ORDEN TRE/289/2010, de 13 de mayo, por la que se garantizan los servicios esenciales que se prestan en los centros de enseñanza publicos dentro del ambito territorial de la Comunidad Autonoma de Cataluña. - Diario Oficial de Cataluña, de 18-05-2010

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  • Ámbito: Cataluña
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 5631
  • Fecha de Publicación: 18/05/2010
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Vista la convocatoria de huelga presentada por los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT y CGT (registro de entrada de 6.05.2010), que se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2010, y que afecta al personal docente de la enseñanza pública de Cataluña.

Considerando que ante una convocatoria de huelga debe valorarse si afecta a servicios esenciales para la comunidad, es decir, si afecta a derechos constitucionales, libertades públicas o bienes constitucionalmente protegidos, ya que en estos supuestos el artículo 28.2 de la Constitución señala que debe asegurarse el mantenimiento de estos servicios; y también lo especifica el Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, que otorga las competencias a la autoridad gubernativa para asegurar el funcionamiento de estos servicios;

Considerando que debe compatibilizarse el legítimo derecho de huelga con el mantenimiento de los servicios esenciales para garantizar los derechos constitucionales, tal como disponen los artículos 28 y 37 de la Constitución;

Considerando que en los últimos años se han producido transformaciones profundas en la sociedad, como la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo, y que en Cataluña supera el 62% de la mediana europea, lo que ha comportado un incremento de los menores en los centros educativos que hace imprescindible ponderar un nuevo equilibrio entre el derecho fundamental a la huelga por parte del personal docente y el derecho esencial al trabajo de toda la población en condiciones de igualdad, preservando el derecho a la seguridad de los menores;

Considerando que en el presente supuesto, el derecho fundamental afectado es el derecho al trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que dejan sus hijos bajo la tutela de las guarderías y las escuelas, y el derecho a la seguridad de los alumnos que acceden a los centros educativos;

Considerando que, ante la posibilidad de quedar interrumpidos los servicios de enseñanza de los centros públicos, se podría producir una situación en la que todos los trabajadores y trabajadoras con menores a su cargo se encontraran ante la imposibilidad de hacer uso de su derecho al trabajo, a diferencia del resto de trabajadores, se hace necesario establecer unos servicios mínimos que permitan a las personas con imposibilidad para encontrar alternativas que garanticen el cuidado de los menores hacer uso de su derecho al trabajo y, por lo tanto, conciliar la vida laboral y la personal; en este sentido, por lo tanto, deberá haber una persona del equipo directivo por cada centro y, además, para el alumnado de infantil y primaria, que es el que requiere una vigilancia más esmerada, se establece la presencia de una persona docente por cada cuatro unidades o aulas sin actividad docente, y el 25% del personal de las guarderías;

Considerando que, teniendo en cuenta que se establecen, además de una persona de dirección, unos servicios mínimos consistentes en una persona docente por cada cuatro unidades para el alumnado de infantil y primaria, que habitualmente disponen de un profesor por aula más el personal de refuerzo, y que no se establecen servicios mínimos para la actividad docente sino para garantizar la seguridad de los menores de doce años, debe concluirse que queda asegurada la proporcionalidad de los servicios mínimos y ponderados convenientemente los derechos en conflicto, tal como estable la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, en su Sentencia de 15 de marzo (STC 43/1990), dispone que debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que sufren los usuarios de aquellos;

Considerando que se dio audiencia a las partes instantes de la convocatoria de huelga y al Departamento de Educación para que expusieran sus propuestas sobre los servicios mínimos, según consta en el acta del día 12 de mayo de 2010;

Considerando que se ha solicitado informe a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, al Departamento de Educación, a la Federación de Municipios de Cataluña y a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, como consta en el expediente;

Considerando lo que disponen los artículos 28.2 de la Constitución española; el artículo 170.1.i) del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 10.2 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo; el Decreto 120/1995, de 24 de marzo, de la Generalidad de Cataluña; y las sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril; 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de noviembre; 51/1986, de 24 de abril; 27/1989, de 3 de febrero; 43/1990, de 15 de marzo, y 122/1990 y 123/1990, de 2 de julio,

Ordeno:

Artículo 1

La situación de huelga anunciada por los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT y CGT, que se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2010 y que afecta al personal docente de la enseñanza pública de Cataluña, se entenderá condicionada al mantenimiento de los siguientes servicios mínimos:

Una persona del equipo directivo por cada centro. Se entiende como tal alguna de las personas siguientes: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagógico/a, el/la jefe/a de estudios o el/la secretario/a.

Además del personal mencionado:

Para la enseñanza infantil y primaria (de 3 a 12 años): 1 docente por cada 4 unidades.

Para las guarderías: el 25% de la plantilla.

Artículo 2

La dirección de los centros, oído el Comité de Huelga, determinará el personal estrictamente necesario para garantizar la prestación normal de los servicios mínimos que establece el artículo 1. Estos servicios mínimos los prestará, preferentemente, el personal que no ejerza el derecho a la huelga, si lo hay.

Artículo 3

Los ceses y las alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios mínimos que determina el artículo 1 serán considerados ilegales a efectos de lo que establece el artículo 16.1 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 4

Notifíquese esta Orden a los interesados para su cumplimiento y envíese al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya para su publicación.

Barcelona, 13 de mayo de 2010

Mar Serna Calvo

Consejera de Trabajo

(10.133.099)


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