Sexto.Resolución de 22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública

El Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes coinciden en la necesidad de reforzar la protección integral de la salud laboral en las Administraciones Públicas, abordando de manera específica los riesgos psicosociales, las condiciones de trabajo en situaciones de climatología adversa y otros factores emergentes que afectan al bienestar del personal al servicio del sector público.
Se promoverá una política preventiva activa y coordinada que incorpore los aspectos físicos, psíquicos y sociales de la salud laboral, garantizando condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables, así como el bienestar emocional de las empleadas y empleados públicos. Para ello, las Administraciones deberán mantener actualizados sus planes de prevención de riesgos laborales, con recursos técnicos y humanos suficientes en los servicios de prevención.
Asimismo, se garantizará la protección del personal que presta atención directa a la ciudadanía, mediante la implantación de protocolos frente a agresiones, medidas de apoyo psicológico y mecanismos de seguimiento y acompañamiento posteriores a las situaciones de conflicto o violencia en el entorno laboral.
Se impulsará la incorporación de la perspectiva de salud laboral en la planificación de recursos humanos, en los programas de formación y en la organización del trabajo, promoviendo entornos seguros, inclusivos y adaptados a la realidad climática y tecnológica actual.