Octavo.Resolución de 22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública

El Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes reconocen que el servicio público debe ejercerse con un compromiso integral hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental, y que las instituciones públicas, como prestadoras de servicios a la ciudadanía, han de actuar con ejemplaridad, eficiencia y transparencia, reforzando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del empleo y de los servicios públicos.
En este marco, se impulsarán políticas de responsabilidad social en el sector público orientadas a una gestión sostenible de los recursos, un impacto positivo en el entorno y la mejora del bienestar y desarrollo profesional de las empleadas y empleados públicos. Estas políticas integrarán, entre otros aspectos, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la accesibilidad universal, la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad en ambos ámbitos, y la participación activa en la comunidad, fortaleciendo la legitimidad y calidad institucional. Se fomentará la elaboración de memorias de responsabilidad social en todos los departamentos y organismos públicos.
La Administración promoverá la integración de criterios sociales, laborales y ambientales en la contratación pública, en coherencia con los principios de buen gobierno y transparencia, de modo que los recursos públicos contribuyan de forma efectiva a la igualdad, la sostenibilidad, y la cohesión social.
Asimismo, se fomentará la creación de entornos de trabajo participativos, saludables e inclusivos, que faciliten la conciliación, reconozcan el desempeño del personal y consoliden el bienestar laboral como elemento esencial de la calidad del empleo público.