plena integración y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad en el servicio público.