DECISION 2/2005, de 20 de diciembre de 2005, del Pleno de la Comision Arbitral, dictada en la cuestion de competencia planteada por la Diputacion Foral de Alava con respecto al Proyecto de Ley de Cooperacion para el Desarrollo. - Boletín Oficial del Pais Vasco, de 13-01-2006

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  • Ámbito: País Vasco
  • Boletín: Boletín Oficial del Pais Vasco Número 9
  • Fecha de Publicación: 13/01/2006
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En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a veinte de diciembre de dos mil cinco, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Fernando Luis Ruiz Piñeiro y los Vocales Sres. D. Iñaki Lasagabaster, D. Mario Fernández, D. Edorta Cobreros, D. Fernando Campo, D. Andrés Urrutia y D. José Manuel Castells, ha pronunciado la siguiente

DECISIÓN

En la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Álava, en relación con el artículo 11.2 del Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo (en lo sucesivo, el Proyecto de Ley) presentado en el Parlamento Vasco por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido ponente D. Mario Fernández Pelaz, quien expresa el parecer unánime del Pleno de la Comisión Arbitral.

ANTECEDENTES:

Primero.– Promovida la cuestión de competencia en plazo por la Diputación Foral de Álava ante esta Comisión Arbitral en relación con el artículo y apartado del Proyecto de Ley y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (en adelante LCA), la Mesa ordenó la suspensión de su tramitación.

Posteriormente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 LCA en conexión con el artículo 30 de la propia LCA, la Diputación Foral de Bizkaia compareció como parte, realizando alegaciones.

Segundo.– La Diputación Foral de Álava comienza su impugnación refiriéndose a los artículos 10.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 7.a de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en cuanto reconocen la competencia de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, dentro de las encuadradas como exclusivas, en lo afectante a la "Organización, Régimen y Funcionamiento de sus Órganos Forales", ámbitos en los que corresponden a los Territorios Históricos, según el artículo 8.1 de la Ley antes mencionada, además de las potestades reglamentaria, administrativa y revisora de la vía administrativa, la normativa, "aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con preferencia a cualesquiera otras". Sobre la base de dichos preceptos legales, considera evidente que, posiblemente por un error de formulación, no se respeta el mencionado régimen competencial, en cuanto el artículo 11.2 del Proyecto de Ley, atribuye al Parlamento Vasco el control, entre otras administraciones vascas, de las Diputaciones Forales, en cuanto a la gestión de sus actuaciones en la materia. Continúa señalando que, sin perjuicio de que la Diputación Foral de Álava no tiene inconveniente alguno en participar de sus actuaciones al Parlamento Vasco, ni que éste realice las tareas de impulsión de la coordinación de la misma con el resto de las instituciones, las funciones de control de las Diputaciones Forales competen en exclusiva a las Juntas Generales, de conformidad con el artículo 4.2 de la Norma Foral de Organización Institucional del Territorio Histórico de Álava de 8 de marzo de 1983, que, junto a otras funciones, atribuye a éstas el "impulso y control" de la Diputación Foral. Concluye solicitando se dicte la oportuna Decisión en la que se determine que el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno Vasco al Parlamento modifica y afecta a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales, de acuerdo con las determinaciones del Estatuto de Autonomía y Ley 27/1983, de 25 de noviembre.

Tercero.– Con fecha de 25 de noviembre del corriente año, la Diputación Foral de Bizkaia comparece en la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Álava, solicitando se dicte por la Comisión Arbitral la oportuna Decisión en cuya virtud se establezca que el artículo 11.2 del Proyecto de Ley vulnera la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales contenida en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. En el mencionado escrito se entiende que el repetido artículo 11.2 del Proyecto de Ley vulnera lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero de Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia –que pertenece al núcleo foral intangible y por ello indisponible tanto para los poderes estatales como autonómicos–, que atribuye el control de la Diputación Foral de Bizkaia a las Juntas Generales de Bizkaia.

Cuarto.– Con fecha de 2 de diciembre del año en curso, la Diputación Foral de Gipuzkoa formula alegaciones solicitando de la Comisión Arbitral declare que el artículo 11.2 del reiterado Proyecto de Ley modifica y afecta a la distribución competencial entre las Instituciones Comunes y Forales de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley 27/1983, de 25 de noviembre. Para fundamentar dicho criterio, comienza señalando que el Territorio Histórico de Gipuzkoa tiene una organización parlamentaria típica, en la que las Juntas Generales son el Parlamento de Gipuzkoa, de conformidad con el artículo 4.1 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, citando así mismo la Normal Foral 17/1990, de 26 de diciembre, que, junto con la anterior, forman parte de lo que se ha venido en llamar el núcleo intangible de la foralidad. En base a dichas normas y a lo que resulta de los artículos 2 y 14 del Proyecto de Ley, concluye que si los Territorios Históricos tienen atribuida la facultad de ejecutar los programas y acciones de cooperación al desarrollo que estimen oportunos, una vez aprobados, el seguimiento y control sobre la gestión de los mismos corresponde sólo y en exclusiva a las Juntas Generales, señalando que atribuir al Parlamento Vasco la facultad de controlar la gestión de las diferentes Administraciones Públicas vascas constituye una clara extralimitación, debiendo precisarse que podrá realizar un seguimiento y control de los programas y acciones, en su caso, únicamente en lo que se refiere a la observancia de los principios, objetivos y prioridades de la política de cooperación para el desarrollo que establece el Proyecto de Ley, pero no el control de las acciones de cooperación para el desarrollo en el forma genérica en que se formula en el párrafo 2 del artículo 11 del Proyecto de Ley.

Quinto.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2005, evacuando el traslado conferido al efecto, presenta escrito de alegaciones, por virtud del cual solicita de la Comisión Arbitral la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta que se materialice la satisfacción de la pretensión de la Diputación Foral de Álava, en la línea de la transacción que se quiere alcanzar mediante la presentación de una enmienda consensuada con dicha Diputación o se produjera el desistimiento de la misma y, con carácter subsidiario se declare que el artículo 11.2 del Proyecto de Ley no modifica ni afecta a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales de acuerdo con las determinaciones de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, ni vulnera la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales. En su alegación única, el representante de la Comunidad Autónoma del País Vasco pone de manifiesto que para "mejorar la redacción" del apartado 2 del artículo 11 del citado Proyecto de Ley, con ánimo de evitar un conflicto que no es real, porque no se encuentra en el espíritu de la norma proyectada que el Parlamento Vasco ejerza una función de control de las Administraciones Públicas, los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno presentarán una enmienda para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la Diputación Foral que evitaría el procedimiento ante la Comisión Arbitral, adjuntando como documentos anexos el texto de la enmienda mencionada. La citada representación menciona también la posibilidad de que la Comisión Arbitral, mediante aplicación analógica del artículo 77 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ofrezca a las partes de esta cuestión de competencia un cauce para que la misma termine mediante satisfacción extraprocesal de las pretensiones. Con carácter subsidiario menciona de nuevo que la que expresamente califica de "singular redacción" del apartado 2 del artículo 11 del aludido Proyecto de Ley ha propiciado una interpretación por parte de la Diputación Foral que no se hallaba en el espíritu de la norma y que ha propiciado las actuaciones dirigidas a mejorar esa redacción, evitando cualquier confusión. Señala finalmente que en una interpretación contextual y sistemática del Proyecto de Ley, el mismo no implica en ningún caso la asunción de funciones de control parlamentario sobre la actuación de las Diputaciones Forales, sin que, por tanto, se alteren los mecanismos institucionales de control actualmente en vigor, de manera que "no hay duda" de que en el marco de la organización institucional interna, las Juntas Generales disponen de sus propios instrumentos y procedimientos de control sobre las respectivas Diputaciones Forales –lo que entiende que garantiza el Estatuto de Autonomía–; en dicho contexto planificador que corresponde al Parlamento Vasco en aras a procurar la coherencia del conjunto de la acción pública relacionada con la cooperación al desarrollo, ha de interpretarse el artículo 11.2 del Proyecto de Ley, sin que pueda entenderse que ello suponga que se dote al Parlamento Vasco de más atribuciones de las que ahora ostenta, de modo que las funciones encomendadas al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco nada tienen que ver con el control parlamentario que ejercen otras instituciones y, en particular, las Juntas Generales de los Territorios Históricos con relación a la correspondiente Diputación Foral.

Sexto.– Mediante escrito de 14 de los corrientes, la representación procesal de la Diputación Foral de Álava, promotor de esta cuestión de competencia, notifica que "ha decidido desistir de la cuestión de competencia", como consecuencia de haberse "comprometido formalmente el Gobierno Vasco a la modificación del artículo objeto de la cuestión competencial" dando una nueva redacción en términos que resultan conformes con el régimen privativo reconocido a los Territorios Históricos, lo que se llevará a efecto mediante la presentación de una enmienda en el trámite parlamentario correspondiente.

Séptimo.– Mediante escrito de 15 de diciembre de 2005, la representación procesal de la Diputación Foral de Bizkaia presenta un escrito, evacuando el trámite conferido al efecto, manifestando su oposición a la petición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de suspensión de la tramitación del procedimiento, por entender que la LCA no contempla esa posibilidad, como lo acredita, a su juicio, el hecho de que no se mencione precepto alguno de la LCA en apoyo de su petición, entendiendo que lo que debería haber hecho la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si está dispuesta a dar satisfacción a la pretensión, es acceder a lo solicitado por la Diputación Foral de Bizkaia.

Octavo.– Mediante escrito de 20 de diciembre, la Diputación Foral de Gipuzkoa presenta un escrito de adhesión al desistimiento de la cuestión de competencia presentado por la Diputación Foral de Álava.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.– La presente cuestión de competencia se ciñe a un concreto precepto y apartado del Proyecto de Ley. Se trata del artículo 11.2 del Proyecto de Ley cuyo contenido literal es el siguiente:

"Artículo 11.– El Parlamento Vasco.

(...)

2.– El Parlamento Vasco dará seguimiento y control a la gestión de las diferentes Administraciones públicas vascas en sus acciones de cooperación para el desarrollo e impulsará la coordinación de las mismas, su transparencia y eficacia".

Las tres Diputaciones Forales que han comparecido en este expediente, tras la exclusiva impugnación del Proyecto de Ley en el momento inicial por parte de la Diputación Foral de Álava, mantienen una posición coincidente –tan solo existe la natural diferencia en la remisión a las Normas Forales que se alegan, citando cada una las propias de su Territorio Histórico–, entendiendo que el artículo 11.2 del Proyecto de Ley vulnera la distribución competencial entre las Instituciones Comunes y las Forales al otorgar al Parlamento Vasco una función de "control", que está residenciada por la legislación aplicable en las Juntas Generales de cada Territorio Histórico.

No obstante, con carácter previo a cualquier consideración sobre el fondo de la cuestión, se requiere un pronunciamiento de la Comisión Arbitral sobre (i) la eficacia del desistimiento formulado por la Diputación Foral promotora de esta cuestión de competencia y (ii), en el supuesto de que no se entendiera que dicho desistimiento pone fin a la presente cuestión de competencia, sobre la solicitud de suspensión de la tramitación del procedimiento formulada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Segundo.– Como se relata en el Antecedente Sexto, la Diputación Foral de Álava, única promotora de la cuestión de competencia, ha presentado el oportuno escrito por el que solicita se la tenga por desistida. A tal pretensión se ha adherido con posterioridad la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Comisión entiende que el desistimiento presentado por la promotora de la cuestión de competencia pone fin al presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la LCA que establece que "El promotor de una cuestión o conflicto competencial podrá desistir de su acción en cualquier momento procedimental anterior a la decisión o resolución. El desistimiento implicará la terminación del procedimiento lo que se comunicará a la otra parte". Este precepto, entonces, otorga la facultad de desistir al "promotor" de la cuestión o del conflicto, y la consecuencia prevista –la terminación del procedimiento– es muy concluyente.

La Comisión entiende que la comparecencia en la cuestión de las otras dos Diputaciones Forales formulando alegaciones les convierte sin duda en partes del procedimiento, pero no adquieren la condición de "promotor" (artículo 36, LCA), ya que es pacífico que tal condición tan solo la ostenta quien, dentro del plazo correspondiente, presenta el "escrito de iniciación de una cuestión o conflicto de competencia" (artículo 30, LCA). La LCA distingue con precisión suficiente la diferente condición de quienes son "partes" o "comparecidos" (artículo 31 y 32 LCA), entre los que está también el "promotor", y quien en exclusiva ostenta tal estado, único al que el artículo 36 LCA antes citado le legitima para desistir del procedimiento. Quienes, tras la inicial admisión a trámite, comparecen para presentar alegaciones, a efectos de que la Comisión Arbitral las pueda ponderar antes de su Decisión, no pueden formular pretensión autónoma alguna, sino accesoria a la instada por el promotor, de igual manera que no pueden ampliar el objeto de la controversia, ni pretender que una solicitud de desistimiento por su parte vincule la posición del "promotor". La razón es que, habiendo estado legitimados para promover la cuestión, sin embargo no lo hicieron en su momento.

En el presente caso, además, el escrito de alegaciones presentado por el autor del Proyecto de Ley asume expresamente la posibilidad de que, en virtud del acuerdo previsto, se produzca el desistimiento por parte del promotor.

No existe, por tanto, razón alguna para el mantenimiento de la cuestión de competencia, dado que, precisamente, la terminación de este procedimiento posibilitará el acuerdo parlamentario que plasmará la desaparición del objeto de la controversia competencial (algo sobre lo que el promotor de la cuestión de competencia y el autor del Proyecto de Ley se muestran de acuerdo). Por esta misma razón, no procede considerar la suspensión de la tramitación solicitada por la representación del Gobierno Vasco.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral

HA DECIDIDO:

Dar por terminada la presente cuestión de competencia como consecuencia del desistimiento de su acción por parte de la Diputación Foral de Álava, promotor de la cuestión de competencia.

La presente Decisión se notificará a las partes y al Parlamento Vasco y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. Lo acuerdan los componentes de la Comisión Arbitral que la suscriben y de la cual yo, el Secretario, doy fe.


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