RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la Directora General del Instituto Madrileno de la Salud, fijando los servicios minimos durante la huelga convocada por la organizacion sindical SAE para los dias 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2003, en el ambito de este Instituto. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 24-11-2003

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  • Ámbito: Madrid
  • Boletín: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número 280
  • Fecha de Publicación: 24/11/2003
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idad de Madrid 24-11-2003-RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, de la Directora General del Instituto Madrileño de la Salud, fijando los servicios mínimos durante la huelga convocada por la organización sindical SAE para los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2003, en el ámbito de este Instituto.

   

Boletín Oficial:

MADRID

NÚMERO

280

Fecha Publicación:

24-11-2003

   

Sección:

I. COMUNIDAD DE MADRID

   

Órgano Emisor:

Consejería de Sanidad

   

Norma:

RESOLUCION

   

Número Norma:

   

Fecha Emisión:

18-11-2003

   

Título:

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2003, de la Directora General del Instituto Madrileño de la Salud, fijando los servicios mínimos durante la huelga convocada por la organización sindical SAE para los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2003, en el ámbito de este Instituto.

Visto el escrito presentado el 13 de noviembre de 2003 por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), en el que convoca una huelga para los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2003, en el ámbito de todos los centros del Instituto Madrileño de la Salud y que afectará a los Auxiliares de Enfermería que prestan servicios en el mismo.

Resultando que con el fin de acordar con el Comité de Huelga los servicios mínimos a establecer, se ha convocado reunión para el día 18 de noviembre del corriente año, no habiendo sido posible alcanzar un acuerdo global sobre los mismos.

Resultando que el establecimiento de los servicios mínimos se justifica por la necesidad de garantizar a las personas acogidas en centros de esta naturaleza una atención en condiciones que permitan su manutención, garantizándose la protección de la salud, la asistencia sanitaria y otros cuidados mínimos indispensables para su vida, salubridad y seguridad, en función de sus circunstancias especiales.

Considerando que la competencia para dictar la pertinente Resolución la ostenta esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por Orden 869/2002, de 21 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se delegan determinadas competencias en la Directora General del Instituto Madrileño de la Salud.

Considerando que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho de huelga, en síntesis, viene a explicitarse en los siguientes principios:

a) Los límites de derecho de huelga no son sólo los derivados de su acomodación a otros derechos fundamentales, sino a otros bienes constitucionalmente protegidos, entre los que, sin duda alguna, se incluye el derecho a la protección de la salud (artículo 43 de la Constitución).

b) El derecho de huelga cede cuando se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales en la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos: “El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho a la huelga.” (sentencia del Tribunal Constitucional número 11/1981, Fundamento Jurídico 18).

c) La noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. En consecuencia, ninguna actividad productiva en sí misma puede ser considerada esencial. Sólo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exijan el mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija, puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma.

d) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute (setencia del Tribunal Constitucional número 26/1981, Fundamentos Jurídicos 10 y 15; sentencia del Tribunal Constitucional número 53/1986, Fundamento Jurídico 3).

e) En las huelgas que se producen en servicios esenciales de la comunidad debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios o destinatarios de aquéllos. La adecuación del programa de servicios mínimos que ha de ser adoptado está en relación directa con el interés de la comunidad, que debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables. Se trata de fijar el establecimiento de servicios mínimos con un criterio restrictivo, pues el propio artículo 28.2 de la Constitución Española utiliza la expresión mantenimiento, que dista de equivaler a desarrollo regular del servicio. El criterio restrictivo, favorable al ejercicio del derecho de huelga, ha de tener en cuenta que ésta ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, pero no debe serle añadida la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia Comunidad (sentencia del Tribunal Constitucional número 51/1986, Fundamento Jurídico 5).

f) Finalmente, y en cuanto a la motivación y fundamentación de la decisión de imponer el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional ha establecido que el acto por el que se determina dicho mantenimiento ha de estar adecuadamente motivado y que, cuando se produce una restricción de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, “la autoridad que realiza el acto debe estar en todo momento en condiciones de ofrecer la justificación” (sentencia del Tribunal Constitucional número 26/1981, Fundamento Jurídico 16). En orden a la limitación de un derecho fundamental, el acto limitativo requiere de una especial justificación con objeto de que “los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó”. Por ello la motivación de la autoridad gubernativa requiere que en la misma figuren los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar cuáles son los servicios mínimos “sin que sean suficientes indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto”; en definitiva, deben explicarse, siquiera sucintamente, “los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios de forma que por los Tribunales, en su caso y en su momento, se pueda fiscalizar la adecuación de las medidas adoptadas” (sentencia del Tribunal Constitucional número 53/ 1986, Fundamentos Jurídicos 14 y 15; sentencia del Tribunal Constitucional número 51/1986, Fundamento Jurídico 4; sentencia del Tribunal Constitucional número 27/1989, Fundamento Jurídicos 4 y 5).

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general aplicación, esta Dirección General

RESUELVE

Primero

Fijar para todos los centros dependientes de esta Dirección General los servicios mínimos que figuran como Anexo I a la presente Resolución.

Segundo

Para la cobertura de los servicios mínimos no podrán ser designados trabajadores que formen parte del Comité de Huelga.

Tercero

Por la Dirección Gerencia de los centros se comunicará con antelación suficiente para hacer posible e inexcusable su cumplimiento, de modo individual y fehaciente, a todos y cada uno de los trabajadores designados para cubrir los servicios mínimos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su notificación, o bien, directamente recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad en lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o, en su caso, recurso contenciosoadministrativo conforme a lo previsto en el Capítulo I del Título V de la citada Ley, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la notificación de la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en su artículo 115.

Notifíquese la presente Resolución a la Dirección Gerencia de los centros afectados y al Comité de Huelga.

Madrid, a 18 de noviembre de 2003. La Directora General, Leticia Moral Iglesias.

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