Dictamen del Comite Economico y Social Europeo sobre la « Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacion de contratos publicos » COM(2006) 195 final 2006/0066 (COD) (2007/C 93/04) - Diario Oficial de la Unión Europea, de 27-04-2007

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  • Ámbito: Doue
  • Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 110
  • Fecha de Publicación: 27/04/2007
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El 29 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 14 de noviembre de 2006 (ponente: Sr. van IERSEL).

En su 432 o Pleno de los días 17 y 18 de enero de 2007 (sesión del 18 de enero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 140 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

ÍNDICE

1. Introducción 2. Consultas y contenido 3. Observaciones generales 4. Cuestiones específicas 4.1. Elaboración 4.2. Plazos suspensivos 4.3. Anulación de los contratos 4.4. Certificación 4.5. Conciliación y solución de litigios 4.6. Suspensión 5. Honorarios 6. Glosario

1. Introducción

1.1 En 1991 y 1993 entraron en vigor dos Directivas sobre la aplicación de los procedimientos de recurso para las Directivas clásicas y de sectores respectivamente. Se introdujeron con el fin de garantizar un elemento de ejecución y recurso que se pasaron por alto en las anteriores Directivas clásicas (1).

1.2 Como las Directivas sobre contratación pública tienen la intención de crear un clima abierto, justo y transparente para que las empresas de la Unión Europea compitan en igualdad de condiciones, las Directivas « Recursos » prevén procedimientos para las empresas que deseen denunciar la licitación y la adjudicación de contratos públicos en los que estén interesadas.

1.3 Las Directivas « Recursos » tienen dos objetivos relacionados: proporcionar un medio que obligue a los órganos de contratación a cumplir con las Directivas; y proporcionar un medio por el que un licitador, que crea que un órgano de contratación ha incumplido las Directivas, pueda tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses.

1.4 Todas las acciones legales de un licitador perjudicado por un órgano de contratación tendrán que llevarse a los tribunales nacionales u organismos equivalentes establecidos en ese Estado miembro; la Comisión sólo tomará medidas contra un Estado miembro, no contra un órgano de contratación y sólo en el caso de que haya pruebas de que un Estado miembro no está regulando debidamente sus órganos de contratación.

1.5 Cabe observar que el Tribunal de Justicia ya había especificado en 1999 que las disposiciones de las Directivas « Recursos » deberían intentar reforzar los acuerdos existentes para asegurar la aplicación efectiva de las Directivas de contratos públicos, « en particular en una fase en la que las infracciones puedan rectificarse todavía » (2).

1.6 Las Directivas efectivas sobre procedimientos de recurso son una parte integral de la legislación en materia de contratos públicos y las modificaciones llevadas a cabo por la Nueva Directiva deberían asegurar un funcionamiento más efectivo de las Directivas en esta materia.

1.7 En junio de 2006 la Comisión propuso la Nueva Directiva por la que se modificaban los recursos arriba mencionados, que se espera que los mejorará y los hará más efectivos.

1.8 Las principales propuestas de la Nueva Directiva son la introducción de un plazo suspensivo de diez días entre la decisión de adjudicar un contrato y la conclusión de la adjudicación para que quien piense que no ha sido tratado correctamente pueda reclamar, y la eliminación de los procedimientos de certificación y conciliación.

2. Consultas y contenido

2.1 En marzo de 2003 la Comisión comenzó las consultas sobre la validez de las Directivas « Recursos ». Se llevaron a cabo dos cuestionarios. Se consultó a los Estados miembros en el marco del Comité consultivo de la contratación pública. Además, se realizaron consultas entre los órganos de contratación y mediante el procedimiento interactivo o de elaboración de políticas a través de Internet entre abogados, asociaciones profesionales, ONG y empresas.

(1) Véase la nota a pie de página nº 9 del glosario.

(2) Informe de evaluación de impacto Recursos en el campo de los contratos públicos, SEC(2006) 557, de 4 de mayo de 2006, p. 5: Sentencia de Alcatel, Caso C-81/98, párrafo 37.

2.2 La Nueva Directiva se basa en una evaluación de impacto detallada. Esta evaluación menciona dos problemas principales: la falta de recursos efectivos contra la práctica de adjudicaciones directas ilegales de contratos públicos y la « pronta firma » de los contratos públicos por parte de los órganos de contratación que, en realidad, priva a los operadores económicos de la posibilidad de disponer acciones de recurso eficaces antes del comienzo del contrato (3).

2.3 La evaluación de impacto contiene algunos excelentes análisis de las opiniones de las partes interesadas. La evaluación de impacto en sí es un ejemplo ilustrativo de una forma abierta y transparente de comunicación en un ámbito muy complejo.

2.4 El resultado muestra, de forma muy interesante, que hay diferencias considerables entre los Estados miembros a la hora de tratar las denuncias, lo que puede crear confusión a los licitadores: los órganos de contratación entre los que destacan los entes regionales y locales no estaban dispuestos a responder a las consultas; los operadores económicos individuales no estaban todavía habituados a participar ni a revisar los procedimientos en este ámbito; hubo numerosas reacciones de los bufetes de abogados, asociaciones profesionales y ONG.

2.5 La conclusión general entre los que respondieron es que hay que luchar contra las adjudicaciones ilegales y que se tiene que fomentar la competencia, en particular la transfronteriza.

2.6 En general, el gremio empresarial parece bastante reacio a cuestionar los órganos de contratación, mientras que la experiencia demuestra que la mayoría de los Estados miembros no quieren adoptar todavía la legislación que fomenta la transparencia y la apertura de mercados. Esto reitera la necesidad de actuación a nivel de la UE. Sin embargo, algunos Estados miembros han dedicado esfuerzos considerables a la aplicación de las Directivas.

2.7 Las modificaciones propuestas prevén dos nuevas salvaguardias para los licitadores: la notificación de la intención de adjudicar un contrato deberá entregarse al menos diez días antes de la fecha de adjudicación prevista el « plazo suspensivo »; y en el caso de que un licitador presente una reclamación, el procedimiento deberá suspenderse por un tiempo, en principio mientras se resuelve el problema.

2.8 Sin embargo, hay una disposición por ejemplo, en casos de urgencia por la que se puede adjudicar contratos sin aplicar el procedimiento de licitación habitual. Asimismo, existe una disposición por la que no se tiene en cuenta el plazo suspensivo en caso de que este último resulte obviamente irrelevante. No obstante, el procedimiento de diálogo competitivo debería tener siempre una suspensión a causa de la forma en que opera. Entre otros aspectos, la probabilidad de que el procedimiento de licitación tenga un único « licitador preferente » en sus fases finales podría considerarse que abre un camino al abuso y, evidentemente, es necesaria la suspensión para evitar dicha situación.

3. Comentarios generales

3.1 La evaluación de impacto resulta muy útil a la hora de dejar claro que los Estados miembros y los órganos de contratación en algunos casos valoran de un modo distinto la necesidad de la apertura de los mercados de contratación pública.

3.2 La Comisión ofrece cinco soluciones posibles para abordar la cuestión de las denuncias: « no hacer nada », una comunicación o una directiva sobre un plazo suspensivo, y una comunicación o una directiva sobre un Organismo Independiente (4).

3.3 El CESE está de acuerdo con la Comisión en que:

nohacer nada no es una solución viable, puesto que las carencias y diferencias sustanciales entre los Estados miembros seguirán persistiendo;

tampocolas comunicaciones serán un enfoque atractivo, porque no son lo suficientemente naturales: las antiguas tradiciones y las relaciones y dependencias mutuas en los Estados miembros seguirán prevaleciendo.

3.4 Por consiguiente, si se quiere presionar al sector público y mejorar la profesionalidad de ambas partes, deberá elegirse entre el establecimiento de un organismo independiente o un plazo suspensivo entre la decisión de adjudicar un contrato y la adjudicación propiamente dicha.

3.4.1 Los Organismos Independientes existen en algunos Estados miembros.

(5) Cabe observar que la mayoría de las partes interesadas del sector privado están a favor de este enfoque aunque esto supusiera un aumento de los costes y procedimientos administrativos. Algunos Estados miembros recomiendan el nombramiento de peritos en dichos organismos.

3.4.2 Por el contrario, la gran mayoría de los Estados miembros están a favor de un plazo suspensivo limitado que afecte directamente a los compradores públicos y a las empresas denunciantes, deteniendo el procedimiento durante el período de la suspensión.

3.5 EL CESE está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de introducir un plazo suspensivo. Por otro lado, acepta que dicho acuerdo a nivel comunitario, si se cumple adecuadamente, podría eventualmente fomentar la eficacia, claridad y certidumbre jurídica por un lado, y por el otro, un régimen de contratos públicos más transparente que lleve a una mayor competencia. Sin embargo, la suspensión no debería verse necesariamente como una alternativa exclusiva a los Organismos Independientes que, por supuesto, los Estados miembros son libres de establecer.

(3) Informe de evaluación de impacto Recursos en el campo de los contratos públicos, SEC(2006) 557, de 4 de mayo de 2006.

(4) Véase en el glosario la definición de un Organismo Independiente y la distinción entre este último y un Organismo de Evaluación tal como se utiliza en este documento.

(5) Por ejemplo, la Autoridad de la competencia en Dinamarca y la Agencia gubernamental central sueca para el sector de la contratación pública.

4. Cuestiones específicas

4.1 Elaboración

4.1.1 La numeración de la Nueva Directiva es poco clara si se tiene en cuenta que la sección sobre servicios corresponde al artículo 2 a pesar de que una gran parte de la sección correspondiente a clásicos de las páginas anteriores y a los servicios de las páginas posteriores está numerada del artículo 2bis al 2septies. Sería más fácil si las secciones correspondientes a clásicos y servicios estuvieran encabezadoscomo capítulos. En cuanto las modificaciones presentadas en la nueva Directiva se hayan aplicado, dejará, por supuesto, de tener interés, pero entretanto, ayudaría si se facilitara la comprensión.

4.1.2 Asimismo, habría sido útil que estuvieran disponibles las versiones consolidadas de las dos Directivas.

4.1.3 Hay también algunos errores tipográficos que sin duda se corregirán en las versiones posteriores.

4.2 Plazos suspensivos

4.2.1 El concepto de plazos suspensivos se acepta, por lo general, de buen grado.

4.2.2 La posibilidad favorecida por algunos de los que respondieron a la consulta de la Comisión de establecer Organismos Independientes para que actúen como árbitros se descartó en favor de la suspensión, por deseo, en gran parte, de los Estados miembros. El concepto se ha debatido desde los primeros días de las Directivas pero, a pesar de lo aparentemente atractivo que pueda resultar, tiene los mismos defectos que el procedimiento de conciliación, un concepto en sí similar. Sin embargo, queda un problema sin resolver que se trata más abajo en el apartado de « Conciliación y solución de litigios ».

4.2.3 Con la excepción de plazos de cinco días (que son días laborables), el resto de los plazos, incluidas las referencias a tres días, son civiles. Esto naturalmente plantea problemas. La cuestión se analiza más abajo en el apartado « Suspensión ».

4.3 Anulación de contratos

4.3.1 Aunque el objetivo de la Directiva es detectar los problemas antes de que el contrato se adjudique, se adopta una disposición para anular los contratos que se cuelen y que, por tanto, se hayan adjudicado ilegalmente.

4.3.2 Pueden darse dos circunstancias: la primera, en la que las partes han coludido y son conscientes de las consecuencias de la ilegalidad del contrato, y la segunda, donde el operador económico es inocente y desconoce que el contrato corre el riesgo de ser anulado.

4.3.3 En el primer caso, casi no es necesario preocuparse por las pérdidas que pueda sufrir el operador económico.

4.3.4 En el segundo caso, existe la preocupación de que, teniendo presente que la reclamación de una adjudicación puede, en algunos casos, iniciarse hasta seis meses después del comienzo del contrato, un operador económico inocente puede sufrir daños graves. Puesto que se habrá demostrado que la entidad contratante actuaba de manera antiestatutaria, el operador económico puede no tener medios para solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios contra ella (6). Aunque es improbable que estas consecuencias vuelvan a repetirse, el CESE considera conveniente señalar el riesgo existente.

4.3.5 Se puede argumentar que un licitador debería asegurarse de que el órgano de contratación ha observado la suspensión y ha publicado los anuncios necesarios con respecto a la intención de adjudicar el contrato, y además, si el licitador no está satisfecho todavía, debería buscar una confirmación formal del comprador. La Nueva Directiva (Artículo 2 septies apartado 2) estipula que las únicas razones para anular un contrato una vez que ya se ha adjudicado son que un poder adjudicador no haya avisado con suficiente antelación de su intención de adjudicar un contrato o haya dejado de aplicar un plazo suspensivo. Esas condiciones limitadas, particularmente en los contratos grandes e importantes, parecerían ser fáciles de verificar. Pero los umbrales para los contratos de suministros y servicios no pueden describirse como « grandes e importantes », incluso para las PYME, aunque las consecuencias de daños irreparables en el caso de anulación probablemente lo sean. Endosar al licitador el riesgo de error y sus graves consecuencias no le parece justo al CESE y, por eso, debería reconsiderarse; además, que el vendedor asuma por su cuenta y riesgo las posibles graves consecuencias no resulta un mecanismo apropiado para prevenir la ilegalidad por parte de los poderes adjudicadores. Aunque las consecuencias en Hazell vs. Hammersmith y Fulham podrían no ser posibles en otras circunstancias o en otros países, sería deseable, hasta el punto de ser esencial, una legislación a nivel comunitario o nacional si a los licitadores no se les quiere poner en una situación de riesgo incontrolable al anular los contratos.

4.4 Certificación

4.4.1 La nueva Directiva propone la eliminación del procedimiento de certificación debido a su escasa utilización. La certificación se incluía en las Directivas sobre obras públicas y suministros como una forma de auditoría parecida a la de garantía de calidad o a algunos aspectos de la moderna auditoría financiera. En su momento, se sugirió que un servicio, con un informe de certificación limpio, podría estar exento de algunas o todas las disposiciones detalladas de la Directiva siempre que se atuviera a los principios, pero la Comisión no aceptó esta sugerencia.

(6) Véase Hazell vs Hammersmith and Fulham Councils UK House of Lords 1992, en donde los entes locales habían realizado permutas de tipos de interés para reducir sus costes o generar beneficios para ellos mismos. En ese caso, los tipos de interés jugaron en contra de los entes locales y los bancos exigieron la diferencia. Los entes locales, incapaces de pagar, afirmaron que dichos contratos estaban fuera de sus poderes y por tanto eran nulos. El tribunal falló a favor de los entes locales, y los bancos participantes, que habían celebrado los contratos de buena fe, sufrieron una gran pérdida.

4.4.2 Por eso, apenas existían incentivos para usar la certificación y su escasa utilización no sorprende. Asimismo, ha sido objeto de crítica, partiendo del hecho de que sólo demuestra el cumplimiento en un momento dado, sin garantizar que el cumplimiento continuará al día siguiente. Esto implica entender incorrectamente el proceso, cuyos procedimientos equivalentes funcionan de manera efectiva en la calidad y la auditoría financiera moderna. Lo importante es asegurar que un sistema de procedimientos entre en vigor para, que si se respeta, se cumpla satisfactoriamente la Directiva y para que la entidad contratante se atenga a sus propios procedimientos. La mayor parte de las organizaciones importantes operan de acuerdo con sus procedimientos internos, y en ausencia de fraudes importantes o problemas empresariales, siguen los procedimientos de manera fiable. La certificación de que los procedimientos son satisfactorios en principio y se siguen, en la práctica, ofrece garantías razonables de que la organización cumple; pero, por supuesto, necesitaría revalidarse periódicamente.

4.4.3 La certificación efectiva podría establecer un mecanismo por el que los servicios individuales podrían obtener todos o la mayoría de los beneficios ofrecidos en el artículo 30 (7) de la Directiva de servicios públicos en el caso de que los criterios generales no se cumplieran.

4.4.4 A falta de incentivos para hacer uso del procedimiento, éste resulta obviamente poco útil. No obstante, cabe la posibilidad de modificarlo para incluir un incentivo tangible.

4.5 Conciliación y solución de litigios

4.5.1 El CESE señala que existe una opinión ampliamente aceptada de que la eliminación del procedimiento poco usado resulta apropiada.

4.5.2 Sin embargo, existe una opinión generalizada, que el CESE comparte y ha defendido ampliamente en varios dictámenes, en favor de que haya alguna forma de resolución alternativa de litigios. Los mecanismos existentes disponibles difieren mucho entre los diversos Estados miembros, variando entre organismos relativamente informales con fácil acceso y bajo coste y el recurso al litigio, lo que implica el coste y el desvío de recursos. Los Organismos Independientes resultan evidentemente efectivos en los Estados miembros que los han adoptado, pero la práctica no es general (véase también el punto 3.4.1 supra y su pie de nota).

4.5.3 No hay una fácil solución general al problema, dadas las diversas circunstancias culturales y jurídicas de los Estados miembros.

4.5.4 El procedimiento de conciliación no ha gozado de mucho éxito porque, aparentemente, no puede producir decisiones ejecutables y, en el caso de no tener éxito, consume el tiempo en el que se puede poner en marcha una denuncia formal. Pero las decisiones ejecutables en caso de no haber acuerdo entre las partes como en el arbitraje deberían necesitar litigio. Esta paradoja puede plantear problemas en la solución de diferencias.

4.5.5 Un mayor estudio de los mecanismos de resolución alternativa de litigios habituales en otros países o en otros contextos podría crear una herramienta útil que superase las objeciones del procedimiento de conciliación y que mantuviera el bajo coste, y de ese modo contribuir a mejorar el cumplimiento de las Directivas.

4.6 Suspensión

4.6.1 Habrá que examinar con detenimiento los plazos suspensivos fijados en el dictamen de la propuesta de directiva.

4.6.2 En primer lugar, la mayoría de ellos (excepto los plazos de cinco días) se definen como días naturales y son cortos (tres, siete o diez días). En algunos Estados miembros y en ciertas épocas del año, diez días naturales pueden quedarse en tres días laborables, y tres días naturales no tienen por qué incluir días laborables. Esto puede resultar injusto. En 2006 hay al menos 42 días (de los 260 del año entero) que son festivos en algún lugar del EEE. Asimismo, existe un plazo de diez días con sólo dos días laborables y hay tres períodos con sólo tres días laborables.

4.6.2.1 Se tiene que establecer un equilibrio entre permitir a los operadores económicos un tiempo razonable en el que presentar una reclamación y no introducir un retraso innecesario en todos los contratos que no causen ningún problema.

4.6.2.2 Lo ideal sería que la suspensión se definiera como días laborables, pero esto plantea el problema de las diferencias en los días festivos en los Estados miembros.

4.6.3 En segundo lugar, en el caso de que celebre una licitación de manera adecuada, los licitadores estarán esperando el aviso que, en todo caso, se les enviará a todos personalmente; no deberían encontrar dificultades para responder inmediatamente en el caso de que tengan razones para hacerlo.

4.6.4 En el caso de un contrato de adjudicación directa o de un contrato adjudicado a nivel interno a una entidad externa, resultará más difícil detectar el problema.

4.6.5 Puede que los potenciales licitadores no tengan conocimiento de que el contrato está en proyecto y dependerán de ver el anuncio publicado para saber de su existencia. Incluso si los diez días laborables sólo incluyen un fin de semana y, por eso, ascienden a ocho días laborables, habrá poco tiempo para tomar medidas desde un principio.

(7) El artículo 30 (apartado 1) estipula « los contratos destinados a permitir

el ejercicio de una actividad objeto de los artículos 3 a 7 [la definición de un servicio] no será objeto de la presente Directiva siempre que, en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad, se vea sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado ». El resto del artículo 30 expone detalladamente los criterios y el procedimiento que cabe seguir para conseguir la exención.

4.6.6 Puesto que existe consenso general en que los contratos de adjudicación directa constituyen la mayoría de los abusos, se deberá prestar más atención a la duración del plazo suspensivo, así como a un mecanismo que asegure que los potenciales licitadores interesados puedan enterarse del contrato propuesto tan pronto como sea posible. Un razonable aumento del plazo suspensivo para este tipo de contrato no aplicable a los que se les ha ofrecido adecuadamente una licitación competitiva sería de gran ayuda.

4.6.7 Las Directivas sobre procedimientos de recurso son aplicables, por supuesto, sólo en los contratos por encima de los umbrales, pero en el caso de los contratos ligeramente por debajo del umbral y, por tanto, fuera del margen de las Directivas« se cede » ocasionalmente hasta que el valor se sitúe por encima del umbral, algunas veces de manera bastante sustancial. Esto es un área de abuso demasiado común.

4.6.8 Resultaría desproporcionado un requisito para publicar todos los contratos, incluidos los que se encuentren muy por debajo de los umbrales y los que se sitúen en las entidades a nivel interno. En este contexto, habría que llamar la atención sobre el hecho de que los servicios internos no están incluidos en las Directivas sobre contratos públicos y que, a este respecto, también se platea la cuestión básica de por qué en este caso se debería aplicar el plazo suspensivo.

4.6.9 A fin de proporcionar un medio fácil y rápido de avisar a los potenciales operadores económicos interesados de la adjudicación inminente de un contrato superior a los umbrales (o, posiblemente, por encima de un valor inferior de, digamos, un 80 % de los umbrales) podría ser beneficiosa la creación de una página web, usada exclusivamente a dicho efecto y que estuviese financiada por la Comisión. En caso de crearse dicho sitio web, su uso debería ser obligatorio.

4.6.10 Es más, el desarrollo de una herramienta de búsqueda automática para utilizar en dicho lugar con el fin de poner sobre aviso a los licitadores de los avisos publicados que seguramente les sean de interés marcaría una gran diferencia en la efectividad de los anuncios. Si todas las noches se comprobara la página web se podría poner un aviso para cualquier cosa supuestamente de interés, y así mejoraría la probabilidad de que a los licitadores se les dieran a conocer oportunamente las adjudicaciones de contratos inminentes que ellos querrían recurrir.

5. Honorarios

5.1 Se ha sugerido que un licitador que quiera presentar una oferta debería pagar unos honorarios para desalentar reclamaciones molestas o tácticas. El CESE no está a favor de esta medida porque, por una parte, el esfuerzo necesario para llevar a cabo una reclamación ya es bastante caro y, por otra, el organismo de Evaluación (8) al que se le presenta la reclamación puede rechazar las solicitudes frívolas.

5.2 En países donde el Organismo de Evaluación no tiene poder para rechazar las solicitudes frívolas, se podrían justificar unos honorarios, pero tendrían que ser razonables para no desalentar a los que necesitan reclamar de verdad y, de ese modo, actuar como medida defensiva para los poderes adjudicadores que han abusado de las Directivas.

5.3 Aunque estrictamente no forme parte de la consideración de la nueva Directiva, el CESE ha sabido que algunos poderes adjudicadores han adoptado la práctica de pedir unos honorarios a los licitadores que deseen presentar una oferta. El CESE se opone firmemente a dicha medida que no solo es perjudicial para las PYME, sino también demasiado fácil de usar como medio de discriminación encubierta contraria al espíritu y, posiblemente, a la letra de las Directivas.

6. Glosario

Directiva « clásica » Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Es aplicable a todas las autoridades públicas (centrales, regionales, municipales, etc.) excepto a las que estén sujetas a la Directiva sobre contratos de servicio público (véase más abajo).

Directiva sobre contratos de servicios públicos

Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Es aplicable a todas las entidades que operen en estos sectores independientemente de su titularidad, pública o privada.

Contratación pública Contratación a cargo de autoridades públicas (sujeta a la Directiva « clásica ») y servicios públicos (sujeta a la Directiva sobre contratos de servicio público).

Directiva sobre procedimientos de recurso En 1991 y 1993 dos Directivas, que están siendo modificadas ahora, entraron en vigor con relación a la aplicación de los procedimientos de recurso para las Directivas clásicas (9) y de servicios públicos (10) respectivamente. Se adoptaron para facilitar un elemento de ejecución y un recurso que se había echado en falta en las anteriores Directivas clásicas (11).

(8) Véase el glosario para una definición de Organismo de Evaluación y la diferencia con respecto a un Organismo Independiente tal como se utiliza en este documento.

(9) 92/50/CEE de 18 de junio de 1992 (servicios), 93/36/CEE (suministro) y 93/37/CEE (obras), ambas de 14 de junio de 1993.

(10) 93/38/CEE de 14 de junio de 1993.

(11) 71/305/CEE de 26 de julio de 1971 (obras) y 77/62/CEE de 21 de diciembre de 1976 (suministro). En aquel tiempo no existía la Directiva de servicios.

Directiva nueva Modificación de las Directivas sobre procedimientos de recurso que es objeto del presente dictamen.

Directiva/s Alguna o todas, siempre que el contexto lo reconozca, de las Directivas definidas anteriormente.

Poder adjudicador Un poder adjudicador (sector clásico) o una entidad contratante (sector de servicios) que ha participado en los procedimientos contemplados por las Directivas.

Organismo Independiente Un organismo independiente que recibiría las denuncias, tal y como se describe en el párrafo 2 (apartado 3) en la exposición de motivos de la página 5 de la Nueva Directiva.

Organismo de Evaluación Un organismo judicial o cuasi judicial « independiente del poder adjudicador » que es nombrado para oír las denuncias y que tiene el poder de adjudicar.

Bruselas, 18 de enero de 2007. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Dimitris DIMITRIADIS

ANEXO al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

El siguiente punto del dictamen de la Sección fue eliminado al aprobar la Asamblea una enmienda al respecto, pero obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos.

« 1.2.1. No hay duda de que en tal contexto de competencia transparente dos criterios importantes en el marco de los procedimientos de adquisición son el ahorro y la eficiencia. Sin embargo, no se ha de pasar por alto el hecho de que las inversiones públicas son además un instrumento de política económica, y con referencia a los objetivos de Lisboa, en el momento de decidir se tienen que tener en cuenta los aspectos de política de empleo, sociales y medioambientales. Este principio fundamental resultaría también importante en los procedimientos de recurso. »

Resultado de la votación 78 votos a favor de eliminar el punto, 67 votos en contra y 10 abstenciones.


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