Resolución de levantamiento de la suspensión de los procedimientos de riesgo y familias numerosas. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 22-05-2020

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  • Ámbito: Murcia
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 22/05/2020
  • Boletín: Boletín Oficial de la Región de Murcia Número 117
  • Fecha de Publicación: 22/05/2020
  • PDF de la disposición
  • Esta norma NO ha sido modificada legislativamente

Resolución

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adopta en su disposición adicional tercera la siguiente medida:

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, en el apartado 4 de la citada disposición adicional tercera se recoge la posibilidad del levantamiento de dicha suspensión general, en los siguientes términos:

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece:

1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

En lo que se refiere a la definición, apreciación y actuaciones en situación de riesgo, se recogen en el artículo 17 de la citada Ley Orgánica, en sus apartados 2 y 3, establece:

2. En situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la administración pública competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del entorno familiar.

3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras.

A lo anterior se debe añadir, de acuerdo con el artículo 2.1 de la citada Ley Orgánica, que en la aplicación de las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Igualmente, es necesario contemplar que la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a Familias Numerosas, en su artículo 5.2, establece que la competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del Título que acredita dicha condición y categoría, permitiendo acceder a los beneficios reconocidos a las familias numerosas, corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante, por lo que es necesario continuar con dichos procedimientos al ser indispensables para la protección del interés general concretado en la necesidad de garantizar que las familias numerosas sigan contando con las medidas de apoyo necesarias.

En relación con dichos procedimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en concreto las previsiones de la Disposición Adicional Tercera del mismo, por la cual se determina la suspensión de términos y plazos administrativos, se dictaron sendas Resoluciones por la Dirección General de Familias y Protección de Menores para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de las personas interesadas.

Así, se dictó la Resolución de 25 de marzo de 2020, relativa a los plazos de los procedimientos relativos a los Títulos de Familia Numerosa y los efectos sobre ellos de la declaración del Estado de Alarma (BORM n.º 72 de 27 de marzo de 2020), por la cual se establecía, además de la suspensión de los plazos de resolución y notificación en los referidos procedimientos, que los Títulos de Familia Numerosa que pierdan su validez a la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto se entenderán que siguen siendo válidos durante la duración inicialmente prevista para el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Asimismo, se dictó la Resolución de 24 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de expedientes de solicitud o renovación de títulos de familia numerosa relativos a sectores de la población más vulnerables durante la declaración del estado de alarma (BORM n.º 97 de 28 de abril de 2020).

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto por el apartado cuarto de la citada disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entiende que en los procedimiento/s señalados en el siguiente párrafo, dados de alta en DEXEL por el Servicio de Familia, es necesario continuar con el procedimiento administrativo al ser indispensable para la protección del interés general concretado en la necesidad de garantizar la adecuada protección de los menores, de acuerdo con lo dispuesto por el Título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en la necesidad de garantizar que las familias numerosas sigan contando con las medidas de apoyo necesarias, sin que pueda caber, por tanto, la suspensión de plazos para la tramitación de los expedientes en cuya resolución se sigue el cauce marcado por dichos procedimientos.

Procedimientos dados de alta en DEXEL por el Servicio de Familia que afectan al interés general:

413 - Programa de actuación en posibles situaciones de riesgo en la infancia.

668 - Reconocimiento de la condición de Familia Numerosa.

1858 - Renovación del Título Oficial de Familia Numerosa.

1998 - Punto de Encuentro Familiar

En virtud de las funciones transferidas a esta Comunidad Autónoma en materia de protección de menores, por el Real Decreto 1113/1984, de 29 de febrero y de las competencias atribuidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a Familias Numerosas, ambas atribuciones conferidas a esta Dirección General de Familias y Protección de Menores en el Decreto del Consejo de Gobierno n.º 169/2019, de 6 de septiembre, y de acuerdo con la Ley 21/1987 de 11 de noviembre, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; así como del contenido de determinados artículos de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, y de y a la vista de la propuesta formulada por el Servicio de Familia.

Resuelvo:


Primero.

Acordar el levantamiento de la suspensión de plazos establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los procedimientos señalados en los párrafos precedentes de esta Resolución y dados de alta en DEXEL por el Servicio de Familia.


Segundo.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes desde su publicación en el BORM, de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 20 de mayo de 2020.

El Director General de Familias y Protección de Menores, Raúl Nortes Ortín.

NPE: A-220520-2362


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