DECRETO 127/2012, de 10 de julio, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial., - Boletín Oficial del Pais Vasco, de 19-07-2012

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  • Ámbito: País Vasco
  • Boletín: Boletín Oficial del Pais Vasco Número 141
  • Fecha de Publicación: 19/07/2012
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I.- Una de las características diferenciadoras de la actual crisis económica es la fuerte contracción experimentada en las habituales fuentes de financiación al sector empresarial vasco asociadas a su tráfico mercantil ordinario.

Para paliar esta falta de financiación, en los años 2009-2010 y 2011, se dispuso de un programa de avales, Decreto 52/2010, de 16 de febrero (BOPV n.º 51, de 16 de marzo) y Decreto 125/2011 (BOPV n.º 120, de 24 de junio), respectivamente, para la financiación de circulante dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas vital para nuestra economía y empleo. Empresas que solas o cooperando con otras podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado internacional, en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus proveedoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Este tipo de operaciones realizadas por empresas tractoras colaboran de forma importante en la continuidad en términos productivos y de empleo de nuestro tejido industrial.

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, siendo conscientes de la problemática mencionada, y desde una posición decididamente activa a favor del mantenimiento del conjunto del sector empresarial como soporte básico de nuestra Comunidad Autónoma, consideraron necesario abordar de manera conjunta esta actuación extraordinarias atendiendo a aquellos proyectos empresariales cuya importancia sectorial, comarcal, económico o social en su entorno justificaran este tipo de medida.

Ambos regimenes se basaban en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE y en la Comunicación de la Comisión «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, que permite la concesión de ayudas compatibles con el Tratado».

El balance de este programa no ha podido ser más positivo. Se han concedido en torno a los 270 millones de euros de avales, lo que ha permitido movilizar un importante volumen de recursos para la ejecución de proyectos o pedidos por un importe superior a 1.300 millones de euros. Ello ha supuesto la consolidación de 18.000 empleos, con un efecto inducido sobre algo más de 2.800 empresas que ocupan a más de 28.000 personas.

Además, se puede afirmar que con esta medida se ha posibilitado que las empresas beneficiarias, casi en su totalidad, hayan incrementado, no sin dificultades, sus niveles de actividad a un ritmo más rápido del que se preveía a principios del año 2010, contribuyendo en la recuperación económica del País Vasco.

II.- En el año 2012 se estima que la economía vasca sufrirá una caída del 1,3%, con un perfil de moderada recesión y donde el peor registro se producirá en el segundo semestre del año. A partir de ese momento se iniciará una tímida y moderada recuperación hasta conseguir, en el segundo semestre de 2013, un crecimiento exiguo pero con signo positivo.

Desde el punto de vista de la oferta, durante 2012, todas las ramas de actividad, sin excepción, realizarán contribuciones negativas al crecimiento del valor añadido bruto en 2012.

Para el primer semestre de 2013, la industria y el sector servicios comenzarán a acelerarse y a retomar la senda de la expansión, aunque de forma muy débil. La industria vasca se va a ver afectada por un contexto español y europeo claramente desfavorable. Además, esta recuperación será larga, lenta y no exenta de determinados riesgos debido, entre otros factores, a la rigidez del mercado financiero y, en particular, a las limitaciones de financiación y a las condiciones crediticias.

Tal y como señala la Comisión Europea, la recuperación económica, que ha tenido lugar paulatinamente desde el inicio de 2010, se ha producido a un ritmo más rápido del que se preveía a principios de año. Si bien la recuperación es todavía frágil e inestable en la Unión y en algunos Estados Miembro se registran tasas de crecimiento modestas o incluso más robustas.

III.- A pesar de la volatilidad de los mercados financieros y la incertidumbre respecto a las perspectivas económicas, la Comisión ha considerado que las condiciones de mercado no justifican la prórroga a partir del 1 de enero de 2012 de las medidas previstas en el Marco Temporal.

Esto significa que el establecimiento de un régimen para la concesión de ayudas otorgadas en forma de garantía ha de seguir los principios recogidos en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DOUE C 155/10, de 20-06-2008).

Según la citada Comunicación, la Comisión considerará este tipo de ayuda estatal compatible con el mercado interior en aplicación del artículo 87.1 del Tratado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la prestataria no sea una empresa en crisis;

- Que la garantía esté vinculada a transacciones financieras específicas y limitadas en cuanto a duración e importe;

- Que la garantía no cubra más del 80% del préstamo u otra obligación financiera pendiente;

- Que se paga por la garantía un precio basado en el mercado;

IV.- Este Programa Extraordinario tiene en consideración y respeta las Directrices Comunitarias de aplicación, y está adaptado a la tipología de ayudas establecidas por la Comunidad Europea y sus condiciones básicas para la autorización de las mismas.

El régimen se determina en base a las disposiciones de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 107 del Tratado TFUE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.

V.- Este programa extraordinario mantiene los criterios de actuación aplicados en el año 2011, de entre los que destacaríamos:

- El criterio de excepcionalidad de la ayuda, al exigir una serie de características previas para la aceptación a trámite de las solicitudes.

- El concepto de ayuda finalista, dirigida a un proyecto, pedido o contrato concreto.

- El uso de la figura del aval público como instrumento general de ayuda para la consecución de financiación de las Entidades Financieras.

- La obligación de presentar cuanta información y documentación se considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

- Un compromiso escrito de mantenimiento del empleo.

- Un compromiso escrito de traslado de las condiciones financieras logradas mediante el aval público a los propios proveedores.

- La necesidad de contar con una autorización previa del Gobierno Vasco en el caso de una transmisión de acciones a terceras partes que implique un cambio de control de la empresa.

- La metodología de evaluación de los proyectos, pedidos o contratos presentados, que pondrá en práctica los principios de tratamiento unitario del proyecto empresarial, ventanilla única que tenga en cuenta el conjunto de ayudas recibidas por la empresa y, asimismo, la evaluación industrial efectuada por la Consejería de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de la congruencia y viabilidad del proyecto presentado y su evaluación financiera.

Como reflejo del carácter interinstitucional de este programa extraordinario, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han acordado, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, por unanimidad, mantener el carácter excepcional del Programa Extraordinario, adaptándolo a los requisitos establecidos por la Comisión Europea, así como su financiación con cargo al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas conforme al modelo general, con deducción especial de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la CAE aplicable a los ejercicios 2007-2011.

En base al Acuerdo adoptado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en su reunión de 15 de febrero de 2012, el importe máximo de los avales a conceder para el 2012 es de 200.000.000 de euros, fijados en el artículo 9 sobre prestación de garantías y reafianzamiento de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2012, distribuyéndose el coste de los posibles fallidos entre las administraciones implicadas en la proporción del 30% por las Diputaciones Forales y el 70% el Gobierno Vasco.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Innovación Comercio y Turismo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de julio de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer un programa extraordinario de concesión de avales públicos a empresas o grupos de empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo, que permita a estas últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital circulante, y regular las condiciones y el procedimiento de acceso al mismo.

Artículo 2.- Recursos económicos.

1.- El importe máximo de avales a conceder será de hasta 200.000.000 de euros. Además de este límite, los avales efectivamente concedidos con base en el presente Decreto no podrán superar, en cómputo conjunto con el resto de las garantías sujetas al artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, el importe señalado en dicha norma.

2.- Los avales regulados y convocados en el presente Decreto se concederán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. La resolución de los expedientes de solicitud de los avales se irá realizando ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en el presente Decreto.

3.- Si se agota el importe de avales a conceder consignado para la concesión de las ayudas, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, por la Viceconsejería de Industria y Energía se emitirá resolución administrativa en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose solicitud alguna que se presente a partir de tal momento.

4.- Las solicitudes que estuvieran ya presentadas y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada, serán denegadas por tal motivo, mediante resolución administrativa del órgano competente.

5.- El importe máximo de avales a conceder podrá ser actualizado conforme al régimen de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Industria y Energía.

Artículo 3.- Ayudas.

1.- Las ayudas previstas en el programa extraordinario desarrollado en virtud de este Decreto se materializarán en la concesión de avales públicos para la financiación de inversiones o de capital circulante a PYMEs o grupos de PYMEs con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo.

2.- Para diferenciar una gran empresa y una PYME se estará a los criterios establecidos en la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DOUE L124/36 de 20-05-2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

En particular, la categoría de PYME está constituida por las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

- Que ocupan a menos de 250 personas.

- Que su volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o bien, que su balance general anual no excede de 43 millones de euros.

- Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25%, o más, por otra empresa, o conjuntamente por varias de ellas, que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

Artículo 4.- Empresas beneficiarias.

1.- Podrán ser beneficiarias del programa extraordinario de avales las empresas industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligadas al producto-proceso) conexos a las anteriores y las del ámbito de la sociedad de la información y comunicación, que se consideren de base tecnológica y/o innovadora con centro de trabajo y/o explotación afectado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que:

- Presenten proyectos de inversión, pedidos o contratos de especial efecto tractor o de empleo.

- Se trate de empresas o grupos de empresas que encuentren dificultades para financiar sus proyectos de inversión, pedidos o contratos por sus propios medios, ni puedan conseguir la financiación precisa recurriendo al crédito comercial a resultas de la actual crisis financiera.

- De su situación económica-financiera presente y sus expectativas futuras pueda deducirse una capacidad suficiente de devolución de la operación financiera avalada.

2.- La ayuda se concederá sólo a empresas que no estén en crisis.

3.- La ayuda no se aplicará a las garantías de créditos a la exportación.

4.- Quedan excluidas también las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

5.- La concesión a las empresas beneficiarias de los avales regulados en el presente Decreto quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, así como a la no existencia de deudas de la solicitante con esa Administración en periodo ejecutivo.

6.- Para ser beneficiaria de las ayudas la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 5.- Empresa en crisis.

1.- Se considerará que una empresa PYME está en crisis, tal y como se encuentra definido en el artículo 1.7 del RGEC (DOUE L 214/3 de 9-08-2008).

2.- En principio, se considera que una empresa está en crisis con arreglo a las siguientes circunstancias:

I) tratándose de una sociedad, cuyos socios o socias tienen una responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o

II) tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada, han desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses, o

III) para todas las formas de empresas, que reúnen las condiciones para someterse a un procedimiento de concurso.

Artículo 6.- Proyectos financiables.

Se considerarán proyectos financiables aquellos proyectos de inversión, pedidos o contratos que por sus características requieran de una importante financiación vinculada para su materialización.

En todo caso, para el acceso a la ayuda establecida en el presente Régimen, se atenderá al alcance estratégico y la especial relevancia en términos de relanzamiento sectorial y de empleo del proyecto, pedido o contrato.

Se entenderán financiables los proyectos relacionados con los siguientes aspectos:

- Los proyectos de inversión, pedidos o contratos para cuya ejecución se configuren alianzas o iniciativas empresariales en común, logrando con ello abrir nuevos mercados y reposicionar el tejido empresarial vasco a nivel internacional.

- Los proyectos de inversión, pedidos o contratos obtenidos por empresas que ya hayan aplicado medidas de reestructuración y en las que el proyecto, pedido o contrato suponga un plan de mejora y consolidación y desarrollo del empleo.

- Los proyectos de inversión, pedidos o contratos con un efecto tractor directo en porcentajes significativos sobre el tejido empresarial vasco.

- Los proyectos de inversión, pedidos o contratos que incorporen acuerdos razonables de pago con su cadena de proveedores implicados, evitando con ello trasladar a éstos las malas prácticas de pago y consiguiente ahogo financiero.

Artículo 7.- Características de las operaciones de aval.

1.- Los avales financieros otorgados en base al presente Decreto garantizarán riesgos dinerarios de las empresas beneficiarias ante las entidades financieras derivados de las operaciones de financiación necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión, pedidos o contratos que sean objeto de apoyo.

2.- El importe del aval será, con carácter general, el 30% del nominal de la operación financiera vinculada al proyecto de inversión, pedido o contrato. El aval se extenderá como máximo al importe nominal avalado y a un máximo de 6 meses de intereses de dicho importe.

3.- El plazo del aval como criterio general será de 24 meses, pudiéndose rebasar este plazo en los casos en los que la viabilidad o duración del proyecto de inversión, pedido o contrato así lo justifiquen.

4.- Los avales devengarán una comisión de aval o prima anual a favor del Gobierno Vasco, no aplicándose ningún otro tipo de comisión o gasto adicional. Este importe se liquidará, por anticipado, en cada aniversario de la formalización de la operación de aval sobre el saldo vivo de la operación financiera avalada.

5.- La comisión de aval o prima anual se calculará de acuerdo con las disposiciones establecidas en el punto 3.3 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía C 155/10, establecidas en el anexo I.

6.- A fin de garantizar el reembolso del importe avalado, con independencia de la responsabilidad personal de la empresa beneficiaria, la Dirección de Finanzas podrá solicitar las contragarantías que considere necesarias para la concesión del aval. Cuando sean exigibles dichas contragarantías habrán de constituirse por la empresa beneficiaria con carácter previo a la formalización del aval público.

7.- La Dirección de Finanzas, como órgano gestor del Registro de Garantías, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi, emitirá con carácter previo a la resolución del Viceconsejero de Industria y Energía informe relativo al no agotamiento del límite establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi; a las características económico-financieras de la operación; a los términos en los que el aval queda garantizado; y la no existencia de deudas de la empresa solicitante con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en periodo ejecutivo. La resolución a la que hace referencia el artículo 12 sólo podrá ser aprobada si dicho informe es favorable.

Respecto a las características económico-financieras de la operación, la Dirección de Finanzas examinará la documentación requerida en el artículo 9.3.h). Esta habrá de ajustarse en su contenido tanto a las condiciones objetivas de mercado como al hecho de contar con la garantía del sector público y la seguridad en el cobro que ello conlleva.

8.- Las operaciones financieras avaladas se efectuarán en euros. En el caso de que se pretendan formalizar en moneda extranjera será necesaria la autorización del Departamento de Economía y Hacienda, e indicación expresa de este hecho en el informe favorable de la Dirección de Finanzas.

Artículo 8.- Solicitudes y documentación.

1.- Quienes de conformidad con lo establecido en este Decreto reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas en el mismo deberán dirigir la solicitud y demás documentación complementaria a la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y presentarse en la referida Dirección, sita en c/Donostia-San Sebastián, n.º 1 de Vitoria-Gasteiz; 01010 (Álava), en las Delegaciones Territoriales del Departamento citado o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- El plazo de presentación de solicitudes, en tanto no se haya agotado el importe señalado, finalizará el 30 de noviembre de 2012.

3.- La solicitud será firmada por la persona que posea capacidad legal para representar a la entidad solicitante.

4.- La empresa solicitante, además de cumplimentar la instancia incluida como anexo II, deberá adjuntar a la solicitud una memoria en la que se incluya al menos la siguiente información:

a) Evolución de la empresa en los últimos años, con indicación, si procediese, de las medidas internas adoptadas para afrontar la crisis económica.

b) Informe acreditativo de la imposibilidad de financiación con sus propios medios el proyecto de inversión, pedido o contrato, que especifique los esfuerzos realizados por la empresa y los trabajadores y trabajadoras, especialmente en lo que se refiere a la política de reparto de dividendos y política salarial de los dos últimos años y la prevista para los dos siguientes.

c) Análisis de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes del estudio de mercado.

d) La integración de la empresa en el tejido empresarial vasco: su efecto tractor.

e) La empresa y su grado de internacionalización.

f) Descripción del proyecto de inversión, pedido o contrato en base al que se solicita la intervención excepcional.

g) Memoria económico-financiera sobre la operación principal a garantizar. Descripción de las necesidades de financiación de circulante derivadas del proyecto de inversión, pedido o contrato.

h) Condiciones de formalización de la(s) operación(es) de financiación a avalar.

i) Descripción de las contragarantías ofrecidas por la empresa solicitante, con inclusión de una declaración responsable describiendo los bienes o derechos que componen los activos de la empresa, estén o no afectados al proceso de producción, con la valoración real de acuerdo con los criterios generales de valoración, y detalle de las cargas que soportan.

j) Condiciones de financiación trasladadas a las empresas proveedoras, con compromiso de cumplimiento de dichas condiciones.

k) Previsión de la Cuentas de Resultados para el ejercicio en curso y los próximos dos años, y un análisis de sensibilidad a partir de varias hipótesis de evolución del mercado.

l) Compromiso de que una vez formalizado el aval y durante tres años desde esa fecha la empresa o grupo de empresas solicitarán al Gobierno Vasco una autorización previa en el caso de una transmisión de acciones a terceras partes que implique un cambio de control.

5.- Así mismo, deberán presentar:

a) Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa solicitante y, en su caso, de sus modificaciones.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Fotocopia del poder de representación de la persona solicitante.

d) Documento acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

e) Documento acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

f) Fotocopia de las Cuentas Anuales Auditadas de los dos últimos ejercicios o, en su defecto, de las dos últimas declaraciones del Impuesto de Sociedades.

6.- Si la interesada es una agrupación de empresas, en cualquiera de sus fórmulas, se presentará una única solicitud, debiendo una de las empresas integrantes de la agrupación, bien sea por tener un mayor porcentaje de participación en la misma o bien por otros motivos, asumir todas las funciones de interlocución y relación con la Administración necesarias para la buena marcha de la operación.

Dicha circunstancia deberá hacerse constar expresamente en la solicitud, que deberá estar suscrita además de por la empresa encargada, por las restantes empresas participantes.

A la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en los apartados 5 y 6 de este artículo correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la agrupación.

Supletoriamente, a los efectos de notificación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.- Si la solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la solicitud y, en especial, en las declaraciones responsables incluidas en la instancia, se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente.

8.- En cualquier caso, la Dirección de Desarrollo Industrial podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria que considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

9.- No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder del Departamento Industria, Innovación, Comercio y Turismo. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f), del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

10.- Las solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso de Euskera.

Artículo 9.- Subsanación.

En caso de que la Dirección de Desarrollo Industrial advirtiera la existencia de algún error, defecto o inexactitud en la solicitud presentada, lo comunicará a la empresa solicitante concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, el Director de Desarrollo Industrial dictará resolución declarando el desistimiento, en los términos previstos en los artículos 42 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 10.- Comisión de Seguimiento y Evaluación.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación, constituida por Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 12 de febrero de 2010, tendrá las funciones de seguimiento y evaluación de los avales concedidos en aplicación del presente Decreto, así como las demás funciones atribuidas en el referido Acuerdo.

Respecto a su funcionamiento se estará a lo previsto en los acuerdos adoptados por esa misma Comisión. En lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Dirección de Desarrollo Industrial deberá remitir a los miembros de la Comisión copia de cada una de las solicitudes de aval recibidas, y una copia de la resolución de concesión. Así mismo remitirá los informes referentes al cumplimiento de las obligaciones de las empresas beneficiarias, así como los incumplimientos detectados y la propuesta de medidas a aplicar en dicho caso.

Artículo 11.- Resolución de concesión de ayuda.

1.- La Viceconsejería de Industria y Energía emitirá y notificará, en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la totalidad de la documentación requerida, la resolución administrativa en la que determinará el importe máximo del aval, su plazo y otras condiciones si las hubiera, en la que constará la normativa comunitaria de aplicación.

Cuando finalizado el plazo indicado en el párrafo anterior no se haya dictado y notificado la resolución, la empresa podrá entender estimada su solicitud sin perjuicio de la obligación del órgano administrativo competente de dictar resolución expresa con relación al aval solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Así mismo, si la solicitud no cumple los requisitos para poder acceder a los avales, el Director de Desarrollo Industrial dictará resolución denegatoria del aval solicitado.

2.- La resolución que recaiga no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.- Sin perjuicio de la notificación individual a las solicitantes de las Resoluciones de concesión de aval, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de los beneficiarios e importe de los avales concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Artículo 12.- Formalización de la operación financiera.

1.- Una vez notificada la resolución de concesión del aval, se procederá en el plazo máximo de un mes a la formalización de la operación financiera que se garantiza y a la del contrato de aval, si bien la Dirección de Finanzas podrá prorrogar ese plazo a petición motivada del interesado y previa valoración de las circunstancias que provocan esa demora.

2.- La formalización del contrato de aval se realizará en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma por la Viceconsejera de Hacienda y Finanzas, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 13.- Compatibilidad de las ayudas.

1.- Las operaciones cumplirán lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DOUE C 155/10, de 20-06-2008).

2.- Los avales concedidos al amparo del presente Decreto serán compatibles con cualquier otro otorgado por las Administraciones Públicas.

El importe del aval no podrá, en concurrencia con las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas para la misma finalidad, superar el 80% del importe del proyecto, pedido o contrato, de conformidad con lo previsto en la sección 3.2.c) de la Comunicación de la Comisión C155/10, señalada en el párrafo 1 del presente artículo.

En caso de superarse dicho límite, el aval concedido en virtud de este Decreto se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

3.- Las empresas beneficiarias de los avales deberán comunicar en todo momento al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo la obtención de otras subvenciones ayudas o avales para la misma finalidad, así como las ayudas de minimis percibidas para el mismo fin tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

Artículo 14.- Incumplimientos.

En el supuesto en que la empresa beneficiaria incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y demás normas de aplicación, el Viceconsejero de Industria y Energía, mediante la oportuna resolución, declarará la pérdida del derecho al aval y la obligación de liberar de responsabilidades como avalista a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de que dicha circunstancia no fuera posible por negativa del acreedor principal el aval pasará a devengar una comisión anual del 3,5% hasta su vencimiento. Si la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se viera obligada a hacer frente parcial o totalmente al importe del aval por impago de la beneficiaria se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la CAE y en el Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías de la CAE.

Artículo 15.- Obligaciones de las empresas beneficiarias.

Las empresas beneficiarias de los avales regulados en el presente Decreto deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Aceptar el aval concedido. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión del aval, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito al mismo, se entenderá que éste queda aceptado.

b) Utilizar el aval para la finalidad para la que ha sido concedido.

c) Remitir a la Dirección de Desarrollo Industrial la información complementaria que les sea solicitada, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto, pedido o contrato.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto del aval recibido con cargo a este Decreto.

e) Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Artículo 16.- Alteración de las condiciones de la ayuda.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de los avales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

En todo caso, la obtención concurrente de ayudas o avales otorgadas por otras Administraciones Públicos y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión al objeto de ajustar el aval en los términos establecidos en el artículo 13.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Economía y Hacienda,

CARLOS AGUIRRE ARANA.

El Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,

BERNABÉ UNDA BARTUREN.

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