Ley 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras. - Diario Oficial de Cataluña de 06-07-2007

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  • Ámbito: Cataluña
  • Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 31 de Marzo de 2017
  • Fecha de entrada en vigor: 07/07/2007
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 4920
  • Fecha de Publicación: 06/07/2007
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Preambulo

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras.

Preámbulo

La presente ley de medidas fiscales y financieras mantiene el criterio utilizado a partir de la Ley 7/2004, del 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. Así, incorpora los preceptos que, con vocación de permanencia, están relacionados esencialmente con el ingreso y el gasto o con la administración del patrimonio de la Generalidad de Cataluña, el cual se considera parte integrante de la hacienda de la Generalidad. Por este motivo, la presente ley se limita a introducir las modificaciones imprescindibles que comporta una norma de dicho tipo, en contraposición a una norma de tipo temporal como la Ley de presupuestos, especialmente en cuanto a la modificación de los elementos esenciales de las figuras tributarias.

El texto legal se estructura en dos títulos. El primero está dedicado a las medidas fiscales y el segundo a las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. En conjunto, la presente ley contiene treinta y dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título I recoge las medidas fiscales y se divide en tres capítulos. El primero contiene las normas relacionadas con los tributos propios; el segundo, las correspondientes a los tributos cedidos, y el tercero, las relativas a otras normas fiscales.

Los preceptos del capítulo I mencionan dos figuras impositivas propias de la Generalidad. La sección primera recoge las modificaciones introducidas en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, concretamente en lo referente al canon del agua y a la tarifa de utilización del agua. Las medidas, que tienen como objetivo fomentar conductas respetuosas con el medio ambiente y los usos sostenibles y eficientes de los recursos, pueden clasificarse en dos bloques: por una parte, las relacionadas con los usos domésticos del agua, con el tratamiento de los supuestos en que se pueden reutilizar las aguas pluviales y con las fugas de agua accidentales; por otra, las que hacen referencia a los usos industriales, con la modificación, entre otros aspectos, de algunos de los coeficientes que afectan al tipo específico de gravamen.

Las medidas relacionadas con las tasas de que hace exacción la Generalidad se encuentran en la sección segunda del capítulo I. Entre estas medidas destaca la introducción de nuevas bonificaciones, algunas en atención al hecho de que el sujeto pasivo sea miembro de una familia monoparental o de una familia numerosa de categoría general o de categoría especial, así como la creación de una exención en todas las tasas que gestiona el Departamento de Educación para los supuestos en que los sujetos pasivos de estas tasas sean personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Por su parte, el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación introduce una serie de modificaciones en las tasas gestionadas por la Dirección General de Policía, la Dirección General del Juego y de Espectáculos y el Servicio Catalán de Tráfico, e introduce nuevos hechos imponibles, como los referentes a los centros de reconocimiento médico de conductores. El Departamento de Economía y Finanzas crea una nueva tasa por la verificación previa a la emisión de valores que serán admitidos a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en Cataluña; y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda modifica, entre otras, la tasa por los servicios de acreditación de entidades colaboradoras de la Administración en materia de medio ambiente y racionaliza el catálogo de tasas de la Agencia Catalana del Agua. Por último, se suprime la tasa por las actuaciones del Registro de Grandes y Medianos Establecimientos Comerciales. Aún en materia de tasas, la presente ley contiene una disposición final por la que se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor refunda la Ley 15/1997, del 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña y las disposiciones que la modifican.

El capítulo II contiene los preceptos referidos a los tributos cedidos. En cuanto a la estructura formal, este capítulo se divide en tres secciones. La primera está dedicada al impuesto sobre la renta de las personas físicas; la segunda, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y la tercera, a las medidas relacionadas con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, las medidas resultan de la necesaria adaptación de la normativa de Cataluña a la Ley del Estado 35/2006, del 29 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos de sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, en que destaca la introducción de nuevos porcentajes autonómicos en la deducción por inversión en la vivienda habitual. Esta adaptación a dicha ley se produce también en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por lo que a este último se refiere, se modifica, además, el tipo reducido aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución y la modificación de derechos reales en favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en Cataluña, que pasa del 0,3% al 0,1%, y, en el marco de las políticas de fomento de acceso de los jóvenes a la vivienda, se crea un nuevo tipo reducido del 0,5% aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución y la modificación de préstamos hipotecarios otorgados en favor de contribuyentes de treinta y dos años o menos o con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%, para la adquisición de la vivienda habitual, siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no exceda de los 30.000 euros.

El capítulo III, dedicado a otras medidas fiscales, cierra el título I. Este capítulo, en ejercicio de las competencias normativas en materia de tributos cedidos, regula aspectos de gestión del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El título II incluye las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas y se divide en seis capítulos. El capítulo I está relacionado con la gestión financiera del sector público y contiene tres medidas. La primera se refiere a la gestión de los recursos de la tesorería; la segunda, a la facturación electrónica, y la tercera se refiere a los certificados tributarios. La finalidad es mejorar y optimizar la gestión financiera de la Administración de la Generalidad y dotar estas medidas de vigencia indefinida.

En el capítulo II se modifican cuatro preceptos del Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña. Se prevé la posibilidad de formalizar, mediante un documento administrativo -que debe ser título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad-, las adquisiciones, enajenaciones y cesiones de bienes inmuebles en las que sea la Generalidad quien actúa como ente cedente o cesionario de estas.

El capítulo III contiene varias modificaciones a la Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, que tienen la finalidad de incluir un período mínimo de residencia legal en Cataluña para poder gozar de determinadas prestaciones reguladas por la misma norma, y también la creación de una prestación para determinados colectivos con recursos insuficientes, para que puedan hacer frente a los gastos propios del mantenimiento del hogar.

El capítulo IV establece dos medidas de procedimiento administrativo. Una se refiere a la obtención de recursos alternativos en la reutilización del agua regenerada y la otra a la actualización de las infracciones administrativas en materia de caza.

Mediante el capítulo V se incrementan determinados precios públicos y tarifas por servicios generales prestados directamente por la empresa pública Puertos de la Generalidad.

El capítulo VI establece modificaciones normativas en materia de organización y personal de la Administración de la Generalidad.

La presente ley se cierra con cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Las dos primeras disposiciones finales se refieren a las autorizaciones al Gobierno para que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley refunda, por una parte, la Ley 15/1997, del 24 de diciembre, y las disposiciones que la modifican y, por la otra, la normativa reguladora de las cajas de ahorros. Por último, la tercera disposición final señala la entrada en vigor de la presente ley.

El anteproyecto de la presente ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el cual, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.1.a.primero de la Ley 7/2005, del 8 de junio, del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, debe emitir un dictamen con carácter preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de ley que regulan materias socioeconómicas, laborales y de ocupación de competencia de la Generalidad. A la vista de este dictamen, se introdujeron en el texto del anteproyecto de ley diversas sugerencias que afectan a su contenido.


TÍTULO I. MEDIDAS FISCALES.
CAPÍTULO I. TRIBUTOS PROPIOS.
SECCIÓN I. CANON DEL AGUA.
Artículo 1. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas en Cataluña.

1. Se añade una nueva letra, la g, al apartado 2 del artículo 64 del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, con el siguiente texto:

    g. La utilización de aguas pluviales para usos domésticos, salvo que estas aguas se viertan a un sistema de saneamiento público.

2. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 69 del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, con el siguiente texto:

7. En los supuestos de fugas de agua debidamente acreditadas como un hecho fortuito no atribuible a negligencia de los abonados en que la entidad suministradora haya optado por dar un tratamiento excepcional al volumen de agua que exceda del consumo habitual de la vivienda y haya decidido no aplicar a este volumen la progresividad de la tarifa, en cuanto al canon del agua se aplica, sobre el volumen que excede del que previo estudio del historial de consumos de los últimos dos años se fije como consumo habitual en aquella vivienda, el tipo doméstico que el apartado 2 de este artículo establece para consumos superiores a la dotación básica. En cualquier caso, el carácter fortuito de la fuga no atribuible a negligencia de los abonados debe acreditarse mediante los documentos justificativos expedidos por el instalador homologado, y la causa de la fuga puede ser verificada por la entidad suministradora, si lo considera necesario.

3. Se modifica el apartado 7 del artículo 72 del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, en el párrafo relativo al coeficiente de salinidad (Ks), que queda redactado del siguiente modo:

Ks: es el coeficiente de salinidad; los vertidos hechos en aguas superficiales continentales con caudales superiores a 100 metros cúbicos por segundo en épocas de estiaje quedan afectados de un coeficiente de salinidad para el parámetro de las sales solubles equivalente a 0,2. En los casos de vertidos de aguas residuales no tratadas en una depuradora pública, efectuados en el mar mediante colectores o emisarios submarinos públicos, el coeficiente de salinidad para el mismo parámetro es 0.

4. Se modifica el apartado 7 del artículo 72 del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, en lo relativo al coeficiente de vertido al sistema (Ka), que queda redactado del siguiente modo:

Ka: es el coeficiente de vertido a sistema. En cuanto a vertidos efectuados a redes de alcantarillado, colectores generales y emisarios correspondientes a sistemas públicos de saneamiento, el tipo de gravamen específico, determinado en función de la carga contaminante vertida, está afectado por el coeficiente 1,5. Este coeficiente es 1,4 en cuanto a vertidos al mar de aguas residuales no tratadas en una depuradora pública, hechos mediante colectores o emisarios submarinos.

En los casos mencionados, si el tipo de gravamen específico es inferior al aplicable a todos los efectos para los usos industriales, el nuevo valor resultante de la aplicación de los coeficientes no puede superar el tipo previsto para los usos industriales en el primer párrafo del artículo 72.1.

5. Se modifica la disposición adicional novena del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, que queda redactada del siguiente modo:

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

1. La tarifa de utilización de agua a la que hace referencia el artículo 78.2 es aplicable a los usuarios de aprovechamientos de agua beneficiados por las actuaciones públicas de producción, protección y mejora de la regulación del agua en el acuífero de la Baja Tordera, en los supuestos y en las condiciones que establece esta disposición.

2. Están obligados al pago de la tarifa los titulares y los usuarios de aprovechamientos de aguas efectuados dentro del ámbito del acuífero de la Baja Tordera, de acuerdo con la definición hecha por el Decreto 328/1988, del 11 de octubre, por el que se establecen normas de protección y adicionales en materia de procedimiento en relación con varios acuíferos de Cataluña, incluyendo las captaciones de agua procedente de instalaciones públicas de producción y tratamiento.

3. La tarifa, en los términos que establece el apartado 1, es exigible a partir del 1 de enero de 2006 y debe liquidarse con periodicidad trimestral. En los casos en que los datos anuales de captación de agua son necesarios para determinar correctamente el tipo impositivo aplicable, la liquidación debe emitirse anualmente.

4. La base imponible es el volumen de agua captada del medio en el ámbito del acuífero de la Baja Tordera, o el procedente de la obra hidráulica específica, en el período de liquidación. Se determina, preferentemente, por estimación directa si se dispone de un sistema de medición y, en caso contrario, de acuerdo con cualquiera de los sistemas de estimación establecidos por la normativa tributaria vigente. A tal efecto, los contribuyentes están obligados a presentar trimestralmente una declaración de los volúmenes consumidos en el período, ajustada a las lecturas de los aparatos de medición.

5. El tipo de la tarifa de utilización se fija en 0,2197 euros por metro cúbico. En los supuestos de aprovechamientos de agua del medio, este tipo se afecta de los coeficientes que se detallan a continuación, en función del uso del agua:

  1. Abastecimiento de poblaciones, uso de agua industrial y otras actividades económicas: 0,5.

  2. Riego agrícola: 0,1.

6. Para los usos de agua para riego agrícola producidos hasta el 31 de diciembre de 2007, el tipo de gravamen se afecta de un coeficiente 0 para los sujetos pasivos que acrediten, antes de esta fecha, la instalación de un sistema que permita medir cuantitativamente el consumo con contadores volumétricos.

A partir del 1 de enero de 2008, este coeficiente solo será aplicable a los sujetos pasivos que acrediten la eficiencia en el uso del agua, determinada según un sistema cuantitativo, medido por contador, tomando como referencia o estándar, para el ámbito territorial definido en el apartado 2, la dotación de 7.500 metros cúbicos por hectárea y año.

7. Los aprovechamientos de agua regenerada procedentes de sistemas públicos de saneamiento tienen una bonificación del 100% de la cuota.

8. Los usuarios de aprovechamientos de agua captada del medio de un volumen anual inferior a 7.000 metros cúbicos disfrutan de una bonificación de la cuota del 100%.

9. La cuota de la tarifa de utilización aplicable a los usos industriales y de riego agrícola y a los correspondientes a otras actividades económicas, salvo el abastecimiento de poblaciones, se afecta de los siguientes coeficientes de implantación, en los períodos que se indican:

Coeficiente aplicable según los usos:

Año: 2007

Usos industriales y otras actividades económicas: 0,75

Usos de riego agrícola: 0,50

Año: 2008

Usos industriales y otras actividades económicas: 1,00

Usos de riego agrícola: 1,00

10. Los órganos competentes de la administración hidráulica deben establecer, con la participación de las entidades representativas de los sujetos obligados a la tarifa de utilización, los programas de información sobre las obras y las actuaciones hidráulicas para la mejora del acuífero y sobre sus efectos.

11. Los recursos generados por la contribución de los usuarios de agua para riego agrícola, en el ámbito territorial de aplicación de esta disposición, deben destinarse, con carácter preferente, con el límite que el Gobierno fije para cada ejercicio, a actuaciones de mejoramiento y protección de los recursos de agua del acuífero.

6. Se modifica la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, que queda redactada del siguiente modo:

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

1. En los usos industriales de agua correspondientes a actividades incluidas en la división 05.02 de la sección B, y en las secciones C, D y E de la CCAE-93, con aplicación individualizada del canon del agua, el tipo de gravamen general se afecta de un coeficiente 0,90 para los sujetos pasivos que acrediten para cada establecimiento una mejora en la eficiencia en el uso del agua, determinada según un sistema cuantitativo, referenciado en el estándar de uso, o que acrediten la eficiencia o su mejora según un sistema cualitativo basado en la obtención de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 o EMAS.

2. La mejora de la eficiencia o la eficiencia misma se acreditan si el consumo unitario de agua del establecimiento es igual o inferior al estándar de uso declarado, o bien si se desprende de los datos contenidos en las sucesivas actualizaciones o renovaciones del sistema de gestión ambiental, previstas en la normativa técnica o sectorial vigente, incluida la normativa en materia de caudales de mantenimiento.

3. La metodología para la determinación del estándar en el uso del agua, el sistema de determinación de la eficiencia y su mejora, así como los plazos y los efectos de su declaración, de acuerdo con los apartados precedentes, deben fijarse por decreto.


SECCIÓN II. TASAS.
Artículo 2. Modificación del título I de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 3. Modificación del título III de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 4. Modificación del título IV de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 5. Modificación del título V de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 6. Modificación del título VI de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 7. Modificación del título IX de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 8. Modificación del título X de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 9. Modificación del título XII de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 10. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 11. Modificación del título XV de la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

Artículo 12. Adición de una disposición adicional a la Ley 15/1997.

(DEROGADO)

Modificaciones

CAPÍTULO II. TRIBUTOS CEDIDOS.
SECCIÓN I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Artículo 13. Deducción por alquiler de la vivienda habitual.

1. Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2007, la letra b del apartado 1.1 del artículo 1 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactada del siguiente modo:

  1. Que su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar no sea superior a 20.000 euros anuales.

2. Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2007, el apartado 1.3 del artículo 1 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

1.3 En el caso de tributación conjunta, si alguno de los declarantes se encuentra en alguna de las circunstancias especificadas por la letra a del apartado 1.1 y por el apartado 1.2, el importe máximo de la deducción es de 600 euros, y el de la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, de la unidad familiar es de 30.000 euros.


Artículo 14. Deducción por inversión en la vivienda habitual.

Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2007, el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

2. Deducción por inversión en la vivienda habitual

2.1 De acuerdo con lo que disponen la letra c del artículo 38.1 de la Ley del Estado 21/2001, del 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y los artículos 68.1 y 78.1 de la Ley del Estado 35/2006, del 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, se establecen los siguientes porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico:

  1. A todos los efectos, el 3,45%, excepto los supuestos a que se refiere el apartado 2.2, en que el porcentaje es del 6,45%.

  2. Si se trata de obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad a que hace referencia el número 4 del artículo 68.1 de la Ley 35/2006, el 8,6%.

2.2 Solo pueden aplicar el porcentaje incrementado establecido por la letra a del apartado anterior los contribuyentes que cumplen alguna de las siguientes condiciones:

  1. Tener treinta y dos años o menos en la fecha de devengo del impuesto, siempre que su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no sea superior a 30.000 euros. En el caso de tributación conjunta, este límite se computa de manera individual para cada uno de los contribuyentes que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones en la vivienda habitual durante el ejercicio.

  2. Haber estado en el paro durante ciento ochenta y tres días o más durante el ejercicio.

  3. Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

  4. Formar parte de una unidad familiar que incluya por lo menos un hijo en la fecha de devengo del impuesto.

2.3 Al efecto de la aplicación de esta deducción, de conformidad con el artículo 94 de la Ley general tributaria, las entidades gestoras de la Seguridad Social deben facilitar la información relativa a las personas que han estado en el paro más de ciento ochenta y tres días durante el ejercicio.


Artículo 15. Deducciones en la cuota por donaciones a determinadas entidades.

Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2007, el artículo 14 de la Ley 21/2005, del 29 de diciembre, de medidas financieras, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 14. Deducciones en la cuota del IRPF por donaciones a determinadas entidades

1. En la parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se puede aplicar, junto con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción por donativos en favor del Instituto de Estudios Catalanes y de fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana y que figuren en el censo de estas entidades que elabora el departamento competente en materia de política lingüística. También son objeto de esta deducción los donativos que se hagan en favor de centros de investigación adscritos a universidades catalanas que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. El importe de la deducción se fija en el 15% de las cantidades donadas, con el límite máximo del 10% de la cuota íntegra autonómica.

2. La deducción establecida por este artículo queda condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinen su aplicabilidad. En particular, las entidades beneficiarias de estos donativos deben enviar a la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía y Finanzas, dentro de los primeros veinte días de cada año, una relación de las personas físicas que han efectuado donativos durante el año anterior, con la indicación de las cantidades donadas por cada una de ellas.


SECCIÓN II. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
Artículo 16. Deducción en la donación de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.

(DEROGADO)

Modificaciones

SECCIÓN III. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
Artículo 17. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas.

Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactada del siguiente modo:

b) La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, correspondientes a los miembros de la familia numerosa en la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no debe exceder de 30.000 euros. Esta cantidad debe incrementarse en 12.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que una familia tenga la condición legal de numerosa.


Artículo 18. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual para minusválidos.

Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

2. Es un requisito para la aplicación de este tipo que la suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, correspondientes a los miembros de la unidad familiar en la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda los 30.000 euros.


Artículo 19. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por parte de jóvenes.

Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

1. El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo es del 5% si en la fecha de devengo del impuesto este tiene treinta y dos años o menos, siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda de 30.000 euros.


Artículo 20. Tipos de gravamen de los documentos notariales.

Se modifica el artículo 7 de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 7. Tipos de gravamen de los documentos notariales

Los documentos notariales a que hace referencia el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, del 24 de septiembre, tributan según los siguientes tipos de gravamen:

  1. El 0,1%, en el caso de documentos de adquisición de viviendas declaradas protegidas, así como de los documentos del préstamo hipotecario otorgado para su adquisición.

  2. El 1,5%, en el caso de documentos en que se haya renunciado a la exención en el IVA conforme a lo que dispone el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, del 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

  3. El 0,1%, en el caso de documentos que formalicen la constitución y la modificación de derechos reales en favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en Cataluña.

  4. El 0,5%, en el caso de documentos que formalicen la constitución y la modificación de préstamos hipotecarios otorgados en favor de contribuyentes de treinta y dos años o menos o con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%, para la adquisición de su vivienda habitual, siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda de 30.000 euros.

  5. El 1%, en el caso de otros documentos.


CAPÍTULO III. OTRAS MEDIDAS FISCALES.
Artículo 21. Obligación de presentación de documentos a los efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Se entiende cumplida la obligación de presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando la presentación y, si procede, el pago de la autoliquidación correspondiente se haya efectuado por vía telemática.


TÍTULO II. MEDIDAS RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
CAPÍTULO I. GESTIÓN FINANCIERA.
Artículo 22. Sistema de tesorería corporativo.

Con el objetivo de optimizar la gestión de tesorería del conjunto del sector público de la Generalidad y de acuerdo con el artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, los órganos competentes en materia de tesorería deben dictar las instrucciones correspondientes para concretar las medidas acordadas por el Departamento de Economía y Finanzas con el fin de centralizar los saldos de todas las entidades clasificadas o susceptibles de ser clasificadas como Administración pública de la Generalidad según los criterios metodológicos del sistema europeo de cuentas (SEC95), así como los de las otras entidades en las que la participación de la Generalidad, de forma directa o indirecta, es mayoritaria.

Modificaciones

Artículo 23. Facturación electrónica.

El Departamento de Economía y Finanzas puede dictar las disposiciones necesarias para establecer los modelos de datos y los sistemas de transmisión, de firma electrónica y de acceso y conservación que se consideren necesarios para regular el uso de la facturación electrónica en la Administración de la Generalidad y en el sector público vinculado o dependiente.


Artículo 24. Subvenciones.

Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, del 29 de diciembre, de medidas financieras, que queda redactada del siguiente modo:

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

1. En las subvenciones y las ayudas que concede la Generalidad, el requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalidad y de las obligaciones con la Seguridad Social se acredita mediante una declaración responsable del beneficiario o beneficiaria en el momento de la solicitud y aceptación de la subvención o ayuda y mediante la presentación de las certificaciones positivas emitidas por los órganos competentes en el momento del pago de la subvención o la ayuda.

2. Por orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, y a propuesta del titular del departamento correspondiente, deben determinarse las subvenciones o las ayudas que por razón del volumen previsto de beneficiarios o por su naturaleza quedan exceptuadas de la presentación de las certificaciones positivas acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3. Si la Administración de la Generalidad, sobre la base de los convenios interadministrativos firmados con los organismos competentes, dispone de esta información, previamente al pago de la correspondiente subvención o ayuda, debe comprobar de oficio si el beneficiario o beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En este caso, no es necesario que el beneficiario o beneficiaria aporte los certificados correspondientes.

4. La firma de la solicitud de la subvención por el beneficiario o beneficiaria implica la autorización a la Administración de la Generalidad para dicha función de comprobación.


CAPÍTULO II. NORMAS PATRIMONIALES.
Artículo 25. Modificaciones del Decreto Legislativo 1/2002.

1. Se modifica el apartado 2, del artículo 12 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:

2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el cedente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.

2. Se añade un nuevo apartado, el 6, al artículo 13 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, con el siguiente texto:

6. Las adquisiciones de bienes a título oneroso o de derechos reales sobre estos bienes pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el transmitente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.

3. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 18 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, con el siguiente texto:

2. Las enajenaciones de bienes inmuebles pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el adquiriente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.

4. Se modifica el apartado 6 del artículo 22 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:

6. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el cesionario sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.


CAPÍTULO III. MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL.
Artículo 26. Modificación de la Ley 13/2006.

1. Se añade un nuevo apartado, el 2, al artículo 4 de la Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, con el siguiente texto:

2. Son beneficiarias de la prestación para atender las necesidades básicas regulada por el artículo 23 y de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia las personas que acrediten que residen en Cataluña y que lo han hecho durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de las personas catalanas retornadas, a las que no se les exige el período mínimo de residencia.

2. Se modifican el título y los apartados 1 y 2 del artículo 20 de la Ley 13/2006, que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 20. Prestación para el mantenimiento de gastos del hogar para determinados colectivos

1. Se crea una prestación de derecho subjetivo para las personas que no pueden atender con sus ingresos los gastos propios del mantenimiento del hogar habitual, por el hecho de que el cónyuge, o el familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con quien compartían estos gastos ha muerto. Esta prestación tiene como finalidad garantizar el uso de la vivienda habitual facilitando una vida independiente.

2. Tienen derecho a ser beneficiarios de la prestación regulada por este artículo las personas que acrediten tener que hacer frente con sus únicos ingresos al mantenimiento del hogar habitual que compartían con el cónyuge o familiar que ha muerto y siempre que dependiesen económicamente de estos.

3. Se suprime la letra b del apartado 6 del artículo 20 de la Ley 13/2006.

4. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 23 de la Ley 13/2006, que queda redactada del siguiente modo:

    b. Los ingresos que percibe la unidad familiar o convivencial por todos los conceptos no superan el indicador de renta de suficiencia incrementado en un 30% por cada miembro a partir del segundo.

5. Se añade una nueva disposición adicional, la segunda, a la Ley 13/2006, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La situación de dependencia económica establecida por el artículo 20.2 puede entenderse cumplida cuando se haya causado derecho a una prestación periódica de algún sistema público de previsión que cubra la contingencia de muerte, sin perjuicio de que esta presunción pueda quedar desvirtuada por los datos de que disponga el órgano competente para resolver.

6. Se modifica la disposición final tercera de la Ley 13/2006, que queda redactada del siguiente modo:

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Pago de las prestaciones de derecho subjetivo

Las prestaciones de derecho subjetivo previstas por los artículos 20, 21 y 23 deben pagarse con efecto del 1 de enero de 2006. El plazo para solicitar el pago de los atrasos derivados de este reconocimiento de efecto comienza en la fecha de entrada en vigor del decreto correspondiente y finaliza, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2007. Este plazo tiene la consideración de plazo de caducidad, a todos los efectos. Las solicitudes presentadas después de esta fecha tienen los efectos económicos previstos por el artículo 16.4 de la presente ley. Los atrasos correspondientes al año 2006 deben haberse pagado antes del 31 de diciembre de 2007, siempre que la tramitación administrativa lo permita.


CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
Artículo 27. Modificación del Decreto Legislativo 3/2003.

Se añade una nueva disposición adicional, la decimocuarta, al Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Régimen de la reutilización de aguas regeneradas

Las concesiones o autorizaciones para la reutilización de aguas regeneradas que otorga la Agencia Catalana del Agua pueden prever la distribución de los caudales concedidos o autorizados entre los usuarios finales y fijar los valores máximos y mínimos de las tarifas correspondientes.


CAPÍTULO V. TARIFAS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS.
Artículo 28. Modificación de las cuantías de determinadas tarifas por los servicios generales y por los servicios específicos que presta directamente Puertos de la Generalidad establecidas en el anexo 1 de la Ley 5/1998.

Se incrementan en un 2% las cuantías de las tarifas por los servicios generales G-1, G-2, G-3 y G-5 y también por los servicios específicos E-1, E-2 y E-4, servicios que presta directamente Puertos de la Generalidad, establecidas en el anexo 1 de la Ley 5/1998, del 17 de abril, de puertos de Cataluña.


Artículo 29. Modificación de las cuantías de las tarifas por las concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de la Generalidad que establece el artículo 10 de la Ley 17/1996.

Se incrementan en un 2% las cuantías de las tarifas por las concesiones C-1 y C-2 y también por las autorizaciones administrativas A-1, A-2 y A-3 establecidas por el artículo 10 de la Ley 17/1996, del 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.


CAPÍTULO VI. MODIFICACIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL.
Artículo 30. Disposiciones en materia de organización.

Se habilita al Gobierno para que dicte las normas de organización adecuadas para adaptar a los cambios provocados por reestructuraciones de departamentos de la Administración de la Generalidad las referencias que disposiciones con rango de ley hagan a departamentos o a sus órganos en la regulación de sus organismos u órganos colegiados.


Artículo 31. Modificación del artículo 2 de la Ley 13/2005.

Se modifica la letra k del artículo 2 de la Ley 13/2005, del 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad, que queda redactada del siguiente modo:

k) Los presidentes, los directores generales, los directores ejecutivos, los gerentes y los consejeros delegados de las entidades autónomas y de las empresas de la Generalidad incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto de la empresa pública catalana, si perciben una retribución fija y periódica a cargo de los presupuestos de la entidad o empresa de nivel retributivo asimilable a alguno de los cargos a que hacen referencia las letras anteriores, a excepción de otras incompatibilidades legalmente establecidas.


Artículo 32. Modificación del Decreto Legislativo 1/1997.

Se añade un nuevo apartado, el 4, a la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997, del 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, con el siguiente texto:

4. El derecho a percibir el complemento retributivo establecido por el apartado 2 es aplicable al personal funcionario de carrera y al personal estatutario que ejerza o haya ejercido, durante más de dos años seguidos o tres con interrupciones, un cargo directivo de la estructura orgánica central del Instituto Catalán de la Salud.


DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Turnos especiales de promoción interna.

(DEROGADO)


DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen de formalización de los negocios jurídicos de bienes patrimoniales de los entes locales.

Las adquisiciones y transmisiones, a título oneroso o gratuito, de bienes inmuebles patrimoniales de los entes locales o derechos reales sobre estos bienes pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para inscribirlos en el Registro de la Propiedad si el adquiriente o transmitente es otra administración pública o un organismo o entidad vinculados a la Administración.


DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley 8/2006.

Se modifica el artículo 13 de la Ley 8/2006, del 5 de julio, de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 13. Permiso de paternidad

1. El progenitor o progenitora, sin perjuicio del derecho al permiso por maternidad, tiene derecho a un permiso de paternidad de cuatro semanas consecutivas.

2. El progenitor o progenitora puede disfrutar de este permiso durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento del hijo o hija, desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogida, y hasta que finalice el permiso por maternidad, o también inmediatamente después de dicho permiso.

3. El progenitor o progenitora de una familia monoparental, si tiene la guarda legal exclusiva del hijo o hija, también puede disfrutar del permiso de paternidad a continuación del de maternidad.


DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Oficina presupuestaria del Parlamento.

El Parlamento y el Gobierno deben adoptar las medidas adecuadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para llevar a cabo la creación de la oficina presupuestaria del Parlamento en el plazo más breve posible.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Compensaciones fiscales.

(DEROGADO)

Modificaciones

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Se derogan las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo establecido por la presente ley, se opongan a ella o resulten incompatibles.


DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Autorización para refundir la Ley 15/1997 y las disposiciones que la modifican.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, refunda en un texto único la Ley 15/1997, del 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, y las disposiciones que la modifican contenidas en la Ley 17/1997, del 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización; la Ley 25/1998, del 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro; la Ley 4/2000, del 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 15/2000, del 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 9/2002, del 27 de mayo, de modificación de la Ley 15/1997, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, por la que se introduce una tasa por la obtención y la expedición del título de patrón o patrona de moto náutica; la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 7/2004, del 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras; la Ley 21/2005, del 29 de diciembre, de medidas financieras, y la presente ley, teniendo en cuenta las actualizaciones de los importes de las tasas establecidas por las leyes de presupuestos para los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Esta refundición debe comprender la regularización, la aclaración y la armonización de las disposiciones mencionadas.


DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Autorización para refundir la normativa reguladora de las cajas de ahorros.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, refunda en un texto único la normativa con rango de ley reguladora de las cajas de ahorros. Esta refundición comprende las facultades de regularizar, aclarar y armonizar dicha normativa.


DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2007.

 

José Montilla i Aguilera, Presidente de la Generalidad de Cataluña. Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas.


NORMA AFECTADA POR

LEY 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.


LEY 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,administrativas, financieras y del sector público.


Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulacion del impuesto sobre sucesiones y donaciones.


Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.


DECRETO LEGISLATIVO 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.


LEY 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.



NORMA AFECTA A

Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.

LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.

LEY 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de caracter economico.

Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundicion en un Texto unico de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de funcion publica.

Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña.

  • Fecha Publicación: 1998-05-05
  • Entrada en Vigor: 2007-07-07
  • Artículos:

LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.