INSTRUCCIÓN 1/2017, de 9 de marzo, del director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña sobre el régimen jurídico básico de los bienes inmuebles que asigna el titular del departamento competente en materia de patrimonio a los departamentos de la Generalidad de Cataluña y sobre el régimen jurídico básico de los bienes inmuebles que adscribe el titular del departamento competente en materia de patrimonio a entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña. - Diario Oficial de Cataluña de 20-03-2017

  • Ámbito: Cataluña
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 20/03/2017
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 7332
  • Fecha de Publicación: 20/03/2017
  • Este documento NO tiene versiones

El Decreto 38/2014, de 25 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento, modificado por el Decreto 33/2016, de 19 de enero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, establece en su artículo 5.1.a que la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña es competente para ejercer la función de Dirigir, con criterios de eficiencia, las actuaciones que derivan de la gestión de los bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña: contratación, administración, explotación, defensa, protección, investigación e inventario .

El ejercicio de las competencias por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña ha permitido constatar que los destinatarios de las prescripciones de la legislación patrimonial no las aplican suficientemente. A menudo se otorgan títulos jurídicos y se firman protocolos que comprometen el patrimonio de la Generalidad de Cataluña y que generan expectativas de difícil cumplimiento, en aplicación de la normativa vigente.

La aplicación del régimen normativo patrimonial a la Generalidad de Cataluña, según el texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, y el Reglamento de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 323/1983, de 14 de julio, en cuanto a las asignaciones y adscripciones de bienes inmuebles, así como los diferentes supuestos de hechos ocurridos durante la tramitación de los expedientes patrimoniales que ha llevado a cabo la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña y a la cual se ha hecho referencia en el párrafo anterior, conducen a la necesidad de dictar una instrucción con diversas finalidades.

En primer lugar, hay que aclarar las competencias de los departamentos y de los organismos o empresas del sector público sobre los bienes que tienen asignados y adscritos respectivamente, así como las competencias exclusivas del departamento competente en materia de patrimonio y del Gobierno de la Generalidad sobre los derechos que recaen en los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la Generalidad de Cataluña. Al mismo tiempo, la Instrucción también debe servir para establecer criterios de aplicación e interpretación jurídica que armonicen las actuaciones sobre los bienes inmuebles, con el fin de conseguir un tratamiento esmerado de estos y asegurar el cumplimiento de los principios de coordinación administrativa y unidad de acción que deben informar la actuación de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

La presente Instrucción se dicta de acuerdo con los artículos 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, 7.1 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, 14 a de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y 5.1 a del Decreto 38/2014, de 25 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento, modificado por el Decreto 33/2016, de 19 de enero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, así como de acuerdo con las previsiones de los artículos 10 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, y 28.1 del Reglamento de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 323/1983, de 14 de julio.

Por todo ello, se dictan las instrucciones siguientes:


Primero. Objeto de la Instrucción

La presente Instrucción tiene por objeto aclarar los criterios para aplicar el régimen jurídico de los bienes inmuebles asignados y adscritos con relación a las facultades de disposición de estos bienes por parte de los departamentos en que se estructura la Administración de la Generalidad de Cataluña, así como por parte de los organismos autónomos, de las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña, de las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria y de determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña las normas de creación y funcionamiento de las cuales prevén que les sean adscritos bienes.


Segundo. Ámbito de aplicación

Esta Instrucción es aplicable a los órganos afectados que dependen jerárquicamente de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, así como a los titulares de las direcciones de Servicios de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, debido a su participación en los procedimientos de tramitación de expedientes administrativos relativos a bienes inmuebles asignados o adscritos sobre los que la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña es competente para actuar.


Tercero. Régimen jurídico de las asignaciones de bienes inmuebles de dominio público. Actuaciones a realizar por parte de los departamentos en que se estructura la Generalidad de Cataluña sobre los bienes inmuebles que tienen asignados

Tal como establece el artículo 6.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, es el departamento competente en materia de patrimonio quien ejerce las funciones dominicales sobre el patrimonio de la Generalidad que la Ley no atribuye al Parlamento o al Gobierno, sin perjuicio de las funciones y las responsabilidades de otros departamentos con respecto a los bienes de dominio público que tienen asignados, con las excepciones previstas por la ley.

De acuerdo con el artículo 8.1 a del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 diciembre, la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio tiene la competencia para resolver la afectación al uso general o a un servicio público y, por lo tanto, la consecuente asignación a un departamento de un bien patrimonial de la Generalidad, que se convertirá, a partir de la aprobación de la resolución, en un bien de dominio público o demanial.

Según prescribe el artículo 9.3 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, los cambios de asignación entre departamentos (mutaciones de destino o mutaciones demaniales) las resuelve el titular del departamento competente en materia de patrimonio. Esta competencia está delegada en el director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña mediante la Orden ECO/224/2011, de fecha 2 de septiembre, publicada en el DOGC número 5966.

El régimen jurídico de las asignaciones de bienes inmuebles en los departamentos de la Generalidad de Cataluña, tramitadas por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, se regula por el artículo 28.1 del Reglamento de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 323/1983, de 14 de julio, según el cual:

La afectación al uso general o al servicio público produce la integración del bien al dominio público de la Generalidad y la transferencia al departamento interesado del ejercicio de las competencias demaniales en cuanto a la conservación y la utilización para el fin previsto.

Las funciones de los departamentos se concretan en las actuaciones siguientes:

- El mantenimiento ordinario del inmueble, asumiendo los gastos que el bien lleva asociado (tales como tributos, rentas, gastos de comunidad, suministros y seguros, entre otros) y dando cuenta a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña a efectos de informar la contabilidad patrimonial en el inventario general.

- Su correcta conservación.

- El mantenimiento del destino a la finalidad de uso general o servicio público a que esté afectado el bien.

- El cumplimiento, en los edificios de usos administrativos, de los criterios de ocupación y tipologías de espacios establecidos, de acuerdo con las previsiones del Acuerdo del Gobierno de 16 de junio de 2015 por el cual se aprueban los principios rectores en la racionalización y optimización de los espacios de oficinas de la Generalidad de Cataluña y los criterios de reubicación de dependencias, así como con la normativa vigente aplicable.

- El departamento que tiene asignado el bien, como primer conocedor de la suya situación, es quiencuando proceda, y sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña para incoar expedientes patrimoniales, tiene que impulsar la tramitación del expediente patrimonial adecuado ante la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, cosa que tiene especial relevancia en las desafectaciones, cuando hace falta dictar actos administrativos para desafectar al bien en caso de que no sea necesario por parte del departamento que lo tiene asignado, en las autorizaciones de uso de bienes de dominio público, en las actuaciones de defensa y protección del bien inmueble, así como en las situaciones en que los bienes inmuebles asignados se vean afectados poractuaciones urbanísticas.

- Especialmente, los departamentos tienen que dar cumplimiento al artículo 26.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, que prescribe que en la utilización de los bienes afectados a los servicios públicos se tienen que observar las reglas propias de estos, así como las instrucciones dictadas por las autoridades responsables de su funcionamiento.


Cuarto. Régimen jurídico de las adscripciones de bienes inmuebles patrimoniales o de dominio público. Actuaciones a realizar por parte de los organismos autónomos, de las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña, de las sociedades de capital público en las que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria y de determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña sobre los bienes inmuebles que tienen adscritos

De acuerdo con el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, el titular del departamento competente en materia de patrimonio tiene la competencia para resolver la adscripción de un bien inmueble a favor de un organismo autónomo, de una empresa pública de la Generalidad de Cataluña o de una sociedad de capital público en la que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria. Al mismo tiempo, mediante la norma de creación o funcionamiento de una entidad del sector público de la Generalidad de Cataluña también se puede prever la adscripción de bienes de la Generalidad de Cataluña a su favor.

El régimen jurídico de las adscripciones que tramita la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña está previsto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, según el cual:

1. Los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria pueden solicitar al Departamento de Economía y Finanzas (se tiene que entender al departamento competente en materia de patrimonio), mediante el departamento de quien dependan o al cual estén vinculados, y para el cumplimiento de sus fines, la adscripción de bienes inmuebles patrimoniales de la Generalidad de Cataluña. Únicamente se pueden adscribir bienes de dominio público a los organismos autónomos, las empresas públicas y las sociedades de capital público con participación mayoritaria de la Generalidad, en relación con los bienes que tiene asignados el mismo departamento del cual dependen.

2. El consejero o consejera de Economía y Finanzas (se tiene que entender la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio), vistas las razones expuestas por el organismo solicitante, si no hay ningún departamento interesado en el bien o si lo considera oportuno, adopta la resolución de adscripción correspondiente, haciendo mención especial de la finalidad a la cual los bienes tienen que ser destinados.

(···)

4. Los organismos autónomos, las empresas públicas de la Generalidad y las sociedades de capital público en que la Generalidad tiene participación mayoritaria y que reciban dichos bienes no adquieren la propiedad y tienen que utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines que determina la adscripción, de una manera directa o mediante la percepción de las rentas o los frutos. En caso de que el bien adscrito no se dedique al cumplimiento de las finalidades previstas, se tiene que incorporar al patrimonio de la Generalitat, la cual, con la tasación previa de su valor pericial, tiene que exigir los detrimentos evaluados.

5. En los casos de mutación demanial, cambio de adscripción o desafectación de inmuebles, le corresponde al departamento o entidad ocupante asumir los gastos de mantenimiento hasta la fecha en que se formalice el acto de traspaso de la posesión o el acto administrativo de desafectación.

El artículo 35 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, también prevé, con relación a las adscripciones, lo siguiente:

1. La adscripción o la cesión del derecho de uso de un inmueble propiedad de la Generalidad de Cataluña a favor de un organismo autónomo, de una empresa pública, de una entidad gestora de la Seguridad Social o de cualquier otro ente comporta la asunción por esos del pago de las primas de seguros, correspondientes a los contratos de seguro del continente del bien cedido y de la responsabilidad civil derivada del inmueble, que se devenguen desde la fecha de la cesión o la adscripción hasta que finalicen.

2. Los beneficiarios de la adscripción y los cesionarios de los derechos de uso de inmuebles que son propiedad de la Generalidad tienen que asumir el pago de las obligaciones tributarias que corresponden a la titularidad del inmueble.

Las actuaciones de los organismos autónomos, de las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña, de las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria y de determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña a quienes se adscriba un bien inmueble se concretan en las siguientes:

- El mantenimiento del inmueble, asumiendo los gastos asociados, tales como impuestos, rentas, gastos de comunidad, seguros, entre otros.

- Su conservación correcta.

- La asociación del bien al cumplimiento de sus finalidades, así como a la finalidad que ha motivado la adscripción, que debe constar perfectamente identificada en la resolución que apruebe la adscripción, con especial cumplimiento de las previsiones que contiene el artículo 35 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre.

- El cumplimiento, en los edificios de usos administrativos, de los criterios de ocupación y tipologías de espacios establecidos, de acuerdo con las previsiones del Acuerdo del Gobierno, de 16 de junio de 2015, por el que se aprueban los principios rectores en la racionalización y optimización de los espacios de oficinas de la Generalidad de Cataluña y los criterios de reubicación de dependencias.

- El organismo o entidad que tenga adscrito un bien tiene la obligación de comunicar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, lo antes posible y a efectos de su retorno por ministerio de la ley, la circunstancia por la que el bien adscrito se deja de destinar al cumplimiento de las finalidades previstas, a fin de que la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña adopte las medidas adecuadas previstas por la normativa patrimonial.

- El organismo o entidad que tenga adscrito un bien, como primer conocedor de la situación de este bien, es quien cuando proceda, y sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña para incoar expedientes patrimoniales, debe impulsar la tramitación del expediente patrimonial correspondiente ante la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña. Este hecho tiene especial relevancia en las desafectaciones, cuando hay que dictar actos administrativos para desafectar al bien en caso de que no lo necesite la entidad que lo tiene adscrito, en las actuaciones de defensa y protección del bien inmueble, y también en las situaciones en que los bienes inmuebles asignados sean afectados por actuaciones urbanísticas.

- En relación con la percepción de rentas o frutos sobre los bienes adscritos por parte de organismos autónomos, de empresas públicas de la Generalidad o de sociedades de capital público en qué la Generalidad tiene participación mayoritaria, prevista en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, hace falta tener en cuenta que la adscripción de los bienes se hace en atención al objeto social o finalidad de la entidad que recibe la adscripción del bien y no se puede aplicar este precepto nunca con la intención de percibir rentas o frutos de bienes adscritos cuando la finalidad de estos bienes, directamente o indirectamente, no está vinculada a la finalidad propia de bienes de adscripción. En el resto de casos, la percepción de rentas o frutos es plenamente válida. En este sentido, la resolución que acuerda la adscripción debe hacer mención, de manera expresa, del hecho que la finalidad que determina la adscripción es la percepción de las rentas de los frutos. La resolución que autoriza la percepción de las rentas de los frutos se puede adoptar después de la adscripción, siempre que se cumpla la condición mencionada anteriormente.


Quinto. Competencias atribuidas ex lege que no forman parte de la esfera competencial de los departamentos de la Generalidad de Cataluña sobre los bienes inmuebles que tienen asignados ni de la de los organismos autónomos, empresas públicas de la Generalidad de Cataluña, sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria y determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña sobre los bienes inmuebles que tienen adscritos

En relación con las asignaciones, la asignación de un bien inmueble a un departamento no implica la transferencia de ninguna potestad de disposición patrimonial sobre el bien, sin que este departamento pueda realizar ningún acto que suponga contratar, administrar extraordinariamente, explotar o comprometerlo, actos para los que son competentes, como determina la normativa, los diferentes órganos del departamento competente en materia de patrimonio, así como el Gobierno de la Generalidad, excepto en los casos en que la legislación especial determina otros órganos competentes (montes, carreteras, etc.).

En cuanto a las adscripciones, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en las que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria que tienen adscrito un bien inmueble no pueden, igual que los departamentos que tienen asignados bienes, llevar a cabo ningún acto de disposición patrimonial sobre el bien que pueda suponer contratar, administrar extraordinariamente, explotar o comprometerlo, actos para los que son competentes, como determina la normativa, los diferentes órganos del departamento competente en materia de patrimonio, así como el Gobierno de la Generalidad.

Específicamente, los departamentos, los organismos autónomos, las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria no pueden, sobre los bienes inmuebles que tienen asignados o adscritos:

- Enajenar bienes inmuebles, dado que la competencia recae en la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio o en el Gobierno de la Generalidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, con la propuesta previa del departamento competente en materia de patrimonio y tramitación del expediente de enajenaciónpor parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

- Contratar arrendamientos, dado que es competente la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, de acuerdo con los artículos 13.2 y 14 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre; competencia que está delegada en el director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña mediante la Orden ECO/224/2011, de fecha 2 de septiembre, publicada en el DOGC número 5966, con la propuesta previa de alguno de los departamentos en que se estructura la Generalidad de Cataluña y tramitación del expediente de arrendamiento por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Catalunya.

- Ceder el dominio de bienes inmuebles, dado que es competente el Gobierno de la Generalidad, de acuerdo con el artículo 22.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, con la propuesta previa del departamento competente en materia de patrimonio y tramitación del expediente de cesión de dominio por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

- Ceder el uso de bienes inmuebles, dado que la competencia recae en la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, de acuerdo con el artículo 22.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, con la tramitación previa del expediente de cesión de uso por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

- Otorgar permisos de ocupación temporal, dado que el competente, con la tramitación previa del expediente por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, es el secretario general del departamento competente en materia de patrimonio, de acuerdo con el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, excepto en los casos previstos en el artículo 28.2 de la referida normal legal, donde la competencia se atribuye al secretario general del departamento que tiene asignado el bien inmueble.

- Otorgar concesiones de dominio público, dado que la competencia recae en la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, de acuerdo con el artículo 29.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, a propuesta de algún departamento o del departamento competente en materia de patrimonio y con la tramitación previa del expediente de concesión demanial por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Además, las actuaciones que acto seguido se enumeran no se pueden llevar a cabo ni sobre los bienes inmuebles que están asignados en los departamentos ni sobre los bienes inmuebles que están adscritos o que conforman el patrimonio propio de organismos autónomos, de las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña, de las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria y de determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña, si no es con un informe preceptivo y favorable previo de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña; este régimen también se aplica, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15.2 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, a todas las entidades, las empresas o las sociedades a que se refiere el artículo 1.a y b de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, a la Corporación Catalana de Radio y Televisión, al Servicio Catalán de la Salud y, en general, a todas las entidades en las que la participación directa o indirecta o la representación de la Generalidad de Cataluña es mayoritaria.

Las entidades a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, sin el informe preceptivo y favorable previo de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, no pueden:

- Redactar y ejecutar, libremente, proyectos de obras para construir o reformar inmuebles destinados a uso administrativo de los servicios de los departamentos de la Generalidad y de entidades de su sector público que tengan un valor estimado del contrato superior a 600.000,00 euros, IVA excluido, dado que, de acuerdo con el artículo 15.3 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, requieren para su licitación informe favorable de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, el cual se tiene que incorporar al expediente de contratación como requisito previo para la aprobación técnica del proyecto por parte del órgano de contratación.

- Adquirir, por medio de cualquier título, locales, inmuebles o derechos reales o disponer de ellos como arrendatarios, ocupantes o usuarios, por el sistema de contratación directa, ni formalizar cualquier contrato o documento de modificación o de sustitución parcial o de resolución de los mencionados anteriormente, sin el informe previo vinculante que debe emitir la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, excepto en las adquisiciones de bienes para empresas públicas con la finalidad de devolverlas al tráfico jurídico privado, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas, todo ello conforme a lo que prescribe el artículo 15.1 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre. En todos los supuestos a que se ha hecho referencia, el titular del departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta del titular de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, debe requerir la aplicación de los criterios de ocupación y tipologías de espacios establecidos previamente, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 15 bis del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre.


Sexto. Firma de protocolos y convenios

Los departamentos, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria no pueden firmar protocolos y convenios sobre bienes inmuebles que obliguen o comprometan la competencia de los órganos que, sobre estos bienes, por ley, la tienen atribuida.

Especialmente, no pueden suscribir convenios que impliquen aceptaciones de cesiones de bienes inmuebles realizadas por parte de entidades locales a favor de la Generalidad de Cataluña, que requieren una tramitación previa de expediente por parte de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña y aprobación por parte del Gobierno de la Generalidad, a propuesta conjunta del departamento que propone y del departamento competente en materia de patrimonio.


Séptimo. Publicación

Debido a los destinatarios y a los efectos que produce, esta Instrucción se publicará en la web del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.


Octavo. Entrada en vigor

Esta Instrucción entra en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de marzo de 2017

Francesc Sutrias i Grau

Director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña


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