SENTENCIA 149/1991, DE 4 DE JULIO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 1689/1988, 1708/1988, 1711/1988, 1715/1988, 1717/1988, 1723/1988, 1728/1988, 1729/1988 Y 1740/1988 (ACUMULADOS), INTERPUESTOS CONTRA LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. - Boletín Oficial del Estado, de 29-07-1991

C) EL ART.

22.1 INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD TANTO POR LA NATURALEZA URBANISTICA DE LA PREVISION YA QUE ESAS NORMAS PARA LA PROTECCION DE DETERMINADOS TRAMOS DE COSTA DEBEN JURIDICAMENTE RECONDUCIRSE A LA FIGURA DE LOS PLANES ESPECIALES O A LA DE LOS PLANES SECTORIALES PREVEN LOS ARTICULOS 17.21 Y 57.2 DE LA LEY DEL SUELO, RESPECTO DE LO CUAL LA COMPETENCIA ES EXCLUSIVA DE LAS CC.AA. , COMO POR EL HECHO DE QUE AUN ENCUADRANDOSE EN LA MATERIA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, LA ADMINISTRACION ESTATAL NO PUEDE INTERVENIR EN LA FIJACION DE LO BASICO, SINO CON UN CARACTER MUY EXCEPCIONAL, LO QUE NO SE CORRESPONDE CON LA FACULTAD QUE EL PRECEPTO LE RECONOCE.

Y, ADEMAS, POR SU PROPIO CONTENIDO, LA PREVISION NO PUEDE REPUTARSE COMO NORMA BASICA AL CARECER DE LA GENERALIDAD Y UNIVERSALIDAD APLICATIVA QUE SON PROPIAS DE LA NOCION MATERIAL DE BASES.

DE OTRA PARTE, LA INCONSTITUCIONALIDAD ALCANZA TAMBIEN AL PARRAFO 2, AL REDUCIR LAS COMPETENCIAS DE LAS CC.AA. DE DESARROLLO LEGISLATIVO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y EXCLUSIVAS PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL A LA EMISION DE UN SIMPLE INFORME LIMITADO A PLASMAR LAS OBJECIONES QUE SE DERIVEN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION APROBADOS O EN TRAMITACION. SE ASISTE, DE ESTE MODO, A UNA REFORMULACION COMPETENCIAL CONTRARIA A LA C.E., YA QUE, EN TODO CASO, SON LAS CC.AA. Y LOS AYUNTAMIENTOS LOS QUE HABRIAN DE RECABAR DICHO INFORME DE LA ADMINISTRACION ESTATAL.

POR ULTIMO, PARA EL COMISIONADO DE LOS DIPUTADOS RECURRENTES, EN EL ARTICULO 22.2, INCISO FINAL, CONCURRE UN ESPECIFICO MOTIVO DE INCONSITUCIONALIDAD, CONSISTENTE EN ARBITRAR UN PRINCIPIO DE SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRARIO AL SISTEMA DE PRIORIDAD DE ORDENAMIENTOS PREVISTO POR EL ARTICULO 149.3 C.E., SEGUN EL CUAL, A SENSU CONTRARIO , LAS NORMAS DE LAS CC.AA. EN MATERIA DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA PREVALECEN SOBRE LAS DEL ESTADO EN CASO DE CONFLICTO (EN ESTE SENTIDO, ARTS. 21 EAPV, 26.1 EAC, 38.1 EAG, ETC.). EN LA PREVISION QUE SE IMPUGNA, SE SUSTITUYE, SIN EMBARGO, LA PRIORIDAD DEL DERECHO AUTONOMICO POR LA APERTURA DE , CON LO QUE CONCLUYE LEGALMENTE LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO, SIN QUE POR LO DEMAS SE PRECISE CUANDO LA DISCREPANCIA ES O NO SUSTANCIAL, DE MANERA QUE SI LA NORMATIVA ESTATAL SE IMPONE AUN NO SIENDO SUSTANCIAL LA DISCREPANCIA, SE PRODUCIRA UNA NUEVA VULNERACION DEL ART. 149.3 C.E.

EL ABOGADO DEL ESTADO MANTIENE, SIN EMBARGO, QUE POR RAZON DE LA FINALIDAD Y OBJETIVO QUE SE PROPONE EL ART. 22 PROTEGER , QUE PUEDEN O NO PERTENECER A LA MISMA C.A. NO CABE CONSIDERAR QUE EL PRECEPTO CONTRADIGA EL ORDEN DE COMPETENCIA. DEBE ESTIMARSE, POR TANTO, QUE LAS IMPUGNACIONES SE PRODUCEN PORQUE SE ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACION ESTATAL LA FUNCION DE DESARROLLAR PRECEPTOS LEGALES DICTADOS EN MATERIAS RESPECTO DE LAS QUE EL ESTADO POSEE SOLO COMPETENCIA PARA REGULAR CONDICIONES BASICAS (ART. 149.1.1 C.E.) O PARA ESTABLECER LA LEGISLACION BASICA (ART. 149.1.23 C.E.).

PUES BIEN EL ART. 22.1 L.C. NO PUEDE CONSIDERARSE CONTRARIO AL ORDEN DE COMPETENCIA PORQUE EXISTEN HIPOTESIS LAS DE LOS ARTS. 27.2 Y 28.1 EN QUE EL DESARROLLO DEL ART. 22.1 ESTA AMPARADO POR EL ART. 149.1.8 C.E. QUE PERMITE LA REGULACION DE LA MATERIA EN TODA SU AMPLITUD. ADEMAS, NO SIEMPRE ES INCONSTITUCIONAL QUE LAS NORMAS BASICAS SE ESTABLEZCAN POR VIA REGLAMENTARIA, SIEMPRE QUE EL DESARROLLO SE MANTENGA DENTRO DE LO BASICO, LO CUAL SOLO PODRA DETERMINARSE CUANDO SE PUBLIQUEN. NO CABE EXCLUIR, ASIMISMO, QUE ESAS NORMAS DE PROTECCION REPRESENTEN VERDADERAS MEDIDAS EN SENTIDO PROPIO Y RIGUROSO, HACIENDO INADECUADA LA APLICACION DEL CRITERIO DE REPARTO COMPETENCIAL BASES/DESARROLLO Y EJECUCION Y, POR TANTO, RESULTA INVIABLE EL ANTICIPAR JUICIO ALGUNO SOBRE UNAS NORMAS AUN INEXISTENTES. FINALMENTE, NO PUEDE DESCONOCERSE QUE LAS CC.AA. Y LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN UNA IMPORTANTISIMA PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LAS REPETIDAS NORMAS CON ARREGLO AL APARTADO 2 DEL MISMO ART. 22.

ESTE APARTADO 2 DEL ART. 22 L.C. SUPONE, EN EFECTO, UNA GRADO DE RESPETO TAL A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS AUTONOMICAS DE ORDENACION TERRITORIAL, URBANISTICA Y LITORAL, QUE LA UNICA SOLUCION POSIBLE EN CASO DE ENTRE NORMAS ESTATALES DE PROTECCION E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PASA NECESARIAMENTE POR EL PARA RESOLVER LA DIFERENCIA. CUESTION DISTINTA SERA LA DE DISTINGUIR EN CONCRETO LAS DISCREPANCIAS SUSTANCIALES DE LA QUE NO LO SON, PERO NO PUEDE DARSE POR SUPUESTA UNA APLICACION ABUSIVA DE TAL CONCEPTO, SIN PERJUICIOI DE QUE, SI SE PRODUJERA, HAY SUFICIENTES MEDIOS PARA SU IMPUGNACION.

D) POR EXCEDER DE LAS COMPETENCIAS QUE CONSTITUCIONALMENTE CORRESPONDEN AL ESTADO, ESTAN VICIADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD LOS ARTS.

23, 24, 25 Y 26.

LOS REFERIDOS PRECEPTOS REGULAN FORMALMENTE LA LLAMADA , PERO EN REALIDAD CONTIENEN UN CONJUNTO DE MEDIDAS CALIFICABLES COMO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL Y URBANISTICAS QUE AGOTAN TODO POSIBLE CONTENIDO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

NO CABE AL RESPECTO JUSTIFICAR LOS PRECEPTOS QUE SE IMPUGNAN NI EN LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO, NI EN LA COMPETENCIA ESTATAL EX ARTICULO 1.23 C.E., PUES, EN RELACION A ESTA ULTIMA, COMO YA SE DECLARO EN LA STC 80/1985, ES IMPROCEDENTE EXTENDER LA COMPETENCIA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE A TODA ACTUACION QUE PUEDA TENER ALGUNA REPERCUSION EN EL MEDIO FISICO EN EL QUE SE DESENVUELVE LA VIDA Y LA ACTIVIDAD DE LOS CIUDADANOS. TODO ELLO, ADEMAS, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PREVISIONES CUESTIONADAS NO GUARDAN RELACION CON LA PROTECCION DE LA NATURALEZA EN SENTIDO ESTRICTO, NI CON LAS POTESTADES BASICAS DEL ESTADO EN LA MATERIA, A EXCEPCION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 25.1 C).

EN ULTIMA INSTANCIA, SI LA COBERTURA DE TALES PREVISIONES FUERA EL ARTICULO 149.1.23 C.E., TAMBIEN INCURRIRIAN EN INCONSTITUCIONALIDAD POR INFRACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 C.E.), YA QUE, A LA LUZ DE LA DOCTRINA DE LAS SSTC 69/1988 Y 80/1988, EL LEGISLADOR DEBERIA HABER DESIGNADO EXPRESAMENTE SU CARACTER DE NORMAS BASICAS O, EN TODO CASO, DEBERIA HABERLAS DOTADO DE UNA ESTRUCTURA CUYO CARACTER BASICO SE INFIRIESE CON NATURALIDAD.

TAMBIEN CON CARACTER GENERAL, SE TACHA A LOS ARTS. 23 A 26 DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL ART. 140 C.E., YA QUE, A JUICIO DEL COMISIONADO DE LOS DIPUTADOS Y DE ALGUNAS DE LAS CC.AA. RECURRENTES, SE IGNORA POR COMPLETO LA AUTONOMIA MUNICIPAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADA, HACIENDOLA IRRECONOCIBLE AL DEJAR VACIAS DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES QUE DEBEN CORRESPONDERLES EN ORDEN A CONFIGURAR SU PROPIO TERRITORIO Y SUELO (ART. 25.2 B) DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL).

YA MAS EN PARTICULAR, SE AÑADEN OTROS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ESPECIFICOS, ADVIRTIENDOSE, EN PRIMER TERMINO, QUE LA FIJACION DE LA EXTENSION DE LA SIRVIDUMBRE DE PROTECCION (ART. 23.1) NO PUEDE AMPARARSE EN LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO SOBRE LAS BASES, PUES ESE TIPO DE PREVISION NO ES CONCEPTUABLE COMO REGULACION BASICA DE ACUERDO CON LO DECLARADO EN LA STC 69/1982, DEBIENDOSE TENER EN CUENTA QUE, EN TODO CASO, LA PROHIBICION DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DEBERA SERLO PORQUE PUEDAN PERJUDICAR A LAS PLAYAS O A LA ZONA MARTITIMO-TERRESTRE Y NO POR EL SIMPLE HECHO DE QUE SE REALICEN DENTRO DE UNA DISTANCIA FIJADA DE ANTEMANO Y ABSTRACTAMENTE, PRESCINDIENDO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TERRENOS.

Y EN CUANTO A LA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO 2 DEL MISMO ART. 23, EL RESULTADO NO ES OTRO, A JUICIO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, QUE POSIBILITAR LA LIMITACION DISCRECIONAL DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

ASIMISMO, EN LOS ARTS. 23.2, 25.2 Y 26.1 SE ATRIBUYEN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y AL CONSEJO DE MINISTROS POTESTADES AUTORIZATORIAS QUE SON DE ESTRICTO CARACTER EJECUTIVO, Y EN EL ART. 25.2, ULTIMO INCISO, DE CARACTER REGLAMENTARIO, SIENDO LAS MISMAS, POR TANTO, POTESTADES AJENAS A LA COMPETENCIA DEL ESTADO, AL NO SER SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADAS COMO BASICAS. EL RESULTADO FINAL ES QUE UNAS COMPETENCIAS PRIVATIVAS DE LAS CC.AA. QUEDAN EN EL MEJOR DE LOS CASOS TRANAFORMADAS EN COMPETENCIAS COMPARTIDAS CON EL ESTADO, LO QUE EVIDENCIA UNA VEZ MAS SU INCONSTIUCIONALIDAD.

POR ULTIMO, LA COMPETENCIA DEL ESTADO PREVISTA EN EL ARTICULO 149.1.23 C.E. TAMPOCO DA COBERTURA A QUE, TAL COMO DISPONE EL ARTICULO 26.1, LA AUTORIZACION DE USOS PERMITIDOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DEBA OTORGARSE .

TAMBIEN EL ABOGADO DEL ESTADO, DADA LA RELACION DEL ART. 23 CON LOS ARTICULOS 24, 25 Y 26, PROCEDE A UN EXAMEN CONJUNTO DE TALES PRECEPTOS.

DE UNA PARTE, LA REGULACION DE LA , REFLEJADA EN EL ART. 24.2, SE AMPARA EN LA COMPETENCIA ESTATAL PARA ESTABLECER EL REGIMEN DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 149.1.8 C.E. (Y CON LA DOCTRINA DE LA STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 22). Y EN CUANTO A LA , TAL Y COMO RESULTA REGULADA EN LOS ARTS. 23, 24.1, 25 Y 26, ENCUENTRA COBERTURA EN EL ARTICULO 149.1.23 EN CONCURSO CON EL ART. 149.1.1 (EN RELACION CON EL ARTICULO 33.1 Y 2), TODOS DE LA C.E.

POR OTRO LADO, SI EL CARACTER FORMALMENTE BASICO DE TALES PRECEPTOS SE INFIERE CON CLARIDAD DE SU PROPIA ESTRUCTURA Y QUEDA CORROBORADO POR EL CARACTER DE MINIMUN QUE EXPRESAMENTE LES OTORGA EL ART. 23.1, CABE AÑADIR QUE TAMBIEN SON PRECEPTOS MATERIALMENTE BASICOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

ES CLARO QUE LA DETERMINACION GENERAL DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE (ART. 23.1) ES MATERIALMENTE BASICA, TANTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTICULO 149.1.23 C.E., COMO DESDE LA DEL ART.

149.1.1 C.E., TAL COMO DE MANERA PARECIDA SE RECONOCIO POR LA STC 227/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 20 E) Y 25) PARA LA ZONA DE POLICIA DEL ART. 6 B) DE LA LEY DE AGUAS.

IDENTIDAS RAZONES JUSTIFICAN EL CARACTER BASICO DEL ART. 23.2, PERO ES QUE, ADEMAS, LA FIJACION DEL CUANTO DE LA AMPLIACION EN CADA CASO CONCRETO SE PREVE QUE SEA EFECTUADA POR DECISION CONCORDE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA AUTONOMICA, LO CUAL ES PERFECTAMENTE JUSTIFICABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORDEN DE COMPETENCIA.

EL ART. 24.1, JUNTO CON EL 25.1 Y 2, CONSTITUYEN LAS REGLAS ESENCIALES DEFINIDORAS DEL REGIMEN JURIDICO DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION, Y EN CUANTO ESENCIALES, TIENEN EVIDENTE CARACTER BASICO.

EL REGIMEN DE AUTORIZACION EXCEPCIONAL QUE ESTABLECE EL ART.

25.3 TIENE ASIMISMO CARACTER BASICO, YA QUE LA EXCEPCION A UNA REGLA GENERAL BASICA HA DE ENTENDERSE TAMBIEN BASICA, TAL COMO HA DECLARADO LA STC 227/1988.

EL ART. 26, APARTADO 1, PARECE HABER RESERVADO EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION ESTATAL POR ENTENDERLO BASICO PARA ASEGURAR LA PLENA EFECTIVIDAD DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION ANTE LA COMPROMETIDA SITUACION DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS, QUE EXIGE UNA ACTUACION DRASTICA, EFICAZ Y UNIFICADA.

ADEMAS, LA COMPETENCIA QUE SE RECONOCE A LA ADMINISTRACION ESTATAL APARECIA YA PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE EJECUCION DE LA ANTERIOR LEY DE COSTAS DE 23 DE MAYO DE 1980, PRECEPTO POSCONSTITUCIONAL NUNCA TACHADO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PACIFICAMENTE ACEPTADO.

POR ULTIMO, EL APARTADO 2 DEL MISMO ART. 26 TIENE EVIDENTE CARACTER BASICO, INCLUSO COMO NORMA BASICA EN MATERIA DE CONCESIONES (ART. 149.1.18 C.E.).

E) LA NO PREVISION DE PARTICIPACION ALGUNA DE LAS CC.AA. EN EL SEÑALAMIENTO DE NUEVAS SERVIDUMBRES DE TRANSITO EN EL SUPUESTO CONTEMPLADO EN EL ART. 27.3, ATRIBUYENDOSE TAL FACULTAD EN EXCLUSIVA A LA ADMINISTRACION ESTATAL, SUPONE, EN OPINION DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, UN NUEVO DESCONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SOBRE ORDENACION DEL LITORAL, YA QUE, PUNTUALIZA AHORA EL GOBIERNO DE CANARIAS, LA DECISION DEBERIA TOMARSE CONJUNTAMENTE POR LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICA Y ESTATAL O, EN TODO CASO, DANDO PREVALENCIA A LA COMPETENCIA AUTONOMICA.

POR SU PARTE, EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES ADMITE QUE LA PREVISION Y REGULACION DE LA SERVIDUMBRE DE TRANSITO ENCUENTRA COBERTURA EN LA COMPETENCIA ESTATAL RELATIVA A LA FIJACION DE LAS NORMAS BASICAS PARA LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE (ART. 149.1.18 C.E.), PERO IMPUGNA, NO OBSTANTE, EL PARRAFO 2 DEL ART.

27 DADA SU CONEXION CON EL ART. 22.1.

SIN EMBARGO, EL ABOGADO DEL ESTADO SE OPONE A ESAS IMPUTACIONES, ADVIRTIENDO QUE, EN RELACION A LA IMPUGNACION DEL ART. 27.2, POR CONEXION CON EL ART. 22.1, BASTA REMITIRSE A LO YA RAZONADO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTE ULTIMO.

Y POR LO QUE ATAÑE AL ART. 27.3, CONTIENE NORMAS GENERALES RELATIVAS AL REGIMEN DE UNA SERVIDUMBRE LEGAL QUE SE AMPARAN EN EL ART. 149.1.8 C.E., Y LA IMPOSICION DE LA SERVIDUMBRE SUSTITUTIVA QUE SE PREVE EN EL MISMO EL APARTADO 3 DEL MISMO ART. 27, NOS SITUA, POR LO DEMAS, ANTE UN SUPUESTO QUE HA DE CALIFICARSE COMO DE CONSTITUCION FORZOSA DE GRAVAMENES QUE QUEDA IGUALMENTE AMPARADO EN EL MISMO TITULO DE COMPETENCIA ESTATAL DEL ART. 149.1.8 C.E.

F) EL CONTENIDO DEL ART. 28 ES CLARAMENTE INCARDINABLE EN LA MATERIA ORDENACION DEL LITORAL Y EXCEDE, POR OTRA PARTE, DE LO QUE DEBE SER EL AMBITO DE LA NECESARIA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE ENCUADRABLE EN EL ART. 149.1.18 C.E., POR LO QUE, NO DISPONIENDO EL ESTADO DE NINGUN TITULO COMPETENCIAL QUE LE AUTORICE PARA PREDETERMINAR EL ALCANCE DE LOS FUTUROS PLANES Y NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA DEL LITORAL A LOS EFECTOS DE ASEGURAR EL USO PUBLICO Y EL ACCESO AL MAR, ES INCUESTIONABLE SU INCONSTITUCIONALIDAD.

A ELLO SE AÑADE LA CONSTATACION, UNA VEZ MAS, DEL CRITERIO UNIFORMIZADOR SEGUIDO, SIN TENER EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS QUE PUEDE REVESTIR CADA TERRENO, LO QUE CONDICIONA IRRAZONABLEMENTE EL EJERCICIO PLENO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

EL ABOGADO DEL ESTADO CONSIDERA, NO OBSTANTE, QUE EL ART. 28.1, EN SI MISMO CONSIDERADO, NO PUEDE SER REPUTADO CONTRARIO AL ORDEN DE COMPETENCIA, YA QUE SE LIMITA A ESTABLECER LOS RASGOS GENERALES DE UN TIPO DE SERVIDUMBRE LEGAL, LO QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDE HACER EN VIRTUD DEL TITULO DEL ART.

149.1.8 CONCURRENTEMENTE CON EL DEL ART. 149.1.1, EN RELACION CON EL ART. 33.1 Y 2, TODOS DE LA C.E.

ASIMISMO, EN LA PREVISION DEL APARTADO 2 DEL MISMO ART. 28, NINGUNA INFRACCION HAY DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA, SINO PURA DELIMITACION DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD A TRAVES DE LA LEGISLACION DE ORDENACION DEL SUELO (STC 37/1987, FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. , 3. Y 8. ). Y AUNQUE ES MANIFIESTA SU NATURALEZA DE NORMA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA, NO POR ELLO PUEDE ENTENDERSE LESIVO DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS, PUES EN ESTA MATERIA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA EL ESTADO TIENE COMPETENCIA PARA REGULAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES PRIVADOS (ART. 33.1 Y 2 C.E.), E INCLUSO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES RESULTANTES DEL ART. 47 DE LA C.E.

DE OTRA PARTE, EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ESTATAL EXPROPIATORIA QUE PREVE EL ART. 28.3, NO EXCLUYE EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES AUTONOMICAS DE IGUAL NATURALEZA CUANDO SEA CONFORME CON EL ORDEN DE COMPETENCIAS, Y NO ES POSIBLE SOSTENER QUE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE ORDENACION TERRITORIAL, URBANISTICA O DEL LITORAL IMPIDAN A LAS CORTES GENERALES REALIZAR UNA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA A EFECTOS EXPROPIATORIOS. SOBRE ESTE PARTICULAR, LAS UNICAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS PERTINENTES PODRIAN SER LAS DEL TIPO QUE HA ASUMIDO EL PAIS VASCO EN EL ART. 10.7 EAPV, PERO LO CIERTO ES QUE, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON LAS AGUAS CONTINENTALES, LAS COSTAS NO APARECEN EN NINGUN ESTATUTO DE AUTONOMIA COMO ESPECIFICA MATERIA SOBRE LAS QUE LAS CC.AA. HAYAN ASUMIDO COMPETENCIAS. POR ELLO, TAMPOCO LA COMPETENCIA DEL ARTICULO 10.7 EAPV ES PERTINENTE, YA QUE LAS COSTAS, COMO TALES, NO SON MATERIA DE COMPETENCIA VASCA, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIEN PUEDA INVOCARSE EL ARTICULO 149.1.8 C.E.

POR ULTIMO, EL APARTADO 4 DEL ART. 28 CONTIENE UNA NORMA ANALOGA AL ARTICULO 545 C.C., LO QUE PONE DE MANIFIESTO QUE AQUEL PRECEPTO ES UNA NORMA MATERIALMENTE CIVIL AMPARADA EN EL ART. 149.1.8 C.E.

G) CON INDEPENDENCIA DE LA CONSECUENCIA DIMANANTE DE SU CONEXION CON EL ART. 22.1, EL ART. 29, AUN CUANDO SEA SUBSUMIBLE EN LA MATERIA PROTECCION DEL MEDIO-AMBIENTE, INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD AL OTORGAR EN SU APARTADO 1 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA FACULTAD DE EMITIR UN INFORME FAVORABLE QUE EXCEDE DE LA COMPETENCIA EX ART. 149.1.23 C.E. Y DEJA SIN CONTENIDO EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA AUTORIZATORIA AUTONOMICA.

LA INCONSTITUCIONALIDAD ALCANZA, IGUALMENTE, EL APARTADO 2 EN CUANTO ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION ESTATAL LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO QUE PREVE Y LA FACULTAD DE EXPROPIAR LOS YACIMIENTOS DE ARIDOS, AL TRATARSE DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS QUE EXCEDEN TAMBIEN DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES.

POR EL CONTRARIO, A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, EL INCISO PRIMERO DEL ART.

29.1 CONTIENE UNA NORMA CLARAMENTE BASICA QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDE LICITAMENTE DICTAR (ART. 149.1.23 C.E.). Y EL INCISO SEGUNDO DEL MISMO ART.

29.1 NO PREJUZGA NI QUIEN ES EL COMPETENTE PARA AUTORIZAR LA EXTRACCION DE ARIDOS CON ARREGLO A LA LEGISLACION DE AGUAS, NI A QUIEN CORRESPONDE ESTABLECER LA DISTANCIA A QUE ALUDE EL PRECEPTO, LIMITANDOSE EL INFORME FAVORABLE DE LA ADMINISTRACION ESTATAL ESTRICTAMENTE A LA INCIDENCIA DE LA EXTRACCION DE ARIDOS EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, LO QUE SE JUSTIFICA INDEPENDIENTEMENTE DEL CARACTER INTERCOMUNITARIO O INTRACOMUNITARIO DE LA CUENCA A LA QUE PERTENEZCA EL CAUCE EN QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE ESE DOMINIO, SEGUN RESULTA DE LA STC 227/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 18), SIN QUE SEA DESPROPORCIONADO EL MEDIO ELEGIDO (INFORME FAVORABLE) PARA ALCANZAR ESE FIN.

LA CREACION Y REGULACION DE LOS TANTEOS Y RETRACTOS LEGALES QUE SE PREVE EN EL INCISO PRIMERO DEL ART. 29.2 ES MATERIA CIVIL, AMPARADA POR EL ART. 149.1.8 C.E.

CONCURRENTEMENTE CON EL ART. 149.1.1, EN RELACION CON EL ART. 33.1 Y 2, DE LA C.E. Y TITULAR DE ESOS DERECHOS NO PUEDE SER OTRO QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DADO QUE PRECISAMENTE, EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE AL QUE SE APORTAN LOS YACIMENTOS DE ARIDOS, HA DE SER PROPIEDAD DEMANIAL DEL ESTADO (ART. 9.1 L.C.).

EN RELACION AL SEGUNDO INCISO DEL ART.

29.2 CABE REITERAR LO YA EXPUESTO A PROPOSITO DEL ART. 28.3.

H) CONCLUYE LA IMPUGNACION DEL TITULO II CON LA DE SU ART. 30, POR SER TAMBIEN SU CONTENIDO PROPIO DE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE LA ORDENACION URBANISTICA, SIN QUE PUEDA AMPARARSE NI EN LA REGULACION PROTECTORA DEL DOMINIO PUBLICO, NI EN LA RELATIVA A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

ADEMAS, CON TAL PREVISION DESAPARECE PRACTICAMENTE LA COMPETENCIA DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y QUEDA DIRECTAMENTE AFECTADA, POR TANTO, LA GARANTIA INSTITUCIONAL DE LA AUTONOMIA LOCAL, DESCONOCIENDOSE EL PROPIO MANDATO DEL ART. 25.2 D) DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.

SIN EMBARGO, A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, EN EL APARTADO 1 DEL ART.

30, EL LEGISLADOR, QUE SE REMITE A LO QUE RESULTE DE LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA, SE HA CEÑIDO A ESTABLECER UNA DIMENSION MINIMA DE LA ZONA DE INFLUENCIA, Y UNA NORMA QUE ESTABLECE UN MINIMO ES UNA NORMA DE EVIDENTE CARACTER BASICO.

ADEMAS, EL PRECEPTO FORMULA DOS CRITERIOS GENERALISIMOS: EL CONTENIDO EN LA LETRA A), QUE, RELACIONADO CON EL ART. 28.2, TIENE MUY POCA VIRTUALIDAD LIMITATIVA Y ES POCO MAS QUE RECORDATORIO DEL ART.

13.2 E) DE LA LEY DEL SUELO, Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA PROHIBICION CONTENIDA EN LA LETRA B), INCISO SEGUNDO EL INCISO PRIMERO ES ABSOLUTAMENTE INOCUO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORDEN DE COMPETENCIA, POR SER MERA NORMA DE REENVIO , NO ESTA DESPROVISTA DE RELACION CON EL ART. 73 B) DE LA LEY DEL SUELO. AMBOS CRITERIOS SON CLARISIMAMENTE BASICOS INFIRIENDOSE ESTE CARACTER CON NATURALIDAD DE SU CARACTER DE LIMITES GENERALES DE LA POTESTAD DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO, PLENAMENTE CONGRUENTES CON LOS FINES DEL ART. 20. DEBE TENERSE EN CUENTA, POR LO DEMAS, QUE LA LIMITACION DE LA DENSIDAD DE EDIFICACION ES EL UNICO MEDIO, VERDADERAMENTE EFECTIVO, PARA IMPEDIR TAN INDESEABLES RESULTADOS COMO LA FORMACION DE PANTALLAS ARQUITECTONICAS O LA ACUMULACION DE VOLUMENES.

EN CUANTO AL APARTADO 2 DEL ART. 30, EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRIORIDAD DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO SOBRE LAS LICENCIAS URBANISTICAS ES ALGO QUE ESTA PERFECTAMENTE AL ALCANCE DEL LEGISLADOR ESTATAL, TANTO SI SE CONSIDERAN LAS COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE BASES DE REGIMEN LOCAL (ART. 149.1.18 C.E.), COMO SI SE ATIENDE A LAS RELATIVAS A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (ART.

149.1.23 C.E.).

7. EL TITULO III DE LA LEY: UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

EL PRESENTE TITULO, EL MAS EXTENSO DE LA LEY DE COSTAS, SE COMPONE DE SEIS CAPITULOS: DISPOSICIONES GENERALES, PROYECTOS Y OBRAS, RESERVAS Y ADSCRIPCIONES, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, Y DISPOSICIONES COMUNES A AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

EL ABOGADO DEL ESTADO EFECTUA UNA ALEGACION GENERAL, REFERIDA A LA TOTALIDAD DEL TITULO. CENTRA SU ATENCION EN LA CLAUSULA RESIDUAL DE COMPETENCIA DEL ART. 149.3, INCISO 2, DE LA CONSTITUCION PORQUE, AUNQUE LAS CORTES GENERALES SE HAN BASADO EN VARIOS TITULOS COMPETENCIALES, ENTIENDE QUE EL CONTENIDO DE MUCHAS NORMAS DEL TITULO I DE LA LEY DE COSTAS SE JUSTIFICA POR LA COMPETENCIA RESIDUAL DEL ESTADO SOBRE LAS COSTAS. ES UNA MATERIA CLARAMENTE IDENTIFICADA EN LA LEGISLACION PRECONSTITUCIONAL Y EN LA PROPIA CONSTITUCION (ART.

132.2, ART. 148.1.11, QUE SE REFIERE A AGUAS INTERIORES, ART. 149.1.20).

PESE A ELLO, NINGUN ESTATUTO LA TOMA EN CONSIDERACION PARA ASUMIR COMPETENCIA SOBRE ELLAS, EXCEPCION HECHA DE LOS PUERTOS, SOMETIDOS A UNA LEGISLACION ESPECIAL DISTINTA DE LA COSTAS DESDE 1969. ESTA CIRCUNSTANCIA NEGATIVA IMPLICA UNA COMPETENCIA ESTATAL GENERAL SOBRE LA UTILIZACION DE COSTAS Y SU REGIMEN, COMO MUESTRA UNA CONSIDERACION REFLEXIVA DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 14 Y 11 DE LA STC 227/1988.

LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS MAS FRECUENTEMENTE INVOCADAS POR LOS ORGANOS RECURRENTES NO CUBREN O SE EXTIENDEN A TODO EL REGIMEN DE UTILIZACION DEL DEMANIO COSTERO, AUNQUE SI EXISTAN NORMAS ESTATUTARIAS RELATIVAS A DETERMINADAS UTILIZACIONES (V. GR., VERTIDOS). LA ORDENACION DEL LITORAL SE CONCIBE ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON LA DETERMINACION DE USOS DEL ESPACIO LITORAL; LO CUAL ES DIFERENTE AL REGIMEN DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE, PUES CON EL SE TRATA DE PRESERVAR EL CARACTER COMMUNIS OMNIUM DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, HACIENDOLO COMPATIBLE CON USOS ESPECIFICOS DE INTERES PUBLICO.

IGUALMENTE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN MATERIA DE CONCESIONES NO ES INVOCABLE, PORQUE SE CONTRAE A LAS OTORGADAS EN EL AMBITO DE COMPETENCIAS DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE NO ABARCA A LAS COSTAS COMO TALES.

ESTAS TESIS SON CONFIRMADAS, SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO, POR LOS DECRETOS DE TRANSFERENCIA EN MATERIA PORTUARIA Y DE ORDENACION DEL LITORAL, DONDE EL ESTADO RETIENE SIEMPRE LAS COMPETENCIAS SOBRE LA UTILIZACION DEL EMANIO MARITIMO TERRESTRE. EN TODOS ELLOS SE EXPRESA QUE EL ESTADO TRAMITARA Y RESOLVERA LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES INCLUIDAS EN AQUEL, SALVO EL REAL DECRETO 3301/1981 (CATALUÑA), DONDE SE ESTABLECE QUE LA GENERALIDAD, PREVIO PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DE LA ACOMODACION DEL USO DEL SUELO AL CORRESPONDIENTE PLAN, TRAMITARA LOS EXPEDIENTES CON ARREGLO A LA LEGISLACION DE COSTAS, QUE SERAN RESUELTOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

A) EN EL CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES (ARTS. 31-41), LAS IMPUGNACIONES AFECTAN A CASI TODOS SUS PRECEPTOS, AUNQUE SE CONCENTRAN SOBRE LOS ARTS.

33 Y 34.

A) EL ART. 31 ES OBJETADO EN LA MEDIDA EN QUE LOS USOS COMUNES DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE, TANTO GENERALES (AP. 1) COMO ESPECIALES (AP. 2), LOS SOMETE A UN REGIMEN CONSTITUIDO POR , Y REGLAMENTOS Y NORMAS APROBADAS CONFORME A ELLA, ADEMAS DE OTRAS LEYES ESPECIALES, EN SU CASO. EL GOBIERNO VASCO CENSURA QUE EN ESE PRECEPTO NO SE CONTEMPLA QUE LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO HA DE AJUSTARSE A LOS USOS PREVISTOS POR LOS CORRESPONDIENTES PLANES URBANISTICOS Y DE ORDENACION TERRITORIAL Y DEL LITORAL, LOS CUALES DEBEN PREVALECER AUN SOMETIDOS A LAS PRESCRIPCIONES BASICAS DE LA CONSTITUCION SOBRE TAL CLASE DE BIENES, Y LOS ESTABLECIDOS POR EL ESTADO AL AMPARO DE LOS ARTS. 149.1.18 Y 132 C.E. EN LO QUE NO SE ENCUENTRE COMPRENDIDO DENTRO DEL ESTRICTO AMBITO DE DEFENSA, RECUPERACION, MEJORA Y CONSERVACION DEL DEMANIO MARITIMO TERRESTRE.

LA COMUNIDAD DE CANTABRIA DIRIGE SU IMPUGNACION AL ULTIMO INCISO DEL AP. 2 DEL ART. 31, PORQUE ENTIENDE QUE LA TAJANTE PROHIBICION DE USUCAPIR DERECHO A USOS ESPECIALES VULNERA LOS ARTS. 33.3 Y 9.3 (INTERDICCION DE LA RETROACTIVIDAD DE LEYES RESTRICTIVAS DE DERECHOS), Y CONTRADICE LA POSIBILIDAD DE DESAFECTACION PREVISTA POR EL ART. 341 C.C.

EL ABOGADO DEL ESTADO, POR SU PARTE, CONTIENDE QUE EL ART. 31.1 L.C. SE LIMITA A REGULAR EL USO COMUN GENERAL DE LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON SU CARACTER COMMUNIS OMNIUM , POR LO QUE SOLAMENTE SE PUEDE REPUTAR LESIVO DE LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAS DE ORDENACION DEL LITORAL CONFUNDIENDO DOS NOCIONES DISTINTAS DE . LA LEY NO REGULA LA DETERMINACION DEL UTI O DEL FRUI QUE CORRESPONDE A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA; SE CIÑE A PORMENORIZAR EN QUE SENTIDO ES DE TODOS EL ESPACIO COSTERO DEFINIDO POR LA CONSTITUCION, DESARROLLANDO O PRECISANDO EL ART. 339.1 C.C. ES, PUES, UN PRECEPTO MATERIALMENTE CIVIL, DICTADO POR EL LEGISLADOR ESTATAL EN VIRTUD NO TANTO DEL ART.

149.3 CONSTITUCION COMO DE LOS NUMS. 1 Y 8 DE SU ART.

149.1, EN CUANTO A LOS ARTS. 45.1 Y 132.2 C.E. RECONOCEN UN DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS ESPAÑOLES AL USO COMUN DEL MAR Y SU RIBERA.

EN CUANTO AL AP. 2 DEL ART. 31 L.C., EL GOBIERNO DE LA NACION NIEGA QUE LOS CRITERIOS GENERALES QUE ENUNCIA TENGAN ALGO QUE VER CON LA ORDENACION TERRITORIAL O URBANISTICA. ENCUENTRA SU AMPARO EN LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART. 149.3 C.E., E IGUALMENTE COMO NORMA BASICA EN MATERIA DE CONCESIONES (ART. 149.1.18 Y STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 23). LA PROHIBICION DE ADQUISICION EX USUCAPIONE RIGE HACIA EL FUTURO, POR LO QUE NO VULNERA LOS PRECEPTOS ALEGADOS POR CANTABRIA. A LAS SITUACIONES CREADAS AL AMPARO DEL ART. 57 DECRETO-LEY DE PUERTOS DE 1928 ATIENDE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, 3, NO IMPUGNADA POR NADIE.

B) EL ART. 32 ES RECURRIDO POR EL GOBIERNO VASCO POR IDENTICA RAZON QUE EL ANTERIOR, AL PERMITIR QUE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE NO SE SUJETEN A LOS DIVERSOS PLANEAMIENTOS QUE RECAEN S

OBRE ELLA.

EL ABOGADO DEL ESTADO CONSIDERA QUE EL PRECEPTO CONTIENE UNAS REGLAS GENERALES PREVALENTEMENTE CONCESIONALES, PORQUE SU FINALIDAD INMEDIATA CONSISTE EN PRESCRIBIR LOS CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DEL TITULO ADMINISTRATIVO DE OCUPACION (APS. 1 Y 3), Y ORDENAR LA INCLUSION EN EL DE CLAUSULAS QUE IMPIDAN DETERMINADAS UTILIZACIONES (AP. 2). POR LO QUE SE JUSTIFICAN COMO NORMAS BASICAS SOBRE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (ART. 149.1.18 C.E.), AUNQUE TAMBIEN SE PUEDEN CONSIDERAR NORMAS BASICAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (ART. 149.1.23).

C) EL ART. 33 HA SIDO IMPUGNADO EN TODOS SUS APARTADOS, SALVO EL PRIMERO. LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESTIMAN QUE EL PRECEPTO DA VIDA A NORMAS DE ORDENACION DE LAS PLAYAS, TANTO POR SU CONTENIDO MATERIAL Y ESPECIFICO COMO PORQUE SUS DETERMINACIONES SON PROPIAS DE PLANES DE ORDENACION DE COSTAS. EL ESTADO ES ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA DICTAR ESTE TIPO DE REGULACION, QUE CORRESPONDE DE LLENO A LA COMPETENCIA DE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL. LA COMUNIDAD DE LAS ISLAS BALEARES ENFATIZA QUE LA LEY DE 1988 SUPONE UN CLARO RETROCESO RESPECTO A LO ACORDADO EN LOS REALES DECRETOS DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE LITORAL (EN SU CASO, EL REAL DECRETO 356/1985, DE 20 DE FEBRERO, ANEXO I-B-A), EN DONDE SE HABIA RECONOCIDO QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DISPONIAN DE PLENITUD DE FACULTADES PARA FORMULAR, TRAMITAR Y APROBAR LOS PLANES DE ORDENACION DEL LITORAL RESPECTO DE PLAYAS Y/O ZONA MARITIMO-TERRESTRE, PREVIO INFORME DEL ESTADO.

DETERMINADOS ASPECTOS SON OBJETO DE IMPUGNACION INDIVIDUALIZADA. LA REMISION QUE EFECTUA EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 33 A ULTERIORES DETERMINACIONES REGLAMENTARIAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, QUE NO ENCUENTRAN JUSTIFICACION ALGUNA. LA RETENCION DE PURAS FACULTADES DE GESTION, EN VIRTUD DEL INCISO FINAL DEL APARTADO 4. Y LA REFERENCIA A QUE CONTIENE EL FINAL DEL APARTADO QUE ES OBJETO PROPIO DE NORMAS URBANISTICAS.

EL ABOGADO DEL ESTADO AFIRMA LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODOS LOS APARTADOS DEL ART.

33 L.C. SU APARTADO 2 NO ORDENA EL LITORAL, SINO QUE ENUNCIA UNA CONSECUENCIA DIRECTA DE LO ESTABLECIDO POR EL ART. 31.1 EN DESARROLLO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL USO COMUN DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE. RESPECTO A LOS APARTADOS 3 Y 4, AUNQUE NO SE LES PUEDE NEGAR EL CARACTER DE ORDENACION, ESTABLECEN MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS FACULTADES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, EX ART.

149.1.23 C.E., Y QUE TIENDEN A ASEGURAR LA SUPREMACIA DEL USO COMUN GENERAL DE LAS PLAYAS. LA FACULTAD QUE EL APARTADO 4 RECONOCE A LA ADMINISTRACION ESTATAL SE JUSTIFICA EN CUANTO PERMITE DISPENSAR DE UNA REGLA BASICA. EL APARTADO 5 ES VALIDO POR LAS MISMAS RAZONES, SIENDO MAS ACENTUADO AUN EL DESIGNIO DE EXCLUIR DETERMINADOS USOS CONTRARIOS A LOS USOS COMUNES GENERALES ACORDES CON LA NATURALEZA DE LAS PLAYAS, Y REFORZADO POR LA COMPETENCIA ESTATAL PARA DICTAR REGLAS SOBRE TRAFICO Y CIRCULACION (ART.

149.1.21 C.E.).

D) EL ART. 34 ES ATACADO POR TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMO UNA HABILITACION ABIERTA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA QUE SE DEDIQUE A UNA PURA ORDENACION DEL LITORAL, A PESAR DE QUE LA MATERIA LES CORRESPONDE EN EXCLUSIVA. SE TRATA DE UNA VIA PARA COARTAR O LIMITAR LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS PARA LA GENERALIDAD VALENCIANA; PARA GALICIA, EL PRECEPTO SUPONE UNA REFORMULACION COMPETENCIAL: LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUEDAN RELEGADAS A EMITIR INFORMES, RESERVANDOSE EL ESTADO LA REGULACION DE LOS DISTINTOS TRAMOS DE COSTA. EL GOBIERNO DE CANARIAS SEÑALA QUE LA SITUACION DEBE SER LA INVERSA, AL MENOS EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR LAS LETRAS B), C) Y D), QUE SE REFIEREN A NORMAS INDETERMINADAS, PROPIAMENTE URBANISTICAS, QUE CORRESPONDE APROBAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA SIN PERJUICIO DE SER INFORMADAS POR EL ESTADO. BALEARES CONCRETA MAS, AL APUNTAR QUE LA FIGURA DEBE RECONDUCIRSE A LOS PLANES ESPECIALES QUE REGULA EL ART. 17.1 DE LA LEY DEL SUELO, O A LOS PLANES SECTORIALES DE SU ART.

57.2. NO SE TRATA EN MODO ALGUNO DE NORMAS BASICAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, NI TAMPOCO DE MEDIDAS DIRIGIDAS A PROTEGER EL DOMINIO PUBLICO.

LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DESCARTA QUE PUEDA HABLARSE DE COORDINACION Y JUNTO CON OTRAS AUTONOMIAS RECURRENTES HACE NOTAR QUE LA INDICACION DE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DICTARA LAS NORMAS DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS Y LOCALES, Y PREVIO SU INFORME (SOLO RESPECTO DE LAS NORMAS ESPECIFICAS), NO ES MAS QUE UN MAQUILLAJE DE LA INVASION COMPETENCIAL PRODUCIDA. LA JUNTA DE GALICIA AFIRMA QUE SE TRATA DE UNA ARMONIZACION FUERA Y AL MARGEN DE LO PREVISTO POR EL ART. 150.3 DE LA CONSTITUCION.

LAS COMUNIDADES DE LAS ISLAS BALEARES, CATALUÑA Y CANARIAS IMPUGNAN POR SEPARADO DISTINTAS LETRAS DEL APARTADO 1 DEL ART. 34. LA LETRA A) ES CUESTIONADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD, PORQUE SU CONTENIDO DESBORDA LA FIJACION DE BASES DE PROTECCION DE LA NATURALEZA. LA LETRA B) ES CUESTIONADA POR LAS TRES AUTONOMIAS, PORQUE EL ESTADO CARECE DE TODO TITULO COMPETENCIAL PARA APROBARLA, Y PERMITE QUE ES INMISCUYAN NORMAS CARENTES DE RANGO EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS EXCLUSIVAS.

LA LETRA C) ES ATACADA PORQUE, SIN APOYO CONSTITUCIONAL ALGUNO, SUPEDITA LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS A DIRECTRICES ESTATALES; NO SE TRATA DE APROBAR UNA NORMATIVA SOBRE VERTIDOS, SINO DE DETERMINAR LOS USOS DEL TERRITORIO Y DELIMITAR UBICACIONES. LA LETRA E), FINALMENTE, ES CUESTIONADA INDIVIDUALIZADAMENTE POR CATALUÑA POR LA MISMA RAZON DE TOTAL CARENCIA DE TITULO COMPETENCIAL EN MANOS DEL ESTADO.

EL ABOGADO DEL ESTADO INICIA SUS ALEGACIONES EN DEFENSA DEL ART. 34 CON UNAS PUNTUALIZACIONES ACERCA DE SU INTERPRETACION. A LA VISTA DE LA CLAUSULA EXPRESA DE SALVAGUARDIA DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS Y LOCALES QUE CONTIENE, ENTIENDE QUE ES MENESTER INTERPRETARLO COMO UN PRECEPTO REFERIDO UNICAMENTE A LAS COMPETENCIAS ESTATALES. POR AÑADIDURA, EL INFORME PREVIO A LA APROBACION DE LAS NORMAS HACE POSIBLE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, O LOS AYUNTAMIENTOS, HAGAN VER SI SE HAN RESPETADO O NO SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. EL PRECEPTO LEGAL, QUE SE REDUCE A HABILITAR LA APROBACION DE NORMAS, DEBE SER JUZGADO POR LO QUE DICE, NO POR SU USO POTENCIAL (STC 58/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 2.

).

DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL ART. 34 ENTRA EN LA COMPETENCIA DEL ESTADO SOBRE SU DOMINIO PUBLICO, QUE INCLUYE UNA PLENA COMPETENCIA PARA REGULAR EL REGIMEN DE SU UTILIZACION, Y UNA COMPETENCIA IGUALMENTE PLENA EN CUANTO A SU PROTECCION LATO SENSO , Y REFERIDA A LAS BASES EN CUANTO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. LAS LETRA A), D) Y F) DE SU APARTADO 1 SE REFIEREN A MATERIAS AJENAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LO MISMO PUEDE DECIRSE PARCIALMENTE DE LA LETRA B), EN LO QUE SE REFIERE A VERTIDOS Y EXTRACCIONES DE ARIDOS. EN SU PRIMERA PARTE, RELATIVA A LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS, ENLAZA CON LO PREVISTO EN EL ART. 33.4 L.C., Y NO PUEDE SER A PRIORI JUZGADO CONTRARIO AL ORDEN DE COMPETENCIA, YA QUE LA FIJACION DE PRIORIDADES NO TIENE POR QUE EXCEDER DE LA COMPETENCIA ESTATAL, AUN SI SE REDUJERA A LO BASICO. LA LETRA C) TIENE COMO OBJETO LA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES, ACTIVIDAD TIPICA DE PLANIFICACION TERRITORIAL, PERO SITUADA EN EL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE. POR LO QUE LIMITACION A LAS POTESTADES AUTONOMICAS Y LOCALES DE PLANIFICACION SE VEN JUSTIFICADAS POR RAZONES DE PROTECCION, AUNQUE SIN EXCEDER DE LO BASICO (ART.

149.1.23 C.E.). ADEMAS, LA LOCALIZACION SUPONE UN MODO DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO QUE REQUERIRA UNA DECISION DE RESERVA, ADSCRIPCION O CONCESION QUE SOLO COMPETE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (ART. 35.2 L.C.), OFRECIENDO LAS DIRECTRICES UNA MANERA ADECUADA PARA EXTERIORIZAR LOS CRITERIOS GENERALES A SEGUIR AL ADOPTAR TALES DECISIONES. FINALMENTE, LAS DIRECTRICES DE POLICIA PARA EL RECTO USO DE LAS PLAYAS QUE CONTEMPLA LA LETRA E) NO CONSTITUYEN ORDENACION DEL LITORAL, SINO QUE ENGARZAN CON EL INCISO FINAL DEL ART. 31.1 L.C. ADEMAS, LA COMPETENCIA ESTATAL SE REFUERZA EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD PUBLICA (ART. 149.1.29 Y STC 123/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ).

E) EL ART. 35.2 HA SIDO RECURRIDO POR CANTABRIA Y VALENCIA. ALEGAN QUE, AL DEJAR ESE PRECEPTO LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL PLANEAMIEN-TO URBANISTICO RESPECTO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DEROGANDO EL ART. 57 L.S., SE INFRINGE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN MATERIA DE URBANISMO, Y SE GENERA UNA GRAVE INSEGURIDAD JURIDICA CON VULNERACION DEL ART.

9.3 C.E., INCIDIENDOSE CON CONTUMACIA EN EL PREDOMINIO DE LA LEGISLACION SECTORIAL QUE CONDUJO AL FRACASO DE LA LEGISLACION URBANISTICA DE 1956.

EL ABOGADO DEL ESTADO HACE VER QUE LA NORMA COMBATIDA HABIA SIDO PACIFICAMENTE ADMITIDA EN LOS DECRETOS DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS, Y ES ADECUADA A LA CONSTITUCION. LA EFICACIA VINCULANTE DE LOS PLANES DE URBANISMO QUE FORMULA EL ART. 57.1 L.S. NO PUEDE ENTRAÑAR UNA CONFUSION DE POTESTADES, DE ACUERDO CON LA STC 56/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 3. , Y COMO MUESTRA EL APARTADO 2 DEL MISMO PRECEPTO DE LA LEY DEL SUELO. EL OTORGAMIENTO DE LOS TITULOS ADMINISTRATIVOS DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO, QUE DEBE CONFORMARSE A LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENACION URBANISTICA, NO PUEDE LIMITARSE A UNA PURA ACTIVIDAD DE EJECUCION DE LOS PLANES, PRIVANDO AL ESTADO DE SU COMPETENCIA SOBRE EL REGIMEN DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO.

F) LOS ARTS. 36 Y 37.1 HAN SIDO CUESTIONADOS POR EL GOBIERNO VASCO, POR PRIVARLE DE LAS FACULTADES DE GESTION, MEDIANTE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, DEL DOMINIO PUBLICO AFECTO AL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. LOS RAZONAMIENTOS EN APOYO DE ESTA TESIS SE FORMULAN EN TERMINOS IDENTICOS A LA IMPUGNACION DEL ART. 64 Y CONCORDANTES L.C.

EL ABOGADO DEL ESTADO NIEGA QUE LOS TITULOS ALEGADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA SEAN PERTINENTES, PORQUE EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE NO ES DE TITULARIDAD AUTONOMICA, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ART. 10.7 E.A.P.V.

(CFR. STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 22); Y PORQUE EL ARTICULO IMPUGNADO NO SE REFIERE A CONCESIONES QUE SEAN COMPETENCIA DEL PAIS VASCO (ART. 11.1 B) E.A.P.V.), SINO A CONCESIONES ESTATALES EN MATERIA DE COSTAS, COMO CONFIRMA EL ART. 65 L.C.

G) EL ART. 38 ES OBJETADO POR EL GOBIERNO VASCO POR NO RESPETAR SU COMPETENCIA EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO. MAS LIMITADAMENTE, EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES ATACA SU APARTADO 1 POR IDENTICO MOTIVO, SEÑALANDO QUE EL ART.

178.1 L.S. SOMETE LA PUBLICIDAD A TRAVES DE CARTELES O VALLAS A LA DISCIPLINA DE LA LEGISLACION DE URBANISMO.

EL ABOGADO DEL ESTADO REFUTA LA IMPUGNACION, ARGUMENTANDO QUE EL ART. 38.1 L.C. SE CIÑE A EXCLUIR UN TIPO DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, LO MISMO QUE HACE SU ART. 33.5.

EN CUANTO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO 2 DEL ART. 38, CONSIDERA QUE ES UNA PROHIBICION AMPARADA POR LOS NUMS. 6 Y 1 DEL ART. 149.1 C.E., EN CUANTO LIMITACION A LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICITARIAS, CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN OTRAS LEYES ESTATALES (ART. 55.3 DE LA LEY DEL SUELO, ART. 8.3 I) DE LA LEY DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, ART. 4 DE LA LEY GENERAL DE PUBLICIDAD).

B) DEL CAPITULO SEGUNDO: PROYECTOS Y OBRAS (ARTS. 42-46), DEL TITU-LO III DE LA LEY DE COSTAS, SON IMPUGNADOS LOS ARTS. 44 Y 46.

A) EL ART. 44 ES OBJETADO POR EL GOBIERNO VASCO, EN SU APARTADO 1, PORQUE NO SUJETA LOS USOS Y ACTIVIDADES A LOS DISTINTOS PLANEAMIENTOS QUE RECAEN SOBRE EL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, Y EN SUS APARTADOS 5 Y 6 PORQUE NO ARTICULAN CORRECTAMENTE LA PROTECCION Y USO DEL DEMANIO CON LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE ORDENACION TERRITORIAL. LA GENERALIDAD DE VALENCIA IMPUGNA SU APARTADO 5 PORQUE CONSIDERA QUE LA FIJACION DE CUAL DEBE SER LA LOCALIZACION DE LOS PASEOS MARITIMOS, Y LOS USOS A LOS QUE DEBEN SER DESTINADOS PREFERENTEMENTE, SON DETERMINACIONES QUE CORRESPONDEN AL PLANEAMIENTO URBANISTICO, POR LO QUE EL PRECEPTO CARECE DE TODO FUNDAMENTO COMPETENCIAL. LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CUESTIONA EL MISMO APARTADO 5 Y TAMBIEN EL 6, PORQUE CONSIDERA QUE SUS CONTENIDOS SOBRE PASEOS MARITIMOS, INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES, SUPLANTAN LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE ORDENACION DEL LITORAL Y SOBRE URBANISMO.

EL ABOGADO DEL ESTADO DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 44 DE LA LEY. SU APARTADO 1 PRESCRIBE PRECISAMENTE QUE LOS PROYECTOS DE OBRAS DEBEN FORMULARSE . EL APARTADO 5 (QUE DEBE LEERSE EN CONJUNCION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA), EXCLUYE UN USO POSIBLE DE LA RIBERA DEL MAR, LO QUE SE JUSTIFICA TANTO COMO REGULACION DEL DOMINO PUBLICO COMO NORMA BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. EL CARACTER PREFERENTEMENTE PEATONAL DE LOS PASEOS MARITIMOS PUEDE EXPLICARSE DE IGUAL MODO, ASI COMO NORMA RESTRICTIVA DEL TRANSITO Y CIRCULACION DE LOS VEHICULOS A MOTOR (ART. 149.1.23 C.E.). EL ART.

44.6, SOBRE LEVANTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ES UNA NORMA BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (ART. 149.1.23); Y, EN CUANTO LIMITATIVA DEL EJERCICIO DE DERECHOS DOMINICALES PRIVADOS, PUEDE, ASIMISMO, AMPARARSE EN EL ART. 149.1.1 C.E. LA NORMA ESTATAL ESTABLECE UN MINIMO: NADA IMPEDIRIA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ALEJAR AUN MAS ESAS INSTALACIONES, SIN QUE SE PREJUZGUE A QUIEN CORRESPONDE AUTORIZAR.

B) EL ART. 46 ES ATACADO POR EL GOBIERNO VASCO Y POR EL DE CANTABRIA, PORQUE SE DESVINCULA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO, Y PORQUE MEDIATIZA LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

EL ABOGADO DEL ESTADO LO NIEGA, PORQUE EL PRECEPTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LOS PLANES DE OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES DE COMPETENCIA ESTATAL.

C) DEL CAPITULO TERCERO: RESERVAS Y ADSCRIPCIONES (ARTS. 47-50) SON OBJETO DE RECURSO LA TOTALIDAD DE SUS PRECEPTOS.

A) LOS ARTICULOS 47 Y 48 SON ATACADOS POR EL GOBIERNO VASCO, PORQUE LA RESERVA DE DETERMINADAS PERTENENCIAS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ROMPE LA SUJECION A LOS DISTINTOS PLANEAMIENTOS TERRITORIALES.

EL ABOGADO DEL ESTADO SUBRAYA QUE LA LEY PERMITE DECLARAR RESERVAS EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. SIN QUE EN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS HAYA NADA QUE OFREZCA BASE PARA PENSAR QUE PRETENDE DESVINCULARSE DE NINGUN PLANEAMIENTO QUE ESTE OBLIGADA A CUMPLIR SEGUN LAS LEYES.

B) EL ART. 49 HA SIDO CUESTIONADO EN SEIS RECURSOS, BIEN EN SU INTEGRIDAD, BIEN EN SU APARTADO 2, POR VULNERAR LAS DISTINTAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE PUERTOS. LAS FACULTADES QUE SE OTORGAN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEJAN TOTALMENTE SUPEDITADAS LAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CUYO EJERCICIO QUEDA SOMETIDO AL BENEPLACITO DE AQUELLA CON APOYO EXCLUSIVO EN LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO, A PESAR DE QUE EL DOMINIO PUBLICO NO ES FUENTE DE COMPETENCIAS (SSTC 58/1982 Y 77/1984).

TODOS LOS ORGANOS RECURRENTES HACEN VER EL RECORTE QUE LA LEY EFECTUA RESPECTO AL EQUILIBRIO ALCANZADO POR LOS REALES DECRETOS DE TRANSFERENCIA DE PUERTOS. EN ESTOS TAMBIEN SE PREVEIA UN INFORME, PREVIO Y VINCULANTE, POR PARTE DEL ESTADO RESPECTO DE OBRAS E INSTALACIONES QUE OCUPARAN EL DEMANIO ESTATAL. PERO SU AMBITO ERA MUCHO MAS REDUCIDO, AL REFERIRSE SOLAMENTE A LOS PROYECTOS QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE LA LINEA DE OCUPACION DE LA PORCION DE DOMINIO PUBLICO ADSCRITO A LA COMUNIDAD AUTONOMA; SU ALCANCE MAS LIMITADO, AL CEÑIRSE A LOS EFECTOS DE LAS OBRAS SOBRE LA COSTA, LA PLATAFORMA COSTERA Y LA DINAMICA LITORAL, Y NO ABARCA NI LA DELIMITACION DEL TERRENO SUSCEPTIBLE DE ADSCRIPCION, NI LOS USOS PREVISTOS, NI OTRAS EVENTUALES MEDIDAS DE PROTECCION. POR AÑADIDURA, SE INCLUIAN GARANTIAS PROCEDIMENTALES AUSENTES EN LA LEY: PLAZO MAXIMO DE EMISION, SILENCIO POSITIVO, ADSCRIPCION AUTOMATICA.

TODOS ESTOS ELEMENTOS, QUE EQUILIBRABAN LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION TITULAR DEL PUERTO Y EL ESTADO, EN CUANTO TITULAR DEL DEMANIO, ESTAN AUSENTES DE LA REGULACION LEGAL, DEJANDO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN UNA INADMISIBLE SITUACION DE SUBORDINACION O TUTELA RESPECTO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, A PESAR DE ENCONTRARSE EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS. EL GOBIERNO VASCO DESARROLLA LA IDEA DE QUE, EN EL MARCO COMPUESTO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, LA ADSCRIPCION DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOLO PUEDE SER ENTENDIDO COMO UNA PUESTA A DISPOSICION DE LOS BIENES NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS PROPIAS. EL ESTADO SOLO PUEDE RETENER LICITAMENTE LAS FACULTADES IMPRESCINDIBLES PARA CONTROLAR QUE SON LLEVADAS A CABO EFECTIVAMENTE LAS OBRAS PORTUARIAS, Y PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS BIENES CONTIGUOS. LA ADSCRIPCION DE BIENES QUE REGULA EL ART. 49 PERMITE QUE EL ESTADO ALCANCE UNA POSICION DE TUTELA TOTALMENTE IMPROPIA, ADEMAS DE PROVOCAR UNA PARTICIPACION INDESEABLE DEL REGIMEN JURIDICO DENTRO DE CADA UNO DE LOS PUERTOS, EN PARTE SOMETIDOS AL PLENO DOMINIO DE LA COMUNIDAD POR LOS DECRETOS DE TRANSFERENCIA Y EN PARTE EN LA FORMA PREVISTA POR LA L.C.

ES OBJETO DE IMPUGNACION INDIVIDUALIZADA EL INCISO DEL APARTADO 1 DEL ART. 49 L.C., AL PERMITIR QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ASUMA UNA POTESTAD REGLAMENTARIA SIN TITULO ALGUNO E INTERFIRIENDO LA EXCLUSIVA COMPETENCIA DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE LOS PUERTOS DE QUE SON TITULARES. ASIMISMO, SE ATACA LA FIJACION DE UN PLAZO MAXIMO EN LAS CONCESIONES PORTUARIAS, QUE LA ULTIMA FRASE DEL ART. 49.1 CIFRA EN TREINTA AÑOS, POR CARENCIA DE COMPETENCIA (PLAZO QUE CONTRADICE LO DISPUESTO, CON CARACTER GENERAL, POR LA LEY 14/1983, 27 DE JULIO, DE PATRIMONIO DE EUSKADI, CUYO ART. 57.2 SEÑALA EL PLAZO DE CINCUENTA AÑOS).

FRENTE A ESTAS ALEGACIONES, EL GOBIERNO DE LA NACION SOSTIENE LA VALIDEZ DEL ART. 49 L.C.

CON CARACTER PREVIO, HACE VER QUE LA REGULACION DE LA ADSCRIPCION DE BIENES DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE CORRESPONDE A LAS CORTES GENERALES, Y NO A LAS COMISIONES MIXTAS NI A LOS REALES DECRETOS DE TRANSFERENCIA (ART. 147.2, D), C.E.; SSTC 11/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 3. , 88/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 3. , Y 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 28). NATURALMENTE, AL EFECTUAR ESA REGULACION DEL LEGISLADOR ESTATAL ESTA SOMETIDO A DIVERSOS LIMITES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA NO VULNERAR LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PERO INVERSAMENTE, SU PLENA COMPETENCIA SOBRE EL DEMANIO COSTERO NO PUEDE CONDUCIR A QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUEDE REDUCIDA A UNA EJECUCION SERVIL DE LAS DECISIONES AUTONOMICAS, DE MANERA QUE NO LE QUEPA MAS QUE ADSCRIBIR A LAS COMUNIDADES TODAS LAS PORCIONES DEMANIALES QUE ELLAS SELECCIONEN A SU ARBITRIO. SOLO SE PUEDE EXIGIR DE LAS CORTES UNA PONDERACION RAZONABLE DE LOS TITULOS COMPETENCIALES INCIDENTES, QUE DE LUGAR A UNA ARTICULACION ARMONICA O EQUILIBRADA, COMO LA PLASMADA POR EL ART. 49.

TRAS EXAMINAR LAS PRESCRIPCIONES DE SU APARTADO 1, EL ABOGADO DEL ESTADO CONCLUYE QUE NADA HAY EN EL DE INCONSTITUCIONAL. EN RELACION CON EL PLAZO MAXIMO DE LAS CONCESIONES, CONSIDERA LOGICO QUE COINCIDA CON EL DETERMINADO POR EL ART. 66.2 L.C., Y CONSTITUYE NORMA BASICA DE LAS CONCESIONES (ART. 149.1.18, SSTC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 23.I Y 248/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 6. ). RESPECTO AL APARTADO 2 DE ESTE ARTICULO 49, AFIRMA QUE EL INFORME FAVORABLE PREVIO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ES LA RAZON QUE PERMITE QUE UN ACTO AUTONOMICO (LA APROBACION DE UN PROYECTO DE OBRA) LLEVE IMPLICITA LA ADSCRIPCION DE DOMINIO PUBLICO ESTATAL, COMO PREVIENE EL APARTADO 3. ES, PUES, UNA TECNICA DE SIMPLIFICACION PROCEDIMENTAL. EN MODO ALGUNO CONDICIONA ILEGITIMAMENTE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE ORDENACION TERRITORIAL, URBANISTICA O LITORAL. TAMPOCO LESIONA LAS COMPETENCIAS EN MATERIA PORTUARIA O DE VIAS DE TRANSPORTE, PORQUE ESTAS NO DAN DERECHO A QUE LA ADSCRIPCION DE UNOS BIENES DETERMINADOS, QUE NO PERTENECEN A LA COMUNIDAD AUTONOMA, SE VERIFIQUE EN LOS TERMINOS QUE MEJOR LE CUADREN. LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEBE VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL ART. 132.1 C.E., QUE ES A LO QUE ALCANZA EL RAZONABLE CONTENIDO DEL INFORME ESTATAL REGULADO POR EL ART. 49.

C) EL ART. 50 ES ATACADO POR EL GOBIERNO VASCO Y POR EL DE CANARIAS. AMBOS DENUNCIAN QUE LA REVERSION DE LAS PORCIONES DEMANIALES ADSCRITAS DEPENDAN DE LA DECISION UNILATERAL DEL ESTADO; AQUEL DENUNCIA IGUALMENTE EL EXCESIVO ALCANCE DE LAS CAUSAS DE REVERSION PREVISTAS. LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SON A QUIENES CORRESPONDE DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA REVERSION, TAL Y COMO HABIA PREVISTO EL REAL DECRETO DE TRANSFERENCIAS DE PUERTOS AL PAIS VASCO, PORQUE LA ADSCRIPCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS NO PUEDE QUEDAR AL ARBITRIO DEL ESTADO; EL DOMINIO PUBLICO SE SUBORDINA INSTRUMENTALMENTE AL ENTE TITULAR DE LA COMPETENCIA (STC 58/1982). EL GOBIERNO VASCO ENTIENDE, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, QUE RESULTARIA INCONSTITUCIONAL EL ALCANCE QUE A LA REVERSION ESTATAL LE DA EL ART. 50. LA CAUSA CONSISTENTE EN LA NO UTILIZACION DE LOS BIENES ADSCRITOS PARA LOS FINES OBJETO DE LA ADSCRIPCION SOLO SERIA ADMISIBLE EN CUANTO AL CONTROL DE LA EFECTIVA REALIZACION DE LA OBRA PORTUARIA, QUEDANDO CUMPLIDA UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCION; LO REFERENTE AL REGIMEN DE EXPLOTACION POSTERIOR ES UN ASPECTO VEDADO A LA FISCALIZACION ESTATAL. EN CUANTO A LA SEGUNDA CAUSA DE REVERSION, DE CARACTER SOBREVENIDO, DA LUGAR REALMENTE A UNA CONFISCACION, Y SOLO PODRIA ENCONTRAN JUSTIFICACION EN UN PLAN APROBADO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 131 C.E., QUE EN NINGUN CASO PUEDE DETERMINAR EL CESE EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS, O LA DELIMITACION O DEFINICION DE SUS CONTENIDOS (STC 76/1983, EN RELACION CON EL ART. 9, PROYECTO L.O.A.P.A.).

EL ABOGADO DEL ESTADO, POR EL CONTRARIO, ENTIENDE QUE LOS DOS SUPUESTOS PREVISTOS PARA LA REVERSION SON IRREPROCHABLES. EL PRIMERO, PORQUE LA ADSCRIPCION SE JUSTIFICA POR EL CUMPLIMIENTO DE UN FIN, POR LO QUE SI ESTE DESAPARECE, DESAPARECE LA CAUSA DE LA ADSCRIPCION, Y SOBREVIENE SU EXTINCION (CFR.

ART. 83 L.P.E.). ES CLARO QUE EL ACTO QUE ASI LO DECLARE ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. LA SEGUNDA HIPOTESIS DE REVERSION SE JUSTIFICA POR LA PREVALENCIA DE LOS FINES ESTATALES ENUMERADOS EN EL ART.

149.1 C.E. LA CITA DEL ART. 131 ES, EN CIERTO MODO, REDUNDANTE, PORQUE NECESARIAMENTE HA DE ENLANZARSE CON EL ART. 149.1.13, AUNQUE TAL VEZ SE EXPLIQUE POR LA PRIORIDAD VERTICAL RECONOCIDA EN LAS SSTC 1/1982, FUNDA-MENTO JURIDICO 5. , Y 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 14. EN TODO CASO, CUALQUIER INVOCACION ABUSIVA DEL ART. 149.1 C.E. COMO FUNDAMENTO DE UNA REVERSION PODRIA SER CORREGIDA JURISDICCIONALMENTE.

EN CUALQUIER CASO, EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA QUE NO SE PUEDE CONFUNDIR LA ADSCRIPCION DE BIENES QUE SIGUEN SIENDO DEMANIALES DEL ESTADO, Y LA TRANSFERENCIA DE MEDIOS MATERIALES ANEJA AL TRASPASO DE SERVICIOS. ESTA DIFERENCIA IMPIDE APLICAR LA DOCTRINA DE LA STC 58/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , PORQUE ALLI SE CONTEMPLABA UNA SUCESION PARCIAL DE FUNCIONES PUBLICAS; SUCESION QUE NO EXISTE AHORA, PUES LA ADSCRIPCION SOLAMENTE ENGENDRA UNA RELACION JURIDICO-REAL, DE DERECHO PUBLICO, QUE HACE POSIBLE VINCULAR UN BIEN ESTATAL DE DOMINIO PUBLICO AL EJERCICIO DE FUNCIONES AUTONOMICAS.

D) LOS CAPITULOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO:

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, HAN SIDO OBJETO DE DIVERSAS IMPUGNACIONES, QUE ALCANZAN TAMBIEN, POR RAZONES SISTEMATICAS, A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIA QUINTA Y ADICIONAL QUINTA.

A) EL ART. 52.1 ES CUESTIONADO POR RAZONES PAREJAS A LAS ESGRIMIDAS CONTRA EL ART. 34, AL QUE COMPLEMENTA, VULNERANDO LAS COMPETENCIAS SOBRE ORDENACION DEL LITORAL DE LAS COMUNIDADES RECURRENTES. LA JUNTA DE GALICIA SUBRAYA SU CONTENIDO EJECUTIVO, PROPIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. EL GOBIERNO VASCO DESTACA QUE SE IGNORAN LAS FACULTADES DE PLANEAMIENTO Y GESTION QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, AL SOCAIRE DE LA REGULACION DEL USO Y PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO.

LA COMUNIDAD BALEAR DISTINGUE, POR SU PARTE, DOS POSIBLES INTEPRETACIONES DEL PRECEPTO. UNA AMPLIA, CONGRUENTE CON LO DISPUESTO POR EL ART. 34 L.C., POR LA QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO SE RESERVARIA COMPLETAMENTE LA GESTION DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, Y QUE SERIA FRONTALMENTE INCONSTITUCIONAL POR OLVIDAR LA GESTION AUTONOMICA CONSECUENCIA DE SUS COMPETENCIAS SECTORIALES SOBRE ESE TERRITORIO. UNA INTERPRETACION MAS LIMITADA, QUE CONLLEVARA UNA DUPLICACION DE LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE DEBIERAN SER OTORGADAS PARA UTILIZAR DOMINIO PUBLICO COSTERO, INCURRIRIA EN UNA VULNERACION DEL ESPIRITU Y LA LETRA DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO, 12/1983, DE 14 DE OCTUBRE, E INFRINGIRIA LA REITERADA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE EVITACION DE DUPLICACIONES BUROCRATICAS COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACION DEL ESTADO AUTO-NOMICO. EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, A SU VEZ, CONSIDERA QUE EL ART. 52.1 HA DE SER LEIDO CONJUNTAMENTE CON EL 34, AL QUE AFIANZA, PROHIBIENDO LAS AUTORIZACIONES NO PREVISTAS POR LAS NORMAS ESTATALES.

EL ESTADO CENTRAL SE OPONE A ESTOS ARGUMENTOS PORQUE EL ART. 34 L.C. ES CONSTITUCIONAL, LIMITANDOSE EL ART. 52.1 A DESTACAR LA EFICACIA DE LAS DIRECTRICES APROBADAS EN VIRTUD DE AQUEL PRECEPTO, VINCULANDO A LA ADMINISTRACION AL OTORGAR LOS TITULOS DE OCUPACION DEL DEMANIO (ART. 35.2 L.C.).

B) LOS ART. 53.1 Y 54 SON RECURRIDOS POR LOS GOBIERNOS VASCO Y BALEAR POR INVADIR LAS FACULTADES AUTONOMICAS DE ORDENACION DEL LITORAL, QUE TIENEN UNO DE SUS OBJETOS PRIMORDIALES EN LAS PLAYAS, COMO SE ARGUYO EN RELACION CON EL ART. 33 L.C.

EL ABOGADO DEL ESTADO NIEGA ESTA TESIS, PUES LA ORDENACION DEL LITORAL SE CONCIBE ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON LA DETERMINACION DE LOS USOS DEL ESPACIO. AMBOS ARTICULOS ENCUENTRAN SU JUSTIFICACION EN LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART.

149.3 C.E., Y TAMBIEN COMO NORMAS BASICAS EN MATERIA DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

C) EL ART. 55 ES IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO, EN CUANTO EXPANDE INDEBIDAMENTE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO FUERA DEL AMBITO PROPIO DEL DOMINIO PUBLICO, EN DETRIMENTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE ORDENACION. TAMBIEN ES IMPUGNADO POR LA COMUNIDAD DE CANTABRIA, POR CONSIDERARLO CONTRARIO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA QUE PROCLAMA EL ART. 9.3 C.E. EL REGIMEN DE PRECARIEDAD QUE ESTABLECE EL APARTADO 1 DEL PRECEPTO SUME AL TITULAR DE LA AUTORIZACION EN UNA INCERTIDUMBRE ABSOLUTA Y CONTINUA. Y SU APARTADO 2 NO CONTEMPLA SIQUIERA UN REGIMEN DE TRANSITORIEDAD.

EL ABOGADO DEL ESTADO RECUERDA QUE EL ART. 55 L.C. ENTRONCA CON UNA RANCIA TRADICION LEGISLATIVA, QUE SE REMONTA A LA LEY DE 3 DE AGOSTO DE 1866.

LA PRECARIEDAD OPERA COMO GARANTIA DE LA AFECTACION PRIMORDIAL DEL BIEN DEMANIAL, A LA QUE QUEDAN SUBORDINADAS LAS AFECTACIONES SECUNDARIAS. NO SE VULNERA CON ELLO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (SSTC 27/1981, FUNDAMENTO JURIDI-CO 10; 99/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 6 C), Y 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 10), PUES LA NORMA NO ES INCIERTA NI OSCURA; TAMPOCO CONTRADICE LA JERARQUIA NORMATIVA, Y HA SIDO FORMALMENTE PUBLICADA. TAMPOCO INCURRE EN ARBITRARIEDAD, DADOS LOS SUPUESTOS QUE PERMITEN LA REVOCACION DE LA AUTORIZACION, Y ES RAZONABLE EN RELACION CON LOS LICITOS PROPOSITOS DEL LEGISLADOR. LA REGULACION SE AJUSTA, ADEMAS, A LA MAS RECIENTE CONFIGURACION JURISPRUDENCIAL.

EL AP. 2 DEL ART. 55 SE JUSTIFICA COMO NORMA BASICA EN MATERIA DE CONCESIONES, AL CEÑIRSE A REGULAR LOS EFECTOS QUE DERIVAN DE LA EXTINCION DE LAS AUTORIZACIONES.

D) LOS ARTS. 56 A 59, 61 Y 62, TODOS ELLOS RELATIVOS A VERTIDOS, SON OBJETO DE DISTINTAS IMPUGNACIONES. ALGUNAS, COMO LAS FORMULADAS POR LA JUNTA DE GALICIA Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES, SE DIRIGEN CONTRA EL ART. 57.2 COMO CONSECUENCIA DE SU OPOSICION AL ART. 34 L.C. EL GOBIERNO VASCO, POR SU PARTE, ADMITE LA VALIDEZ DEL CONTENIDO MATERIAL DE LOS PRECEPTOS ESTATALES, QUE ENTIENDE DENTRO DE LA PLENA COMPETENCIA LEGISLATIVA CENTRAL SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, Y PARA LOS RESTANTES, DENTRO DE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE LAS NORMAS BASICAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE; SUS DISCREPANCIAS SE CENTRAN EN CUAL DEBE SER LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA APLICAR LAS PRESCRIPCIONES LEGALES, POR LO QUE SE RECONDUCEN A LOS ARTS.

110 Y SIGUIENTES L.C. EN UNA LINEA SIMILAR SE SITUA CANTABRIA, QUE DENUNCIA LA OSCURIDAD DE LOS PRECEPTOS LEGALES, LOS CUALES DEJAN EN DUDA LA COMPETENCIA AUTONOMICA EJECUTIVA SOBRE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, Y DESDE LUEGO LOS RESTANTES, COMO LOS URBANOS.

QUIEN EFECTUA UN ATAQUE FRONTAL CONTRA LA REGULACION LEGAL ES EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA. SU DEMANDA CONSIDERA INCONSTITUCIONALES TODOS LOS PRECEPTOS DEDICADOS POR LA LEY DE COSTAS A LOS VERTIDOS, CON LA EXCEPCION DE LOS ARTS.

56.2 Y 60. PARTE DE LA PREMISA DE QUE EL ESTADO CENTRAL SOLAMENTE RETIENE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES DESDE TIERRA AL MAR, EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN SU ESTATUTO DE AUTONOMIA Y EN LOS EQUIPARABLES (ART. 11.10 E.A.C., ART. 10.2 E.A.P.V., ART.

290.4 E.A.G., ART. 17.6 E.A.A., ART. 33.9 E.A.V.), QUEDANDOLE POR SUPUESTO A LA COMUNIDAD AUTONOMA PLENA FACULTAD DE EJECUCION. LAS RESTANTES CLASES DE VERTIDOS, TANTO LOS QUE AFLUYEN AL MAR SIN SER INDUSTRIALES O CONTAMINANTES, COMO LOS VERTIDOS DE TODO TIPO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS EN TIERRA, FORMAN PARTE DE LAS COMPETENCIAS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y, EN SU CASO, DEL LITORAL; PUES TODO LO REFERENTE A LAS OBRAS E INSTALACIONES DE SANEAMIENTO (COMPRENDIENDO TANTO AGUAS RESIDUALES, BASURAS, DRENAJES, ETC.), INCLUIDA SU LOCALIZACION, FORMA PARTE INSEPARABLE DE LAS DETERMINACIONES PROPIAS DE LA POLITICA TERRITORIAL Y URBANISTICA, COMO MUESTRA LA LEY DEL SUELO, ENTRE OTROS EJEMPLOS. RESPECTO A ESTE TIPO DE VERTIDOS, EL ESTADO SOLAMENTE PODRIA ADOPTAR NORMAS BASICAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

DESDE ESTAS PREMISAS, LA GENERALIDAD DERIVA LA EVIDENTE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 56, APARTADOS 1 Y 3, QUE INTENTA AMPLIAR EL REGIMEN DE LOS VERTIDOS MARITIMOS SOBRE LOS QUE EL ESTADO OSTENTA PLENA COMPETENCIA A LOS QUE NO SON NI INDUSTRIALES NI CONTAMINANTES, Y TAMBIEN A LOS VERTIDOS QUE HAN DE TENER LUGAR EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO. SIN QUE SE PUEDA ENTENDER QUE LAS NORMAS QUE ENUNCIAN LOS ARTS. 56.3, 61 Y 62, REUNEN EL CARACTER DE BASICAS, DEBIDO A SU CONTENIDO CONCRETO Y ESPECIFICO, QUE NO PERMITE EL MAS MINIMO MARGEN DE DESARROLLO. POR LO QUE SON INCONSTITUCIONALES, CONCLUSION QUE DEBE EXTENDERSE A LOS RESTANTES ARTICULOS DE LA SECCION A QUE ALUDE EL ART. 56.1, CON LA UNICA EXCEPCION DEL ART. 60, QUE SI SE REFIERE A VERTIDOS INDUSTRIALES.

EL ABOGADO DEL ESTADO, POR SU PARTE, SEÑALA QUE LOS VERTIDOS SUPONEN UNA MODALIDAD DE USO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE QUE, POR SUS CIRCUNSTANCIAS DE INTENSIDAD Y PELIGROSIDAD, ESTA SOMETIDA A AUTORIZACION O CONCESION PARA HACERLO COMPATIBLE CON SU CARACTER COMMUNIS OMNIUM . LO CUAL CAE DE LLENO EN EL REGIMEN DE UTILIZACION DEL DEMANIO ESTATAL, SIN RELACION ALGUNA CON LA ORDENACION DEL TERRITORIO, POR LO QUE LOS PRECEPTOS EN CUESTION HAN SIDO DICTADOS EN VIRTUD DE LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART. 149.3 C.E.

AL ABOGADO DEL ESTADO NO SE LE OCULTA QUE LAS NORMAS DE ESTA SECCION TAMBIEN PODIAN SER JUSTIFICADAS COMO NORMA BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, COMO HACE EL GOBIERNO VASCO, AMPARADA POR EL ART. 149.1.23, Y REFORZADA POR UNA LECTURA SISTEMATICA DE LOS ARTS. 45.1 Y 149.1.1, HABIDA CUENTA QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS PRETENDEN ASEGURAR UN MINIMO IGUAL A TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL DISFRUTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PERSONA. SIN EMBARGO, CONSIDERAN QUE EL REGIMEN DE LOS VERTIDOS SON, PREVALENTEMENTE, NORMAS DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO, YA QUE REGULAN UN USO COMUN ESPECIAL DEL MISMO. LA LINEA MEDIOAMBIENTAL QUE PARECE INDICAR LA STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 26, NO RESULTA APLICABLE DADA LA DISTINTA REGULACION DE LOS VERTIDOS EN LA LEY DE AGUAS Y LA LEY DE COSTAS. PUES EN LA LEY DE 1985 SE ACOMETIO LA REGULACION DE LOS VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO DESDE UNA PERSPECTIVA DE PROTECCION AMBIENTAL, CEÑIDA A LOS VERTIDOS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR LA CONTAMINACION O LA DEGRADACION DEL MEDIO (ART. 92 L.A.); MIENTRAS QUE EN LA LEY DE 1988, LA REGULACION ES MUCHO MAS AMPLIA, ABARCANDO A TODOS LOS VERTIDOS, Y CON UNA FINALIDAD NO SOLAMENTE DE PROTECCION AMBIENTAL, SINO DE GARANTIZAR EL USO PUBLICO DEL DEMANIO. CONCLUSION QUE SE REFUERZA TRAS UNA CONSIDERACION REFLEXIVA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, QUE CONTEMPLAN COMO COMPETENCIAS SEPARADAS Y DISTINTAS LAS REFERIDAS A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS REFERIDAS A VERTIDOS EN LAS AGUAS TERRITORIALES DEL ESTADO.

E) LOS ARTS. 64, 67, 68 Y 71.3 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, 2, TODOS ELLOS REFERIDOS A CONCESIONES, SON DENUNCIADOS POR EL GOBIERNO VASCO. ALEGA QUE ESOS PRECEPTOS PRIVAN A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS FACULTADES DE GESTION SOBRE BIENES DE DOMINIO PUBLICO MEDIANTE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE LE CORRESPONDEN. ENTIENDE EL RECURRENTE QUE EL HAZ DE FACULTADES QUE EL ESTADO CENTRAL OSTENTA SOBRE EL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE, EN VIRTUD DE SU TITULARIDAD DEMANIAL, NO PUEDE LLEVAR A DESCONOCER LAS COMPETENCIAS QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA POSEE SOBRE EL MISMO ESPACIO FISICO, ASI COMO LAS ENTIDADES LOCALES VASCAS CON LITORAL. TALES FACULTADES, CIRCUNSCRITAS A ESTABLECER EL REGIMEN JURIDICO DE LA PROTECCION Y UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO, NO DEBE IMPEDIR EL EJERCICIO REAL DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, QUE INCLUYEN FACULTADES NORMATIVAS, ORGANIZATIVAS, RESOLUTIVAS, CONSULTIVAS Y DE CUALQUIER OTRO GENERO. EL ESTADO HA DE ESTABLECER LOS CRITERIOS NORMATIVOS GENERALES DE LA GESTION DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE, AL AMPARO DE LOS ARTS. 149.1.18 Y 132 C.E.; SIN EMBARGO, LA REALIZACION DE LOS MISMOS EN ACTOS CONCRETOS, COMO MINIMO, CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN VIRTUD DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA (ARTS. 10.7 Y 11.1 B)), DENTRO DE SU AMBITO DE COMPETENCIAS. A CONCLUSION SIMILAR LLEGO EL TRIBUNAL EN SUS SSTC 16/1982 Y 26/1982, CUANDO DECLARO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA GESTION DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN SERVICIOS Y SOBRE BIENES DEMANIALES.

EL ABOGADO DEL ESTADO DISCREPA TOTALMENTE. ENTIENDE QUE LOS TITULOS COMPETENCIALES INVOCADOS NO SON PERTINENTES, COMO EXPUSO EN DEFENSA DE LOS ARTS. 36 Y 37 L.C. MANIFIESTA QUE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL INVOCADA RESULTA INAPLICABLE, PUES TANTO LA MATERIA COMO EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD APLICADOS POR LAS SENTENCIAS 26 Y 44/1982 NO GUARDAN RELACION ALGUNA CON EL CASO ENJUICIADO AQUI.

8. EL TITULO IV DE LA LEY: REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

EL PRESENTE TITULO DE LA LEY DE COSTAS SE COMPONE DE CUATRO CAPITULOS: FINANCIACION DE OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES (ARTS. 82 Y 83), CANONES Y TASAS (ARTS. 84-87), FIANZAS (ART. 88), VALORACION DE RESCATES (ART. 89). LAS IMPUGNACIONES SE DIRIGEN CONTRA TRES PRECEPTOS DEL CAPITULO SEGUNDO, QUE REGULAN EL CANON POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO, Y DIVERSAS TASAS.

A) EL ART. 84.1 ES CUESTIONADO POR LA JUNTA DE GALICIA Y POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES. ESTE ULTIMO REPROCHA AL PRECEPTO QUE MANTIENE EL CANON POR OCUPACION O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE EN FAVOR DEL ESTADO SIEMPRE, INCLUSO EN AQUELLAS PORCIONES QUE HAYAN SIDO ADSCRITAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA Y QUE, POR ENDE, ESTEN SOMETIDAS A LA UTILIZACION Y GESTION DE ESTA EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. LO CUAL CONDUCE A UNA DOBLE IMPOSICION, QUE INFRINGE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 C.E., Y SE DESNATURALIZA LA FORMULA DE LA ADSCRIPCION DE BIENES DEMANIALES PARA EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SUPEDITANDOSE ESTE A LA MERA TITULARIDAD DOMINICAL. LA JUNTA DE GALICIA INSISTE EN ESOS ARGUMENTOS: LA IMPOSICION DE UN CANON ESTATAL, CUALQUIERA QUE SEA LA ADSCRIPCION Y FUNCION DEL DEMANIO, CONDUCE A QUE SEAN GRAVADOS EN FAVOR DEL ESTADO BIENES USADOS POR LA COMUNIDAD AUONOMA PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. LO CUAL INVADE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE GESTION O EJECUCION, AMEN DE SOMETER LOS BIENES ADSCRITOS A LAS AUTONOMIAS A UNA DOBLE IMPOSICION, HACIENDOLOS DE PEOR CONDICION QUE LOS QUE RETIENE EL ESTADO.

EL GOBIERNO DE LA NACION ENTIENDE, POR EL CONTRARIO, QUE BASTA CON RECORDAR LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS POR LA STC 227/1988, EN SU FUNDAMENTO JURIDICO 28, PARA DISIDIAR CUALQUIER DUDA DE CONSTITUCIONALIDAD. EL PRESUPUESTO O HECHO IMPONIBLE DEL CANON CUESTIONADO ES LA OCUPACION O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL. LA L.O.F.C.A.

DISPONE, EN SU ART. 7.1, QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PODRAN ESTABLECER TASAS SOBRE LA UTILIZACION DE SU DOMINIO PUBLICO, DE DONDE LA SENTENCIA CITADA DEDUJO, A CONTRARIO SENSU , QUE CORRESPONDE AL ESTADO ESTABLECER LAS TASAS QUE GRAVAN LA UTILIZACION DEL DEMANIO ESTATAL. Y, POR TANTO, DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE.

B) EL ART. 85.3 ES IMPUGNADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA (AUNQUE EN SU SUPLICO LO DESIGNA CON EL NUM. 86.3), COMO CONSECUENCIA DE LAS OBJECIONES QUE PRESENTA CONTRA LOS ARTS. 56 Y CONCORDANTES, QUE PONIAN EN DUDA LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA AUTORIZAR LOS VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, Y LOS RESTANTES, ESPECIALMENTE LOS URBANOS. AL CORRESPONDERLE OTORGAR TALES AUTORIZACIONES A LA COMUNIDAD AUTONOMA, LA PERCEPCION DEL CANON ESTABLECIDO POR ESTE ARTICULO DEBE CORRESPONDERLE A ELLA, Y NO A LA ADMINISTRACION ESTATAL.

EL ABOGADO DEL ESTADO MANTIENE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN FAVOR DE LOS ARTS. 56 Y SIGUIENTES L.C.

C) LOS ARTS. 86 Y 87 SON OBJETADOS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN CUANTO LAS TASAS QUE ESTABLECE NO SE EXTIENDEN SOLAMENTE A LOS SERVICIOS ESTATALES, SINO TAMBIEN A LOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. ESE DESBORDAMIENTO ES INCONSTITUCIONAL, POR INTERFERIR SU COMPETENCIA PARA IMPONER Y EXIGIR TASAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN RELACION A LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES SOBRE EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE (ARTS. 44 Y 50 EAC Y ART. 7.1 LOFCA). LA GENERALIDAD VALENCIANA, POR SU PARTE, ESTIMA QUE EL ART. 86 ES INCONSTITUCIONAL EN LA MEDIDA EN QUE NO EXPRESA QUE LA ADMINISTRACION QUE HA DE PERCIBIR LAS TASAS ES LA QUE RESULTE COMPETENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD QUE LA ORIGINA, QUE EN MUCHOS CASOS NO SERA LA DEL ESTADO, SINO LA DE LA PROPIA COMUNIDAD.

A SU VEZ, EL ABOGADO DEL ESTADO SOSTIENE QUE LOS ARTS. 86 Y 87 NO VULNERAN COMPETENCIA AUTONOMICA ALGUNA, PORQUE DEBEN SER INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. NO PRETENDEN ESTABLECER TASAS SOBRE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PORQUE EL ART. 17 LOFCA, EN TERMINOS QUE CONFIRMAN DIVERSOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DISPONE QUE COMPETE A LAS COMUNIDADES AUTONOMA EL ESTABLECIMIENTO Y MODIFICACION DE SUS PROPIAS TASAS. BASTA INTEGRAR LA NORMA EN SU CONTEXTO SISTEMATICO Y FUNCIONAL PARA PRECISAR QUE LA AMBIGUA REFERENCIA A LA ADMINISTRACION SE REFIERE A LA DEL ESTADO, PORQUE EL HECHO IMPONIBLE DE LA TASA SE DELIMITA CON REFERENCIA A ACTIVIDADES QUE SON DE COMPETENCIA ESTATAL.

DE LO EXPUESTO, LA DEFENSA DEL ESTADO DEDUCE LA FALTA DE FUNDAMENTACION DE LA ARGUMENTACION ADUCIDA POR EL GOBIERNO VALENCIANO, QUIEN ADEMAS SOLICITA UN PRONUNCIAMIENTO PREVENTIVO DEL TRIBUNAL CONTRA UNA HIPOTETICA Y EVENTUAL INTERPRETACION DEL PRECEPTO, QUE ES INCOMPATIBLE CON LA NATURALEZA Y FUNCION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

9. EL TITULO V DE LA LEY:

INFRACCIONES Y SANCIONES.

ESTE TITULO CONSTA DE TRES CAPITULOS: INFRACCIONES (ARTS. 90 A 93), SANCIONES (ARTS. 94 A 100), Y PROCEDIMIENTO Y MEDIOS DE EJECUCION (ARTS. 101 A 109). LOS ARTICULOS IMPUGNADOS PUEDEN SER REUNIDOS EN TRES GRUPOS:

A) LOS ARTS. 90 Y 91 HAN SIDO REFUTADOS POR TRES COMUNIDADES AUTONOMAS. TODAS ELLAS IMPUGNAN DIVERSAS LETRAS DEL ART.

90, QUE TIPIFICAN DETERMINADAS CONDUCTAS COMO INFRACCIONES SUSCEPTIBLES DE LAS SANCIONES QUE RECOGE EL ART. 97 L.C. LA LETRA C) ES IMPUGNADA POR LA JUNTA DE GALICIA, POR EL GOBIERNO VASCO, Y POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA:

TODOS ELLOS COINCIDEN EN AFIRMAR QUE REGULA MATERIAS COMPRENDIDAS EN EL AMBITO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA RESPECTIVA, TANTO EN LO RELATIVO A LAS SERVIDUMBRES COMO EN LO RELATIVO A LAS DETERMINACIONES DE NORMAS APROBADAS CONFORME A LA LEY ESTATAL.

CATALUÑA Y EL PAIS VASCO CUESTIONAN, ASIMISMO, LAS LETRAS E) Y F) DEL MISMO ART. 90, EN LA MEDIDA EN QUE TIPIFICAN CONDUCTAS AJENAS A LAS COMPETENCIAS ESTATALES, AL REFERIRSE A PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN EL DEMANIO MARITIMO TERRESTRE Y EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION. EL GOBIERNO VASCO AMPLIA SU IMPUGNACION A LA CLAUSULA GENERAL

CONTENIDA EN LA LETRA I) DEL ART. 90, MIENTRAS QUE EL EJECUTIVO CATALAN SE DIRIGE, POR CONEXION O CONSECUENCIA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE PREDICA DE LOS PRECEPTOS CORRESPONDIENTES, CONTRA DIVERSOS PARRAFOS DEL ART. 91.2: CONCRETAMENTE LOS RECOGIDOS TRAS LAS LETRAS E), G) Y H) POR ALUDIR A LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE, Y A OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ELLAS, QUE NO SON DE COMPETENCIA ESTATAL; Y LA LETRA F), ULTIMO INCISO, POR APLICARSE DE MANERA GENERAL AL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES, Y NO EXCLUSIVAMENTE A LOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES EN AGUAS TERRITORIALES DEL ESTADO.

EL ABOGADO DEL ESTADO DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 90, 91 Y 97 L.C., CON APOYO EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE LA COMPETENCIA SANCIONATORIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ESTABLECIDA EN LA STC 87/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 8. , Y REITERADA EN SUCESIVAS SENTENCIAS (102/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ; 48/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 25, Y 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 29). LOS TIPOS DE ILICITOS ADMINISTRATIVOS HAN SIDO ESTABLECIDOS EN MATERIAS QUE SON DE COMPETENCIA ESTATAL, COMO SE DEMOSTRO ANTERIORMENTE. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO ES EL DOMINIO PUBLICO ESTATAL. LAS INFRACCIONES QUE SE SANCIONAN SON LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS TANTAS DISPOSICIONES DE LA LEY, Y TIENDEN A GARANTIZAR LA EFICACIA DE LAS CONFIGURACIONES NORMATIVAS POR LAS QUE OPTO EL LEGISLADOR. LOS MISMOS TITULOS DE COMPETENCIA QUE JUSTIFICARON LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD ESTABLECIDAS POR EL TITULO II DE LA LEY RESPALDAN EL ART. 90 C); LO MISMO PUEDE DECIRSE DE LAS PROHIBICIONES DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS CUYA INFRACCION SANCIONAN SUS LETRAS E) Y F); LA LETRA I), POR SU PARTE, NO ES MAS QUE LA PIEZA DE CIERRE DEL SISTEMA DE PROTECCION.

ADEMAS, CON ARREGLO A LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL CITADA, HAY QUE CONCLUIR QUE LAS PRESCRIPCIONES DE ESTOS ARTICULOS TIENEN UN EVIDENTE CARACTER BASICO (ART.

149.1.1 C.E.), QUE SE INFIERE DE QUE LA NORMACION AUTONOMICA ESTA LIMITADA RATIONE LOCI , Y ATENDER AL CONTENIDO MATERIAL DEL PRECEPTO.

B) EL ART. 93 C), PARRAFOS 1 Y 2, ES RECURRIDO POR EL CONSEJO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN CUANTO LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD QUE DISEÑA ABARCA A LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS , Y A LAS AUTORIDADES Y LOS MIEMBROS DE ORGANOS COLEGIADOS DE . PERO LA COMPETENCIA DEL ESTADO CENTRAL SOLO SE EXTIENDE, CON LOS EFECTOS QUE PREVE EL PRECEPTO, SOBRE SUS PROPIOS FUNCIONARIOS Y RESPECTO DE LAS ENTIDADES QUE DE EL DEPENDEN; Y SOLO CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS DE SU INCUMBENCIA, QUE NO SON NI MUCHO MENOS TODOS LOS QUE RECOGE LA LEY.

EL ABOGADO DEL ESTADO INVOCA LOS MISMOS TITULOS DE COMPETENCIA QUE APOYAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE, DEL QUE ESTE PRECEPTO NO ES MAS QUE UNA NORMA DE CIERRE DEL SISTEMA DE PROTECCION. EL PARRAFO 1. SE JUSTIFICA, ADEMAS, COMO NORMA BASICA DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ART. 149.1.18; SSTC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 38, Y 99/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 3. C). EL PARRAFO 2. , A SU VEZ, COMO NORMA BASICA DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EN CUANTO TIENDE A POSIBILITAR EL MANTENIMIENTO DE UN TRATAMIENTO UNIFORME DE LAS INSTITUCIONES ESENCIALES ATINENTES A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (STC 14/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 14).

C) EL ART. 101.2 ES IMPUGNADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA, PORQUE FACULTA A LOS FUNCIONARIOS Y AGENTES DE LA ADMINISTRACION A ACCEDER A TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA, QUE INCLUSO PUEDEN SER DOMICILIOS QUE CONSTITUYAN EL PROPIO DOMICILIO, SIN CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR O CON LA RESOLUCION JUDICIAL OPORTUNA, LO CUAL CONCULCA FLAGRANTEMENTE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO QUE RECONOCE EL ART.

18.2 CONSTITUCION.

EL ABOGADO DEL ESTADO RECHAZA ESTE PLANTEAMIENTO, PORQUE NO SE PUEDE EXTENDER A LOS EL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE DOMICILIO. ESTE SE CIÑE A LA PROTECCION DE LOS AMBITOS EN QUE SE DESARROLLA LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA, Y SE REFIERE AL ESPACIO LIMITADO QUE LA PROPIA PERSONA ELIGE, CARACTERIZADO POR QUEDAR EXENTO O INMUNE A LAS INVASIONES O AGRESIONES EXTERIORES (STC 22/1984, FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. Y 5. ). LA NORMA CONTEMPLA UNA FACULTAD LEGAL DE CARACTER INSTRUMENTAL, CUYA FINALIDAD ES PODER CONOCER, Y DENUNCIAR, LAS INFRACCIONES DE LA LEGISLACION DE COSTAS QUE SE COMETAN. SU EJERCICIO SE CIRCUNSCRIBE, POR TANTO, A LOS TERRENOS DONDE SE ESTEN EJECUTANDO LAS OBRAS O EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSTALACIONES EN EXPLOTACION (V. ART. 103 L.C.); Y LAS CORRESPONDIENTES COMPROBACIONES Y ACTUACIONES NO INCIDEN EN EL AMBITO DE PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS.

10. EL TITULO VI DE LA LEY: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS.

EL PRESENTE TITULO DE LA LEY DE COSTAS INCLUYE CINCO CAPITULOS: COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (ARTS. 110 A 113), COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART.

114), COMPETENCIAS MUNICIPALES (ART. 115), RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (ARTS. 116 A 118), E IMPUGNACION DE ACTOS Y ACUERDOS (ART.

119). SON OBJETO DE IMPUGNACION TODOS LOS ARTICULOS QUE LO COMPONEN, CON LA EXCEPCION DE LOS ARTS. 113, 116 Y 119. POR RELACION, ES RECURRIDA IGUALMENTE LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, 2.

A) LA GENERALIDAD DE CATALUÑA FORMULA UN COMENTARIO GENERAL A LA TOTALIDAD DEL TITULO, QUE AFECTA DE MODO ESPECIAL A SUS TRES PRIMEROS CAPITULOS. ESTIMA, PRIMERO, QUE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ESGRIMIDOS CONTRA SUS PRESCRIPCIONES DEBEN TENER UN EFECTO DE NULIDAD O INVALIDATORIO, Y NO EL MERAMENTE INAPLICATIVO QUE ES PROPIO DEL DERECHO SUPLETORIO. EN SEGUNDO LUGAR, AFIRMA QUE LAS CORTES GENERALES HAN SOBREPASADO LOS LIMITES IMPUESTOS A SU POTESTAD LEGISLATIVA, PORQUE NO EXISTE NI EN LA CONSTITUCION, NI EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, PRECEPTO ALGUNO QUE REENVIE A UNA LEY DEL ESTADO LA PRECISION DEL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS EN NINGUA DE LAS MATERIAS A QUE SE CONTRAE LA LEY DE COSTAS.

POR LO QUE LOS CAPS. PRIMERO Y SEGUNDO, SALVO EL ART. 113, SON INCONSTITUCIONALES, POR APLICACION DE LOS CRITERIOS SENTADOS EN LAS SSTC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 4. A, 29/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , Y 49/1988. ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ART. 114, U OTRAS PARECIDAS, PROVOCAN UN CONSIDERABLE NIVEL DE INSEGURIDAD JURIDICA, DIFICILMENTE COMPATIBLE CON EL ART. 9.3 C.E. RESPECTO AL CAP. TERCERO MUESTRA LAS PERNICIOSAS SECUELAS QUE SE DERIVAN DE LA SECTORIALIZACION DEL REGIMEN LOCAL, PARA LAS COMPETENCIAS DE ALGUNAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMO LA CATALANA (ART. 1.8 EAC); AL CONVERTIRSE EN UNA MEZCLA DE ASPECTOS O CUESTONES DIVERSAS, SE HACE POSIBLE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL ENTRE A DETALLAR CASUISTICAMENTE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES, REBASANDO LOS MINIMOS COMPETENCIALES QUE SON BASES AMPARADAS POR EL ART. 149.1.18 C.E. (SSTC 32/1981 Y 27/1987).

EL ABOGADO DEL ESTADO NO PUEDE ACEPTAR ESE PLANTEAMIENTO, PORQUE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESGRIMIDA POR EL ORGANO RECURRENTE A AQUELLAS NORMAS QUE SON MERAMENTE INTERPRETATIVAS. SIN EMBARGO, NO HAY NINGUN OBSTACULO PARA QUE UNA LEY ESTATAL DEFINA O CONCRETICE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO, LABOR QUE ES NECESARIA EN PRO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA. ESE ES EL ALCANCE Y LA FINALIDAD DE LOS ARTICULOS AGRUPADOS EN LOS CAPITULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL TITULO VI DE LA LEY, QUE NO INCIDEN SOBRE EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, NI PRETENDEN DELIMITARLAS.

B) EL ART.

110 ES IMPUGNADO POR TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES, POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE MUESTRAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS DE LOS QUE TRAEN CAUSA SUS DIVERSOS APARTADOS.

LA LETRA B) ES INVALIDA, PORQUE SON DE COMPETENCIA AUTONOMICA LAS ACTIVIDADES QUE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION ESTATAL. ALGUNAS RECURRENTES SUBRAYAN DETERMINADOS ASPECTOS: ASI EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, Y TODO TIPO DE INTERVENCION EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE, CON PRACTICA UNANIMIDAD; CATALUÑA, LA GESTION DE TODOS LOS PUERTOS QUE NO SEAN DE INTERES GENERAL; VALENCIA, LAS OBRAS FIJAS EN EL MAR, CUYA INCLUSION EN EL PRECEPTO INVADE SUS FACULTADES EN LAS MATERIAS DE PUERTOS Y DE PESCA, MARISQUEO Y ACUICULTURA.

LA LETRA C) ES IMPUGNADA CON CARACTER GENERAL, POR INVADIR COMPETENCIAS DE EJECUCION Y DE GESTION DEMANIAL DE LAS

COMUNIDADES, Y POR INCLUIR LAS ZONAS SOMETIDAS A SERVIDUMBRES. SEGUN CATALUÑA, EL PRECEPTO DEBIA LIMITARSE A RECOGER FACULTADES DE POLICIA Y TUTELA DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE. BALEARES CUESTIONA LA ATRIBUCION GENERICA E INDISCRIMINADA DE ESAS MISMAS FACULTADES, REPROCHE QUE EXTIENDE A LAS LETRAS B) Y H).

LA LETRA D), A DIFERENCIA DE LAS ANTERIORES, ES ATACADA EXCLUSIVAMENTE POR EL CONSEJO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. NIEGA LA COMPETENCIA ESTATAL PARA OBRAR SOBRE LOS YACIMIENTOS DE ARIDOS, POR LAS MISMAS RAZONES QUE EXPUSO CONTRA EL ART. 29 L.C.

LA LETRA E) ES CUESTIONADA POR EL GOBIERNO VASCO, POR VULNERAR SUS COMPETENCIAS SOBRE PESAS Y MEDIDAS, INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA, Y TRANSPORTES Y SERVICIO METEOROLOGICO (EAPV ARTS. 12.5, 10.16 Y 32).

LA LETRA F) ES IMPUGNADA CASI UNANIMEMENTE, EN CUANTO SIMPLE CONSECUENCIA DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 22 Y 34 SOBRE NORMACION DE TRAMOS DE COSTA.

LA LETRA G) ES CUESTIONADA POR LA COMUNIDAD DE CANTABRIA, PORQUE IGUAL QUE LAS LETRAS B), F) Y H), SUPONE LA PRETERICION O LA OBSCURIDAD EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR SU PARTE, ESTIMA INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA SOBRE , EXPRESION QUE NO FIGURA NI EN LA CONSTITUCION NI EN LOS ESTATUTOS PARA DESLINDAR COMPETENCIAS, Y QUE SE REMITE A UN CRITERIO QUE YA HA SIDO TENIDO EN CUENTA POR LOS TEXTOS DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN DICHA TAREA.

LA LETRA H) ES OBJETADA POR LAS ISLAS BALEARES, PAIS VASCO, CANTABRIA Y CATALUÑA, COMO CONTINUACION DE LA IMPUGNACION CONTRA LOS ARTS. 56 Y CONCS. POR VULNERAR LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE VERTIDOS. LA GENERALIDAD AGREGA QUE SI LE CORRESPONDE LA REGULACION DE TODOS LOS VERTIDOS, SALVO LOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES DESDE TIERRA AL MAR, CON MAYOR RAZON HABRA DE INCUMBIRLE LA FACULTAD DE AUTORIZARLOS. EL GOBIERNO VASCO, POR SU PARTE, CONSIDERA TOTALMENTE INCONSTITUCIONAL ESTE APARTADO, SALVO LO RELATIVO A LA FACULTAD ESTATAL PARA ELABORAR Y APROBAR DISPOSICIONES, ASI COMO EL APARTADO I) EN CUANTO ABARCA LOS VERTIDOS. SU ESTATUTO DE AUTONOMIA LE ATRIBUYE LA EJECUCION DE LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES EN LAS AGUAS TERRITORIALES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL LITORAL VASCO (ART. 12.10 EAPV), SIN EXCLUIR LOS QUE NO PROVENGAN DESDE TIERRA (COMO LOS REALIZADOS DESDE BUQUES, AERONAVES, PLATAFORMAS, ETC.), NI DA PIE A TAL DIFERENCIACION, SIN QUE AL LEGISLADOR ESTATAL PUEDA REDEFINIR EL AMBITO COMPETENCIAL DEFINIDO ESTATUTARIAMENTE. RESPECTO A LOS DEMAS VERTIDOS, CORRESPONDE AL ESTADO EXCLUSIVAMENTE LA LEGISLACION BASICA, POR ENCUADRARSE ESTA MATERIA IMPLICITAMENTE EN EL TITULO COMPETENCIAL DE MEDIO AMBIENTE (ART. 11.1 A) EAPV); INTERPRETACION CONFIRMADA POR LA PROPIA LEY DE COSTAS, CUYO ART. 57 DA POR SUPUESTO QUE LA FUNCION LEGISLATIVA ES COMPARTIDA.

POR CONSIGUIENTE, EL APARTADO H) ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO ATRIBUYE AL ESTADO LA FACULTAD DE AUTORIZAR LOS VERTIDOS, QUE ES PURAMENTE EJECUTIVA. Y EL APARTADO I), AL ATRIBUIR TODA LA LEGISLACION AL ESTADO CENTRAL, CUANDO EN RELACION CON LOS VERTIDOS QUE NO SON INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES SOLO LE CORRESPONDE LA LEGISLACION BASICA.

LA LETRA I) ES IMPUGNADA TAMBIEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, POR LAS MISMAS RAZONES QUE EL PARRAFO ANTERIOR, Y POR EL GOBIERNO VASCO. ESTE AÑADE A SU CRITICA SOBRE LA REFERENCIA A LOS VERTIDOS, LA DIRIGIDA CONTRA LOS DOS ULTIMOS INCISOS DEL PRECEPTO, PORQUE TANTO LA SEGURIDAD HUMANA EN LOS LUGARES DE BAÑO COMO LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS E INSTRUCCIONES ESTATALES SOBRE SALVAMENTO Y SEGURIDAD DE LAS VIDAS HUMANAS, CORRESPONDE A SU COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE PROTECCION CIVIL, A LA LUZ DE LA STC 123/1984.

LA LETRA L), FINALMENTE, ES RECHAZADA POR EL GOBIERNO VASCO, EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, Y EL GOBIERNO VALENCIANO. TODOS ELLOS CONSIDERAN VULNERADA LA POTESTAD DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES PARA EJECUTAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LO QUE AFECTEN A LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA, POTESTAD QUE HA SIDO ATRIBUIDA POR LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS SIN SOMETERLA DE NINGUN MODO A LA COORDINACION E INSPECCION ESTATALES, QUE SON FACULTADES QUE NINGUNA NORMA DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD OTORGA AL ESTADO. EL CONSEJO DE LA GENERALIDAD TAMBIEN CUESTIONA LA VAGUEDAD O INDETERMINACION DEL INCISO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA ESTATAL PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE SU COMPETENCIA.

EL GOBIERNO DE LA NACION DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODOS LOS APARTADOS DEL ART.

110 SOMETIDOS A RECURSO.

SU LETRA B) RECOGE COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CUYA VALIDEZ FUE RAZONADA CON ANTERIORIDAD. ASI, LA FACULTAD PARA OTORGAR CONCESIONES Y AUTORIZACIONES SOBRE EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE ENCUENTRA SU JUSTIFICACION EN LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART. 149.3 C.E.

EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE SE RESERVA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO POR ENTENDERLO BASICO PARA ASEGURAR LA PLENA EFECTIVIDAD DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION, ANTE LA COMPROMETIDA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS COSTAS ESPAÑOLAS, COMO SE EXPUSO RESPECTO AL ART. 26.1. EN CUANTO A LAS INSTALACIONES MARITIMAS MENORES NO VULNERAN LAS COMPETENCIAS PORTUARIAS DE LAS AUTONOMIAS PORQUE AQUELLAS NO SON PUERTOS, YA QUE SE CARACTERIZAN POR NO FORMAR PARTE NI ESTAR ADSCRITAS A NINGUNO, POR LO QUE SON UNA PORCION DE COSTA, QUE PERTENECE AL DEMANIO ESTATAL (ART. 3 L.C.).

EL APARTADO C) NO INCLUYE LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES QUE SEAN EXIGIBLES POR LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS (ART.

65 L.C.), SINO LAS QUE SON COMPETENCIA DEL ESTADO, DE ACUERDO CON EL ART.

31.2 L.C. POR LO DEMAS, ES EVIDENTE QUE LAS FACULTADES DE TUTELA Y POLICIA DEL DOMINIO PUBLICOS MARITIMO TERRESTRE Y SUS SERVIDUMBRES SON INHERENTES A LA TITULARIDAD ESTATAL SOBRE DICHO DOMINIO, CON EL FIN DE ASEGURAR ESTA ULTIMA (STC 227/1988, FUNDAMENTOS JURIDICOS 18 Y 25). POR LO QUE EL ART.

149.3 C.E. JUSTIFICA ESTE PRECEPTO. A SU VEZ, LA CONSERVACION DEL DOMINIO NO PUEDE GARANTIZARSE SOLO MEDIANTE UNA ACCION EFICAZ SOBRE LA ESTRECHA FRANJA CON TAL CALIFICACION JURIDICA, RESULTANDO IMPRESCINDIBLE LA ACTUACION SOBRE LA ZONA DE PROTECCION.

LA LETRA D) ES VALIDA POR LAS MISMAS RAZONES QUE EL ART. 29.2. IGUAL REMISION HAY QUE EFECTUAR EN EL APARTADO F), RESPECTO DE LO ALEGADO EN DEFENSA DE LOS ARTS. 22 Y 34.

LA LETRA G) ENCUENTRA SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL EN EL ART. 149.1.24 C.E. LA IMPUGNACION DEL INCISO RELATIVO A LAS ES INCONSISTENTE CON LA CLAUSULA DE COMPETENCIA RESIDUAL DEL ART. 149.3. AL MARGEN DE LOS SUPUESTOS EN QUE LA COMPETENCIA SOBRE OBRAS PUBLICAS TIENE CARACTER INSTRUMENTAL PARA EL EJERCICIO DE OTRAS COMPETENCIAS, HAY QUE RECONOCERLE UN VALOR SUSTANTIVO PARA HABILITAR OTRAS ACTUACIONES AUTONOMICAS O ESTATALES RESPECTO DE MATERIAS O SECTORES DE LA ACTIVIDAD PUBLICA QUE NO APARECEN ESPECIFICAMENTE MENCIONADOS EN LA CONSTITUCION O EN LOS ESTATUTOS. DADO QUE LAS COSTAS NO APARECEN ENTRE LAS MATERIAS ASUMIDAS ESTATUTARIAMENTE, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO REALIZAR EN ELLAS AQUELLAS ACTUACIONES DE INTERES GENERAL IMPUESTAS POR LAS DETERMINACIONES NORMATIVAS POR LAS QUE OPTO EL LEGISLADOR, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 110, AB INITIO , L.C.

LOS APARTADOS I) Y H) SON VALIDOS POR LOS MISMOS MOTIVOS EXPUESTOS RESPECTO DE LOS ARTS. 56 Y SIGS. L.C. FRENTE A LA INNOVACION INTRODUCIDA POR EL GOBIERNO VASCO, ACERCA DE LOS VERTIDOS QUE NO PROVIENEN DESDE TIERRA, SINO DESDE EL MAR (BUQUES Y PLATAFORMAS) AL MAR, EL ABOGADO DEL ESTADO ENTIENDE QUE NO PUEDEN INCLUIRSE EN LA COMPETENCIA AUTONOMICA EX ART. 12.10 EAPV. EL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO NO APOYA ESA INTERPRETACION, NI TAMPOCO LA COMPETENCIA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO, PUES EL MAR TERRITORIAL NO ES A LOS EFECTOS URBANISTICOS, COMO TIENE DECLARADO LA JURISPRUDENCIA. EN CUALQUIER CASO, TRATANDOSE DE VERTIDOS DESDE BUQUES DE GUERRA O EXTRANJEROS, LA COMPETENCIA ES DEL ESTADO SEGUN EL ART. 149.1, APS. 3 Y 4; SI DESDE BUQUES MERCANTES, EL AP. 20, Y SI LOS VERTIDOS PROVIENEN DE CUALQUIER OTRA NAVE O APARATO FLOTANTE, POR EL AP.

19 (PESCA MARITIMA). A LA MISMA CONCLUSION CONDUCE EL EXAMEN DE LOS LIMITES QUE ENMARCAN LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA (ART.

10.30 EAPV).

FINALMENTE, EL APARTADO L) ENCUENTRA JUSTIFICACION EN LOS ARTS.

93 Y 149.1.3 C.E. EL PRECEPTO LEGAL SOLO MENCIONA LOS ACUERDOS INTERNACIONALES QUE AFECTEN A MATERIAS DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO, POR LO QUE RESULTA IMPERTINENTE EL ALEGATO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CON CITA DEL ART.

27.3 EAC. LO QUE EXPLICA Y JUSTIFICA QUE DEBAN RECONOCERSE AL ESTADO SIN SUSTITUIR POR ELLO EL SISTEMA INTERNO DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL, TALES COMO LAS DE COORDINACION, INSPECCION O ADOPCION DE MEDIDAS PARA ASEGURAR SU OBSERVANCIA, ES QUE EN EL CONCURRE LA CIRCUNSTANCIA DE SER UNICO RESPONSABLE INTERNACIONALMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRATADOS DE QUE ES PARTE (STC 44/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ).

C) EL ART.

111 ES IMPUGNADO POR CUATRO COMUNIDADES AUTONOMAS (GALICIA, PAIS VASCO, CATALUÑA Y VALENCIA) EN SU APARTADO 1, SUS APS. 2 Y 3 SON OBJETO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL GOBIERNO VASCO.

DE SU PRIMER APARTADO, SON IMPUGNADAS TODAS SUS LETRAS SALVO LA D), QUE EL GOBIERNO VASCO EXPLICITA QUE ENTIENDE JUSTIFICADA COMO INSTRUMENTO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO RECOGIDA POR EL ART. 149.1.20 C.E. POR EL CONTRARIO, ENTIENDE QUE LAS ATRIBUCIONES ENUMERADAS BAJO LAS LETRAS A), B), C) Y D) NO SE ENCUENTRAN ADOSADAS A COMPETENCIA MATERIAL ALGUNA DEL ESTADO; APARECEN UNICAMENTE REFERIDAS AL ESPACIO FISICO SOBRE EL QUE SE LLEVAN A CABO O AL QUE SIRVEN, LO CUAL NO ES LICITO. LA COMPETENCIA ESTATAL SOLO PODRIA ENCONTRAR JUSTIFICACION CUANDO LA ENVERGADURA O LA TRASCENDENCIA DE LAS OBRAS REBASARA EL AMBITO DE LOS INTERESES AUTONOMICOS, O CUYA REALIZACION AFECTARA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMITROFES, DE ACUERDO CON EL ART.

149.1.24 C.E.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS REPROCHAN AL ART. 111.1 SU FORMULACION GENERICA; AFIRMANDO EL GOBIERNO VALENCIANO QUE LA INCONCRECION LEGAL LLEVA A GENERALIZAR LA COMPETENCIA ESTATAL A TODA OBRA QUE, DE LEJOS O DE CERCA, AFECTE AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE. EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA AÑADE QUE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS LETRAS A), B) Y C) (NO LA D), QUE NO IMPUGNA), SON FEUDATARIAS DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE LA ORDENACION DEL LITORAL; EL ESTADO SOLAMENTE OSTENTA COMPETENCIA PARA APROBAR LA LEGISLACION BASICA.

EL GOBIERNO VASCO OBJETA, ASIMISMO, LOS APS. 2 Y 3 DEL ART. 111. EN SU OPINION, LA PROHIBICION DE QUE LAS OBRAS ESTATALES SEAN SUSPENDIDAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, ESTABLECIDA EN EL ART. 111.2, IMPLICA UNA INJERENCIA EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO. ES A ESTA A QUIEN INCUMBE DETERMINAR LOS MECANISMOS PARA ADECUAR LAS ACTUACIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, A LAS NORMAS Y PLANES CORRESPONDIENTES, COMO MUESTRA LA VIGENTE LEY DEL SUELO. EL AP. 3 DEL ART. 111, POR SU PARTE, INCURRE EN LA MISMA VULNERACION, Y CONLLEVA LA DESVINCULACION DEL PLANEAMIENTO BAJO CAPA DE REGULAR EL USO Y LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO.

EL ABOGADO DEL ESTADO, EN CAMBIO, ALEGA QUE EL APARTADO 1 DEL ART.

111 L.C. ENCUENTRA SU JUSTIFICACION EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO SOBRE OBRAS PUBLICAS (ART. 149.1.24), SIENDO EL CONCEPTO DE INTERES GENERAL ABIERTO E INDETERMINADO LLAMADO A SER CONTROLADO POSTERIORMENTE EN CADA MATERIA (STC 68/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ). NO PUEDE DECIRSE QUE EL LEGISLADOR HAYA LESIONADO NINGUN LIMITE CONSTITUCIONAL AL ELEGIR LOS CRITERIOS O NOTAS DEFINIDORES DE DICHO INTERES, PUES LAS OBRAS RECOGIDAS EN LA LEY CONSTITUYEN UN INSTRUMENTO DE ACTUACION PARA EJERCER LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS NO SON ARBITRARIOS O IRRAZONABLES. O BIEN APARECEN VINCULADOS A LA POTESTAD ESTATAL DE PROTECCION DEL DEMANIO MARITIMO TERRESTRE (APS. A) Y B)); O TRATAN DE PRESERVAR EL CARACTER COMMUNIS OMNIUM DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, POSIBILITANDO SU USO PUBLICO (AP. C)); O, EN FIN, SE REFIEREN A OBRAS EMPLAZADAS EN EL MAR Y AGUAS INTERIORES PORQUE SU CALIFICACION DE INTERES GENERAL SE DESPRENDE CON ROTUNDIDAD TANTO POR LA TITULARIDAD ESTATAL SOBRE EL MAR Y LAS AGUAS TERRITORIALES, COMO POR SU IMPORTANCIA PARA LA DEFENSA, EL REGIMEN ADUANERO, LA SANIDAD, LA PESCA MARITIMA, LA ILUMINACION DE COSTAS Y OTRAS RUBRICAS DEL ART. 149.1 C.E.

D) EL ART. 112 HA SIDO ATACADO POR TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE ENTIENDEN QUE EL INFORME ESTATAL, PRECEPTIVO Y VINCULANTE, QUE ALLI SE ESTABLECE PARA EL EJERCICIO DE DISTINTAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS VULNERA ESTAS. EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS QUEDA DEFRAUDADO Y SUBVERTIDO, PUES A TRAVES DE UN INFORME, QUE CARECE DE TODO APOYO CONSTITUCIONAL, Y QUE ENCUBRE VERDADERAS FACULTADES RESOLUTORIAS AL SER VINCULANTE, LA ADMINISTRACION DEL ESTADO SE ARROGA ATRIBUCIONES DE EJECUCION QUE DESMIENTEN LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS AUTONOMCIAS SOBRE LOS DIVERSOS ASPECTOS ABORDADOS POR EL PRECEPTO: URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO (LA LETRA A)), VERTIDOS (LA LETRA B)), PUERTOS Y ORDENACION DEL TRANSPORTE (1 A C)), Y CULTIVOS MARINOS (1A D)).

EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA QUE LA LIMITACION DEL CONTENIDO DEL INFORME DISIPA CUALQUIER DUDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES HA DE LIMITARSE A LAS MATERIAS QUE, SIENDO DE COMPETENCIA ESTATAL, RESULTEN O PUEDAN RESULTAR AFECTADAS POR LAS ACTUACIONES INFORMADAS. LA DISPOSICION OFRECE UN MEDIO DE COOPERACION COHERENTE CON LO DECLARADO POR LA STC 77/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 3. EL LEGISLADOR PRETENDE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CONOZCA LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE LOS PLANES O PROYECTOS CON INCIDENCIA EN EL DEMANIO COSTERO, PARA QUE EN SU CASO SE INCLUYAN LAS DETERMINACIONES PRECISAS PARA GARANTIZAR SU PROTECCION, USO Y CONSERVACION. SE TRATA DE ELIMINAR DISCORDANCIAS O CONTRADICCIONES QUE PUEDEN PERJUDICAR LOS INTERESES PUBLICOS, Y OBLIGAR A RECURRIR A MEDIOS MAS ENERGICOS (V. GR., ART. 180.2 L.S. Y STC 56/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 5. ). EL ART. 112 ES UN MEDIO RAZONABLE Y ADECUADO PARA LOGRAR UNA CORRECTA COORDINACION EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES SOBRE EL MISMO ESPACIO FISICO.

ESTO ES MAS EVIDENTE, SI CABE, EN EL SUPUESTO DEL APARTADO B), PUES EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DE LA EJECUCION AUTONOMICA DE LA LEGISLACION, QUE ES PLENAMENTE ESTATAL (STC 104/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). EL APARTADO C), CONECTADO CON EL ART.

49.2, ES CONSTITUCIONAL POR LAS MISMAS RAZONES QUE ESTE. LA LETRA D) SE LIMITA A REITERAR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 10 Y 26 DE LA LEY 23/1984, DE CULTIVOS MARINOS, DE 25 DE JUNIO).

E) EL ART. 114 ES RECURRIDO POR LA JUNTA DE GALICIA Y POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, QUIEN AFIRMA QUE JUNTO CON LOS PRECEPTOS QUE FORMAN EL CAP. PRIMERO DE ESTE TITULO CONSTITUYE UNA INTERFERENCIA EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, RESULTA SUPERFLUO E INNECESARIO Y, LO MAS IMPORTANTE, INDUCE AL ERROR DE QUE LA LEY DE COSTAS ATRIBUYE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS JUNTO CON LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS.

EL ABOGADO DEL ESTADO ENTIENDE QUE ESTE PRECEPTO, AUNQUE INCLUIDO EN EL SUPLICO DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR AMBAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO HA SIDO IMPUGNADO EN REALIDAD. ASI LO DEDUCE, CON TODA EVIDENCIA, DEL ESCRITO DE LA GENERALIDAD, AL AFIRMAR QUE ESTE ARTICULO AUNQUE .

F) EL ART. 115 SUFRE CINCO IMPUGNACIONES.

GALICIA Y BALEARES LO CUESTIONAN INTEGRAMENTE, PORQUE REGULA MATERIAS DE COMPETENCIA AUTONOMICA POR LO QUE A ELLAS CORRESPONDE DETERMINAR EL GRADO DE COMPETENCIA MUNICIPAL , Y LIMITA SU EJERCICIO, SALVO (APUNTA ESTA ULTIMA) QUE SE ESTIMARA QUE LA LISTA CONTENIDA EN EL PRECEPTO ES MERAMENTE ENUNCIATIVA.

EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA COINCIDEN EN CRITICAR LOS APARTADOS C) Y D) DEL ART. 115, PORQUE EL ESTADO CARECE DE COMPETENCIA PARA ATRIBUIR A LOS MUNICIPIOS ESAS ATRIBUCIONES. EL CONSEJO EXTIENDE SU OPOSICION A LA LETRA B). ALEGA QUE ESTOS TRES APARTADOS VERSAN SOBRE EL REGIMEN Y LA AUTONOMIA LOCAL, SIN QUE SU CONTENIDO PUEDA SER AMPARADO COMO BASICO EN EL ART. 149.1.18 C.E., PORQUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA DEFINICION DE LOS MINIMOS COMPETENCIALES QUE CORRESPONDEN AL NUCLEO ESENCIAL, GARANTIZADO CONSTITUCIONALMENTE, DE LAS INSTITUCIONES LOCALES (SSTC 32/1981 Y 27/1987). POR SU PARTE, EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ESTIMA QUE LA REGULACION DE LA LEY CORRESPONDE A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL.

EL GOBIERNO VASCO IMPUGNA EL APARTADO D), PORQUE LESIONA SU COMPETENCIA SOBRE PROTECCION CIVIL (STC 123/1984).

EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA QUE EL ART. 115 SE CIÑE A DESTACAR ALGUNOS EXTREMOS QUE PODRAN ABARCAR LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES, , SIN QUE EN ELLO SE APRECIE NINGUNA VULNERACION COMPETENCIAL. LA ACTIVIDAD DE LAS CORPORACIONES LOCALES DEBE SER REGULADA SECTORIALMENTE, SIGUIENDO LA LOGICA COMPETENCIAL DE CADA MATERIA, MAS ALLA DE LAS BASES CONTEMPLADAS POR EL ART. 149.1.18. LA GARANTIA INSTITUCIONAL DE LA AUTONOMIA LOCAL EXIGE LOS SUFICIENTES PODERES DE ACTUACION, Y EL RECONOCIMIENTO DE POTESTADES SOBRE LOS ASUNTOS QUE CONCIERNEN A SUS INTERESES. A ESA EXIGENCIA RESPONDE EL MODESTO ART. 115 DE LA LEY, CUYOS APARTADOS B) A D) SE JUSTIFICAN EN LOS RESPECTIVOS TITULOS ESTATALES SOBRE CADA UNA DE LAS MATERIAS REGULADAS.

G) EL ART. 117 ES IMPUGNADO POR CINCO COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE UNANIMEMENTE CONSIDERAN QUE VULNERA SUS COMPETENCIAS SOBRE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL. LA DISPOSICION ALTERA EL REGIMEN JURIDICO DE APROBACION DE LOS PLANES, QUE SE ENCUENTRA SOMETIDO A SU COMPETENCIA EXCLUSIVA. CANTABRIA ENTIENDE QUE EL CONTENIDO DE ESTE PRECEPTO SERIA APROPIADO PARA LEYES REGIONALES DE ORDENACION TERRITORIAL. LOS CONSEJOS DE LAS ISLAS BALEARES Y DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NIEGAN EXPRESAMENTE QUE, DADO EL CONTENIDO DEL ARTICULO, QUEPA HABLAR DE COORDINACION O DE COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIONES: TANTO LA AUTOATRIBUCION DE LAS ATRIBUCIONES DE EMITIR INFORMES, COMO LA DE FORZAR ACUERDOS, SE SITUAN EN UN PLANO DISTINTO; PRODUCE UNA GRAN INSEGURIDAD JURIDICA E IMPOSIBILITA QUE SE LLEGUE A ADOPTAR ACUERDO ALGUNO.

EL ABOGADO DEL ESTADO DEDUCE DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 1 DEL ART. 117 QUE SU FINALIDAD SE LIMITA A ESTABLECER UN MECANISMO DE COORDINACION QUE PERMITA ELIMINAR PREVENTIVAMENTE DISCORDANCIAS ENTRE EL PLANEAMIENTO URBANISTICO Y LA LEGISLACION SECTORIAL SOBRE COSTAS. LAS SUGERENCIAS QUE INCORPORE EL INFORME NO LIMITAN LAS POTESTADES DE LAS AUTORIDADES QUE HAN DE APROBAR LOS PLANES; SI ACABAN CONVIRTIENDOSE EN DETERMINACIONES DEL PLAN SERA POR ESTAR BIEN FUNDADAS, ES DECIR, SI SE IMPONEN SERA IMPERIO RATIONIS Y NO RATIONE IMPERII . A LA MISMA FINALIDAD RESPONDE LA PRECISION CONTENIDA EN SU APARTADO 2, QUE ES CONGRUENTE CON EL PRINCIPIO DE COLABORACION INHERENTE A LA FORMA COMPUESTA DE ESTADO (SSTC 18/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 14; 152/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 6. , O 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 20 E)). NADA PUEDE PUES OBJETARSE A ESE PRECEPTO, NI A LA CONSECUENCIA QUE DE EL INFIERE EL APARTADO 3 DEL MISMO ART. 117.

H) EL ART. 118 SUFRE SEIS IMPUGNACIONES. EL GOBIERNO VASCO, EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, Y SU CONSEJO EJECUTIVO, COINCIDEN EN AFIRMAR QUE EL PRECEPTO VULNERA LA AUTONOMIA LOCAL GARANTIZADA POR LA CONSTITUCION, PUES CONTRADICE LO DISPUESTO EN EL ART. 2 LBRL, DESCONOCE LOS MINIMOS ESTABLECIDOS POR EL ART. 59 LBRL, Y NO REGULA NI RESPETA NINGUNO DE LOS CONDICIONANTES DISPUESTOS POR ESTE ULTIMO PRECEPTO. LA COMUNIDAD BALEAR COMPARTE CON EL CONSEJO DE CATALUÑA LA OPINION DE QUE EL ART.

117 SUPONE UNA REDEFINICION DE LAS COMPETENCIAS DE COORDINACION, PREVISTAS POR LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL, EN EXCLUSIVO PROVECHO DEL ESTADO CENTRAL, QUE SE ATRIBUYE UNAS FACULTADES HUERFANAS DE APOYO CONSTITUCIONAL, Y CON OLVIDO Y LIMITACION DE LAS COMPETENCIAS QUE OSTENTAN LAS AUTONOMIAS. LA JUNTA DE GALICIA COMPARTE ESTA TESIS, Y AÑADE QUE EN REALIDAD SE HA CREADO UN MECANISMO ARMONIZADOR SIN ATENERSE A LOS LIMITES CONSTITUCIONALES. FINALMENTE, LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTIMA QUE LA FACULTAD DE COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL LE CORRESPONDE, COMO INHERENTE A SU COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE REGIMEN LOCAL, Y COMO RECONOCE EL ART. 59 LBRL.

EL GOBIERNO DE LA NACION REPLICA QUE EL LEGISLADOR PUEDE DISPONER LA COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE LAS CORPORACIONES LOCALES POR EL ESTADO O POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN EL REGIMEN DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE AQUEL Y ESTAS (STC 27/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). LOS INTERESES QUE HABRAN DE JUSTIFICAR LA UTILIZACION DEL ESPECIAL MECANISMO DE COORDINACION QUE PREVE EL ART. 59 LBRL, TRASCENDENTES AL INTERES PROPIO DE LAS ENTIDADES LOCALES, SERAN LOS QUE AFECTEN A LA UTILIZACION, PROTECCION O CONSERVACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, MATERIA QUE ES DE COMPETENCIA ESTATAL, EL PRECEPTO NO SUFRE MACULA CONSTITUCIONAL.

11. LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA ES IMPUGNADA POR LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES Y DE CANTABRIA, Y AUNQUE NO SE MENCIONAN EN EL SUPLICO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL COMISIONADO DE LOS DIPUTADOS, TAMBIEN MANTIENEN ESTOS SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA.

MIENTRAS QUE LA C. A. DE LAS ISLAS BALEARES FUNDAMENTA LA IMPUGNACION EN IDENTICOS MOTIVOS A LOS QUE CONCURREN EN EL ART.

13, HABIENDOSE, PUES, PROCEDIDO A UNA TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN DOMINIO PUBLICO QUE SUPONE UNA EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION CONTRARIA AL ART. 33.3 C.E., YA QUE LA CONCESION DE TREINTA AÑOS PRORROGABLES NO VIENE SINO A ATEMPERAR LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS RESULTANTES DE ESA TRANSFORMACION, Y, POR SU PARTE, LA C.A. DE CANTABRIA RESALTA QUE LA REFERIDA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SUPONE UNA NEGACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, ES EN EL RECURSO FORMULADO POR LOS DIPUTADOS DONDE SE DESARROLLA CON MAYOR DETALLE Y EXTENSION LA FUNDAMENTACION DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIADA.

SE ALEGA AL RESPECTO QUE DICHA DISPOSICION INFRINGE LOS ARTS.

24 Y 33.3 DE LA C.E., YA QUE SUPONE UNA PRIVACION LEGISLATIVA DE DERECHOS DOMINICALES SIN LA CONSIGUIENTE INDEMNIZACION, Y ELLO PORQUE EL ART. 132.2 C.E., AL ESTABLECER QUE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE ES, EN TODO CASO, DOMINIO PUBLICO, PERMITE OPTAR POR MUY VARIADOS SISTEMAS, QUE VAN DESDE EL RESPETO, COMO EXCEPCIONALES, DE LA EXISTENCIA DE ENCLAVES DE PROPIEDAD PRIVADA, HASTA LA SUPRESION TAJANTE EN DICHA ZONA DE TODO TIPO DE DERECHOS, DISTINTOS DE LOS DEMANIALES, PERO LO QUE EN CUALQUIER CASO NO AMPARA LA C.E. ES QUE LA ELECCION DEL SISTEMA QUE SE CONSIDERE OPORTUNO PUEDA SERLO CON VULNERACION DE OTRO PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ESTO ES, SIN EMBARGO, LO QUE OCURRE CON LAS PREVISIONES DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA Y CONCORDANTES DE LA L.C., DE MANERA QUE HABIENDOSE DECANTADO EL LEGISLADOR POR EL SISTEMA DE SUPRESION DE DERECHOS TANTO DE LOS RECONOCIDOS POR SENTENCIA FIRME COMO DE LOS, SIN ESE RECONOCIMIENTO, INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD , NO ES POSIBLE ADMITIRLO SIN EL RECONOCIMIENTO DE UNA INDEMNIZACION (ART. 33.3 C.E.).

FRENTE A ESTA CONCLUSION NO PUEDE PREVALECER LA TESIS DE LA SUPRESION DE DERECHOS ADQUIRIDOS, PUES A PESAR DE LA FALTA DE MENCION EXPRESA DEL RESPETO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL TEXTO DEL ART. 132.2 C.E. Y EN LA L.C., ELLO NO IMPLICA QUE EL LEGISLADOR PUEDA PRESCINDIR DE LOS MISMOS SIN RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION ALGUNA. NI CABE TAMPOCO APELAR, PARA JUSTIFICAR TAL SITUACION, A LA TESIS DE LA APLICACION DEL ART. 33.3 C.E. SOLO PRO FUTURO, NO SIENDOLO A LAS MUTACIONES Y PRIVACIONES DE BIENES Y DERECHOS QUE, EN EL ORDEN JURIDICO Y ECONOMICO, HAYA PODIDO PRODUCIR DIRECTAMENTE LA C.E., YA QUE, EN TODO CASO, ELLO NO SERA POSIBLE CUANDO LA EFICACIA DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEPENDA NECESARIAMENTE DE UN DESARROLLO NORMATIVO DEL LEGISLADOR. PORQUE, POR LA MISMA RAZON, PODRIA ENTENDERSE QUE EL ART. 132.2 C.E. TAMPOCO AFECTA A SITUACIONES PASADAS CUANDO SE ACREDITE LA LEGALIDAD DE LA ADQUISICION POR SENTENCIA FIRME O POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

EN DEFINITIVA, LA OPCION LEGISLATIVA CONTENIDA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA CONDUCE INEXORABLEMENTE A UNA PRIVACION DE DERECHOS SIN INDEMNIZACION, YA QUE EL PROPIETARIO DE UN ENCLAVE EN LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE DE ACUERDO CON LA LEGISLACION ANTERIOR, QUEDA FORZOSAMENTE OBLIGADO A TRANSFORMAR SU DERECHO DE PROPIEDAD EN UNA SITUACION DE CONCESIONARIO POR TREINTA AÑOS PRORROGABLES POR OTROS TREINTA, PRODUCIENDOSE ESA TRANSFORMACION SIN DERECHO A INDEMNIZACION ALGUNA, POR LO QUE SE TRATA DE UNA CONFISCACION DE DERECHOS. Y SI EL OTORGAMIENTO DE ESA CONCESION SE CONCIBE COMO UNA ESPECIE DE JUSTIPRECIO POR LA PRIVACION SINGULAR DE LA PROPIEDAD DE ESPACIOS EN LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, EN TAL CASO LO QUE SE ESTA PRODUCIENDO ES UNA EXPROPIACION LEGISLATIVA QUE, ADEMAS DE SER DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD VULNERANDO EL ART. 24 C.E. , VIENE A EQUIPARAR, CON PERJUICIO DEL PROPIETARIO, BIENES DE VALOR DIFERENTE CON UN CLARO ENRIQUECIMIENTO INJUSTO PARA EL ESTADO.

CON EL SISTEMA DE PRIVACION DE LA PROPIEDAD PREVISTO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SE INFRINGEN, PUES, LOS ARTS. 24 Y 33.3 C.E. INFRACCION EN LA QUE, A JUICIO DE LOS DIPUTADOS RECURRENTES, Y TAMBIEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA, INCURREN, IGUALMENTE, Y POR IDENTICOS MOTIVOS, LOS ARTS. 8; 9; 10.3, Y 13.1 Y 2 DE LA LEY IMPUGNADA.

LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1.

, 3 Y 4, Y 2. , 1 Y 2, SON TAMBIEN IMPUGNADAS POR EL GOBIERNO VASCO POR RAZON EXCLUSIVA DE SU CONEXION CON LOS ARTS. 3, 4 Y 5, POR LO QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS PRECEPTOS EN LOS TERMINOS YA SEÑALADOS SE PROYECTA AHORA EN LAS REFERIDAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, EN CUANTO CONTIENEN REMISIONES A AQUELLOS.

EL ABOGADO DEL ESTADO SE OPONE A LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD SEÑALANDO, EN PRIMER LUGAR, QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SE IMPUGNA, POR UN LADO, POR CONEXION CON LOS ARTS. 3.1 A), 4, 5 Y 13 DE LA L.C., POR LO QUE DESCARTADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS QUEDA PRIVADA DE JUSTIFICACION LA DE AQUELLA.

EN SEGUNDO LUGAR, AUN CUANDO EN EL SUPLICO DE SU RECURSO NO SE MENCIONA ESTE PRECEPTO LEGAL RAZON POR LA CUAL DEBE ESTIMARSE NO IMPUGNADA LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, LOS DIPUTADOS RECURRENTES MANTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MISMA. PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA QUE CABE AFIRMAR, QUE LA PREVISION DEL APARTADO 1 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SE APLICARA EN POQUISIMOS CASOS, POR CUANTO SOLO SON SEIS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA L.C. HAN DECLARADO EL DERECHO DE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE ESPACIOS DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, PLAYA Y MAR TERRITORIAL.

ADEMAS, NO PUEDE DECIRSE QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA VIOLE LA GARANTIA EXPROPIATORIA, POR CUANTO EN LA OPERACION LEGISLATIVA DE CONVERSION FORZOSA DE DERECHOS NECESARIA E INSOSLAYABLE POR IMPONERLA EL ART. 132.2, ULTIMO INCISO, DE LA C.E. , SE HA RESPETADO LA GARANTIA QUE ESTABLECE EL ART.

DEBE TENERSE EN CUENTA, IGUALMENTE, QUE TAMPOCO VIOLA LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA EL PRINCIPIO DE INETROACTIVIDAD (ART. 9.3 C.E.), DADO QUE NO ALTERA LOS EFECTOS JURIDICOS QUE NACIERON DEL EJERCICIO DE DERECHOS DOMINICALES PRIVADOS SOBRE EL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE RECONOCIDOS POR SENTENCIA FIRME Y SE CONSUMARON O AGOTARON DURANTE EL TIEMPO ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA L.C., SINO QUE SE LIMITA A DISPONER PARA EL FUTURO.

FINALMENTE, LO YA RAZONADO EN LA STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 14, EVIDENCIA QUE TAMPOCO PUEDE ESTIMARSE QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 1, VULNERE EL ART. 24 C.E.

NO HAY, POR LO DEMAS, RAZONAMIENTOS ESPECIFICOS DIRIGIDOS CONTRA LOS APARTADOS 2, 3 Y 4 DE LA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, QUE EN REALIDAD NO CABE ESTIMAR IMPUGNADOS POR LO QUE EN DEFINITIVA, LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA L.C. NO ES INCONSTITUCIONAL, NI LO SERAN LOS ARTS. 8, 9, 10.3 Y 13 EN CUANDO PUDIERAN SER PRECEPTOS CONEXOS CON AQUELLA.

EN CUANTO A LOS APARTADOS 1 Y 2 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA L.C. SON IMPUGNADOS POR CONEXION CON LOS ARTS. 3.1, A), 4 Y 5, DE MANERA QUE RAZONADO QUE ESTOS SON CONSTITUCIONALES, NO PUEDEN SER INCONSTITUCIONALES AQUELLOS POR RAZON DE CONEXION.

LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA COMPORTA, A JUICIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, QUE LA APLICACION DE LAS DETERMINACIONES DE LA LEY SOBRE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION (ARTS. 23 A 26), SE HAGA DEPENDER DE LA EXISTENCIA O NO DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA REVISION DEL PLANEAMIENTO PREEXISTENTE A FIN DE ADAPTARLO A LAS REFERIDAS DISPOSICIONES, LO QUE EVIDENCIA LA ABSOLUTA DISCRECIONALIDAD QUE SE HA SEGUIDO AL REGULAR Y FIJAR EN 100 METROS LA EXTENSION DE LA SEÑALADA SERVIDUMBRE Y LA IMPOSIBILIDAD, POR ELLO MISMO, DE QUE, COMO YA SE HA RAZONADO ANTERIORMENTE, PUEDA JUSTIFICARSE TAL DETERMINACION EN LA PROTECCION DEL DOMINIO MARITIMO ESTATAL.

POR ELLO, LOS APARTADOS 1, 2, 3 Y 6 DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA SON INCONSTITUCIONALES, POR SERLO LOS CORRESPONDIENTES PRECEPTOS DEL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO II CON LOS QUE GUARDA CONEXION, MIENTRAS QUE EL APARTADO 4 LO ES POR CONEXION CON LOS ARTS. 22 Y 34.

POR OTRA PARTE, TAMBIEN SE AFIRMA QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA INVADE UNA VEZ MAS LA MATERIA URBANISTICA, LLEGANDO, INCLUSO, EN EL APARTADO B) DE SU APARTADO 2 A CONDICIONAR, NO YA EL FUTURO PLANEAMIENTO, SINO EL PLANEAMIENTO YA APROBADO, EN CONCRETO, LOS PLANES PARCIALES QUE LO HAYAN SIDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 1988 HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, SIN QUE EL HECHO DE QUE SE LIMITE LA REVISION A LOS SUPUESTOS EN QUE NO SE DE LUGAR A INDEMNIZACION AFECTE EN NADA A LA VULNERACION COMPETENCIAL PRODUCIDA.

ADEMAS, LA INVASION COMPETENCIAL SE MANIFIESTA AL CONDICIONAR LA PERMANENCIA DE LOS USOS Y CONSTRUCCIONES YA EXISTENTES A LA APROBACION DE LAS CORRESPONDIENTES NORMAS REGLAMENTARIAS POR EL ESTADO.

DE CONTRARIO, EL ABOGADO DEL ESTADO MANTIENE QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, EN SUS CUATRO PRIMEROS APARTADOS, INCIDE CIERTAMENTE EN LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA, Y NO PUEDE SER DE OTRA MANERA, PORQUE LOS PRECEPTOS DEL TITULO II SOLO PUEDEN LOGRAR EFECTIVIDAD A TRAVES DE ESA ORDENACION QUE POSEE VOCACION O CARACTER INTEGRAL. EFECTIVIDAD, ADEMAS, QUE OBLIGA A LIMITAR LA LIBERTAD EN LA ADOPCION DE DECISIONES PLASMADAS EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL O URBANISTICA.

POR ELLO MISMO, SOLO CABE COMPROBAR QUE LOS APARTADOS 1 A 4 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA SON PERFECTAMENTE CONGRUENTES Y PROPORCIONADOS EN CUANTO NORMAS INTERTEMPORALES CON LAS DISPOSICIONES DEL TITULO II, YA QUE SI ESTAS ULTIMAS NO CONTRADICEN EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, LO MISMO HAY QUE DECIR DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA QUE ORGANIZA RAZONABLEMENTE SU APLICACION EN EL TIEMPO.

TAMPOCO PUEDE IMPUTARSE A LA REFERIDA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA EL VULNERAR LA GARANTIA DEL ART. 33.3 C.E., SIN PERJUICIO DE QUE SI SE PRODUJESE ALGUNA ABLACION PATRIMONIAL, ELLO OCURRIRIA NO DE CONFORMIDAD CON, SINO CONTRA, LO PREVISTO POR LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA. POR LO DEMAS, NADA HAY EN ESTA DISPOSICION QUE IMPIDA INDEMNIZAR LAS PRIVACIONES SINGULARES DE DERECHOS O INTERESES PATRIMONIALES LEGITIMOS, AUNQUE, DESDE LUEGO, NO PUEDE CONCEPTUARSE COMO , NI EN GENERAL COMPRENDERSE COMO HIPOTESIS DE APLICACION DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA DEL ART. 33.3 C.E. EL MERO CAMBIO DE REGIMEN JURIDICO DE LAS SERVIDUMBRES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD INTRODUCIDO EN EL TITULO II DE LA L.C., TAL COMO SE DESPRENDE DE LA PROPIA DOCTRINA DE LA STC 227/1988, FUNDAMENTOS JURIDICOS 11 Y 12.

POR ULTIMO, LOS APARTADOS 5 Y 6 DE LA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA SON INOCUOS Y NO HAN SIDO ESPECIALMENTE IMPUGNADOS POR NADIE.

LA PROPIA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, ASI COMO LA CUARTA, INFRINGEN, A JUICIO DE LOS DIPUTADOS RECURRENTES, EL ART. 33.3 C.E., DADO QUE PREVEN LIMITACIONES DE DERECHOS O FACULTADES DOMINICALES SIN LA CONSIGUIENTE INDEMNIZACION.

EN ESTE SUPUESTO, NO OBSTANTE Y A DIFERENCIA DEL CONTEMPLADO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA , EL LEGISLADOR NO ACTUA SOBRE TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE STRICTO SENSU , SINO EN TERRENOS CONTIGUOS A AQUELLA ZONAS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO HAY AQUI NI SIQUIERA POSIBILIDAD ALGUNA DE ALEGAR LAS TESIS BASADAS EN EL ORIGEN ESTRICTAMENTE CONSTITUCIONAL DE LAS PRIVACIONES DE PROPIEDAD. Y DE OTRA PARTE, NO SE TRATA SINO DE SUPUESTOS DE RESTRICCIONES O LIMITACIONES A LA PROPIEDAD, AUNQUE, EN ALGUNOS CASOS, ESTAS EQUIVALEN PRACTICAMENTE A UNA PRIVACION.

PUES BIEN, LA REGULACION DE LAS SERVIDUMBRES CONTEMPLADAS EN LOS CAPITULOS SEGUNDO Y CUARTO DEL TITULO II SON COMPLEMENTADAS POR ESTAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS TERCERA Y CUARTA, QUE IMPLICAN UNA EXPROPIACION LEGISLATIVA SIN PREVER LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION, YA QUE NO PUEDEN DESCONOCERSE LAS CONSECUENCIAS QUE ESTA REGULACION TIENE EN LAS TITULARIDADES DOMINICALES DE QUIENES VEN MERMADAS LA PLENITUD DE SUS FACULTADES DE PROPIETARIO O DE CUALQUIER OTRO DERECHO REAL EN TERRENOS QUE NO SON DEL ESTRICTO DOMINIO PUBLICO.

POR ELLO, SE POSTULA LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS TERCERA Y CUARTA, Y POR CONEXION, LA DE LOS ARTS. 23, 25 Y 30 DE LA L.C., EN CUANTO NO PREVE EL MECANISMO INDEMNIZATORIO CONSTITUCIONALMENTE EXIGIBLE A UNA EXPROPIACION.

DE OTRA PARTE, EN EL APARTADO 2 B) DE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA CONCURRE EL MISMO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE VICIA EL ART. 27.3, Y EN EL APARTADO 2 C), SE ASIGNAN AL ESTADO COMPETENCIAS EJECUTIVAS QUE, POR RAZON DE LA MATERIA URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO , CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

SIN EMBARGO, PARA EL ABOGADO DEL ESTADO LA IMPUGNACION DEL APARTADO 1 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA CARECE DE TODA CONSISTENCIA, POR CUANTO NO HAY RAZON EN DERECHO PARA INDEMNIZAR OBRAS E INSTALACIONES HECHAS EN VIOLACION DE LA LEY Y SIN AMPARO DE NINGUN TITULO.

EN CUANTO AL APARTADO 2, NADA NAY QUE INDEMNIZAR RESPECTO DE LA DEMOLICION DE LAS OBRAS AL TERMINO DE LA CONCESION (LETRA A) ). Y EN LO QUE ATAÑE A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LAS LETRAS B) Y C) DE LA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, 2, ES CLARO QUE DEBEN CONCEPTUARSE COMO MEDIDAS INDISOCIABLES DEL REGIMEN ESTABLECIDO POR EL TITULO II DE LA L.C., CUYA PAULATINA, PERO EFECTIVA, IMPLANTACION SE PRETENDE ASEGURAR EN IGUAL GRADO PARA TODAS LAS COSTAS ESPAÑOLAS (ART.

149.1.1 EN RELACION CON EL ART. 33.1 Y 2 DE LA C.E.).

NO OBSTANTE, SE IMPUGNA TAMBIEN LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, 2, B) Y C), PORQUE RESERVA FACULTADES EJECUTIVAS A LA ADMINISTRACION ESTATAL, PERO DEBE SEÑALARSE QUE AL IGUAL QUE SUCEDE CON LOS ARTS. 26.1 Y 27.3, SE TRATA DE UNA CENTRALIZACION TRANSITORIA DE LA GESTION, PRECISAMENTE PARA GARANTIZAR UNA APLICACION IGUAL EN LA IMPLANTACION PAULATINA DEL REGIMEN PREVISTO EN EL TITULO II PARA LAS SERVIDUMBRES DE PROTECCION Y TRANSITO, LO QUE SE AMPARA EN EL ART. 149.1.1 C.E.

LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, 1, ES IMPUGNADA POR GALICIA Y BALEARES EN LA MEDIDA EN QUE EN ELLA SE REGULAN TRANSITORIAMENTE SITUACIONES SOMETIDAS AL ART. 57.2, RECURRIDO POR VULNERAR LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. EL GOBIERNO VASCO ATACA IGUALMENTE ESTE APARTADO, POR NO PREVER LA SUJECION DE LOS USOS DEL SUELO AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO. TAMBIEN RECURRE EL APARTADO 2 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, POR PRIVAR A LA COMUNIDAD DE SUS FACULTADES DE GESTION DEL DOMINIO PUBLICO.

EL ABOGADO DEL ESTADO REPLICA CON LOS MISMOS ARGUMENTOS CON QUE DEFENDIO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 34 Y POR ENDE DEL ART. 57.2, RESPECTO AL APARTADO 1); Y RESPECTO AL APARTADO 2, CON LAS ALEGACIONES QUE FORMULO ACERCA DE LOS ARTS. 64 Y CONCORDANTES.

TAMBIEN, POR RAZON DE SU VINCULACION NECESARIA CON LOS ARTICULOS RELATIVOS A LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION Y, EN PARTICULAR, CON EL ART. 26, SE SOLICITA LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO 1. DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA. MIENTRAS QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO 3. DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA ES CUESTIONADA POR EL GOBIERNO VASCO POR NO SUJETARSE AL PLANEAMIENTO Y TAMBIEN EN LA MEDIDA EN QUE SE PROYECTA SOBRE ZONAS REGIDAS POR EL TITULO II. EL CONSEJO DE CATALUÑA LO ATACA COMO CONSECUENCIA DEL DIRIGIDO CONTRA EL ART. 44.5.

FRENTE A TALES IMPUTACIONES, EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALA QUE, DADO QUE NO SE DISCUTE QUE LA POTESTAD DE DESLINDAR EL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y PUESTO QUE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 26 YA HA QUEDADO RAZONADA, NINGUN REPROCHE CABE FORMULAR A LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, 1.

Y EN CUANTO A LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, 3, ATENDIENDO A SU CONEXION CON EL ART. 44.5, NO CABE SINO REMITIRSE A LO QUE SE RAZONO SOBRE ESTE.

SOBRE LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA POR EL GOBIERNO VASCO NO SE APORTA RAZONAMIENTO ESPECIAL QUE LA JUSTIFIQUE Y EN RELACION A LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA, 1 Y 3, SE SEÑALA QUE AL PODER CENTRAL SOLO LE CORRESPONDE LA DEFENSA JURIDICA DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y LA GARANTIA, EN EL PLANO JURIDICO, DE QUE LOS BIENES PODRAN SER LIBREMENTE UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS, RAZON POR LA CUAL, CUANDO ESTAS CUESTIONES SE ABORDAN DESDE UNA PERSPECTIVA PURAMENTE FISICA, TAL COMO LO HACE LA REFERIDA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, 1 Y 3, LAS REGLAS COMPETENCIALES A TENER EN CUANTO NO SON YA LAS RELATIVAS AL REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO, SINO LAS REFERENTES A LA ORDENACION DEL LITORAL Y A LA ADOPCION DE MEDIDAS DE CARACTER EJECUTIVO PARA LA PROTECCION DE LA NATURALEZA, CORRESPONDIENDO POR ELLO LA COMPETENCIA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

SIN EMBARGO, EN OPINION DEL ABOGADO DEL ESTADO, EL APARTADO 1 DE ESTA DISPOSICION ADICIONAL QUEDA JUSTIFICADO POR RAZONES SIMILARES A LAS EXPUESTAS A PROPOSITO DE LOS ARTS. 28.3 Y 29.2. Y EN CUANTO AL APARTADO 2, ES CLARA SU COBERTURA EN EL ART. 149.1.18 C.E.

POR LO QUE RESPECTA A LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA OPINA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE SU CONSTITUCIONALIDAD ESTA EN FUNCION DE LAS AUTORIZACIONES A LAS QUE SE REFIERE (POR EJEMPLO, LAS DEL ART. 26.1) Y, EN CUALQUIER CASO, ES MANIFIESTO EL CARACTER BASICO TANTO POR EL CARACTER ESENCIAL CON QUE LA NORMA REVISTE EL PLAZO, COMO POR EL MAXIMO QUE SEÑALA.

LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, 2, ES ATACADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, PORQUE ENTIENDE QUE LA PREVALENCIA QUE ALLI SE ESTABLECE EN FAVOR DE LAS CLAUSULAS DEL TITULO ADMINISTRATIVO EXIGIBLE CONFORME A LA LEY ESTATAL, RESPECTO DE LAS CONTENIDAS EN LAS LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS AUTORIZACIONES EXIGIBLES POR OTRAS DISPOSISICIONES LEGALES, ROMPE EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y AUTONOMIA QUE PROCLAMA EL ART. 2 DE LA CONSTITUCION, AL HACER DE PEOR CONDICION LOS INTERESES AUTONOMICOS RESPECTO DE LOS ESTATALES. ADEMAS HAY QUE AÑADIR UN NUEVO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD PORQUE, AUN SI FUERA ADMISIBLE LA FORMULACION LEGAL DE LA PREVALENCIA, SOLO PODRIA TENER LUGAR EN LO QUE FUERA COMPETENCIA DEL ESTADO Y NO EN TODO CASO.

EL ABOGADO DEL ESTADO ADUCE QUE LA IMPUGNACION PROVIENE DE UN ENFOQUE EQUIVOCADO DEL PROBLEMA ABORDADO POR EL PRECEPTO QUIZA ACHACABLE AL IMPRECISO TERMINO EMPLEADO POR EL LEGISLADOR:

NO ES UNA CUESTION DE PREVALENCIA, SINO DE ADECUACION DEL TITULO EN RELACION CON LOS EFECTOS QUE DE EL PUEDEN DERIVARSE. LA DISPOSICION NO HACE DE PEOR CONDICION LOS INTERESES AUTONOMICOS, PORQUE SE LIMITA A RECORDAR QUE EL TITULO EFICAZ PARA DISCIPLINAR EL USO DE UNA PORCION DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL ES EL CORRESPONDIENTE TITULO ESTATAL, MEDIANTE SU CLAUSULADO, CON INDEPENDENCIA DE LO QUE PUEDA RESULTAR DE LOS ACTOS EXIGIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES.

ASIMISMO, ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, AL PRETENDER ATRIBUIR AL MOPU LAS SUPUESTAS POTESTADES A QUE SE REFIERE, YA QUE SU TITULARIDAD NO CORRESPONDE AL ESTADO.

INCONSTITUCIONALIDAD QUE DIMANA TAMBIEN POR RAZON DE SU CONEXION CON EL ART.

112 A).

EL ABOGADO DEL ESTADO SE REMITE A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN FAVOR DE LOS ARTS. 110 Y 112 DE LA LEY.

FINALMENTE, RESPECTO DE LA DEROGACION (DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA) DEL ART. 14 DEL DECRETO-LEY DE PUERTOS DE 19 DE ENERO DE 1928, COINCIDENTE CON EL MISMO ARTICULO DE LA LEY DE PUERTOS DE 1880, DEBE RECHAZARSE LA DOCTRINA DE LA PETRIFICACION EN QUE SE APOYA, YA QUE LA NOCION LEGAL DE PUERTO PUEDE VARIAR, SIEMPRE QUE ELLO NO ENTRAÑE UN EJERCICIO ARBITRARIO Y ABUSIVO DE LA POTESTAD LEGISLATIVA Y, MAS EN CONCRETO, DE LA POTESTAD DE DEMANIALIZAR POR LEY. Y, POR OTRA PARTE, NO EXISTE INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA INCLUSION DE UN ESPACIO EN EL DEMANIO ESTATAL MARITIMO-TERRESTRE Y LA POSIBILIDAD DE QUE PORCIONES DE ESE DEMANIO PUEDAN CONSTITUIR LA BASE FISICA PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE PUERTOS.

12. EL PLENO, POR AUTO DE 2 DE JULIO DEL CORRIENTE, ACORDO DEJAR SIN EFECTO LA ACUMULACION DE LOS CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA NUMS. 1.953/88, 866/90, 897/90, 902/90 Y 903/90, A LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 1.689/88, 1.708/88, 1.711/88, 1.715/88, 1.717/88, 1.723/88, 1.728/88, 1.729/88 Y 1.740/88, Y MANTENER, NO OBSTANTE, LA ACUMULACION DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ENTRE SI Y, EN OTRO GRUPO, LA DE LOS CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA, A EXCEPCION DEL REGISTRADO CON EL NUM. 1.953/88 QUE SE RESOLVERA POR SEPARADO.

13. EL PLENO, POR PROVIDENCIA DE 2 DE JULIO DE 1991, ACORDO SEÑALAR PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LOS PRESENTES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL DIA 4 DEL MISMO MES Y AÑO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE LOS RECURRENTES DENUNCIAN SE ARGUMENTA, EN CADA UNO DE LOS RECURSOS Y RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PRECEPTOS, MEDIANTE RAZONES DIVERSAS QUE HABRAN DE SER TOMADAS EN CONSIDERACION CUANDO, MAS ABAJO, LOS ANALICEMOS EN DETALLE. EL MOTIVO COMUN Y FUNDAMENTAL QUE TODOS LOS RECURRENTES ADUCEN PARA SOSTENER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS QUE INTEGRAN EL CUERPO DE LA LEY (DE LOS ELEMENTOS COMUNES A LA IMPUGNACION DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADICIONALES NOS OCUPAREMOS MAS TARDE), UTILIZANDO EN PARTICULAR FRENTE A CADA UNO DE ELLOS, A VECES COMO ARGUMENTO UNICO Y DIRECTO, A VECES SOLO DE MODO INDIRECTO O EN UNION DE OTROS, ES, SIN EMBARGO, EL DE QUE MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESTAS NORMAS EL ESTADO INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO, E INCLUSO LA AUTONOMIA MUNICIPAL. PARECE INDISPENSABLE, EN CONSECUENCIA, ANTES DE ACOMETER EL ANALISIS EN PARTICULAR DE LOS DISTINTOS PRECEPTOS, PARA FACILITARLO Y EVITAR REITERACIONES, ESTUDIAR DIRECTAMENTE EL MENCIONADO ARGUMENTO.

A) LA PRIMERA CUESTION QUE AL ACOMETER TAL ESTUDIO SE NOS PLANTEA ES LA ATINENTE A CUAL SEA EL ALCANCE QUE EN RELACION CON EL LITORAL HA DE OTORGARSE A LA COMPETENCIA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO. SI HUBIERAMOS DE CONTEMPLAR SOLO EL TEXTO DE LA CONSTITUCION ESA CUESTION NO TENDRIA APOYO EN NUESTRO DERECHO POSITIVO, PUES EL ART. 148.1.3. , QUE MENCIONA COMO MATERIA DE POSIBLE COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA DE , NO ESTABLECE, RESPECTO DE ESTE DISTINCION ALGUNA Y NINGUNA DUDA CABE TAMPOCO SOBRE LA PERTENENCIA DEL LITORAL AL TERRITORIO. EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD QUE HEMOS DE TOMAR EN CONSIDERACION PARA PRONUNCIARNOS SOBRE LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE LAS NORMAS LEGALES NO ESTA INTEGRADO, NO OBSTANTE, SOLO POR LA CONSTITUCION, SINO TAMBIEN POR OTRAS NORMAS (ART.

28 LOTC), ENTRE LAS QUE FIGURAN, MUY DESTACADAMENTE, LAS CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. EN ESTE CASO, LOS DE SIETE DE LAS OCHO COMUNIDADES RECURRENTES (ESTO ES, TODAS ELLAS, SALVO CANTABRIA) MENCIONAN LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL LITORAL COMO DISTINTA A LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, A LA QUE VIENE A SUMARSE.

ESTA DIFERENCIACION ESTATUTARIA ENTRE ORDENACION DEL TERRITORIO Y ORDENACION DEL LITORAL PARECE RESPONDER ADEMAS A LA CREENCIA DE QUE SOLO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONSTITUIDAS AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL ART. 151 Y DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA C. E. PODIAN ASUMIR DESDE EL MOMENTO MISMO DE SU CREACION COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL LITORAL, QUE SOLO MEDIANTE REFORMA DE SU ESTATUTO, O POR VIA DE DELEGACION O TRANSFERENCIA, PODRIAN HACE SUYA, AÑADIENDOLA A LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, LAS COMUNIDADES CREADAS POR LA VIA QUE ABREN EL ART. 143 Y DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA C.E. NO SOLO SE MENCIONA, EN EFECTO, LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL LITORAL EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO, CATALUÑA, GALICIA Y ANDALUCIA Y NO, POR EL CONTRARIO, EN LOS DE ASTURIAS, CANTABRIA Y MURCIA, SINO QUE, DE MODO ABSOLUTAMENTE EXPRESIVO, EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS MENCIONA EN UN LUGAR (ART. 29.11) LA COMPETENCIA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO COMO COMPETENCIA CUYA TITULARIDAD SE ASUME EN ESE MOMENTO Y EN OTRO DISTINTO (ART. 34) LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL LITORAL, QUE SOLO SE RECIBIRA CUANDO SEA OTORGADA POR VIA DE DELEGACION O TRANSFERENCIA.

ESTA INTERPRETACION QUE EL LEGISLADOR ESTATUTARIO HA HECHO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL QUIEBRA, SIN EMBARGO, EN EL CASO DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES, ELABORADO Y PROMULGADO SEGUN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTS. 143 Y 146 C.E. Y QUE, PESE A ELLO, PRECISA (ART. 10.3) QUE LA ORDENACION DEL TERRITORIO INCLUYE LA DEL LITORAL.

NOS HALLAMOS ASI ANTE DOS INTERPRETACIONES DISTINTAS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 148.1.3. DE LA C.E.

UNA, MAS RESTRICTIVA Y SIN APOYO ALGUNO EN LA LETRA DEL PRECEPTO, PARA LA CUAL EL CONCEPTO DE TERRITORIO NO INCLUYE EL DE LITORAL Y QUE, EN CONSECUENCIA, ENTIENDE QUE, INICIALMENTE, LA COMPETENCIA PARA ORDENAR ESTE ULTIMO SOLO PUEDE SER ASUMIDA POR AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUYOS ESTATUTOS SOLO HAN DE TENER EN CUENTA LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL ART. 149. OTRA, MAS AMPLIA Y EN DEFINITIVA MAS CONGRUENTE CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL, PARA LA CUAL EL LITORAL FORMA PARTE DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COSTERAS, DE MANERA QUE SU ORDENACION PUEDE SER ASUMIDA POR ESTAS COMO COMPETENCIA PROPIA DESDE EL MOMENTO MISMO DE SU CONSTITUCION Y SEA CUAL HUBIERA SIDO LA VIA SEGUIDA PARA LOGRARLA.

ESTA SEGUNDA INTERPRETACION DEL MENCIONADO PRECEPTO (ART.

148.1.3. ) DE LA CONSTITUCION, PRIVA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EN LO QUE TOCA A LA DELIMITACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, A LA DISTINCION, INNECESARIA POR TANTO A ESTOS EFECTOS, ENTRE Y . APOYANDONOS EN ELLA NO SOLO HEMOS DE DESECHAR LAS RESERVAS QUE EL ABOGADO DEL ESTADO (AUNQUE DE MODO DUBITATIVO Y MAS BIEN EN APOYO DE OTRA ARGUMENTACION) EXPRESA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTATUTO BALEAR, SINO AFIRMAR TAMBIEN QUE SE EXTIENDE A LA ORDENACION DEL LITORAL LA COMPETENCIA QUE A CANTABRIA OTORGA SU ESTATUTO DE AUTONOMIA (ART.

22.3) SOBRE .

ESTA AFIRMACION NO SOLO SE FUNDAMENTA, COMO HEMOS VISTO, EN EL TEXTO DE LA CONSTITUCION, SINO INCLUSO EN EL DEL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA QUE, AL DEFINIR EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ART. 2.2), LO IDENTIFICA CON EL DE LOS . ESTA DEFINICION (COINCIDENTE, POR LO DEMAS, CON LA UTILIZADA EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE ASTURIAS ART. 2 Y MURCIA ART. 31 , QUE NO HAN SIDO PARTE EN ESTOS RECURSOS) HACE IMPOSIBLE LA INTERPRETACION RESTRICTIVA Y EXCLUYENTE ANTES COMENTADA, PUES EL LITORAL FORMA TAMBIEN PARTE, SIN DUDA ALGUNA, DEL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS.

FRENTE A ESTA CONCLUSION SOLO CABE UTILIZAR EL ARGUMENTO A CONTRARIO. ESTE SOLO TIENE PLENO SENTIDO, SIN EMBARGO, CUANDO SE COMPARAN NORMAS QUE TIENEN IDENTICO ORIGEN Y EL CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA TIENE SU ORIGEN EN LA INICIATIVA DE ORGANOS AD HOC CUYO CRITERIO RESPECTO DEL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS POR LA CONSTITUCION PUEDEN DIVERGER DE UN CASO A OTRO, SIN QUE ESTAS DIVERGENCIAS, EN CUANTO SE MUEVAN DENTRO DEL VALOR COMUN DE LOS TERMINOS EMPLEADOS, DEBAN SER NECESARIAMENTE ELIMINADAS POR LAS CORTES GENERALES. NO HAY POR TANTO RAZON ALGUNA PARA SOSTENER QUE ESTAS, AL APROBAR EL ESTATUTO DE CANTABRIA, NO HAN QUERIDO DAR AL CONCEPTO DE TERRITORIO EL VALOR PLENO QUE EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL TIENE, AUNQUE EN LOS PROYECTOS DE ESTATUTO DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE HUBIERA HECHO DE EL UNA INTERPRETACION MAS RESTRINGIDA Y SE HUBIERA CREIDO NECESARIO COMPLETARLO CON UNA REFERENCIA ESPECIFICA AL LITORAL, QUIZAS POR EL DISTINTO ENTENDIMIENTO QUE EN ESE MOMENTO SE TENIA DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES SOBRE EL LITORAL, HAY QUE ENTENDER, POR TANTO, COMO CONCLUSION, QUE TODAS LAS COMUNIDADES COSTERAS COMPETENTES PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO LO SON TAMBIEN PARA LA LABORAL, COMO SIN DUDA HAN ENTENDIDO TAMBIEN LOS AUTORES DE LA LEY DE COSTAS, EN CUYO ART. 117 SE HACE UNA REFERENCIA GENERICA A TODO PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO , CONCEPTO ESTE ULTIMO, POR LO DEMAS, CUYA PRECISION NO ESTA EXENTA DE CONSIDERABLES DIFICULTADES, QUE AQUI PODEMOS OBVIAR, YA QUE, A LOS EFECTOS DE ESTA LEY, INCLUYE AL MENOS LA RIBERA DEL MAR Y SUS ZONAS DE PROTECCION E INFLUENCIA.

B) SOBRE EL CONCEPTO MISMO DE ORDENACION DEL TERRITORIO SON ESCASAS LAS PRECISIONES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRA DOCTRINA. LA STC 77/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ) SE LIMITA A AFIRMAR QUE , A LO QUE AGREGA LA STC 56/1986 (QUE EN CONCRETO SE REFIERE A LA COMPETENCIA SOBRE URBANISMO, PERO EN TERMINOS PERFECTAMENTE APLICABLES A LA DE ORDENACION TERRITORIAL) QUE ESA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PUEDE IMPEDIR AL ESTADO EL EJERCICIO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (FUNDAMENTO JURIDICO 3. ).

UNA CONSECUENCIA ESTA ULTIMA POR LO DEMAS PERFECTAMENTE OBVIA, PUES COMO SUCEDE EN TODOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA TITULARIDAD COMPETENCIAL SE ESTABLECE POR REFERENCIA A UNA (V. GR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCION DEL USUARIO, ETC.), Y NO POR SECTORES CONCRETOS DEL ORDENAMIENTO O DE LA ACTIVIDAD PUBLICA, TAL COMPETENCIA NO PUEDE SE ENTENDIDA EN TERMINOS TALES QUE LA SOLA INCARDINACION DEL FIN PERSEGUIDO POR LA NORMA (O POR EL ACTO CONCRETO) EN TAL POLITICA PERMITA DESCONOCER LA COMPETENCIA QUE A OTRAS INSTANCIAS CORRESPONDE SI LA MISMA NORMA O ACTO SON CONTEMPLADOS DESDE OTRAS PERSPECTIVAS. DE OTRA PARTE, Y COMO TAMBIEN ES OBVIO, LA ORDENACION DEL TERRITORIO ES, EN NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL, UN TITULO COMPETENCIAL ESPECIFICO QUE TAMPOCO PUEDE SER IGNORADO, REDUCIENDOLO A LA SIMPLE CAPACIDAD DE PLANIFICAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INCIDENCIA EN EL TERRITORIO, LAS ACTUACIONES QUE POR OTROS TITULOS HA DE LLEVAR A CABO EL ENTE TITULAR DE AQUELLA COMPETENCIA, SIN QUE DE ESTA SE DERIVE CONSECUENCIA ALGUNA PARA LA ACTUACION DE OTROS ENTES PUBLICOS SOBRE EL MISMO TERRITORIO.

LA ORDENACION DEL TERRITORIO ES, EFECTIVAMENTE, MAS UNA POLITICA QUE UNA CONCRETA TECNICA Y UNA POLITICA, ADEMAS, DE ENORME AMPLITUD. LA CARTA EUROPEA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, APROBADA POR LA CEMAT (CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS DE ORDENACION DEL TERRITORIO) EL 23 DE MAYO DE 1983, CITADA POR MUCHOS DE LOS RECURRENTES, LA DEFINE COMO .

ESA ENORME AMPLITUD DE SU AMBITO PROPIO EVIDENCIA QUE QUIEN ASUME, COMO COMPETENCIA PROPIA, LA ORDENACION DEL TERRITORIO, HA DE TOMAR EN CUENTA, PARA LLEVARLA A CABO LA INCIDENCIA TERRITORIAL DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PUBLICOS, A FIN DE GARANTIZAR DE ESE MODO EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS DEL SUELO Y DEL SUBSUELO, DEL AIRE Y DEL AGUA Y EL EQUILIBRIO ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL TERRITORIO MISMO.

CUANDO TODAS ESAS ACTUACIONES SOBRE UN MISMO TERRITORIO CORRESPONDEN A UNA SOLA ADMINISTRACION, O EN TERMINOS MAS GENERALES, A UN SOLO ENTE PUBLICO, LA ORDENACION DEL TERRITORIO PLANTEARA SIEMPRE PROBLEMAS DE ORGANIZACION, PERO NO ORIGINARA MAS PROBLEMAS JURIDICOS EN SENTIDO ESTRICTO QUE AQUELLOS QUE SURJAN DE LA RELACION ENTRE LAS POTESTADES DE LA ADMINISTRACION (O LOS PODERES DEL ENTE PUBLICO) Y LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES.

ESTE SUPUESTO SE DA RARAS VECES, SIN EMBARGO, EN LA REALIDAD. LA IDEA DE (O DE , QUE ES EL TERMINO UTILIZADO EN OTRAS LENGUAS EUROPEAS) DEL TERRITORIO NACIO JUSTAMENTE DE LA NECESIDAD DE COORDINAR O ARMONIZAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU PROYECCION TERRITORIAL, LOS PLANES DE ACTUACION DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES. CUANDO LA FUNCION ORDENADORA SE ATRIBUYE A UNA SOLA DE ESTAS ADMINISTRACIONES, O, COMO ENTRE NOSOTROS SUCEDE, A ENTES DOTADOS DE AUTONOMIA POLITICA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADA, ESA ATRIBUCION NO PUEDE ENTENDERSE EN TERMINOS TAN ABSOLUTOS QUE ELIMINE O DESTRUYA LAS COMPETENCIAS QUE LA PROPIA CONSTITUCION RESERVA AL ESTADO, AUNQUE EL USO QUE ESTE HAGA DE ELLAS CONDICIONE NECESARIAMENTE LA ORDENACION DEL TERRITORIO.

ESTE CONDICIONAMIENTO DE UNA COMPETENCIA ATRIBUIDA POR REFERENCIA A UN CONCEPTO QUE LA LEY CANTABRA SOBRE LA MATERIA (LEY 7/1990) CALIFICA DE EQUIVOCO Y LA LEY DE ORDENACION TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LEY 10/1974) DE , NO ES ILEGITIMO Y ELLO NO SOLO POR EL HECHO DE QUE EL TERRITORIO PUEDE SER CONTEMPLADO DESDE UNA PERSPECTIVA NACIONAL Y HASTA EUROPEA, COMO RECUERDA LA LEY 6/1989, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SINO SOBRE TODO PORQUE, COMO ACABAMOS DE INDICAR, ES INHERENTE A LA IDEA MISMA DE ORDENACION LA ACTUACION DE PODERES DISTINTOS, DOTADOS DE COMPETENCIAS PROPIAS. PARA QUE EL CONDICIONAMIENTO LEGITIMO NO SE TRANSFORME EN USURPACION ILEGITIMA, ES INDISPENSABLE, SIN EMBARGO, QUE EL EJERCICIO DE ESAS OTRAS COMPETENCIAS SE MANTENGA DENTRO DE SUS LIMITES PROPIOS, SIN UTILIZARLAS PARA PROCEDER, BAJO SU COBERTURA, A LA ORDENACION DEL TERRITORIO EN EL QUE HAN DE EJERCERSE. HABRA QUE ATENDER POR TANTO EN CADA CASO A CUAL ES LA COMPETENCIA EJERCIDA POR EL ESTADO, Y SOBRE QUE PARTE DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA OPERA, PARA RESOLVER SOBRE LA LEGITIMIDAD, O ILEGITIMIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

C) NO ES, DESDE LUEGO, LA ORDENACION DEL TERRITORIO EL OBJETIVO PERSEGUIDO POR LA LEY IMPUGNADA. SU OBJETO, DEFINIDO EN EL ART. 1, ES LA . ES DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTA AUTODEFINICION DESDE DONDE SE HA DE JUZGAR FUNDAMENTALMENTE LA LEGITIMIDAD DE LA NORMATIVA ESTATAL, QUE LOS RECURRENTES NIEGAN EN CUANTO QUE TAL NORMATIVA CONDICIONA O LIMITA LA COMPETENCIA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TIENEN PARA LA ORDENACION DE SU PROPIO TERRITORIO, INCLUIDO EL LITORAL.

ES SABIDO QUE, SEGUN UNA DOCTRINA QUE MUY REITERADAMENTE HEMOS SOSTENIDO (SSTC 77/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 3.

; 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 14, Y 103/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 6. A)) LA TITULARIDAD DEL DOMINIO PUBLICO NO ES, EN SI MISMA, UN CRITERIO DE DELIMITACION COMPETENCIAL Y QUE, EN CONSECUENCIA, LA NATURALEZA DEMANIAL NO AISLA A LA PORCION DEL TERRITORIO ASI CARACTERIZADO DE SU ENTORNO, NI LA SUSTRAE DE LAS COMPETENCIAS QUE SOBRE ESE ASPECTO CORRESPONDEN A OTROS ENTES PUBLICOS QUE NO OSTENTAN ESA TITULARIDAD. TAL DOCTRINA NO SIGNIFICA, SIN EMBARGO, QUE LA CONSTITUCION NO ESTABLEZCA CON ABSOLUTA PRECISION QUE ES COMPETENCIA P

ROPIA DEL ESTADO LA DETERMINACION DE AQUELLAS CATEGORIAS DE BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PUBLICO NATURAL Y QUE ATRIBUYA AL ESTADO LA TITULARIDAD DEL MISMO, COMO YA SE DECLARO EN LA STC 227/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 14). SEGUN ALLI SE DEMUESTRA NO SOLO RESULTA, EN EFECTO, DEL ANALISIS DEL ART. 132 C.E. LA CONCLUSION DE QUE , SINO QUE ESA SOLUCION ES LA UNICA COMPATIBLE CON OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, MUY ESPECIALMENTE LOS CONTENIDOS EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y OCTAVO DEL APARTADO PRIMERO DEL ART. 149.

ESTA FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL PARA DEFINIR EL DOMINIO PUBLICO ESTATAL (ART. 132.2 C.E.) Y PARA ESTABLECER EL REGIMEN JURIDICO DE TODOS LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, ESTA CONSTITUCIONALMENTE SUJETA A CONDICIONAMIENTOS QUE LA PROPIA CONSTITUCION ESTABLECE DE MODO EXPLICITO O QUE IMPLICITA, PERO NECESARIAMENTE, RESULTAN DE LA INTERPRETACION SISTEMATICA DE LA NORMA FUNDAMENTAL. COMO EN EL PRESENTE CASO EL CONTENIDO DEL DOMINIO PUBLICO, EL GENERO DE BIENES QUE LO INTEGRAN, ESTA ESTABLECIDO POR LA PROPIA CONSTITUCION, EL LEGISLADOR SE LIMITA, AL DEFINIRLO, A EJECUTAR UN MANDATO CONSTITUCIONAL Y SE EXCUSAN OTRAS CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CONDICIONAMIENTO QUE A LA FACULTAD PARA INCLUIR EN EL DOMINIO PUBLICO, GENERICAMENTE, LOS BIENES DE OTRA NATURALEZA O CLASE, IMPONE LA MISMA CONSTITUCION. SI RESULTA NECESARIO RECORDAR QUE, EN LO QUE TOCA AL REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, EL LEGISLADOR NO SOLO HA DE INSPIRARSE EN LOS PRINCIPIOS DE INALIENABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INEMBARGABILIDAD, SINO QUE ADEMAS HA DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE CREA NECESARIAS PARA PRESERVAR SUS CARACTERISTICAS PROPIAS. CIERTAMENTE ESTA INCLUSION EN LA LEGISLACION REGULADORA DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO NATURAL CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE AL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE ESA TITULARIDAD SE IMPONE COMO NECESIDAD LOGICA EN TODO CASO, Y ASI LO DECLARAMOS, EN LO QUE CONCIERNE A LAS AGUAS, EN LA YA CITADA STC 227/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 18). EN EL CASO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE SE TRATA ADEMAS, SIN EMBARGO, DE UNA EXPRESA NECESIDAD JURIDICO-POSITIVA, CONSTITUCIONAL, PUES COMO ES OBVIO, EL MANDATO DEL CONSTITUYENTE QUEDARIA BURLADO SI EL LEGISLADOR OBRASE DE MODO TAL QUE, AUN RETENIENDO FISICAMENTE EN EL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, TOLERASE QUE SU NATURALEZA Y SUS CARACTERISTICAS FUERAN DESTRUIDAS O ALTERADAS.

DE OTRO LADO, ES IGUALMENTE EVIDENTE QUE DE ESA TITULARIDAD DERIVAN TAMBIEN FACULTADES PROPIAS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DE LAS QUE NO ES NECESARIO OCUPARSE AHORA, PUES LAS CUESTIONES QUE RESPECTO DE LA MISMA SE SUSCITAN HABRAN DE SER TRATADAS AL ANALIZAR LAS PREVISIONES LEGALES SOBRE LA UTILIZACION DEL DEMANIO EN EL FUNDAMENTO CUARTO.

D) ESTA NATURALEZA Y ESTAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE NO SE REDUCEN, COMO ES BIEN SABIDO, AL SIMPLE HECHO FISICO DE SER ESA ZONA EL ESPACIO EN EL QUE ENTRAN EN CONTACTO EL MAR Y LA TIERRA. DE ESA SITUACION DERIVAN UNA SERIE DE FUNCIONES SOCIALES QUE LA CARTA EUROPEA DEL LITORAL RESUME, EN EL PRIMERO DE SUS APARTADOS, SEÑALANDO QUE ES ESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUILIBRIOS NATURALES QUE CONDICIONAN LA VIDA HUMANA, OCUPA UN LUGAR ESTRATEGICO EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y EN LA REESTRUCTURACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL, ES SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES QUE CREAN EMPLEO PARA LA POBLACION RESIDENTE, ES INDISPENSABLE PARA EL RECREO FISICO Y PSIQUICO DE LAS POBLACIONES SOMETIDAS A LA PRESION CRECIENTE DE LA VIDA URBANA Y OCUPA UN LUGAR ESENCIAL EN LAS SATISFACCIONES ESTETICAS Y CULTURALES DE LA PERSONA HUMANA. PARA SERVIR A ESTAS FUNCIONES EL LEGISLADOR ESTATAL NO SOLO ESTA FACULTADO, SINO OBLIGADO, A PROTEGER EL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE A FIN DE ASEGURAR TANTO EL MANTENIMIENTO DE SU INTEGRIDAD FISICA Y JURIDICA, COMO SU USO PUBLICO Y SUS VALORES PAISAJISTICOS.

ESTAS FINALIDADES QUE AMPARA EL ART. 45 C.E. NO PUEDEN ALCANZARSE, SIN EMBARGO, SIN LIMITAR O CONDICIONAR DE ALGUN MODO LAS UTILIZACIONES DEL DEMANIO Y EL USO QUE SUS PROPIETARIOS PUEDEN HACER DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL Y, EN CONSECUENCIA, TAMPOCO SIN INCIDIR SOBRE LA COMPETENCIA QUE PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO OSTENTAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COSTERAS. ESTA INCIDENCIA ESTA LEGITIMADA, EN LO QUE AL ESPACIO DEMANIAL SE

REFIERE, POR LA TITULARIDAD ESTATAL DEL MISMO. EN LO QUE TOCA A LOS TERRENOS COLINDANTES ES CLARO, SIN EMBARGO, QUE TAL TITULARIDAD NO EXISTE Y QUE LA ARTICULACION ENTRE LA OBLIGACION ESTATAL DE PROTEGER LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y ASEGURAR SU LIBRE USO PUBLICO, DE UNA PARTE, Y LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE LA ORDENACION TERRITORIAL, DE LA OTRA, HA DE HACERSE POR OTRA VIA, APOYANDOSE EN OTRAS COMPETENCIAS RESERVADAS AL ESTADO EN EXCLUSIVA POR EL ART. 149.1 DE LA C.E. ENTRE ESTAS, Y APARTE OTRAS COMPETENCIAS SECTORIALES QUE LEGITIMAN LA ACCION NORMATIVA E INCLUSO EJECUTIVA DEL ESTADO EN SUPUESTOS CONCRETOS (ASI LAS ENUNCIADAS EN LOS PARRAFOS 4. , 8. , 13. , 20. , 21. O 24. DEL CITADO ART.

149.1 C.E.), SON DOS LOS TITULOS COMPETENCIALES, POR ASI DECIR GENERALES, A LOS QUE SE HA DE ACUDIR PARA RESOLVER CONFORME A LA CONSTITUCION EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA ANTES MENCIONADA ARTICULACION.

EL PRIMERO DE TALES TITULOS ES EL ENUNCIADO EN EL ART. 149.1.1, QUE OPERA AQUI EN DOS PLANOS DISTINTOS. EN PRIMER LUGAR PARA ASEGURAR UNA IGUALDAD BASICA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO AL DESARROLLO DE LA PERSONA (ART. 45 C.E.), EN RELACION CON EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, CUYA IMPORTANCIA A ESTOS EFECTOS YA HA SIDO SEÑALADA ANTES CON REFERENCIA A LA CARTA EUROPEA DEL LITORAL. NO ES YA LA TITULARIDAD DEMANIAL, SINO LA COMPETENCIA QUE LE ATRIBUYE EL CITADO ART. 149.1.1, LA QUE FUNDAMENTA LA LEGITIMIDAD DE TODAS AQUELLAS NORMAS DESTINADAS A GARANTIZAR, EN CONDICIONES BASICAMENTE IGUALES, LA UTILIZACION PUBLICA, LIBRE Y GRATUITA DEL DEMANIO PARA LOS USOS COMUNES Y A ESTABLECER, CORRELATIVAMENTE, EL REGIMEN JURIDICO DE AQUELLOS USOS U OCUPACIONES QUE NO LO SON. DE OTRO LADO, TANTO PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD FISICA Y LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE COMO PARA GARANTIZAR SU ACCESIBILIDAD ES IMPRESCINDIBLE IMPONER SERVIDUMBRES SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES Y LIMITAR LAS FACULTADES DOMINICALES DE SUS PROPIETARIOS, AFECTANDO ASI, DE MANERA IMPORTANTE, EL DERECHO QUE GARANTIZA EL ART. 33.1 Y 2 DE LA C.E.

LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO QUEDARIA ASEGURADA SI EL ESTADO, EN USO DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA QUE LE OTORGA EL ART.

149.1.1, NO REGULASE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, UNA REGULACION QUE, NATURALMENTE, NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE, A TRAVES DE LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONDICIONEN ADICIONALMENTE EL USO QUE A ESOS TERRENOS PUEDE DARSE.

EL SEGUNDO, AUNQUE NO SECUNDARIO, DE LOS INDICADOS TITULOS ES EL QUE, EN RELACION CON LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONSAGRA EL ART. 149.1.23. COMO SE SABE, LA COMPETENCIA ALLI RESERVADA AL ESTADO ES LA RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LA LEGISLACION BASICA, QUE PUEDE SER COMPLEMENTADA CON NORMAS ADICIONALES, CUANDO ASI LO PREVEN LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS, ASI COMO EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE EJECUCION NECESARIAS PARA LA EFECTIVIDAD DE ESA LEGISLACION. ES, SIN DUDA, LA PROTECCION DE LA NATURALEZA LA FINALIDAD INMEDIATA QUE PERSIGUEN LAS NORMAS MEDIANTE LAS QUE SE ESTABLECEN LIMITACIONES EN EL USO DE LOS TERRENOS COLINDANTES A FIN DE PRESERVAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS (INCLUSO, CLARO ESTA, LOS VALORES PAISAJISTICOS) DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE Y, POR TANTO, ES A PARTIR DE ESA FINALIDAD PRIMARIA COMO SE HAN DE ARTICULAR, PARA RESPETAR LA DELIMITACION COMPETENCIAL QUE IMPONE EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, LA OBLIGACION QUE AL LEGISLADOR ESTATAL IMPONE EL ART. 132.2 DE LA C.E. Y LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

CONVIENE SUBRAYAR YA EN ESTE MOMENTO, QUE LOS TERMINOS EN LOS QUE LA CONSTITUCION (ART.

149.1.23) RECOGE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE OFRECEN UNA PECULIARIDAD QUE NO PUEDE SER DESDEÑADA A LA HORA DE ESTABLECER SU SIGNIFICADO PRECISO. NO UTILIZA AQUI LA CONSTITUCION, EN EFECTO, COMO EN OTROS LUGARES (V. GR. EN EL ART.

149.1.13. , 16. , 18. O 25. ) EL CONCEPTO DE BASES, SINO EL DE LEGISLACION BASICA DEL QUE TAMBIEN HACE USO EN OTROS PARRAFOS (17. Y 27. ) DEL MISMO APARTADO 1. DEL ART. 149. A DIFERENCIA DE LO QUE EN ESTOS SUCEDE, SIN EMBARGO, NO AGREGA EXPLICITAMENTE (COMO EN EL ART. 149.1.27. ), NI IMPLICITAMENTE ADMITE (ASI EL 149.1.17. ) QUE EL DESARROLLO DE ESTA LEGISLACION BASICA PUEDA SER ASUMIDO, COMO COMPETENCIA PROPIA, POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO QUE PRECISA QUE LA EVENTUAL COMPETENCIA NORMATIVA DE ESTAS ES LA DE .

AUNQUE ESTA REDACCION DEL TEXTO CONSTITUCIONAL LLEVA NATURALMENTE A LA CONCLUSION DE QUE EL CONSTITUYENTE NO HA PRETENDIDO RESEVAR A LA COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL ESTADO SOLO EL ESTABLECIMIENTO DE PRECEPTOS BASICOS NECESITADOS DE ULTERIOR DESARROLLO, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, HA ENTENDIDO QUE HABIA DE SER EL ESTADO EL QUE ESTABLECIESE TODA LA NORMATIVA QUE CONSIDERASE INDISPENSABLE PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SIN PERJUICIO, CLARO ESTA, DE QUE ESTE STANDARD PROTECCIONISTA COMUN FUESE MEJORADO, POR ASI DECIR, POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS) Y AUNQUE, EFECTIVAMENTE ALGUNOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA SE AJUSTAN PRECISAMENTE A ESTE ENTENDIMIENTO (ASI EA GALICIA, ART.

27.30. ; EA VALENCIA, ART. 32.6. ; EA BALEARES, ART. 11.5. , POR CEÑIRNOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ACTORAS EN LOS PRESENTES RECURSOS QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS NORMATIVAS), HAY OTROS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ASI EA PAIS VASCO, ART. 11.1. A); EA CATALUÑA, ART. 10.6. Y EA ANDALUCIA, ART. 15.17.

) QUE ATRIBUYEN A LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA COMPETENCIA PARA DESARROLLAR LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO SOBRE MEDIO AMBIENTE.

ESTA ATRIBUCION ES, SIN DUDA, LEGITIMA, PUES AL PRECISAR QUE EL ESTADO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA LEGISLACION BASICA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, , LA CONSTITUCION NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN DESARROLLAR TAMBIEN, MEDIANTE NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS, LA LEGISLACION ESTATAL, CUANDO ESPECIFICAMENTE SUS ESTATUTOS LES HAYAN ATRIBUIDO ESTA COMPETENCIA. LA OBLIGADA INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS CONFORME A LA CONSTITUCION FUERZA A ENTENDER, SIN EMBARGO, QUE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EL DEBER ESTATAL DE DEJAR UN MARGEN AL DESARROLLO DE LA LEGISLACION BASICA POR LA NORMATIVA AUTONOMICA ES MENOR QUE EN OTROS AMBITOS Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO CABE AFIRMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS ESTATALES ADUCIENDO QUE, POR EL DETALLE CON EL QUE ESTAN CONCEBIDAS, NO PERMITEN DESARROLLO NORMATIVO ALGUNO.

ESTA CONSIDERACION, UNIDA A LA EVIDENTE DIFICULTAD QUE EN LA PRACTICA OFRECE LA DISTINCION ENTRE NORMAS QUE DESARROLLAN LA LEGISLACION ESTATAL Y NORMAS QUE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION, PERMITE ESTABLECER UNA CIERTA EQUIPARACION, A ESTOS EFECTOS, ENTRE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

CON ARREGLO A ESTAS IDEAS GENERALES Y SIN PERJUICIO DE EXAMINAR OTROS POSIBLES TITULOS COMPETENCIALES CUANDO LA MATERIA CONCRETA LO REQUIERA, PASAMOS AL ANALISIS DE LAS IMPUGNACIONES DIRIGIDAS CONTRAS LOS DISTINTOS ARTICULOS. ORDENAREMOS ESTE ANALISIS SIGUIENDO LOS TITULOS EN LOS QUE LA PROPIA LEY ESTA DIVIDIDA AUNQUE, OCASIONALMENTE, EN RAZON DE LA CONEXION EXISTENTE ENTRE LOS PRECEPTOS, HAYAMOS DE HACER REFERENCIA, EN EL ANALISIS DEL CONTENIDO DE UN DETERMINADO TITULO, A PRECEPTOS QUE SE HALLAN FUERA DE EL.

2. EL TITULO I ESTA DIVIDIDO EN CUATRO CAPITULOS Y COMPRENDE DIECIOCHO ARTICULOS (DEL 3 AL 20), DE LOS CUALES SE IMPUGNAN LOS 3.1; 4; 5 (Y POR CONEXION CON ELLOS 9.1; 11 Y 18.1); 13, 15 Y 16, ASI COMO, POR LA RELACION QUE GUARDAN CON OTROS PRECEPTOS DEL TITULO II, LOS ARTS. 6.1; 12.5 Y 15.

A) ARTICULO 3.1 A).

LOS RECURSOS QUE POSTULAN LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE PRECEPTO, SUSCRITOS POR EL GOBIERNO VASCO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NO BASAN SU IMPUGNACION EN LA TRANSGRESION DE NORMA ALGUNA DE DELIMITACION COMPETENCIAL, SINO EN LA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA QUE IMPLICA LA UTILIZACION DE UN CRITERIO () QUE SE APARTA DE LOS UTILIZADOS EN LEYES ANTERIORES, PUEDE VARIAR CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y NO COINCIDE CON EL CONTENIDO QUE LAS INSTITUCIONES GARANTIZADAS POR LA CONSTITUCION TIENEN EN LA CONCIENCIA SOCIAL. CON ESTOS ARGUMENTOS, VIENE A COINCIDIR EL UTILIZADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES QUE, SIN EMBARGO, NO DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE PRECEPTO, AL SOSTENER QUE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL ART. 132.2 DE LA CONSTITUCION DEBEN SER ENTENDIDOS DE ACUERDO CON LAS DEFINICIONES LEGALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PROMULGACION DE AQUELLA.

QUE LA NUEVA LEY UTILICE PARA LA DELIMITACION DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE UNA DEFINICION DISTINTA DE UN CONCEPTO YA UTILIZADO POR LEYES ANTERIORES SOBRE LA MATERIA, NO ES, CIERTAMENTE, RAZON ALGUNA QUE ABONE SU INCONSTITUCIONALIDAD. UNA COSA ES QUE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O LOS INSTITUTOS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADOS NO PUEDEN SER MODIFICADOS EN TERMINOS QUE AFECTEN A SU CONTENIDO ESENCIAL, DE MANERA QUE, AUN CONSERVANDOSE LA ANTIGUA DENOMINACION, ESTA VENGA A DESIGNAR UN CONTENIDO EN EL QUE LA CONCIENCIA SOCIAL NO RECONOCE YA LA INSTITUCION GARANTIZADA Y OTRA BIEN DISTINTA QUE EL LEGISLADOR NO PUEDA MODIFICAR LAS DEFINICIONES O LOS CRITERIOS DEFINITORIOS DE REALIDADES NATURALES, NO JURIDICAS, A LAS QUE LA CONSTITUCION ALUDE.

LA CONSTITUCION, AL FACULTAR AL LEGISLADOR PARA DETERMINAR QUE BIENES HAN DE FORMAR PARTE DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL, DETERMINA POR SI MISMA (IMPONIENDO CON ELLO AL LEGISLADOR LA OBLIGACION DE INCLUIRLOS EN EL DEMANIO) QUE EN TODO CASO FORMARA PARTE DE EL LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE Y LAS PLAYAS, PERO COMO ES EVIDENTE, NO PRETENDE ATRIBUIR A ESTOS CONCEPTOS OTRO CONTENIDO QUE EL DE SU VALOR LEXICO, NI ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LAS DEFINICIONES LEGALES PREVIAS. EL LEGISLADOR, AL DEFINIRLOS CON MAYOR PRECISION PARA ESTABLECER UNA MAS NITIDA DELIMITACION DEL DEMANIO, QUE ES UNA DE LAS FINALIDADES PLAUSIBLES DE LA LEY IMPUGNADA, NO PUEDE IGNORAR ESTE VALOR LEXICO, PERO, ATENIENDOSE A EL, ES LIBRE PARA ESCOGER LOS CRITERIOS DEFINITORIOS QUE CONSIDERE MAS CONVENIENTES.

ES CLARO QUE EL CRITERIO AHORA UTILIZADO, COMO TODO CRITERIO QUE HACE REFERENCIA AL CAMBIO EN EL TIEMPO, ADOLECE DE UNA CIERTA IMPRECISION, PUESTO QUE PUEDE MODIFICARSE NUESTRO CONOCIMIENTO DEL PASADO Y NO TENEMOS EL DEL PORVERNIR. NO PUEDE TACHARSE, SIN EMBARGO, EN MODO ALGUNO DE IRRACIONAL O CAPRICHOSO, NI SE APARTA EN NADA DE LA NOCION GENERICA DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE COMO ZONA EN DONDE EL MAR ENTRA EN CONTACTO CON LA TIERRA EMERGIDA, NI, POR ULTIMO, DIFIERE SUSTANCIALMENTE DE LOS EMPLEADOS CON ANTERIORIDAD. DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DONDE ALCANZAN NO ENTRAÑA MAYOR DIFICULTAD QUE FIJAR AQUEL A DONDE LLEGAN , QUE ERA EL CRITERIO ACOGIDO POR LAS LEYES DE PUERTOS DE 1880 Y 1928, NI SIQUIERA CUANDO EL SUSTANTIVO SE ACOMPAÑA DEL ADJETIVO COMO HIZO LA LEY DE COSTAS DE 1969, PUES TAMBIEN ESTE ADJETIVO, CON EL QUE SE ALUDIA A LA HABITUALIDAD O FRECUENCIA, LLEVA A DISTINTAS SOLUCIONES EN FUNCION DE CUAL SEA EL PERIODO DE TIEMPO CONSIDERADO Y DE LOS QUE POR FRECUENCIA QUIERA ENTENDERSE.

ES POSIBLE QUE EL NUEVO CRITERIO LLEVE A CONSIDERAR COMO PARTES DEL DEMANIO FINCAS QUE ANTERIORMENTE NO LO INTEGRABAN, PERO EL PROBLEMA QUE DE ELLO PUEDA RESULTAR EN NADA AFECTA A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO QUE AHORA ANALIZAMOS Y HABRA DE SER TRATADO, EN SU CASO, AL ESTUDIAR LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

B) ARTICULOS 4 Y 5.

POR RAZONES EN BUENA MEDIDA ANALOGAS A LAS YA EXPUESTAS SOSTIENE TAMBIEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 4 (EXCEPTO EL APARTADO 3. ) Y 5 (EXCEPTO LA EXPRESION Y LA REFERENCIA A LOS ARTS. 3) Y 4) EL GOBIERNO VASCO, QUE ATRIBUYE ADEMAS A ESTOS PRECEPTOS CONSECUENCIAS IDENTICAS A LAS QUE SON PROPIAS DE LAS , QUE CONSIDERAMOS INCONSTITUCIONALES EN LA STC 76/1983.

EN CUANTO QUE EL PRECEPTO INCLUYE EN EL DEMANIO BIENES QUE NO ESTAN DIRECTAMENTE ALUDIDOS POR LA CONSTITUCION, HA DE CONSIDERARSE DICTADO EN VIRTUD DE LA FACULTAD QUE LA MISMA CONSTITUCION CONCEDE AL LEGISLADOR PARA DETERMINAR LOS BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PUBLICO.

AUNQUE ESA FACULTAD NO APARECE ACOMPAÑADA, EN EL ART. (132.2) QUE LA OTORGA, DE LIMITACION EXPRESA ALGUNA, ES EVIDENTE QUE DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS QUE LA CONSTITUCION CONSAGRA CABE DEDUCIR SIN ESFUERZO QUE SE TRATA DE UNA FACULTAD LIMITADA, QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA SITUAR FUERA DEL COMERCIO CUALQUIER BIEN O GENERO DE BIENES SI NO ES PARA SERVIR DE ESTE MODO A FINALIDADES LICITAS QUE NO PODRIAN SER ATENDIDAS EFICAZMENTE CON OTRAS MEDIDAS. EN EL PRESENTE CASO LA FINALIDAD PERSEGUIDA ES, CLARO ESTA, LA DE , QUE ES LA EXPLICITAMENTE PROCLAMADA EN EL ART. 1 DE LA LEY IMPUGNADA. ATENDIDA ESTA FINALIDAD, NO CABE IMPUTAR EXCESO ALGUNO AL LEGISLADOR EN NINGUNA DE LAS DETERMINACIONES QUE LOS DISTINTOS APARTADOS DEL ART. 4 HACEN, NI MENOS AUN EN EL CONTENIDO DEL ART. 5, QUE EXPRESAMENTE EXCLUYE LA INCORPORACION AL DOMINIO PUBLICO DE LAS ISLAS QUE SEAN DE PROPIEDAD PRIVADA DE PARTICULARES O DE ENTIDADES PUBLICAS O PROCEDAN DE LA DESMEMBRACION DE ESTAS.

AQUELLAS DETERMINACIONES SE REFIEREN EN TODO CASO A TIERRAS QUE HAN FORMADO PARTE DEL LECHO MARINO (APARTADOS 1. Y 2. ) O QUE QUEDAN CUBIERTOS POR EL (3. ) O QUE HAN ESTADO INTEGRADOS EN LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE O SON PRACTICAMENTE INDISCERNIBLES DE ELLA (APARTADOS 4. , 5. Y 6. ), O SE INCORPORAN A ELLA EN VIRTUD DE UN NEGOCIO JURIDICO (APARTADOS 7. Y 8. ) O, POR ULTIMO, ESTAN OCUPADOS POR OBRAS QUE SON PARTE DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL POR AFECTACION (APARTADOS 9. , 10 Y 11).

DE OTRA PARTE, ES CLARO QUE EL HECHO DE QUE ESTAS NORMAS ENTRAÑEN ALGUNA CONSECUENCIA EN CUANTO A LA DELIMITACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PERMITE CONSIDERARLAS EN MODO ALGUNO COMO NORMAS MERAMENTE INTERPRETATIVAS. LA INTERDICCION DE ESTE GENERO DE NORMAS, DE ACUERDO CON LAS RAZONES QUE SE DAN EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 4. DE NUESTRA STC 76/1983 Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE ELLAS SE EXTRAEN EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 5. , ESTA REFERIDA, COMO ES LOGICO, A LA INTERPRETACION DE CONCEPTOS JURIDICOS, NO A LA DELIMITACION DE LOS ESPACIOS NATURALES A LOS QUE LAS NORMAS HAN DE APLICARSE.

COMO YA DIJIMOS EN STC 277/1988, . ES EVIDENTE QUE AL EJERCER LA FACUL

TAD QUE EL ART. 132.2 LE OTORGA PARA REGULAR EL DOMINIO PUBLICO, EL LEGISLADOR ESTATAL NO PUEDE ELUDIR LA NECESIDAD DE ESTABLECER LOS CRITERIOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LOS BIENES QUE INTEGRAN EL . ESOS CRITERIOS PODRAN SER IMPUGNADOS, EN CUANTO A SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL, POR NO AJUSTARSE A PRECEPTOS CONCRETOS DE LA CONSTITUCION O A LOS PRINCIPIOS QUE ELLA, DE MODO EXPLICITO O IMPLICITO CONSAGRA, PERO NO EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES QUE LA APLICACION DE ESOS CRITERIOS ENTRAÑARIA EN CUANTO A LA DELIMITACION ESPACIAL, NO CONCEPTUAL, DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

C) ARTICULOS 8 Y 9.

CON INDEPENDENCIA DE LA IMPUGNACION QUE EL GOBIERNO VASCO HACE DEL ART. 9.1 POR SU CONEXION CON EL ART. 4, ESTE ARTICULO Y LOS QUE LE PRECEDEN, ESTO ES, LOS ARTS. 8 Y 9, SON IMPUGNADOS POR EL GOBIERNO CANTABRO POR VIOLACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE MARISMAS Y PLAYAS POR VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 92 DEL REGLAMENTO DE PUERTOS DE 1928.

EL CONTENIDO DE ESTOS DOS ARTICULOS, EN CIERTO SENTIDO COMPLEMENTARIOS, DIMANA NECESARIAMENTE DE LOS PRINCIPIOS A QUE LA CONSTITUCION (ART. 132.1) SUJETA EL REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO, PRINCIPIOS QUE EL ART. 7 DE ESTA MISMA LEY APLICA AL DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE. EN ELLOS SE ESTABLECE, HACIA EL FUTURO, UNA DOBLE PROHIBICION, DE CUYA INFRACCION SE EXTRAEN LAS CONSECUENCIAS OPORTUNAS EN RELACION CON LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. NO SE ADMITE NI SE NIEGA EN ELLOS LA EXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS, A LOS QUE PRETENDIERAN HACER REFERENCIA, EN EL MOMENTO DE ELABORACION DE LA CONSTITUCION, ALGUNAS ENMIENDAS QUE ENTONCES NO SE INCORPORARON, AUNQUE SI SE NIEGA TODO VALOR OBSTATIVO FRENTE AL DOMINIO PUBLICO DE LAS DETENTACIONES PRIVADAS, AUN AMPARADAS POR INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. EN CUANTO QUE NO SE TRATE DE PURA DETENTACION, SINO DE DISFRUTE CONFORME A UN TITULO LEGITIMO (DERIVADO O NO DE LOS PRECEPTOS O CONCESIONES PARA LA DESECACION DE MARISMAS, A LOS QUE EL RECURSO ALUDE), ES DECIR, DE AUTENTICOS DERECHOS, LA SITUACION, ESTA REGULADA EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ESPECIALMENTE PRIMERA Y SEGUNDA, CUYA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL, TAMBIEN NEGADA EN DIVERSOS RECURSOS, HABRA DE SER ANALIZADA MAS TARDE. COMO SIMPLES DISPOSICIONES GENERALES Y ABSTRACTAS, ESTOS PRECEPTOS NO SOLO NO SON, EN CONSECUENCIA, CONTRARIOS A LA CONSTITUCION, SINO CUMPLIMIENTO DEL MANDATO QUE ESTA DIRIGE AL LEGISLADOR.

D) ARTICULO 13.

LA IMPUGNACION DE ESTE PRECEPTO POR LOS CONSEJOS EJECUTIVOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CATALUÑA Y DE LAS ISLAS BALEARES SE BASA, SUSTANCIALMENTE, EN LA CONSIDERACION DE QUE, AL DISPONERSE EN EL QUE EL DESLINDE APROBADO ES TITULO BASTANTE PARA DECLARAR LA POSESION Y LA TITULARIDAD DOMINICAL DEL ESTADO Y PARA RECTIFICAR, EN CONSECUENCIA, LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES CONTRADICTORIAS, SE DOTA AL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EFICACIA PROPIA DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, CON VIOLACION, ENTRE OTROS, DEL ART. 106 C.E. A ESTA CONSIDERACION SE AÑADE LA DE QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LA NUEVA DEFINICION AMPLIA EL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE, ESTA EFICACIA DIRECTA E INCONTESTABLE DEL ACTO DE APROBACION DEL DESLINDE CONLLEVA TAMBIEN UNA EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION, QUE VIOLA LO DISPUESTO EN EL ART. 33.3 C.E.

TANTO UNA COMO OTRA CONSIDERACION PARTE, SIN EMBARGO, DE UNA INTERPRETACION ERRONEA DEL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS. LA ULTIMA DE LAS MENCIONADAS EVOCA UN SUPUESTO QUE, ALLI EN DONDE SE DE, DETERMINARA LA APLICACION DE LO DISPUESTO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y HABRA DE SER CONSIDERADO AL ANALIZARLAS.

TAMPOCO RINDE CUENTA EXACTA DEL CONTENIDO REAL DEL PRECEPTO QUE AHORA ESTUDIAMOS LA CARACTERIZACION DEL ACTO APROBATORIO DEL DESLINDE COMO UN ACTO DOTADO DE LA FIRMEZA PROPIA DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES E INVULNERABLE AL CONTROL JURISDICCIONAL.

QUE ESTO NO ES ASI LO EVIDENCIA EL INCISO FINAL DEL APARTADO 2. DEL ARTICULO, EN DONDE SE RECONOCE, DE MODO QUIZAS INNECESARIO, EL DERECHO DE LOS AFECTADOS POR EL DESLINDE A EJERCER LAS ACCIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, ACCIONES QUE PODRAN SER OBJETO DE ANOTACION PREVENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y QUE, SIN DUDA, PODRAN SEGUIRSE TANTO EN LA VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, COMO EN LA CIVIL, AUNQUE SOLO A ESTAS ULTIMAS SE REFIERE EL ART. 14 (NO IMPUGNADO) DE LA MISMA LEY. ESTA INTERPRETACION QUE ES LA QUE DERIVA NATURALMENTE DE LA LETRA DEL PRECEPTO ES, POR LO DEMAS, LA ACOGIDA EN EL ART. 29 DEL REGLAMENTO, QUE ES EL QUE LO DESARROLLA.

E) ARTICULOS 15 Y 16.

EL PRIMERO DE ESTOS ARTICULOS ES IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO POR LA REFERENCIA QUE EN EL SE HACE A LA ZONA DE SERVIDUMBRE QUE ESTABLECE Y REGULA EL TITULO II. SE TRATA, EN CONSECUENCIA, DE UNA INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE POSTULA SOLO POR CONEXION Y QUE NO ES ESTE, EN CONSECUENCIA, EL MOMENTO DE ANALIZAR. EL GOBIERNO DE CANTABRIA REPROCHA A AMBOS ARTICULOS LA INFRACCION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, EN CUANTO QUE NO FIJAN PLAZO PARA LA CONCLUSION DEL DESLINDE Y DEMORAN EL PROCESO DE INMATRICULACION.

LA BREVE ARGUMENTACION QUE EL GOBIERNO CANTABRO APORTA NO VA DIRIGIDA REALMENTE CONTRA LOS TRES PRIMEROS APARTADOS DEL ART. 15, QUE EN BUENA MEDIDA SE LIMITAN A RECOGER, ELEVANDO SU RANGO, NORMAS PREEXISTENTES (REAL DECRETO 1.156/1986), SINO ESPECIALMENTE CONTRA EL APARTADO 4. , PUES ES ESTE EL QUE PROHIBE LA INSCRIPCION DE LAS FINCAS ENCLAVADAS EN ZONAS EN LAS QUE EL DESLINDE NO ESTE AUN APROBADO.

PRESCINDIENDO DEL HECHO DE QUE EL PRECEPTO NO PROHIBE LA INSCRIPCION, SINO QUE, EN UN SUPUESTO TIPICO DE CIERRE PROVISIONAL DEL REGISTRO, DECLARA EN SUSPENSO LA SOLICITUD A TAL EFECTO CURSADA, ES SIN DUDA CIERTO QUE AL NO PREVER UN PLAZO DETERMINADO PARA LA CONCLUSION DEL EXPEDIENTE, SINO SOLO PARA SU INICIACION, PARECE QUE PUEDE PRODUCIR EL RESULTADO, QUE LA COMUNIDAD RECURRENTE ENTIENDE CONTRARIO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, DE PROLONGAR DURANTE MUCHO TIEMPO LA SOLICITUD DE INSCRIPCION REGISTRAL. ESA POSIBILIDAD NO PUEDE DESCARTARSE, COMO PRETENDE EL ABOGADO DEL ESTADO, APELANDO A LO DISPUESTO CON CARACTER GENERAL EN EL ART. 61 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TAN FACIL Y FRECUENTEMENTE SOSLAYADO, PERO AUN ASI NO SE INFRINGE CON ELLO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.

NI DE ESTE DERIVA NECESARIAMENTE LA NECESIDAD DE INSCRIPCION INSTANTANEA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TODAS LAS SOLICITUDES QUE EN EL SE PRESENTEN, NI LA SOLICITUD DE INSCRIPCION ( RECTIUS , LA INSCRIPCION MISMA), DECLARADA EN SUSPENSO DEJA DE ENTRAÑAR EFECTOS FAVORABLES A LA SEGURIDAD JURIDICA, QUE POR EL CONTRARIO PODRIA VERSE MAS GRAVEMENTE PERJUDICADA POR INSCRIPCIONES REGISTRALES DESTINADAS A SUFRIR CASI INEVITABLEMENTE ALTERACIONES UNA VEZ EFECTUADO EL DESLINDE. POR LO DEMAS Y COMO EVIDENCIA EL REGLAMENTO (ART. 32.2. , 3. Y 4. ), LA PREVISION QUE AQUI SE ECHA DE MENOS EN LA LEY ES UNA PRECISION TIPICAMENTE REGLAMENTARIA CUYO LUGAR PROPIO NO ESTA EN LA LEY MISMA.

TAMPOCO EN EL 16, RESPECTO DEL QUE NO SE ARGUMENTA EN PARTICULAR Y QUE, EN LO SUSTANCIAL, SE LIMITA A EXTENDER A LAS INSCRIPCIONES DE EXCESO DE CABIDA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ANTERIOR SE ADVIERTE VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD ALGUNO.

AL QUEDAR DESECHADAS LAS RAZONES POR LAS QUE SE IMPUGNAN LOS ARTS. 3.1, A); 4 Y 5, DECAE TAMBIEN LA IMPUGNACION DE LOS ARTS. 9.1; 11 Y 18.1, CUYA INCONSTITUCIONALIDAD POSTULA EL GOBIERNO VASCO POR SU CONEXION CON AQUELLOS.

LA DECISION SOBRE OTROS ARTICULOS DE ESTE TITULO I, QUE SON IMPUGNADOS POR LA RELACION EXISTENTE ENTRE ELLOS Y LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL TITULO II, SE ADOPTARA AL ANALIZAR LOS RECURSOS DIRIGIDOS CONTRA ESTE ULTIMO. ESTE ES EL CASO DE LOS ARTS. 6.1; 12.5 Y 15.

3. EL TITULO II DE LA LEY QUE, SEGUN SU EPIGRAFE, REGULA LAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO CAPITULOS, COMPRENDE ONCE ARTICULOS, TODOS ELLOS IMPUGNADOS POR UNO U OTRO DE LOS RECURRENTES Y EN SU MAYORIA POR LA TOTALIDAD DE ESTOS.

A) ARTICULO 20.

EL ART. 20, QUE SOLO SE IMPUGNA POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, VIENE A PRECISAR GENERICAMENTE EL CONTENIDO DE LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, ESTABLECIENDO QUE COMPRENDE LA DEFENSA DE SU INTEGRIDAD Y DE LOS FINES DE USO GENERAL A QUE ESTA DESTINADO, ASI COMO LA PRESERVACION DE SUS CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS NATURALES Y LA PREVENCION DE LAS PERJUDICIALES CONSECUENCIAS DE OBRAS E INSTALACIONES.

NO SE ADVIERTE MOTIVO ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ESTE PRECEPTO, PUES EL LEGISLADOR ESTATAL, AL PRECISAR LOS FINES Y OBJETIVOS QUE TRATAN DE ALCANZARSE A TRAVES DE LA PROTECCION DEL DEMANIO NO SE HA EXTRALIMITADO EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, NI VULNERADO EL AMBITO COMPETENCIAL PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RELATIVOS A LA ORDENACION DEL LITORAL Y DEL TERRITORIO Y AL URBANISMO.

ES CIERTO QUE EL CONTENIDO DADO A LA PROTECCION DEMANIAL EN ESTE ART. 20 NO COINCIDE CON UNA DETERMINAD CONCEPCION JURIDICA ESTRICTA DEL REGIMEN DE PROTECCION DE LOS BIENES DEMANIALES, FUNDAMENTALMENTE CENTRADA EN LA ARTICULACION DE LOS MEDIOS JURIDICOS PRECISOS PARA LA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD PATRIMONIAL DEL DEMANIO. NI AUN SI SE ACEPTA ESA ESTRECHA CONCEPCION, QUE NO ES, COMO SE HA VISTO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 1. , LA QUE RESULTA DE LA CONSTITUCION QUEDARIA DESPROVISTO DE COBERTURA COMPETENCIAL, SIN EMBARGO, EL ARTICULO QUE AHORA ANALIZAMOS, YA QUE NO ES REPROCHABLE EN TERMINOS COMPETENCIALES QUE EL LEGISLADOR ESTATAL DESCRIBA ANTICIPADAMENTE LOS FINES TENDENTES A PROTEGER EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE SIN PREJUZGAR A QUIEN CORRESPONDA REGULAR Y ADOPTAR LAS MEDIDAS Y DECISIONES QUE HAGAN EFECTIVOS DICHOS FINES. DE AHI QUE EL ABOGADO DEL ESTADO PUEDA AFIRMAR QUE SE TRATA DE UN PRECEPTO COMPETENCIALMENTE INOCUO.

EL CARACTER DEMANIAL NATURAL DE LOS BIENES MARITIMOS Y LA TITULARIDAD ESTATAL DE LOS MISMOS, ES TITULO SUFICIENTE PARA QUE EL LEGISLADOR ESTATAL ADOPTE UNA PREVISION COMO LA QUE SE IMPUGNA. QUE ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE DEBAN ADAPTARSE PARA DAR SATISFACCION A ESOS FINES PROTECTORES SE UBIQUEN EN UNAS U OTRAS DE LAS MATERIAS SOBRE LAS QUE SE HA EFECTUADO EL REPARTO COMPETENCIAL Y QUE, A RESULTAS DE ELLO, LA COMPETENCIA PARA SU ADOPCION VENGA A CORRESPONDER A UNAS U OTRAS INSTANCIAS TERRITORIALES, ES CUESTION QUE NO QUEDA AQUI PREJUZGADA.

PERO TAMBIEN PUEDE AFIRMARSE QUE, AUN CUANDO HIPOTETICAMENTE CORRESPONDIESEN ALGUNA DE ELLAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO RESULTA ILEGITIMO QUE EL LEGISLADOR ESTATAL LAS ENGLOBE EN UN CONCEPTO AMPLIO DE PROTECCION DEMANIAL.

B) ARTICULO 21.

EL ART.

21 ES IMPUGNADO EN SU TOTALIDAD, SI BIEN ES PRECISO EXAMINAR POR SEPARADO LA IMPUGNACION, DE UNA PARTE, DE LOS DOS PRIMEROS APARTADOS Y, DE OTRA, LA DEL APARTADO 3, POR CUANTO ES DISTINTA LA PROBLEMATICA Y LOS CORRELATIVOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE UNOS Y OTROS PLANTEAN.

A) LOS APARTADOS 1 Y 2 SON IMPUGNADOS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA POR CONEXION NECESARIA CON EL ART. 20.

DESCARTADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL QUEDA SIN BASE LA IMPUGNACION DE ESTOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ART. 21, RESTANDO AÑADIR QUE LA SUJECION, CON CARACTER GENERAL, DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PUBLICO A LAS SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES DEL DOMINIO QUE REGULA LA LEY TRAE RAZON DE SER, COMO ANTES SE DIJO, DE LA PROPIA NATURALEZA, CARACTERISTICAS Y FUNCION SOCIAL DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, LO QUE OBLIGA A LIMITAR EL USO QUE PUEDA HACERSE DE TALES TERRENOS COLINDANTES AL AMPARO, GENERICAMENTE, DEL TITULO RESULTANTE DEL ART. 149.1.23 C.E.

COMO TAMBIEN HEMOS DICHO, TRATANDOSE DE TERRENOS QUE NO FORMAN PARTE DEL DOMINIO PUBLICO, ESTA LIMITACION SOLO PUEDE HACERSE DERIVAR DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA DICTAR LA LEGISLACION BASICA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, CUYA EJECUCION CORRESPONDE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

LA INCARDINACION DE ESTAS LIMITACIONES EN EL MENCIONADO TITULO COMPETENCIAL, CON LA CONSECUENCIA DE QUE SU EJECUCION HAYA DE ENTENDERSE ATRIBUIDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO EXCLUYE, CLARO ESTA, LA POSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO PUEDA REALIZAR OTRAS COMPETENCIAS SECTORIALES COMO EFECTIVAMENTE SUCEDE CON LA DE DEFENSA (ART. 149.1.4 C.E.), QUE DA PLENA COBERTURA AL APARTADO 2 DE ESTE ARTICULO 21, EN EL QUE SE EXCEPTUA DE LA REFERIDA SUJECION A LOS TERRENOS EXPRESAMENTE DECLARADOS DE INTERES PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL, CONFORME A SU LEGISLACION ESPECIFICA.

DE OTRA PARTE, QUE LAS LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES PREVALEZCAN Y SEAN , ENCUENTRA A SU VEZ RESPALDO EN LA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO EN LAS MATERIAS DE LEGISLACION PROCESAL Y CIVIL (ART. 149.1 6 Y 8 C.E.), POR LO QUE NINGUN REPARO CABE OPONER, DESDE LA CONSIDERACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, A LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ART. 21.

B) MAYOR SOLIDEZ TIENEN LAS OBJECIONES QUE MUCHOS DE LOS RECURRENTES HACEN AL APARTADO TERCERO DE ESTE ARTICULO, EN EL QUE SE ATRIBUYE A TODOS LOS PRECEPTOS QUE INTEGRAN EL TITULO EL CARACTER DE .

EN PRIMER LUGAR, Y PESE AL ESFUERZO ARGUMENTAL QUE EN CONTRARIO HACE LA ABOGACIA DEL ESTADO, RESULTA DIFICIL COMPRENDER COMO PUEDEN CONJUGARSE LOS DOS ADJETIVOS QUE SE PREDICAN DE LA REGULACION, PUES SI ESTA ES MINIMA POR FIJAR LAS CONDICIONES BASICAS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN LOS TERRENOS COLINDANTES, COMO SUGIERE LA EXPOSICION DE MOTIVOS (APARTADO IV), NO SE ADIVINA COMO PODRIA SER AL MISMO TIEMPO COMPLEMENTARIA DE OTRA NORMATIVA QUE, EN EL MEJOR DE LOS CASOS Y SI LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COSTERAS TUVIERAN COMPETENCIA PARA ELLO, SOLO PODRIA ACCEDER, NUNCA DISMINUIR, LAS CARGAS (SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES) QUE EL LEGISLADOR ESTATAL HA IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEL SUELO EN LA ZONA COLINDANTE.

LA MANIFIESTA IMPROPIEDAD DEL CARACTER QUE EL PRECEPTO ATRIBUYE A LA REGULACION A QUE SE REFIERE, NO ES SIN EMBARGO, RAZON SUFICIENTE PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL PUES, COMO YA HEMOS AFIRMADO EN OTRAS OCASIONES, LA IMPERFECCION TECNICA NO ES CAUSA DE INVALIDEZ. TAMPOCO RESULTA EVIDENTE, SIN EMBARGO, NI QUE ES LO QUE POR REGULACION DEBA ENTENDERSE, NI QUE ES LO QUE EL PRECEPTO EN CUESTION AÑADE A LA FUERZA VINCULANTE DE LOS RESTANTES ARTICULOS DEL TITULO II. SI ESTOS CARECEN DE ELLA POR EXCEDER, POR EJEMPLO, DE LA COMPETENCIA DEL LEGISLADOR ESTATAL PARA DICTARLOS, ES CLARO QUE NO LA ADQUIRIRAN POR OBRA DE ESTA DECLARACION, PUES COMO YA DIJIMOS EN NUESTRA STC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 4, B), Y ES, POR LO DEMAS, OBVIO , SI POR EL CONTRARIO, LA TIENEN, ES MANIFIESTAMENTE INNECESARIO DECLARARLA.

DESDE ESTA PERPECTIVA, EL PRECEPTO ES SEGURAMENTE TECNICAMENTE

INCORRECTO O SUPERFLUO. NO OBSTANTE, DEBIENDO SER ENTENDIDA BUENA PARTE DE LOS PRECEPTOS QUE INTEGRAN ESTE TITULO COMO LEGISLACION BASICA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, TAMPOCO HAY INCONVENIENTE EN ADMITIR QUE LA ADJETIVACION EMPLEADA PARA CALIFICAR LA ESTATAL ALUDE AL CARACTER BASICO DE ESTA. ES CIERTO QUE, CON ELLO, NO SE DOTA A LOS PRECEPTOS QUE INTEGRAN ESTA REGULACION DE MAYOR VALOR QUE EL QUE INTRINSECAMENTE LES CORRESPONDA, DE MANERA QUE EL ENUNCIADO SE CONVIERTE EN SIMPLE NORMA DE REENVIO DE CONTENIDO TAUTOLOGICO, COMO PROPONE EL ABOGADO DEL ESTADO, Y QUE LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY NO HACE REFERENCIA ALGUNA AL ART.

149.1.23, PERO LA INOCUIDAD MISMA DEL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO HACE IMPOSIBLE QUE, ASI ENTENDIDO, PUEDA SER CONSIDERADO CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

C) ARTICULO 22.

EL ART. 22 HABILITA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (EN CONCRETO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, 2) PARA DICTAR NORMAS PARA LA PROTECCION DE DETERMINADOS TRAMOS DE COSTA, EN DESARROLLO DE LO PREVISTO EN LOS ARTS. 23.2, 25, 26.1, 27.2, 28.1 Y 29 DE LA MISMA LEY Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR QUE REQUIERE LA CONSULTA PREVIA CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LOS AYUNTAMIENTOS CUYA JURISDICCION INCLUYA LOS TRAMOS DE COSTA AFECTADOS POR TALES NORMAS. DEL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO, QUE REFUERZA EN LO QUE TOCA A LA EVENTUAL AMPLIACION DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION EL CONTENIDO DEL ART.

23.2, SE DESPRENDE QUE TALES NORMAS NO PODRAN SER APROBADAS SI SE OPONE UNA CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES INTERESADAS. ESTA NECESIDAD DE LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS PODERES PUBLICOS CON COMPETENCIAS PROPIAS SOBRE EL TERRITORIO, QUE EXPLICITAMENTE RECONOCE EL REGLAMENTO (ART. 42.3), REDUCE AL MINIMO POSIBLE LA FUNCION DEL ESTADO EN LA PROTECCION DEL DEMANIO Y, EN CONSECUENCIA, NO EXCLUYE LA COMPETENCIA AUTONOMICA QUE SE MANTIENE PLENA EN CUANTO QUE PUEDE O NO ASENTIR A LAS NORMAS PROPUESTAS QUE, SIN SU ASENTIMIENTO, NO LLEGARAN A NACER.

LAS NORMAS EN CUESTION HAN DE TENER POR OBJETO LA MODIFICACION DE LAS QUE LA PROPIA LEY ESTABLECE CON CARACTER GENERAL SOBRE LA ANCHURA DE LA ZONA DE PROTECCION (ART. 23), LOS USOS QUE EN ELLA SE PROHIBEN (ART. 25), EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LOS PERMITIDOS (ART. 26), LA AMPLIACION DE LA ANCHURA DEL TRANSITO (ART. 27.2), LA SERVIDUMBRE DE ACCESO PUBLICO AL MAR (ART. 28.1) Y LOS TRAMOS FINALES DE LOS CAUCES DE LOS RIOS (ART. 29.1). ES INDUDABLE QUE TALES NORMAS, QUE HABRAN DE REFERIRSE SIEMPRE, SEGUN EL REGLAMENTO (ART. 41.3), A UNIDADES FISIOGRAFICAS O MORFOLOGICAS DEFINIDAS, O A VARIOS TERMINOS MUNICIPALES COMPLETOS, NO SON NORMAS GENERALES, EN CUANTO QUE NO ESTARAN REFERIDAS A LA TOTALIDAD DEL LITORAL, Y QUE TIENEN RANGO REGLAMENTARIO. NI AQUELLA LIMITACION ESPACIAL NI ESTA NATURALEZA SUBLEGAL SON, SIN EMBARGO, RAZONES QUE PERMITAN SOSTENER SU ILEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL.

DE UNA PARTE, LA VARIEDAD DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA COSTA HACE RAZONABLE, E INCLUSO IMPONE, QUE NO SEAN IDENTICAS LAS NORMAS QUE HAYAN DE APLICARSE EN UNO U OTRO SITIO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE LITORAL Y PARA ASEGURAR LA UTILIZACION DEL DEMANIO, O TAL VEZ, MAS PRECISAMENTE, QUE LA ESTRUCTURA JURIDICAMENTE UNIFORME DE LA PROTECCION Y DE LA LIBERTAD DE ACCESO (LIMITACIONES A LA PROPIEDAD, SERVIDUMBRES DE ACCESO Y TRANSITO) SE HAGA COMPATIBLE CON UNA ACOMODACION DE LAS DETERMINACIONES NORMATIVAS A LA DIVERSIDAD NATURAL.

DE LA OTRA, Y COMO YA ANTES HEMOS SOSTENIDOD, EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COBRA AUN MAYOR FUERZA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LA POSIBILIDAD QUE, CON CARACTER GENERAL HEMOS ADMITIDO, DE ADOPTAR NORMAS BASICAS CON RANGO SIMPLEMENTE REGLAMENTARIO, CUANDO ESAS NORMAS SEAN COMPLEMENTO NECESARIO DE LAS ESTABLECIDAS CON VALOR DE LEY. EN EL PRESENTE CASO ESTAS NORMAS REGLAMENTARIAS, QUE ACOMODAN A SUPUESTOS ESPECIFICOS LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY CON CARACTER GENERAL, REQUIEREN, Y ESTO ES, EN DEFINITIVA, LO DECISIVO, ADEMAS DE LA VOLUNTAD DE ESTADO, LAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS, A LOS QUE DE ESE MODO SE LES DA UNA PARTICIPACION PLENA EN EL PROCESO DE ELABORACION DE LOS CONTENIDOS NORMATIVOS, QUE SOLO CON SU ACUERDO ADQUIRIRAN FUERZA.

D) ARTICULOS 23 A 26.

ESTOS CUATRO ARTICULOS, QUE COMPONEN LA SECCION PRIMERA DEL CAPITULO SEGUNDO DE ESTE TITULO II DE LA LEY IMPUGNADA DETERMINAN LA ANCHURA DE LA ZONA DE PROTECCION Y ESTABLECEN SU REGIMEN JURIDICO.

LAS RAZONES GENERICAS DE SU IMPUGNACION SON LAS DE QUE, POR SU CONTENIDO (Y CON EXCEPCION DEL ART. 25. 1, C)), ESTOS PRECEPTOS NO GUARDAN RELACION ALGUNA CON LA PROTECCION DE LA NATURALEZA EN SENTIDO ESTRICTO POR LO QUE EL ESTADO CARECE DE COMPETENCIA PARA DICTARLOS, ANULANDO TANTO LA QUE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CORRESPONDE PARA LA ORDENACION DE SU PROPIO TERRITORIO COMO LA DE LOS MUNICIPIOS SOBRE URBANISMO Y QUE, AUN SI SE QUISIERAN ENTENDERLOS COMO NORMAS BASICAS, FALTARIA LA FORMALIZACION EXPLICITA DE SU CARACTER DE TALES.

ESTAS RAZONES GENERICAS SON PRODUCTO, COMO FACILMENTE SE COMPRENDE, DE UNA CONCEPCION MUY RESTRICTIVA DE LA TAREA QUE EL LEGISLAD

OR ESTATAL DEBE LLEVAR A CABO AL ESTABLECER EL REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, NO COINCIDENTE CON LA QUE SE DERIVA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, YA EXPUESTA EN EL PRIMERO DE ESTOS FUNDAMENTOS. ES EVIDENTE QUE LA PROTECCION DE LOS BIENES QUE INTEGRAN ESTE DOMINIO, LA PRESERVACION DE SUS CARECTERISTICAS PROPIAS Y EL ASEGURAMIENTO DEL LIBRE ACCESO PUBLICO A ELLAS NO PUEDE ALCANZARSE SI NO ES DICTANDO UNA LEGISLACION BASICA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMITANDO, DE UNO U OTRO MODO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD SOBRE LOS TERRENOS COLIDANTES, UNA LIMITACION QUE, POR LO DEMAS, SOLO EL ESTADO PUEDE IMPONER DE MODO GENERAL (ART. 149.1.8. C.E.), GARANTIZANDO AL TIEMPO LA IGUALDAD BASICA DE TODOS LOS ESPAÑOLES QUE POSEAN FUNDOS EN ESOS TERRENOS, SEGUN YA DIJIMOS, ACERCA DE UNA NORMA ANALOGA, EN LA STC 227/1988 Y CUYO CARACTER BASICO NO NECESITA EXPLICITACION ALGUNA POR INFERIRSE NATURALMENTE DE SU CONTENIDO Y SU GENERALIDAD.

DESECHADO ESTE RAZONAMIENTO GENERICO, SE HAN DE ANALIZAR LOS QUE, EN CONCRETO SE DIRIGEN CONTRA CADA UNO DE LOS ARTICULOS DE LA SECCION.

A) FRENTE AL APARTADO 1. DEL ART. 23 SE HACEN DOS OBJECIONES: LA DE QUE NO PUEDE ATRIBUIRSE CARACTER BASICO A LA DETERMINACION DE UNA DETERMINADA DIMENSION, OBJECION QUE SE PRETENDE APOYAR EN LA STC 69/1982, Y LA DE CARECER DE TODA RACIONALIDAD LA FIJACION DE UNA BANDA DE ANCHURA UNIFORME, SIN ATENDER A LA MUY DIVERSA CONFIGURACION DE ESTAS.

NINGUNA DE ESTAS DOS RAZONES CONDUCEN AL RESULTADO PERSEGUIDO POR LOS RECURRENTES. LA PRIMERA DE ELLAS, PORQUE INTERPRETA INADECUADAMENTE NUESTRA CITADA SENTENCIA, QUE SE LIMITO A NEGAR QUE PUDIESE ATRIBUIRSE CARACTER BASICO, EN AQUEL CONCRETO CONFLICTO, A LA NORMA QUE CLASIFICABA SEGUN SU TAMAÑO A LOS DISTINTOS TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. LA SEGUNDA, QUE PASA POR ALTO EL HECHO DE QUE ESTE ES EL MODO TRADICIONAL DE ESTABLECER LA DELIMITACION DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE CONTIGUA A LA MARITIMO-TERRESTRE, CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA LA ANCHURA QUE A LA MISMA SE ASIGNA, IGNORA TAMBIEN EL HECHO DE QUE DADO EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA DETERMINAR EL LIMITE INTERIOR DE LA RIBERA DEL MAR ESTA SUPUESTA CARENCIA DE RACIONALIDAD NO EXISTE Y QUE, DE OTRO LADO, ESTE ES SEGURAMENTE EL PROCEDIMIENTO MAS EFICAZ PARA ASEGURAR LA IGUALDAD EN EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES CON LA ZONA MARITIMO-TERRETRE.

EL PROBLEMA, EN TODO ANALOGO AL QUE PLANTEABA EL ART. 6, C), DE LA LEY 29/1985, DE AGUAS, HA DE RECIBIR, EN RESUMEN, LA MISMA RESPUESTA QUE A ESTE DIMOS EN STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 20.

IDENTICA CONSIDERACION LLEVA A DESCARTAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL APARTADO 2 DEL MISMO ARTICULO, MAXIME AL QUEDAR SUPEDITADA LA AMPLIACION DE LA EXTENSION DE LA SERVIDUMBRE AL ACUERDO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DEL AYUNTAMENTO CORRESPONDIENTE. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA POSIBILIDAD DE QUE LA EXTENSION DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION QUEDE AMPLIADA HASTA UN MAXIMO DE OTROS 100 METROS SE JUSTIFICA, EN EFECTO, EN LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA DICTAR LA LEGISLACION BASICA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE QUE, EN ESTE CASO, NECESARIAMENTE SE HA DE TRADUCIR EN UNA HABILITACION A LA POTESTAD EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA, SEGUN LAS POSIBILIDADES DEL TRAMO DE COSTA DE QUE SE TRATE, ADOPTAR LA DECISION MAS ADECUADA Y CONVENIENTE A FIN DE ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA SERVIDUMBRE. TAL HABILITACION NO RESULTA CONTRARIA AL CARACTER BASICO DE LA NORMA, NI MUCHO MENOS VULNERA EL AMBITO COMPETENCIAL AUTONOMICO, UNA VEZ QUE, EN TODO CASO, ES PRECISO EL ACUERDO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE.

B) NO SE FORMULAN ESPECIFICAS ALEGACIONES EN CONTRA DEL ART. 24, SI BIEN CONVIENE SEÑALAR QUE EN SU APARTADO 1 NO SE IMPONE PROHIBICION ESPECIFICA ALGUNA A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE DEJAR EXPEDITO EL PASO DE LA SERVIDUMBRE DE TRANSITO; REGLA QUE, CON INDEPENDENCIA DE NO HABER SIDO IMPUGNADA, SE JUSTIFICA POR EL USO COMUN DE LOS BIENES MARITIMOS Y LA COMPETENCIA RELATIVA A LA VIGILANCIA DE COSTAS (STC 113/11983).

EN CUANTO AL APARTADO 2 DEL MISMO ART. 24, ES CLARO QUE SE TRATA DE UNA SERVIDUMBRE PROPIAMENTE DE SALVAMENTO QUE POR SU PROPIA FINALIDAD DEPOSITO TEMPORAL DE OBJETOS O MATERIALES ARROJADOS AL MAR Y REALIZACION DE OPERACIONES DE SALVAMENTO MARITIMO AL ESTADO TITULAR DE LOS BIENES MARITIMO-TERRESTRES CORRESPONDE ESTABLECER; SIN QUE, POR TANTO, SE PRODUZCA MENOSCABO O VULNERACION ALGUNO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

EL APARTADO 3, EN FIN, SE LIMITA A PREVER QUE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS OCUPACIONES SERAN INDEMNIZADOS CON ARREGLO A LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA, LO QUE, OBVIAMENTE, PARA NADA AFECTA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIA.

C) EL ART.

25 PLANTEA EN SUS TRES APARTADOS CUESTIONES DIVERSAS QUE REQUIEREN UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO.

EL PRIMERO DE ELLOS ENUMERA, EN SEIS PARRAFOS, UNA SERIE DE PROHIBICIONES, REFERIDAS TODAS ELLAS A LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION Y CUYA FINALIDAD EVIDENTE ES LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD ESPACIAL DEL DEMANIO (PARRAFO C)) Y DE SUS VALORES NATURALES Y PAISAJISTICOS (PARRA-FOS A), B) Y D) A F)).

ESTAS ULTIMAS, DE ACUERDO CON LO ANTES DICHO, HAN DE SER VALORADAS, EN RELACION CON LOS AMBITOS COMPETENCIALES PROPIOS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, COMO NORMAS DE LEGISLACION BASICA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, PUESTO QUE ESTA ES, EVIDENTEMENTE, SU FINALIDAD INMEDIATA. UNA NORMA PROHIBITIVA, COMO ES LA QUE AHORA ANALIZAMOS, TIENE, POR LO DEMAS, POR SU PROPIA NATURALEZA CARACTER BASICO, SIN NECESIDAD DE QUE TAL CARACTER SEA EXPLICITAMENTE DECLARADO.

EL APARTADO SEGUNDO DEL ART. 25 COMPLEMENTA EL ANTERIOR AL DESCRIBIR, EN TERMINOS MUY GENERICOS, LAS OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES QUE CON CARACTER ORDINARIO, PODRAN PERMITIRSE EN ESTA ZONA DE PROTECCION. TALES INDICACIONES SON, DE UNA PARTE, SIN DUDA, CRITERIOS DE ORDENACION QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEBERAN ACOGER EN LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS, DE LA OTRA E INMEDIATAMENTE, NORMA BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, CUYA NATURALEZA DE TAL LEGITIMA EL CONDICIONAMIENTO QUE IMPONE A LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO.

UN PROBLEMA ESPECIFICO ES EL QUE SE SUSCITA EN RELACION CON EL ULTIMO INCISO DEL APARTADO, QUE REMITE AL REGLAMENTO LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES QUE EN TODO CASO, Y PARA ASEGURAR LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO, DEBERAN CUMPLIRSE EN LA EJECUCION EN ESTA ZONA DE TERRAPLENES, DESMONTES O TALA DE ARBOLES, PUES, COMO REITERADAMENTE HEMOS DICHO A PARTIR DE LA STC 32/1983, ES LA LEY EL INSTRUMENTO ADECUADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LEGISLACION BASICA. ESA DOCTRINA NO IMPIDE, SIN EMBARGO, EN MODO ALGUNO QUE LA PROPIA LEY SE REMITA AL REGLAMENTO CUANDO TAL REMISION SEA NECESARIA PARA GARANTIZAR EL FIN A QUE RESPONDE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA LA LEGISLACION BASICA. COMO ES OBVIO, LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA NORMA REGLAMENTARIA ASI PRODUCIDA DEPENDERA DEL USO QUE DE LA HABILITACION LEGAL SE HAYA HECHO, POR LO QUE NO ES ESTE EL MOMENTO DE PRONUNCIARNOS SOBRE LA IMPUGNACION DE LOS ARTS. 45 Y, SOBRE TODO, 46 DEL REGLAMENTO. DE OTRA PARTE, Y COMO CONSIDERACION COMPLEMENTARIA, HA DE RECORDARSE QUE, COMO YA HEMOS DICHO EN LO QUE TOCA A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, LA COMPETENCIA ASUMIDA ESTATUTARIAMENTE POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO ES LA DE DESARROLLAR LA LEGISLACION BASICA, SINO LA DE COMPLEMENTARLA MEDIANTE NORMAS ADICIONALES DE PROTECCION, DE DONDE SE INFIERE QUE EN PRINCIPIO TAMBIEN EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LAS LEYES SOBRE LA MATERIA ES COMPETENCIA ESTATAL O, DICHO DE OTRO MODO, QUE LA INCLUYE TANTO LAS NORMAS CON RANGO DE LEY COMO LAS REGLAMENTARIAS DICTADAS EN SU DESARROLLO.

EL TERCERO Y ULTIMO DE LOS APARTADOS PREVE, POR UTIMO, LA POSIBILIDAD DE QUE, POR RAZONES DE UTILIDAD PUBLICA, EL CONSEJO DE MINISTROS LEVANTE, PARA OBRAS O INSTALACIONES DETERMINADAS, ALGUNAS DE LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL APARTADO PRIMERO O EXCEPCIONE, PARA ALGUNA INSTALACION INDUSTRIAL CONCRETA, LA REGLA GENERAL DEL APARTADO SEGUNDO, DE MANERA TAL QUE MEDIANTE ESTE PRECEPTO SE COMPLETA LAS NORMAS QUE EN AQUELLOS OTROS APARTADOS QUEDAN SOLO PARCIALMENTE ENUNCIADAS. LA ATRIBUCION CONCEDIDA AL CONSEJO DE MINISTROS NO ES, EN CONSECUENCIA, UN ACTO DE EJECUCION DE AQUELLAS OTRAS NORMAS FRAGMENTARIAS, SINO PARTE INTEGRANTE DEL CONTENIDO DE LA NORMAS TOTAL.

ESTA NATURALEZA DEL ACTO EXCEPCIONANTE NO ELIMINA LA NECESIDAD DE QUE LA POSIBILIDAD QUE CON LA EXCEPCION SE ABRE SE ADECUE, SIN EMBARGO, A LAS REGLAS DE ORDENACION URBANISTICA QUE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES HAYAN ESTABLECIDO, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA AUTORIZACION SE AMPARE EN UN TITULO COMPETENCIAL QUE, COMO LOS ENUMERADOS EN LOS PARRAFOS 4. , 20 O 21 DEL APARTADO 1. DEL ART. 149, DOTAN A LA DECISION DEL ESTADO DE UN VALOR ABSOLUTO, O EN LOS QUE EL CONSEJO DE MINISTROS HAGA USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ART. 180 DE LA LEY DEL SUELO, CUYA ACOMODACION A LA CONSTITUCION DECLARAMOS EN LA STC 56/1986. SOLO EN ESTOS CASOS, EN EFECTO, PUEDE IMPONERSE LA VOLUNTAD DEL ESTADO A LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO. POR LO DEMAS, AUN EN ESOS SUPUESTOS, TAL COMPETENCIA NO QUEDA ABOLIDA, Y UNA VEZ QUE LA ADMINISTRACION COMPETENTE HA ACOMODADO EL PLANEAMIENTO URBANISTICO PREEXISTENTE PARA HACERLO COMPATIBLE CON LA DECISION ESTATAL, TAMBIEN EN ELLOS DEBERA ACOMODARSE A ESE PLANEAMIENTO A REALIZACION DE LAS ACTUACIONES AUTORIZADAS, SEGUN EL PARRAFO FINAL DEL PRECEPTO ESTABLECE.

D) EL ART.

26.1 ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA POTESTAD DE AUTORIZAR LOS USOS PERMITIDOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION, AUTORIZACION QUE SE OTORGARA CON SUJECION A LO DISPUESTO EN LA PROPIA LEY Y, EN SU CASO, A LAS NORMAS QUE SE DICTEN PARA LA PROTECCION DE DETERMINADOS TRAMOS DE COSTA.

LA PREVISION DEBE REPUTARSE CONTRARIA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, PUES SE TRATA DE UNA COMPETENCIA DE CARACTER EJECUTIVO AJENA A LAS CONSTITUCIONALMENTE RESERVADAS AL ESTADO Y QUE SE ENGLOBA, POR SU CONTENIDO, EN LA EJECUCION DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE O EN LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y/O URBANISMO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

CORRESPONDERA, PUES, EJERCITAR ESA POTESTAD AUTORIZATORIA A LOS PERTINENTES ORGANOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O, EN SU CASO, A LOS AYUNTAMIENTOS QUE, COMO ES OBVIO, DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMATIVA ESTATAL, INCLUIDA LA QUE SE DICTE PARA LA PROTECCION DE DETERMINADOS TRAMOS DE COSTA PREVISTA EN EL ART. 22 DE LA LEY, ASI COMO A LA QUE, EN SU CASO, RESULTE DE LA LEGISLACION AUTONOMICA Y DE LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION, CUYA INFRACCION PODRA SER EVENTUALMENTE CORREGIDA POR LA JURISDICCION CORRESPONDIENTE.

NADA HAY QUE OBJETAR, SIN EMBARGO, AL APARTADO 2 DE ESTE ART. 26, POR CUANTO LA EXIGENCIA DE CONTAR PREVIAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE TITULO ADMINISTRATIVO OTORGADO CONFORME A LO DISPUESTO POR LA PROPIA LEY SE JUSTIFICA EN LA DIRECTA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO, DEBIENDO QUEDAR REMITIDA LA CUESTION, EN TODO CASO, AL EXAMEN DEL TITULO III DE ESTA LEY.

E) ARTICULO 27.

LA PREVISION DE LA LLAMADA SERVIDUMBRE DE TRANSITO (ART. 27) NO OFRECE REPARO DESDE LA CONSIDERACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS. SE TRATA DE UNA EFECTIVA SERVIDUMBRE LEGAL JUSTIFICADA POR LA DEFENSA DEL USO GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE QUE LA TITULAR DE ESE DOMINIO CORRESPONDE HACER EFECTIVA, POR LO QUE TAMPOCO LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU ANCHURA EN LUGARES DE TRANSITO DIFICIL O PELIGROSO EN LO QUE RESULTE NECESARIO, HASTA UN MAXIMO DE 20 METROS, MERECE TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD ALGUNA.

EL REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD MAS INTENSO SE CENTRA, NO OBSTANTE, EN EL APARTADO 3, AL RECLAMARSE LA INTERVENCION DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS EN LA FIJACION DE LA SUSTITUCION DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE POR OTRA NUEVA EN CONDICIONES ANALOGAS COMO CONSECUENCIA DE LA OCUPACION DE LA ZONA POR OBRAS A REALIZAR EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

LA ATRIBUCION A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LA POTESTAD PARA FIJAR EL TRAZADO DE UNA NUEVA SERVIDUMBRE DE TRANSITO EN EL EXCEPCIONAL SUPUESTO DE OCUPACION POR OBRAS DE LA ORDINARIA, NO VULNERA, SIN EMBARGO, LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SOBRE ORDENACION DEL LITORAL Y/O DEL TERRITORIO, PUES POR SU OBJETO JURIDICO SE TRATA AQUI TAMBIEN DE UNA MEDIDA DIRECTAMENTE DIRIGIDA A LA DEFENSA DEL USO GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y A LA VIGILANCIA DEL LITORAL EN LOS TERMINOS YA EXPUESTOS, DE MANERA QUE AL TITULAR DEL MISMO CORRESPONDE TAL DETERMINACION.

F) ARTICULO 28.

LA LLAMADA SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR QUE ESTABLECE EL ART. 28 ES MEDIDA INDISPENSABLE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DEL USO GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, POR LO QUE LA IMPOSICION A LOS PLANES Y NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA DE UNOS MINIMOS DESTINADOS A GARANTIZAR SUFICIENTES ACCESOS AL MAR Y APARCAMIENTOS NO PUEDE ESTIMARSE VULNERADORA DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, QUE ENCUENTRAN AQUI UN LIMITE CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO AL ESTAR AMPARADO EN LA CONDICION DEMANIAL DE LOS BIENES A LOS QUE SIRVE ESA LIMITACION Y EN LA TITULARIDAD ESTATAL DE LOS MISMOS.

NO HAY TAMPOCO, EN EFECTO, TAL COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, INFRACCION DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA AL IMPONER ESOS MINIMOS RELATIVOS AL ACCESO PEATONAL Y TRAFICO RODADO EN LAS ZONAS URBANAS Y URBANIZABLES (APARTADO 2), PUES CORRESPONDE A LOS PLANES URBANISTICOS DE ACUERDO CON LA LEY, DELIMITAR EL CONTENIDO DEL IUS AEDIFICANDI QUE CORRESPONDE AL PROPIETARIO, RAZON POR LA CUAL NINGUNA EXPROPIACION CABE APRECIAR EN ESTE CASO. BUENA PRUEBA DE LO QUE SE AFIRMA ES, POR OTRO LADO, LA PROPIA PREVISION DEL APARTADO 3, SEGUN LA CUAL SE DECLARAN DE UTILIDAD PUBLICA, A EFECTOS EXPROPIATORIOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, , PUES ES EVIDENTE QUE, EN ESTOS CASOS, SE TRATA DE UNA ACTUACION SOBRE LA PROPIEDAD YA DELIMITADA PREVIAMENTE EN SU CONTENIDO POR EL CORRESPONDIENTE PLAN, LO QUE SI COMPORTA UN SACRIFICIO PATRIMONIAL INDIVIDUALIZADO QUE SOLO PUEDE MATERIALIZARSE MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION EXPROPIATORIA.

EN RELACION PRECISAMENTE A ESTE APARTADO 3, DEBE SEÑALARSE QUE LA POSIBILIDAD DE QUE SEA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA QUE DECLARE LA UTILIDAD PUBLICA DE LA EXPROPIACION DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA REALIZAR O MODIFICAR OTROS ACCESOS PUBLICOS AL MAR Y APARCAMIENTOS TAMPOCO SUPONE EXTRALIMITACION COMPETENCIAL ALGUNA, DADA LA COMPETENCIA ESTATAL PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL USO PUBLICO GENERAL DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE. ELLO NO SIGNIFICA, POR LO DEMAS, QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO NO PUEDAN HACER USO DE LA POTESTAD EXPROPIATORIA, PUES COMO YA SE DECLARO EN LA STC 37/1986 (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ), .

POR ULTIMO, EL MISMO FUNDAMENTO QUE LEGITIMA LOS APARTADOS DEL ART. 28 YA EXAMINADOS, AMPARA LO DISPUESTO EN SU APARTADO 4, A LO QUE CABE AÑADIR, TAL COMO PUNTUALIZA EL ABOGADO DEL ESTADO, SU ANALOGIA CON EL ART. 545 DEL C.E. Y, POR TANTO, SU CARACTER DE NORMA MATERIALMENTE RECONDUCIBLE A LA COMPETENCIA ESTATAL EX ART. 149.1.8 C.E. COMO ES EVIDENTE, LA ACTUACION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN USO DE ESA COMPETENCIA QUE DERIVA DE SU OBLIGACION DE GARANTIZAR EL USO COMUN ESTA SOMETIDA AL CONTROL DE LOS TRIBUNALES.

G) ARTICULO 29.

DEL ART. 29.1 SE IMPUGNA LA FACULTAD QUE SE OTORGA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA EMITIR UN INFORME QUE HABRA DE SER FAVORABLE PARA AUTORIZAR LA EXTRACCION DE ARIDOS, PUES SE CONSIDERA QUE ESA FACULTAD EXCEDE DE LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO RESERVA EL ART. 149.1.23 C.E.

PUES BIEN, ESE INFORME FAVORABLE, QUE SERA REQUERIDO PARA AUTORIZAR LA EXTRACCION DE ARIDOS EN LOS TRAMOS FINALES DE LOS CAUCES Y EN LA DISTANCIA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, Y QUE HA DE REFERIRSE A LA INCIDENCIA QUE LA SOLICITADA AUTORIZACION DE EXTRACCION PUEDA TENER EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, VIENE A GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD FISICA DE TAL DOMINIO Y, EN CONSECUENCIA, HA DE CONSIDERARSE COMO UNA FACULTAD DIMANANTE DE LA TITULARIDAD SOBRE EL.

DE OTRA PARTE, Y POR RAZON TAMBIEN AQUI DE LA TITULARIDAD DE ESE DOMINIO PUBLICO, RESULTA PLENAMENTE AJUSTADA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS LA PREVISION DE UN DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION ESTATAL EN LAS OPERACIONES DE VENTA, CESION O CUALQUIER OTRA FORMA DE TRANSMISION DE LOS YACIMIENTOS DE ARIDOS ENCLAVADOS EN LA LLAMADA ZONA DE INFLUENCIA (ART. 29.2), PUES AUN CUANDO NO CABE APELAR A LA COMPETENCIA ESTATAL QUE DIMANA DEL ART. 149.1.8 C.E. A FIN DE JUSTIFICAR POTENCIALMENTE TAL PREVISION, YA QUE NO SE ABORDA REGULACION ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES JURIDICAS DEL TANTEO Y RETRACTO, SINO EL SIMPLE ESTABLECIMIENTO O CONSTITUCION EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION AQUI ESTATAL DE UN DERECHO (STC 170/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 6. ), LO CIERTO ES QUE ESE DERECHO NO PUEDE SER EJERCITADO SINO PARA LA APORTACION DE ARIDOS A LAS PLAYAS. ES, POR TANTO, PLENAMENTE COHERENTE CON LA CONDICION DEMANIAL DE LOS BIENES MARITIMO-TERRESTRES LA ATRIBUCION A SU TITULAR EL ESTADO DE MEDIOS JURIDICOS QUE SIN EXAGERACION ALGUNA, PUEDEN CONSIDERAR NECESARIOS PARA LA PRESERVACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE TALES BIENES.

POR LO DEMAS, Y EN RELACION CON LA PREVISION CONTENIDA EN EL SEGUNDO INCISO DE ESTE MISMO APARTADO 2, VALEN LAS RAZONES YA DADAS RESPECTO DEL APARTADO 3. DEL ART. 28.

H) ARTICULO 30.

EL ART. 30.1 COMPLETA EL CATALOGO DE MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE PREVIENDO QUE EN UNA ZONA LLAMADA DE INFLUENCIA Y CUYA ANCHURA SERA COMO MINIMO DE 500 METROS A PARTIR DEL LIMITE INTERIOR DE LA RIBERA DEL MAR, LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA DEBERA ASEGURAR QUE EN LOS TRAMOS CON PLAYAS Y CON ACCESO DE TRAFICO RODADO SE PREVEAN RESERVAS DE SUELO PARA APARCAMIENTOS DE VEHICULOS EN CUANTIA QUE GARANTICE EL ESTACIONAMIENTO FUERA DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO (PARRAFO A)) Y EN TODA LA COSTA SE EVITE LA FORMACION DE PANTALLAS ARQUITECTONICAS O ACUMULACION DE VOLUMENES, A CUYO FIN SE PROHIBE QUE LA DENSIDAD DE EDIFICACION EN ESA ZONA DE INFLUENCIA PUEDA SER SUPERIOR A LA MEDIA DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO O APTO PARA URBANIZAR EN EL CORRESPONDIENTE TERMINO MUNICIPAL (PARRAFO B)).

EL PRECEPTO VIENE, EN RESUMEN, A IMPONER A LOS PLANES DE ORDENACION TERRITORIAL UNOS DETERMINADOS CRITERIOS QUE SE AÑADEN A LOS QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR IMPONE EL ART. 28.2, QUE YA ANTES HEMOS CONSIDERADO COMPATIBLES CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

EL PRIMERO DE ESTOS CRITERIOS (EL CONTENIDO EN EL PARRAFO A)), TIENE SIN DUDA LA FINALIDAD DE PREVENIR LA OCUPACION OCASIONAL DE LA ZONA RESERVADA A LA SERVIDUMBRE DE TRANSITO EN EPOCAS DE GRAN AFLUENCIA A LAS PLAYAS Y PUEDE ENTENDERSE JUSTIFICADO POR LA VOLUNTAD DE CONJUGAR EL LIBRE ACCESO PUBLICO A LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE CON LA NECESIDAD DE MANTENER PERMANENTEMENTE EXPEDITA LA ZONA RESERVADA A LA SERVIDUMBRE DE TRANSITO.

LOS DOS CRITERIOS QUE IMPONE EL APARTADO B) ENCUENTRAN EN PRINCIPIO, SU RAZON DE SER, EN LA PROTECCION DEL DEMANIO; NO EN SU INTEGRIDAD FISICA, PERO SI, SIN DUDA, EN LA PRESERVACION DE SUS CARACTERISTICAS NATURALES Y EN PARTICULAR EN LA DE SUS VALORES PAISAJISTICOS, COMO FINALIDAD QUE, COMO YA DIJIMOS EN EL FUNDAMENTO PRIMERO, PUEDE SER LEGITIMAMENTE ATENDIDA POR EL LEGISLADOR ESTATAL. COMO ALLI INDICAMOS TAMBIEN, EN CUANTO QUE ESA FINALIDAD AFECTA DIRECTAMENTE A LAS COMPETENCIAS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS OSTENTAN PARA LA ORDENACION DE SU TERRITORIO, EL LEGISLADOR ESTATAL HA DE ATENERSE, PARA ALCANZARLA, A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA QUE EL ART. 149.1.23 LE OTORGA PARA LA LEGISLACION BASICA EN CUANTO A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, DEL QUE FORMA PARTE EL PAISAJE NATURAL. CON ARREGLO A ESTE CRITERIO, NO PUEDE CONSIDERARSE ILEGITIMO QUE INTENTEN EXCLUIRSE DE LA ZONA DE INFLUENCIA LAS EDIFICACIONES EN PANTALLA O LA ACUMULACION DE VOLUMENES, Y QUE PARA CONSEGUIRLO DISPONGA QUE EN ESA ZONA LA DENSIDAD DE EDIFICACION NO SEA SUPERIOR A LA MEDIA, PUES EN ESTOS TERMINOS, EL CONTENIDO DEL PRECEPTO NO DESBORDA DEL CONCEPTO DE LEGISLACION BASICA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

EL APARTADO SEGUNDO DE ESTE ARTICULO, FRENTE AL QUE NO SE OFRECE NINGUN ARGUMENTO ESPECIFICO, NO SUSCITA EN ESTE MOMENTO RESERVA ALGUNA EN CUANTO SE REFIERE A LICENCIAS DE OBRA Y USO, EN PRINCIPIO DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROTEGE DIRECTAMENTE LA INTEGRIDAD FISICA DEL DEMANIO. LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (ART. 149.1.18), NO PERMITE CONSIDERAR QUE ESTA SECUENCIA OBLIGADA DE PERMISOS O LICENCIAS VIOLE COMPETENCIA ALGUNA O, DE OTRO MODO, SEA CONTRARIA A LA CONSTITUCION.

I) DESCARTADA GLOBALMENTE LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES PREVISTA EN EL TITULO II DE LA LEY, DEBE QUEDARLO TAMBIEN LA DE LOS ARTS. 6.1, 12.5 Y 15 DEL TITULO I, QUE HAN SIDO IMPUGNADOS POR RAZON DE SU CONEXION CON AQUELLAS PREVISIONES.

4. TITULO III.

A) PRELIMINAR.

LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE QUE NO ES LIBRE POR REQUERIR OBRAS O INSTALACIONES O REUNIR ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE INTENSIDAD, PELIGROSIDAD O RENTABILIDAD, ESTA SUJETA EN LA LEY DE COSTAS A CUATRO TIPOS O MODELOS DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA: LA RESERVA DE PORCIONES DEMANIALES, SU ADSCRIPCION, SU CONCESION O SU AUTORIZACION.

CADA UNA DE ESTAS FORMAS DE AFECTAR ZONAS DEL DEMANIO A DETERMINADAS OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, DA LUGAR A UNA FORMA DISTINTA DE ARTICULAR LAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACION AUTONOMICA O DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA LEGISLACION AUTONOMICA.

LA LEY DE COSTAS EMPLEA PARA CONSEGUIR ESTA ARTICULACION LA FIGURA DE LA ADSCRIPCION, A LA QUE DOTA DE UN SENTIDO DISTINTO DEL TRADICIONAL Y QUE PREVE SOLO PARA LOS TERRENOS DESTINADOS A PUERTOS O VIAS DE TRANSPORTE DE TITULARIDAD AUTONOMICA, PERO NO PARA OTRAS OBRAS O SERVICIOS, QUE SE SOMETEN AL REGIMEN ORDINARIO DE CONCESION.

AUNQUE, COMO ES OBVIO, EL USO QUE AHORA SE HACE DE ESTA FIGURA DE LA ADSCRIPCION ES LA CONSCUENCIA MAS VISIBLE QUE EL SISTEMA DE DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL PODER INSTAURADO EN 1978 TIENE EN LA TECNICA DE ADMINISTRACION DEL DEMANIO, ES PRECISO SUBRAYAR, COMO OBSERVACION LIMINAR, QUE LA FUNCION Y EL ALCANCE DE LAS FIGURAS TRADICIONALES DE INTERVENCION QUEDAN DECISIVAMENTE MODULADOS POR SU ARTICULACION EN EL SENO DE UN ESTADO COMPUESTO. EN UN ESTADO UNITARIO, EN EFECTO, LA TITULARIDAD DEMANIAL ES TITULO SUFICIENTE PARA QUE LA LEY HABILITE A LA ADMINISTRACION UNA INTERVENCION PLENA EN CUALQUIER ASPECTO RELATIVO AL USO Y DESTINO DEL CORRESPONDIENTE BIEN, REGULANDO MEDIANTE CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y REGLAMENTACIONES LAS ACTIVIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE SE REALIZAN UTILIZANDO PORCIONES DEL DOMINIO PUBLICO. BUENA MUESTRA OFRECE EN ESTE SENTIDO LA LEGISLACION PRECONSTITUCIONAL EN LA MATERIA, DESDE LA VENERABLE LEY DE AGUAS DE 1866, HASTA LA ULTIMA LEY DE COSTAS DE 1969.

UNA VEZ INSTAURADO EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, SIN EMBARGO, LA POTENCIALIDAD EXPANSIVA DEL DOMINIO PUBLICO COMO TITULO DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA SE VE DRASTICAMENTE LIMITADA POR EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, Y ASI COMO UNA COMUNIDAD AUTONOMA NO PUEDE ENAJENAR UN BIEN INMUEBLE DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD SIN ATENERSE A LAS REGLAS ESTATALES CUYA OBSERVANCIA IMPONE EL ART. 149.1.18 C.E. (STC 85/1984), LAS LEYES ESTATALES NO PUEDEN OTORGAR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ATRIBUCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESENVUELVEN EN EL DEMANIO NATURAL SIN RESPETAR LOS AMBITOS MATERIALES QUE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA RESERVAN A SUS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES (STC 103/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ).

LA PROPIEDAD PUBLICA DE UN BIEN ES, EN EFECTO, SEPARABLE DEL EJERCICIO DE AQUELLAS COMPETENCIAS PUBLICAS QUE LO TIENEN COMO SOPORTE NATURAL O FISICO: NI LAS NORMAS QUE DISTRIBUYEN COMPETENCIAS ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y EL ESTADO SOBRE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO PREJUZGAN NECESARIAMENTE QUE LA TITULARIDAD DE LOS MISMOS CORRESPONDA A ESTE O A AQUELLAS, NI LA TITULARIDAD ESTATAL DEL DOMINIO PUBLICO CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDA PREDETERMINA LAS COMPETENCIAS QUE SOBRE EL TIENEN ATRIBUIDAS EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (STC 227/1988, FUNDAMENTOS JURIDICOS 14.5 Y 15.1). EN ESTA SENTENCIA Y PARA CORROBORAR ESTA DISOCIACION ENTRE LA TITULARIDAD DE UN BIEN DE DOMINIO PUBLICO Y LAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS O DE OTRO ORDEN QUE ATAÑEN A SU UTILIZACION, NOS APOYAMOS PRECISAMENTE EN EL DATO DE QUE DISTINTAS

COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO COMPETENCIAS SOBRE LA ORDENACION DEL LITORAL, AUNQUE LA CONSTITUCION CONSIDERA INEQUIVOCAMENTE DOMINIO PUBLICO ESTATAL A LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE Y LAS PLAYAS Y MENCIONAMOS TAMBIEN LA ATRIBUCION A DIVERSAS COMUNIDADES DE COMPETENCIAS SOBRE SALVAMENTO MARITIMO Y VERTIDOS EN AGUAS TERRITORIALES DEL ESTADO, ASI COMO SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE QUE DISCURREN SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE TITULARIDAD ESTATAL (EN EL MISMO SENTIDO, STC 53/1984).

LA CUESTION CENTRAL QUE FRENTE AL TITULO III DE LA LEY, CENTRAL POR LO DEMAS TAMBIEN PARA TODA LA ESTRUCTURA DE LA LEY, ES LA DEL ALCANCE QUE ESTA LIMITACION DE LAS FACULTADES DOMINICALES POR OBRA DE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TIENE RESPECTO DE LA UTILIZACION DEL DEMANIO.

EN CONCRETO, LOS RECURRENTES VIENEN A SOSTENER, CON UNOS U OTROS ARGUMENTOS, QUE EL OTORGAMIENTO DE LOS TITULOS REQUERIDOS PARA LA UTILIZACION DEL DEMANIO QUE NO SEA LA COMUN Y PUBLICA (AUTORIZACIONES), O PARA SU OCUPACION (CONCESIONES), NO CORRESPONDE AL ESTADO, SINO A LAS PROPIAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN VIRTUD, SOBRE TODO, DE LA COMPETENCIA ASUMIDA POR ESTAS PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL, PERO TAMBIEN EN RAZON DE OTROS TITULOS ESPECIFICOS COMO SON LOS DE PESCA EN AGUAS INTERIORES, MARISQUEO Y ACUICULTURA; ORDENACION DEL SECTOR PESQUERO; PUERTOS QUE NO SEAN DE INTERES GENERAL; SALVAMENTO MARITIMO Y VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES; TURISMO, DEPORTES Y OCIO. FRENTE A ESTE ENTENDIMIENTO, LA LEY AFIRMA ROTUNDAMENTE (ART.

110 B)) QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO . ES LA VALIDEZ DE ESTA RESERVA EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ENUNCIADA POR UN PRECEPTO QUE SE HALLA FUERA DEL TITULO CUYO ANALISIS COMENZAMOS AHORA, PERO QUE DETERMINA EN LO ESENCIAL SU CONTENIDO, LA CUESTION QUE AHORA DEBEMOS DILUCIDAR.

PARA ACOMETER ESTA TAREA DEBEMOS COMENZAR POR PRECISAR LA NULA RELEVANCIA QUE PARA EL RAZONAMIENTO QUE AHORA NOS OCUPA TIENE LA REFERENCIA ESTATUTARIA A INSTALACIONES QUE, COMO EN PARTICULAR, LOS PUERTOS QUE NO SEAN DE INTERES GENERAL, HAN DE ESTAR NECESARIAMENTE EMPLAZADOS EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, PUES EN ESTE CASO, COMO EN EL DE LAS VIAS DE TRANSPORTE DE TITULARIDAD AUTONOMICA, LA GESTION DEL DEMANIO OCUPADO Y POR TANTO LA FACULTAD DE OTORGAR AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, PASA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL ADSCRIBIRSELES LOS CORRESPONDIENTES ESPACIOS. ESTA TRASLACION DE LA GESTION DEMANIAL EN RELACION CON LOS PUERTOS QUE NO SEAN DE INTERES GENERAL PRIVA IGUALMENTE DE EFICACIA A LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE LA PESCA DE AGUAS INTERIORES COMO TITULO ESPECIFICO EN EL QUE APOYAR LA REIVINDICACION DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA LA UTILIZACION Y OCUPACION DEL DEMANIO NO ADSCRITO, PUES COMO ES EVIDENTE, SALVO EN ESCASISIMOS SUPUESTOS, DIFICILMENTE IMAGINABLES, LAS TAREAS PESQUERAS HABRAN DE UTILIZAR O BIEN PUERTOS DE TITULARIDAD AUTONOMICA, RESPECTO DE LAS QUE EL PROBLEMA NO SE PLANTEA, O BIEN PUERTOS DE INTERES GENERAL, CUYA GESTION ESTA EN PRINCIPIO RESERVADA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO (ART. 149.1.20).

EN DEFINITIVA, LOS TITULOS COMPETENCIALES QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN OPONER A LA RESERVA AL ESTADO DE LAS FACULTADES DE GESTION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE (LAS UNICAS DE LAS QUE EN ESTE MOMENTO NOS OCUPAMOS, PUES LAS FACULTADES QUE EL ART. 110 B), CONFIERE A LA ADMINISTRACION ESTATAL SOBRE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE, Y SOBRE LAS OBRAS FIJAS EN EL MAR, ETC., NO SON DIRECTAMENTE RELEVANTES PARA EL ANALISIS DEL TITULO III), SON LOS QUE ATAÑEN A LA EJECUCION DE LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES Y MUY EN ESPECIAL SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA.

ES CIERTO QUE EN ALGUNA DE LAS DEMANDAS SE ALUDE A OTROS TITULOS COMPETENCIALES, PERO NI LA COMPETENCIA QUE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO (ART. 9.7), ATRIBUYE A ESTA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE EL DOMINIO PUBLICO AUTONOMICO SE EXTIENDE AL DOMINIO PUBLICO ESTATAL, NI LA COMPETENCIA QUE, SOBRE OSTENTAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES (ART. 11.1 B) E.A.P.V.; ART. 10.1.2. E.A.C. ETC.), PERMITEN ALCANZAR CONCLUSION ALGUNA RESPECTO DE LAS CONCESIONES DEMANIALES, PUES LA COMPETENCIA ASUMIDA ES, EN ESTE CASO, UNA COMPETENCIA PER RELATIONEM , O INSTRUMENTAL, DE MANERA QUE EXISTE SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SE OSTENTE COMPETENCIA MATERIAL SOBRE EL SERVICIO PARA EL QUE LA CONCESION SE OTORGA.

LA COMPETENCIA PARA EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE SALVAMENTO MARITIMO Y SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES EN LAS AGUAS TERRITORIALES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL LITORAL DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA, ASUMIDA POR ALGUNA DE LAS COMUNIDADES RECURRENTES (ARTS.

12.10 E.A.P.V.; 11.10 E.A.C.; 29.3 Y 4 E.A.G.; 17.6 Y 11 E.A.A.; 33.9 E.A.V. Y 12.3 Y 11 E.A.I.B.), AUNQUE NO POR TODAS (NO FIGURA EN EL E.A.CAN. Y SOLO COMO PROYECTO, EN LO QUE TOCA AL SALVAMENTO, EN EL E.A.CANT.), EN CUANTO COMPETENCIA PURAMENTE EJECUTIVA, DIFICILMENTE PUEDE SUSTENTAR UNA PRETENSION DIRIGIDA CONTRA UNA NORMA DE RANGO LEGAL. ES CLARO QUE LA COMPETENCIA QUE SE ASUME ES LA DE EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO EN MATERIA DE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES EN EL MAR TERRITORIAL Y ESA LEGISLACION NO INCLUYE DISPOSICION ALGUNA RESPECTO DE LA PARTE TERRESTRE DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, POR LO QUE NO CABE SOSTENER QUE TAMBIEN LA GESTION DE ESTE DEBE SER ATRBUIDA, EN LO QUE A LOS VERTIDOS TOCA, A LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA EJECUCION DE LA LEGISLACION SECTORIAL. SIN DUDA NO SERIA CONSTITUCIONALMENTE IMPOSIBLE ESA SOLUCION, PERO, COMO A CONTINUACION HEMOS DE VER EN RELACION CON LA COMPETENCIA DE ORDENACION TERRITORIAL, DEL HECHO DE QUE ESA POSIBILIDAD EXISTA NO SE SIGUE EN MODO ALGUNO LA IMPOSIBILIDAD DE LA SOLUCION ADOPTADA POR EL LEGISLADOR QUE ES TAMBIEN CONSTITUCIONALMENTE ADECUADA, EN CUANTO QUE ES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, COMO PERSONIFICACION DE LA TITULARIDAD DEMANIAL, A LA QUE DIRECTAMENTE INCUMBE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER SU INTEGRIDAD Y ASEGURAR SU UTILIZACION PUBLICA Y GRATUITA.

ES ASI SOBRE TODO LA COMPETENCIA PLENA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO PROPIO, INCLUIDO EL LITORAL, LA QUE MAS SOLIDAMENTE PUEDE FUNDAMENTAR LA OPOSICION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LA RETENCION EN MANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DE LAS FACULTADES RELATIVAS A LA GESTION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE PUES ES INCUESTIONABLE QUE FORMANDO PARTE ESTE DE AQUEL TERRITORIO, LA CAPACIDAD PARA ORDENARLO CONDICIONA, DE UNO U OTRO MODO, EL OTORGAMIENTO DE LOS TITULOS QUE PERMITAN SU UTILIZACION PRIVATIVA O SU OCUPACION. LA TESIS DE LOS RECURRENTES ES LA DE QUE EL OTORGAMIENTO DE ESOS TITULOS CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION TERRITORIAL Y POR ESO IMPUGNAN LA SOLUCION ACOGIDA POR LA LEY EN ESTE PUNTO, INVOCANDO PARA ELLO MUY REITERADAMENTE, ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS DE NUESTRA STC 77/1984, ESPECIALMENTE EL DE QUE .

LA MENCIONADA AFIRMACION, A TRAVES DE LA CUAL NO SE LLEGA, NATURALMENTE, A LA AFIRMACION DE QUE LA COMPETENCIA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO EXCLUYE TODA OTRA, SINO A LA DE QUE SOBRE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE SE PRODUCE UNA CONCURRENCIA DE COMPETENCIAS QUE PUEDE DAR LUGAR A DIFICULTADES PARA LAS QUE PARECE ACONSEJABLE BUSCAR SOLUCIONES DE COOPERACION, SE HIZO CON MOTIVO DE UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS PLANTEADO POR EL GOBIERNO DE LA NACION FRENTE A DOS RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS DEL PAIS VASCO QUE APROBABAN LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Y EL PLAN ESPECIAL PARA LA EJECUCION DE LA SOLUCION UGALDEBIETA.

AUNQUE INICIALMENTE LA ADMINISTRACION VASCA HABIA INICIADO LA EXPROPIACION DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS O DEMANIALES A OCUPAR, ESE PROCEDIMIENTO, QUE SEGUN EL ALEGATO DEL GOBIERNO VASCO TENIA UNA FINALIDAD , QUEDO INTERRUMPIDO POR ENTENDER, SEGUN SE DICE EN LAS ACTUACIONES, QUE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS PLANES SON DOS MOMENTOS JURIDICOS DIVERSOS . ES EN EL CONTEXTO DE ESTE LITIGIO CONCRETO EN DONDE SE HACEN LAS ANTES REFERIDAS AFIRMACIONES Y DE ELLAS NADA CABE CONCLUIR, EN CONSECUENCIA, RESPECTO DE CUAL HAYA DE SER LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA OTORGAR TITULOS DE UTILIZACION U OCUPACION DEL DEMANIO, AUNQUE SI, SIN DUDA, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE ESTE OTORGAMIENTO HAYA DE HACERSE SIN CONTRARIAR LAS PREVISIONES DE LA ORDENACION TERRITORIAL.

UNA COSA ES, SIN EMBARGO, CLARO ESTA, LA NECESIDAD DE QUE LA CONCESION O AUTORIZACION NO SE OTORGUEN CONTRA LAS PREVISIONES ORDENADORAS Y OTRA BIEN DISTINTA LA DE QUE HAYAN DE OTORGARSE SIEMPRE QUE EL PLAN LAS PREVE Y EN LA FORMA QUE EN EL ESTAN PREVISTAS Y DANDO UN PASO MAS AUN, QUE PARA ASEGURAR ESTA CONFORMIDAD, ESTA VINCULACION POSITIVA DEL OTORGAMIENTO DE TITULOS DEMANIALES A LAS PREVISIONES DE ORDENACION, HAYA DE ENCOMENDARSE A LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION TAMBIEN LA FACULTAD DE OTORGAR LOS TITULOS QUE FACULTAN PARA LA UTILIZACION U OCUPACION DE UN DOMINIO CUYA TITULARIDAD NO OSTENTAN. LA NECESIDAD DE LLEGAR HASTA ESTA ULTIMA CONSECUENCIA SE ARGUMENTA A PARTIR DEL PRINCIPIO DE QUE EL DOMINIO PUBLICO NO ES UN CRITERIO UTILIZADO PARA LA DELIMITACION COMPETENCIAL, DE MANERA QUE EN EL DOMINIO PUBLICO ESTATAL EL ESTADO NO TENDRIA OTRAS COMPETENCIAS QUE AQUELLAS QUE, RESPECTO DE CUALQUIERA OTRA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL, LE RESERVA EL ART. 149 DE LA CONSTITUCION, BIEN POR RESERVARSELAS EN EXCLUSIVA, BIEN POR NO HABERLAS ASUMIDO DENTRO DE SU TERRITORIO LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA.

COMO ES EVIDENTE, TAL MODO DE RAZONAR INCURRE EN UNA INJUSTIFICADA IDENTIFICACION ENTRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ENTES PUBLICOS TERRITORIALES Y LAS FACULTADES DOMINICALES QUE EL ESTADO TIENE COMO TITULAR DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL. AL INCLUIR EN EL, COMO COMPONENTE NECESARIO, AUNQUE NO EXCLUSIVO, LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, EL ART. 132.2 NO HA ESTABLECIDO LIMITACION NI MODULACION ALGUNA DERIVADAS DEL HECHO, CONSTITUCIONALMENTE NECESARIO, DE QUE ESE DOMINIO PUBLICO FORMASE PARTE TAMBIEN DEL TERRITORIO DE DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS. TAMPOCO LA INTERPRETACION SISTEMATICA DE LA CONSTITUCION LLEVA EN MODO ALGUNO A LA CONCLUSION, IMPLICITA EN EL RAZONAMIENTO ANTES COMENTADO, DE QUE, AL AFIRMAR LA TITULARIDAD ESTATAL DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, EL CONSTITUYENTE QUERIA HACER REFERENCIA SOLO, POR ASI DECIR, AL NUDO DOMINIO DEJANDO LA DISPOSICION SOBRE EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESA ZONA A LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, EN LA MEDIDA EN LA QUE SUS COMPETENCIAS SECTORIALES SE EXTENDIERAN SOBRE ELLA. ESA TECNICA NO ES, DESDE LUEGO, CONSTITUCIONALMENTE IMPOSIBLE Y EL LEGISLADOR LA HA UTILIZADO DE HECHO AL RECURRIR A LA FIGURA DE LA ADSCRIPCION EN FAVOR DE COMPETENCIAS CONCRETAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (PUERTOS Y VIAS DE COMUNICACION, COMO YA HEMOS VISTO), PERO ESTA POSIBILIDAD NO ES SINO UNA DE LAS OPCIONES QUE EL LEGISLADOR PUEDE SEGUIR, NO LA CONSECUENCIA UNICA Y OBLIGADA DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, CON EL QUE TAMBIEN ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE LA RETENCION EN MANOS DE LA ADMINISTRACION ESTATAL DE LA GESTION DEL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO.

AUN A RIESGO DE INCURRIR EN REITERACIONES, NO ES SUPERFLUO ADVERTIR, TAMBIEN EN ESTE PUNTO, QUE ESAS FACULTADES DOMINICALES SOLO PUEDEN SER LEGITIMAMENTE UTILIZADAS EN ATENCION A LOS FINES PUBLICOS QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL DOMINIO PUBLICO, ESTO ES, PARA ASEGURAR LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD DEL DEMANIO, LA PRESERVACION DE SUS CARACTERISTICAS NATURALES Y LA LIBRE UTILIZACION PUBLICA Y GRATUITA, NO PARA CONDICIONAR ABUSIVAMENTE LA UTILIZACION DE COMPETENCIAS AJENAS Y EN LO QUE AQUI MAS DIRECTAMENTE NOS OCUPA, DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA LA ORDENACION TERRITORIAL. EN CONSECUENCIA, NO SOLO PODRAN REACCIONAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A TRAVES DE LAS CORRESPONDIENTES VIAS JURISDICCIONALES EN LA EVENTUALIDAD DE UN USO INDEBIDO, SINO QUE TAMBIEN, AL ANALIZAR LAS NORMAS QUE FACULTAN AL ESTADO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, HABREMOS DE ELIMINAR NOSOTROS AQUELLAS PREVISIONES QUE DE MODO MANIFIESTO LAS HAGAN POSIBLE. ESTAS CORRECCIONES, QUE EN SU CASO SE HARAN AL ESTUDIAR CADA UNO DE LOS ARTICULOS DEL TITULO, NO AFECTAN EN NADA, SIN EMBARGO, A LA CONCEPCION BASICA QUE LO ANIMA Y QUE ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.6

B) DISPOSICIONES GENERALES (CAPITULO PRIMERO, ARTS. 31-41).

A) ARTICULO 31.

EL ART. 31, IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO Y POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA, SOMETE LA UTILIZACION DEL TERRITORIO COSTERO EN CUANTO DOMINIO PUBLICO A DOS REGIMENES DISTINTOS: CUANDO EL USO ES COMUN GENERAL Y NORMAL, EN LOS TERMINOS QUE EXPRESA SU APARTADO 1, LAS CORRESPONDIENTES ACTIVIDADES SON LIBRES, PUBLICAS Y GRATUITAS; POR EL CONTRARIO, CUANDO LA UTILIZACION DEL MAR O SU RIBERA ES ESPECIAL, PRIVATIVA O ANORMAL, SE REQUIERE INEXCUSABLEMENTE ALGUNO DE LOS TITULOS DE OCUPACION QUE ENUMERA EL APARTADO 2 DEL MISMO ARTICULO: RESERVA, ADSCRIPCION, AUTORIZACION O CONCESION.

EL APARTADO 1 NO SUSCITA REPARO COMPETENCIAL ALGUNO. QUE LOS USOS COMUNES QUE EN EL SE CONTEMPLAN, TALES COMO PASEAR, ESTAR, BAÑARSE, NAVEGAR, EMBARCAR Y DESEMBARCAR, VARAR, PESCAR O COGER PLANTAS O MARISCOS, QUE NO REQUIEREN OBRAS O INSTALACIONES DE NINGUN TIPO Y SON ACORDES CON LA NATURALEZA DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, ESTAN ABIERTOS A UNA UTILIZACION LIBRE, PUBLICA Y GRATUITA, ES UNA NORMA TRADICIONAL QUE SE SUSTENTA EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO PARA ESTABLECER EL REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO DE SU TITULARIDAD, DEL QUE FORMA PARTE DETERMINAR CUALES USOS NO REQUIEREN ACTO ADMINISTRATIVO DE INTERVENCION (STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 23.A)).

LA IMPUGNACION DEL GOBIERNO VASCO VA DIRIGIDA SOBRE TODO CONTRA EL INCISO FINAL DE ESTE APARTADO 1 DEL ART. 31, EN EL QUE SE DICE EXPRESAMENTE QUE LAS ACTIVIDADES QUE SON LIBRES, DESDE LA PERSPECTIVA DEMANIAL, POR PODER SER CALIFICADAS COMO USOS COMUNES GENERALES Y NORMALES, HAN DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS O NORMAS APROBADAS CONFORME A ESTA LEY, SIN HACER REFERENCIA ALGUNA A LAS NORMAS DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS SOBRE TALES ACTIVIDADES. EL REPROCHE DEL GOBIERNO VASCO RESULTA, SIN EMBARGO, EN PARTE SUPERFLUO Y, EN PARTE, INVIABLE. SUPERFLUO PORQUE ES EVIDENTE QUE EL PRECEPTO HABLA DE LEYES Y REGLAMENTOS EN GENERAL, Y QUE EN CONSECUENCIA NO EXCLUYE EN MODO ALGUNO LA NECESIDAD DE QUE LA UTILIZACION COMUN DEL DEMANIO HAYA DE AJUSTARSE A LAS NORMAS DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUANDO TAL UTILIZACION IMPLIQUE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOBRE LAS QUE ESTAS TIENEN COMPETENCIA MATERIAL. Y ES EN PARTE INVIABLE, PORQUE EL LEGISLADOR ESTATAL NO HUBIERA PODIDO ESTABLECER EL ORDEN DE PRELACION DE NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS MATERIAS QUE CONFLUYEN SOBRE EL ESPACIO COSTERO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN RELACION CON LA ADMINISTRACION LOCAL POR LA STC 214/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 5. ES CIERTO QUE, ADEMAS DE MENCIONAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS, EL PRECEPTO HACE REFERENCIA A OTRAS Y QUE, COMO HEMOS DE VER, LA HABILITACION QUE LA LEY CONFIERE A LA ADMINISTRACION PARA DICTARLAS NO SIEMPRE ES CONSTITUCIONALMENTE ADECUADA. EN CUANTO QUE ESTA INADECUACION NO SE DA EN TODOS LO CASOS, SIN EMBARGO LA REFERENCIA GENERICA ES CONSTITUCIONALMENTE INOBJETABLE.

TAMBIEN EN ESTE CASO HAY UNA REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS APROBADAS CONFORME A LA PROPIA LEY, PERO COMO ACABAMOS DE DECIR ES, EN SI MISMA, INOCUA, SIN PERJUICIO DEL JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD QUE MEREZCAN LAS CORRESPONDIENTES HABILITACIONES LEGALES, Y QUE SE FORMULA CON OCASION DE LOS PRECEPTOS PERTINENTES, ESPECIALMENTE LOS ARTS. 22 Y 34.

POR ULTIMO, LA EXCLUSION DE LA USUCAPION, CUALQUIERA QUE SEA EL TIEMPO TRANSCURRIDO, COMO TITULO DEL QUE EMANE DERECHO ALGUNO AL USO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, QUE DENUNCIA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA EN EL ART. 31.2, ES CONSTITUCIONAL POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS POR LOS QUE UNA DISPOSICION ANALOGA FUE CONFIRMADA EN LA STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 23.C), EN LA QUE YA AFIRMAMOS QUE, DE OTRO MODO, SE INVALIDARIA EL PRINCIPIO DE QUE SOLO MEDIANTE TITULO ADMINISTRATIVO CABE ADQUIRIR DERECHOS DE USO PRIVATIVO, QUE ES UN PRINCIPIO BASICO DEL SISTEMA CONCESIONAL, TANTO EN MATERIA DE AGUAS COMO EN LA QUE AQUI SE REGULA.

B) ARTICULO 32.

LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA EL ART.

32 HA DE SER RECHAZADA POR LAS MISMAS RAZONES QUE YA SE DIERON AL ESTUDIAR EL ART. 25. CONVIENE ADVERTIR, SIN EMBARGO, QUE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA POR EL CONSEJO DE MINISTROS QUE CONTEMPLA SU APARTADO 2 NO REEMPLAZA, SALVO EN EL SUPUESTO DE PREVIA RESERVA, A LOS ACTOS DE INTERVENCION QUE LA LEGISLACION SECTORIAL ENCOMIENDE A LA ADMINISTRACION AUTONOMICA O, EN SU CASO, A LA LOCAL, SINO QUE SE SUPERPONE A ELLOS, LIMITANDOSE A LA FUNCION DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA O JURIDICA DEL DOMINIO PUBLICO, Y SIN QUE PUEDA INTERFERIR EN LA APRECIACION DE LOS FACTORES REGULADOS POR LA CORRESPONDIENTE LEGISLACION SECTORIAL, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ENCARGADA DE EJECUTAR ESTA ULTIMA.

C) ARTICULO 33.

PROBLEMAS MAS COMPLEJOS SUSCITA LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA LOS APARTADOS 2 A 5 DEL ART. 33, EN LOS TERMINOS YA RECOGIDOS EN LOS ANTECEDENTES.

EN ESTOS PRECEPTOS SE ENTREMEZCLAN, EN EFECTO, DE MANERA MUY ESTRECHA ENUNCIADOS QUE SIN DUDA SON COMPETENCIA ESTATAL POR VERSAR DIRECTAMENTE SOBRE LA OCUPACION DE UNA PARTE IMPORTANTE DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE (LAS PLAYAS) CON OTROS QUE, AUNQUE REFERIDOS TAMBIEN A ESTA OCUPACION, NO REGULAN DIRECTAMENTE EL GRADO DE LA MISMA, SINO MAS BIEN EL MODO DE LLEVARLA A CABO Y PODRIAN SER CONSIDERADOS POR TANTO COMO NORMAS DE ORDENACION DEL TERRITORIO O, MAS PRECISAMENTE, COMO UNA HABILITACION A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA DICTAR NORMAS DE ESTE GENERO, ATRIBUYENDO ASI A ESTA UNA COMPETENCIA QUE ES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COSTERAS. AUNQUE TAL ATRIBUCION, EN LA MEDIDA EN QUE EXISTA, HA DE REPUTARSE, CLARO ESTA, INCOMPATIBLE CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, TAMPOCO CABE IGNORAR QUE LA OCUPACION DE LAS PLAYAS PODRIA RESULTAR GRAVEMENTE OBSTACULIZADORA DE SU USO PUBLICO, QUE EL ESTADO HA DE GARANTIZAR, E INCLUSO GRAVEMENTE DAÑOSA PARA LA INTEGRIDAD FISICA DEL DEMANIO, SI LAS INSTALACIONES PERMITIDAS EN ELLAS Y LAS EDIFICACIONES PARA SU SERVICIO PUDIERAN HACERSE SIN OTRA RESTRICCION QUE LA DE NO OCUPAR MAS QUE UN PORCENTAJE DETERMINADO DEL ESPACIO PLAYERO O SITUANDOSE EN CUALQUIER LUGAR DE LA PLAYA, CON LO QUE TAMPOCO CABE NEGAR AL ESTADO TITULO PARA DISCIPLINAR ESTAR CUESTIONES EN EL CASO DE QUE LA ADMINISTRACION DIRECTAMENTE COMPETENTE NO LO HAGA.

EL APARTADO SEGUNDO NO PLANTEA, PESE A LO DICHO, ESPECIALES PROBLEMAS. NI EL PRINCIPIO DEL ACCESO PUBLICO A LAS INSTALACIONES PERMITIDAS EN LAS PLAYAS ES CONSTITUCIONALMENTE OBJETABLE, COMO CONGRUENTE CON EL USO PUBLICO DE ESTAS, NI LA POSIBILIDAD DE QUE SE AUTORICEN OTRAS MODALIDADES DE USO DE TALES INSTALACIONES ESTA CONCEBIDA EN TERMINOS QUE RESTRINJAN O ANULEN LAS FACULTADES QUE A LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PUEDAN CORRESPONDER Y HA DE CONSIDERARSE, EN CONSECUENCIA, COMO NO INCOMPATIBLE CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DELIMITACION COMPETENCIAL.

TAMPOCO ES CONTRARIO AL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DELIMITACION DE COMPETENCIAS LA INDICACION, CONTENIDA EN EL APARTADO TERCERO, DE QUE LAS EDIFICACIONES PARA EL SERVICIO DE LA PLAYA SE HABRAN DE SITUAR PREFERENTEMENTE FUERA DE ELLA, PUES, COMO ES EVIDENTE, TAL INDICACION NO EXCEDE DE LA FACULTAD PARA REGULAR LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO QUE VA ANEJA CON SU TITULARIDAD.

LA DETERMINACION ADICIONAL DEL MISMO APARTADO, SEGUN LA CUAL LA DIMENSION MAXIMA DE TALES EDIFICACIONES NO PODRA EXCEDER DE LA QUE REGLAMENTARIAMENTE SE FIJE, NI SER MENOR DEL MINIMO TAMBIEN REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO, LA DISTANCIA ENTRE ELLAS SUSCITA UNA DOBLE CUESTION, LA DE CUAL SEA EL TITULO ESTATAL PARA IMPONER UNA LIMITACION DE ESTE GENERO, EN PRIMER LUGAR, Y LA DE LA LICITUD DE UN APODERAMIENTO A LA ADMINISTRACION PARA CONCRETARLA. AMBAS TIENEN, SIN EMBARGO, FACIL RESPUESTA, PUES TANTO SI LAS EDIFICACIONES EN CUESTION ESTAN SITUADAS EN LA PLAYA MISMA Y, POR TANTO, EN TERRENOS DEMANIALES, COMO SI SE ENCUENTRAN FUERA DE ELLA, EN LA ZONA DE PROTECCION, EL ESTADO ESTA HABILITADO PARA ESTABLECER ESAS LIMITACIONES, SEA COMO TITULAR DEL DEMANIO, SEA EN USO DE LA COMPETENCIA PARA ESTABLECER LA LEGISLACION BASICA SOBRE MEDIO AMBIENTE, Y TANTO EN UNO COMO EN OTRO CASO, EN CUANTO QUE LA DETERMINACION CONCRETA, AUNQUE GENERAL, REMITIDA AL REGLAMENTO PARA DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY, CONSTITUYE UN COMPLEMENTO NECESARIO DE ESTA, NO PUEDE HACERSE A ESA HABILITACION A LA ADMINISTRACION OBJECION ALGUNA DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL.

ES EVIDENTE, SIN EMBARGO, QUE COMO LA TITULARIDAD PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, INCLUIDO EL LITORAL, ES COMPETENCIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COSTERAS, HABRAN DE SER ESTAS LAS QUE, RESPETANDO ESOS LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS, APRUEBEN LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION O ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES EN QUE HAN DE SER APROBADOS Y FIJEN CUALES HAN DE SER LOS CRITERIOS A LOS QUE HAN DE ACOMODARSE, EN SUS DIMENSIONES, EN LA DISTANCIA Y EN TODOS LOS RESTANTES EXTREMOS, LAS MENCIONADAS EDIFICACIONES. ASI ENTENDIDO, COMO SIMPLE ESTABLECIMIENTO DE MAXIMOS Y MINIMOS, EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

LA NORMA DEL APARTADO 4 SEGUN LA CUAL LAS INSTALACIONES SITUADAS EN LA PLAYA NO PODRAN OCUPAR MAS DE LA MITAD DE SU SUPERFICIE EN PLEAMAR ES, NATURALMENTE, INOBJETABLE, PUES SOLO EL TITULAR DEL DEMANIO PUEDE RESOLVER EN ULTIMO TERMINO SOBRE EL GRADO DE OCUPACION DE ESTE.

NO ASI, EN CAMBIO, EN LO QUE TOCA A LA DISTRIBUCION DE TALES INSTALACIONES, QUE DEBE SER ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, AUNQUE EN SU DEFECTO PUEDA VALER COMO SUPLETORIA LA NORMA LEGAL QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCION HOMOGENEA. POR ESTA MISMA RAZON HA DE SER REPUTADO COMO INCONSTITUCIONAL EL INCISO FINAL, QUE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA POTESTAD DE ESTABLECER OTRO MODO DE DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES CUANDO SE DEN CONDICIONES ESPECIALES, PUES ES ESA UNA TAREA QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO, AUNQUE PUEDA LA ADMINISTRACION ESTATAL DENEGAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION O CONCESION, AUN ACOMODADAS A LA DISTRIBUCION PREVISTA EN LA ORDENACION DEL TERRITORIO, POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 35, EN LOS TERMINOS QUE DESPUES SE VERAN.

EL APARTADO 5, POR ULTIMO, QUE EN CIERTO MODO COMPLETA LA PREVISION DEL ART. 31.1, ES INOBJETABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DELIMITACION CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, EN CUANTO QUE SE LIMITA A EXCLUIR, EN TODO CASO, LA LICITUD DE CIERTOS USOS DE LAS PLAZAS. EL ESTADO, QUE CIERTAMENTE NO NECESITA INVOCAR EN SU FAVOR, EN ESTE CASO, EL TITULO QUE LE CONFIERE EL ART. 149.1.21 DE LA CONSTITUCION, QUE DIFICILMENTE PODRIA JUSTIFICARLO, SE LIMITA CON ELLO A HACER USO DE LA FACULTAD QUE COMO TITULAR DEL DEMANIO OSTENTA PARA PROTEGER SU INTEGRIDAD Y GARANTIZAR SU USO PUBLICO.

D) ARTICULO 34.

EL ART. 34 DISPONE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, , NORMAS QUE HABRAN DE INCLUIR DIRECTRICES SOBRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE EL PROPIO ARTICULO ENUMERA EN LOS PARRAFOS A) A F). ES ESTE UNO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE CONCITAN MAYORES Y MAS ENERGICAS OBJECIONES POR PARTE DE LOS RECURRENTES. EN GENERAL ESTOS VEN EN EL UNA HABILITACION A LA ADMINISTRACION PARA DICTAR NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL QUE INVADEN SUS COMPETENCIAS PROPIAS PESE A LA SALVEDAD INICIAL DE SU ENUNCIADO Y A PESAR TAMBIEN DE QUE, EN SU APARTADO SEGUNDO Y EN RELACION SOLO CON LAS NORMAS ESPECIFICAS, PREVE LA AUDIENCIA PREVIA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y AYUNTAMIENTOS. AUNQUE ESTA OBJECION SE APOYA, DESDE LUEGO, COMO SUBRAYA EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LA POTENCIAL UTILIZACION QUE DE TAL HABILITACION PUEDE HACERSE, MAS QUE EN LA EXISTENCIA DE LA HABILITACION MISMA Y AUNQUE ES CIERTO TAMBIEN QUE LA FINALIDAD DE TALES NORMAS (LA PROTECCION Y UTILIZACION DEL DEMANIO) NO ES AJENA A LAS QUE EL ESTADO, COMO TITULAR DE ESTE, PUEDE PERSEGUIR LEGITIMAMENTE, NO BASTAN ESTAS RAZONES PARA DESECHAR LAS QUE ADUCEN LOS RECURRENTES, QUE EXIGEN UN MAS DETENIDO ANALISIS; NI PUEDE CALIFICARSE SIN MAS DE CONSTITUCIONALMENTE ADECUADA UNA NORMA HABILITANTE POR EL HECHO DE QUE LA INVASION REAL DE LAS COMPETENCIAS AJENAS SE PRODUZCA SOLO CUANDO SE HAGA USO DE ELLA, NI LA FINALIDAD PERSEGUIDA BASTA POR SI SOLA PARA LEGITIMAR CONSTITUCIONALMENTE LA HABILITACION EN CUESTION CUANDO, DE ACUERDO CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, SU PERSECUCION EXIGE LA ACCION CONCERTADA DE DIVERSAS INSTANCIAS DOTADAS DE COMPETENCIAS PROPIAS.

EL PRIMER PROBLEMA QUE PLANTEA ESE ANALISIS MAS DETALLADO DEL PRECEPTO ES EL DE PRECISAR CUAL ES LA NATURALEZA DE LAS NORMAS A QUE SE REFIERE Y CUAL EL CONTENIDO POSIBLE DE LAS DIRECTRICES QUE ESTAS HAN DE INCLUIR O, SI SE QUIERE, QUE ES LO QUE TALES DIRECTRICES SON DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO.

EN CUANTO AL PODER DEL QUE EMANAN, SE TRATA SIN DUDA DE NORMAS ESTATALES, PUES, COMO ES OBVIO, NI LA SALVEDAD INICIAL EN FAVOR DE LA COMPETENCIA PROPIA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y AYUNTAMIENTOS, NI LA SIMPLE AUDIENCIA DE UNAS Y OTROS EN EL CASO DE LAS NORMAS ESPECIFICAS, PERMITEN CONSIDERARLAS, COMO ERA EL CASO EN LAS PREVISTAS EN EL ART. 22, YA ANALIZADO, COMO PRODUCTO DE LA VOLUNTAD CONJUNTA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y EL ESTADO, AUNQUE FUERA ESTE EL QUE TOMABA LA INICIATIVA DE DICTARLAS Y EL QUE LAS APROBABA FORMALMENTE. SON, POR LO TANTO, NORMAS ESTATALES NO SOLO EN CUANTO A SU FORMA, SINO TAMBIEN MATERIALMENTE EN CUANTO QUE ES SOLO EL ESTADO EL QUE DETERMINA SU CONTENIDO.

ASI VIENE A CONFIRMARLO, POR LO DEMAS, EL ART. 110, F), DE LA PROPIA LEY, AL AFIRMAR QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA , PUES EN LA ELABORACION DE ESTAS ULTIMAS LA VOLUNTAD ESTATAL ES LA UNICA DECISIVA.

SE TRATA PUES, DE NORMAS ESTATALES DE RANGO INFRALEGAL, AUNQUE NI LAS EVENTUALES NORMAS GENERALES, NI MENOS AUN, CLARO ESTA, LAS ESPECIFICAS SE INTEGREN EN EL REGLAMENTO GENERAL APROBADO POR REAL DECRETO 147/1989 Y OBJETO DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA DE QUE SE DA CUENTA EN LOS ANTECEDENTES. DICHAS NORMAS NO DESARROLLAN, SIN EMBARGO, PRECEPTOS CONCRETOS DE LA LEY; SE DAN, SIN DUDA, EN EL MARCO DE ESTA, PERO NO PARA CONCRETAR PREVISIONES QUE ESTEN, SIQUIERA IN NUCE , EN LA PROPIA LEY, SINO EN VIRTUD DE CONSIDERACIONES, POR ASI DECIR LIBRES O DE OPORTUNIDAD, AUNQUE DIRIGIDAS EN TODO CASO A REGULAR LA PROTECCION Y UTILIZACION DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE. ES ESTA ESPECIAL NATURALEZA LA QUE EXPLICA SEGURAMENTE QUE EL LEGISLADOR NO HAYA CONSIDERADO COMO HABILITACION SUFICIENTE LA CONTENIDA EN LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA, Y SE HAYA SENTIDO OBLIGADO, EN CONSECUENCIA, A INCLUIR AQUI LA PREVISION QUE AHORA ANALIZAMOS.

SI EL ANALISIS HUBIERA DE TOMAR EN CUENTA SOLO EL CONTENIDO POSIBLE DE LAS NORMAS QUE ESTE ART. 34 PERMITE DICTAR A LA ADMINISTRACION, LA IMPUGNACION HABRIA DE SER RECHAZADA. TODAS LAS MATERIAS ACERCA DE LAS CUALES HAN DE VERSAR LAS DIRECTRICES QUE ESAS NORMAS PUEDEN INCLUIR SE REFIEREN, EN DEFINITIVA, SALVO QUE LOS DISTINTOS PARRAFOS EN QUE SE DIVIDE EL APARTADO PRIMERO SE INTERPRETEN EN TERMINOS DIFICILMENTE CONCILIABLES CON SU LETRA, A ACTUACIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN CUANTO QUE TODAS ESTAN REFERIDAS A LA PROTECCION O UTILIZACION DEL DEMANIO Y RESULTA EN CONSECUENCIA IMPOSIBLE NEGAR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA FACULTAD DE ESTABLECER, CON CARACTER GENERAL O RESPECTO DE TRAMOS ESPECIFICOS DE LA COSTA, LOS CRITERIOS CON ARREGLO A LOS CUALES HABRAN DE ACTUAR SUS ORGANOS PERIFERICOS EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE LES HAN SIDO ENCOMENDADAS.

ESA FINALIDAD DE ACOMODAR A CRITERIOS GENERALES O ESPECIFICOS LA ACTUACION DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO SE ALCANZA NORMALMENTE, SIN EMBARGO, MEDIANTE INSTRUCCIONES DE SERVICIO. PERO LAS REFERENCIAS QUE EN OTROS LUGARES DE LA LEY SE HACE A ESTAS NORMAS DEL ART. 34 EVIDENCIAN QUE EL LEGISLADOR NO LAS CONCIBE EN ESE LIMITADO SENTIDO, SINO COMO AUTENTICAS REGLAS DE DERECHO DE APLICACION DIRECTA EN UNA MATERIA (ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO) EN LA QUE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE RESULTARIAN VINCULADAS POR ESAS NORMAS, HAN ASUMIDO COMPETENCIA PLENA.

ASI, Y SEAN CUALES SEAN LAS PREVISIONES DE LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL, LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION PARA UTILIZACION Y OCUPACION DEL DEMANIO SOLO PODRAN REFERIRSE A LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES PREVISTAS EN LAS NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS DICTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 (ART.

52.1), QUE TAMBIEN FIJAN LAS CONDICIONES CON ARREGLO A LAS CUALES SE OTORGARAN A LOS AYUNTAMIENTOS LAS AUTORIZACIONES PARA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE PLAYA (ART. 53.1). A ESTAS NORMAS HABRA DE ESTARSE PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS CONTAMINANTES, SUPERPONIENDO ASI DICHAS NORMAS A LO YA DISPUESTO EN LA LEGISLACION ESTATAL Y AUTONOMICA CORRESPONDIENTE (ART. 57.2); ES EL ORDEN DE PREFERENCIA FIJADO POR ESAS NORMAS EL QUE SE OBSERVARA AL OTORGAR LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE SE SOLICITEN (ART.

74.3) Y A ELLAS DEBERAN ADECUARSE POR ULTIMO, LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA DEL LITORAL EXISTENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY (DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, 4).

LA EFICACIA QUE A ESTAS NORMAS SE ATRIBUYE ES, EN DEFINITIVA, TAL QUE SON ELLAS Y NO LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION DEL LITORAL PRODUCIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (INSTRUMENTOS PARA CUYA APROBACION SE REQUIERE, POR LO DEMAS, EL INFORME PREVIO Y VINCULANTE DE LA ADMINISTRACION ESTATAL SEGUN EL ART. 112), O LAS MEDIDAS QUE ESTAS ADOPTEN EN EJECUCION DE LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES AL MAR (TAMBIEN REQUERIDAS DE INFORME PREVIO Y VINCULANTE: ART. 112 B)) LAS QUE DETERMINEN CUAL HAYA DE SER LA UTILIZACION Y OCUPACION DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, QUE REALMENTE VIENEN A ORDENAR. NO SE TRATA, PUES, NI DE SIMPLES INSTRUCCIONES DE SERVICIO, NI DE NORMAS, QUE, DICTADAS EN VIRTUD DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL ESTADO

AISLADAMENTE CONSIDERADAS O EN CONEXION CON LAS FUNCIONES QUE A ESTE IMPONE INEXCUSABLEMENTE EL ART. 132.2, VIENEN A CONDICIONAR LA COMPETENCIA ASUMIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA ORDENACION DE SU PROPIO TERRITORIO, SINO DE NORMAS QUE PROCEDEN DIRECTAMENTE A ORDENARLO Y QUE, EN CONSECUENCIA, INVADEN LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

ESTA EVIDENCIA, QUE CONDUCE INEXCUSABLEMENTE A CONSIDERAR INCONSTITUCIONAL AL PRECEPTO QUE HABILITA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA DICTAR TALES NORMAS, PLANTEA, SIN EMBARGO, UN PROBLEMA QUE NO PODEMOS IGNORAR Y EXIGE UNA ACLARACION NECESARIA.

EN LO QUE TOCA A ESTA ULTIMA, CONVIENE SUBRAYAR AQUI QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO NO IMPLICA EN MODO ALGUNO QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, A LA QUE INCUMBE LA PROTECCION Y UTILIZACION DEL DEMANIO, NO PUEDE LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES DE DEFENSA, REGENERACION, MEJORA Y CONSERVACION DEL DOMINIO PUBLICO (APARTADO 1 A)), O PREVER PRIORIDADES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE EXTRACCIONES DE ARIDOS (1 B)), O DETERMINAR CUAL ES LA LOCALIZACION EN EL DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES (1 C)), O REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES (1 D)), O RESOLVER LO NECESARIO SOBRE LA ADQUISICION, AFECTACION Y DESAFECTACION DE TERRENOS (1 F)), NI, EN GENERAL, DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PROPIAS SIN OTRA ORIENTACION QUE LA DEL INTERES PUBLICO, DE MANERA QUE NO PUEDA NEGAR, POR EJEMPLO, LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE DE ELLA SE SOLICITEN, AUN ESTANDO AJUSTADAS ESAS SOLICITUDES A LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL, CUANDO ESTIME QUE SU OTORGAMIENTO SERIA PERJUDICIAL PARA LA INTEGRIDAD DEL DOMINIO PUBLICO O SU UTILIZACION. TAMPOCO SIGNIFICA QUE LOS ORGANOS CENTRALES DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE NO PUEDA ESTABLECER, CUANDO LO ESTIMEN OPORTUNO, LOS CRITERIOS A LOS QUE, CON CARACTER GENERAL O RESPECTO DE TRAMOS ESPECIFICOS, HABRA DE AJUSTARSE LA ACTUACION DE LOS ORGANOS PERIFERICOS IMPARTIENDO INSTRUCCIONES O DIRECTRICES SOBRE LAS MATERIAS O HACIENDO USO DE LA HABILITACION GENERAL QUE LES CONCEDE LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA, 2. UNA COSA ES, SIN EMBARGO, QUE EN VIRTUD DE LA APLICACION DE TALES CRITERIOS SE DENIEGUEN EN UNO O MAS CASOS SOLICITUDES DE AUTORIZACION O CONCESION ADMISIBLES DE ACUERDO CON LA ORDENACION TERRITORIAL O URBANISTICA, Y DE OTRA BIEN DISTINTA QUE ESAS INSTRUCCIONES O DIRECTRICES, CONVERTIDAS EN NORMAS VENGAN A SUSTITUIRLA, DE MANERA QUE LA NEGATIVA PUEDA FUNDARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA NO CONFORMIDAD DE LA SOLICITUD CON LO PREVISTO EN ELLAS. LA DENEGACION DE UNA SOLICITUD CURSADA DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL SOLO PODRA FUNDARSE EN EL DAÑO QUE SU OTORGAMIENTO IMPLICARIA PARA LA PRESERVACION DEL DOMINIO PUBLICO O PARA SU UTILIZACION, NO POR CONTRAVENIR NORMAS EMANADAS DE UNA ADMINISTRACION QUE CARECE DE COMPETENCIAS PROPIAS EN ESTA MATERIA.

E) ARTICULO 35.2.

ES CIERTO QUE, COMO ALEGA LA COMUNIDAD DE CANTABRIA, CUANDO EL ART. 35.2 DISPONE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO NO ESTA OBLIGADA A OTORGAR LOS TITULOS DE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE QUE SE SOLICITEN CON ARREGLO A LAS DETERMINACIONES DEL PLAN O NORMAS APROBADAS, ESTABLECE UNA EXCEPCION QUE NO DEROGACION A LO DISPUESTO CON CARACTER GENERAL POR EL ART. 57 DE LA LEY DEL SUELO. ESTE DATO, EN SI, SERIA IRRELEVANTE, PUES NADA IMPIDE A UNA LEY DEL ESTADO EXCEPCIONAR LO DISPUESTO POR OTRA LEY ESTATAL. NO OBSTANTE, ES PRECISO EXAMINAR EN QUE MEDIDA ESTA DISPOSICION VULNERA POR ELLO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA QUE GARANTIZA EL INCISO 6 DEL ART. 9.3 C.E., Y EN QUE MEDIDA INCURRE EN UNA VULNERACION DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE URBANISMO, COMO AFIRMA TAMBIEN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

DESDE LA PERSPECTIVA COMPETENCIAL, LAS DOS POSIBILIDADES DE DENEGACION DE LA PERTINENTE AUTORIZACION O CONCESION QUE CONTEMPLA EL ART.

35.2 MERECEN UN JUICIO DISPAR. QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DENIEGUE UNA SOLICITUD, PARA REALIZAR UNA OBRA U OTRA UTILIZACION DEL DEMANIO COSTERO QUE SE AJUSTA A PLANEAMIENTO, POR RAZONES DE INTERES PUBLICO DEBIDAMENTE MOTIVADAS ES PERFECTAMENTE CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LOS INTERESES PUBLICOS HECHOS VALER POR EL ESTADO CORRESPONDAN AL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS SECTORIALES, O SE CIFREN EN LA INTEGRIDAD FISICA O JURIDICA DEL DOMINIO DEL QUE EL ESTADO ES TITULAR, POR CONLLEVAR UNA DEGRADACION DEL BIEN COSTERO O UN ATENTADO A SU CONDICION DEMANIAL. POR EL CONTRARIO, LA DENEGACION POR RAZONES DE OPORTUNIDAD DISTINTAS DE LAS QUE ACABAN DE INDICARSE MAS ARRIBA CONLLEVA UNA VULNERACION DE LAS COMPETENCIAS SOBRE URBANISMO Y ORDENACION TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA LITORAL, PUESTO QUE ES A ELLA A QUIEN CORRESPONDE APRECIAR LA OPORTUNIDAD DE LAS DISTINTAS DISTRIBUCIONES DE USOS SOBRE SU TERRITORIO, Y SIN QUE LAS FACULTADES ESTATALES DE PRESERVACION DEL DOMINIO PUBLICO REQUIERAN ESTA FACULTAD DE DENEGACION LIBERRIMA Y DISCRECIONAL, AÑADIDA A LA FACULTAD DE DENEGAR POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO. CUANDO SOBRE UN MISMO AMBITO COINCIDEN LAS COMPETENCIAS DE UNAS INSTANCIAS CENTRALES Y AUTONOMICAS DEL ESTADO, NO ES ADMISIBLE QUE NINGUNA DE ELLAS SE ARROGUE UN PODER OMNIMODO O PURAMENTE DISCRECIONAL; PUES UNA POTESTAD SIN LIMITES ES INCOMPATIBLE CON LA IDEA MISMA DE DISTRIBUCION DEL PODER PUBLICO, Y ES INCOMPATIBLE CON LA ESENCIA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS.

LA CONCLUSION ALCANZADA DESDE LA OPTICA COMPETENCIAL Y QUE LLEVA A CONSIDERAR CONTRARIA A LA CONSTITUCION LA REFERENCIA A LAS RAZONES DE OPORTUNIDAD RESUELVE EN GRAN MEDIDA LA ALEGACION APOYADA EN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, PUES EN LA MEDIDA EN QUE LA DENEGACION SE APOYE EN UNA CAUSA DE INTERES PUBLICO, DEBIDAMENTE MOTIVADA, Y QUE APAREZCA FUNDADA EN UNA NORMA ESTABLECIDA POR LAS LEYES CUYA EJECUCION COMPETA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, O ESTABLECIDA EN LA MISMA LEY DE COSTAS COMO REGIMEN DEL DEMANIO COSTERO, NO HABRA VESTIGIO ALGUNO DE VULNERACION DEL ART. 9.3 C.E.

F) ARTICULO 36.

LA PREVISION QUE INTRODUCE EL ART. 36, FACULTANDO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA EXIGIR AL SOLICITANTE DE UN USO LA PRESENTACION DE ESTUDIOS Y GARANTIAS ECONOMICAS, EN LOS SUPUESTOS EN QUE SE PUEDAN PRODUCIR DAÑOS Y PERJUICIOS SOBRE EL DOMINIO PUBLICO O PRIVADO, NO PUEDE SER INTERPRETADA EN EL SENTIDO QUE TEME EL GOBIERNO VASCO. LA DETERMINACION REGLAMENTARIA DE DICHOS ESTUDIOS Y GARANTIAS ES CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA, EN CUANTO APARECE COMO UN COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA REGULACION LEGAL, QUE A SU VEZ SE LIMITA A ESTABLECER UNA NORMA QUE PRESERVA LA INTEGRIDAD FISICA DEL DOMINIO PUBLICO, POR LO QUE QUEDA COMPRENDIDA INEQUIVOCAMENTE EN LA COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL ESTADO SOBRE EL MAR Y SU RIBERA. LA DETERMINACION DE CUALES SON LOS SUPUESTOS EN LOS QUE DICHOS ESTUDIOS Y GARANTIAS ECONOMICAS DEBEN SER EXIGIDOS NO PRIVA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE SUS FACULTADES DE GESTION SOBRE LOS USOS SOMETIDOS A SUS COMPETENCIAS SECTORIALES Y ESPECIFICAS.

G) ARTICULO 37.

EL ART. 37, AL PRESCRIBIR EN SU APARTADO 2 QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CONSERVARA EN TODO MOMENTO LAS FACULTADES DE TUTUELA Y POLICIA SOBRE EL DOMINIO PUBLICO AFECTADO POR UNA OCUPACION, NO PRIVA AL GOBIERNO VASCO DE SUS FACULTADES DE GESTION ACERCA DE AQUELLAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDAN A MATERIAS DE SU COMPETENCIA AUNQUE SE DESARROLLEN SOBRE EL DOMINIO PUBLICO. LAS FACULTADES DE TUTELA Y POLICIA DIMANAN DE LA TITULARIDAD ESTATAL SOBRE LOS BIENES MARITIMO-TERRESTRES, EN LOS TERMINOS QUE RESULTAN DE LOS CORRESPONDIENTES PRECEPTOS DE LA PROPIA LEY DE COSTAS. EL PRECEPTO SE LIMITA A SEÑALAR QUE EL OTORGAMIENTO DEL TITULO DE OCUPACION QUE CORRESPONDA NO CONLLEVA LA DISPOSICION, TRASLADO O RENUNCIA A LAS FACULTADES IRRENUNCIABLES QUE SON INHERENTES A LA TITULARIDAD DEMANIAL, EN CUANTO IMPRESCINDIBLES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL DOMINIO PUBLICO Y VELAR POR SU EFECTIVA UTILIZACION EN TERMINOS ADECUADOS A SU AFECTACION A LA UTILIDAD PUBLICA, TAL Y COMO HAN SIDO DEFINIDOS EN EL TITULO DE OCUPACION.

DE AQUI QUE EL TITULAR QUEDA OBLIGADO A INFORMAR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TAN SOLO DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN RELACION CON LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO, Y NO DE AQUELLAS OTRAS QUE ATAÑAN A LA ACTIVIDAD REALIZADA SIN REPERCUTIR EN SU SOPORTE DEMANIAL, QUE DEBERAN EN SU CASO SER PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION SECTORIAL QUE RESULTE COMPETENTE. EN ESA MISMA LINEA HA DE ENTENDERSE LA FACULTAD DE DICTAR INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA OCUPACION, QUE SI SE CIÑEN AL AMBITO DEMANIAL QUE LES ES PROPIO NUNCA PERMITIRAN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO INMISCUIRSE EN LA INTERVENCION DE AQUELLAS ACTIVIDADES, O EN LA GESTION DE AQUELLOS SERVICIOS Y OBRAS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

H) ARTICULO 38.

LA PROHIBICION DE PUBLICIDAD QUE EL ART. 38.1 IMPONE EN EL DOMINIO PUBLICO COSTERO NO INFRINGE NI IGNORA LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES BALEAR Y VASCA SOBRE LA ORDENACION DEL TERRITORIO O EL URBANISMO. A SU CONDICION DE NORMA BASICA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, QUE COMPARTE CON LA INTERDICCION FORMULADA POR EL ART. 25.1 F), EL ART.

38.1 UNE EL CARACTER DE REGLA JURIDICA GENERAL QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL REGIMEN JURIDICO DEL DEMANIO ESTATAL SOBRE EL QUE EL ESTADO OSTENTA COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA.

RESPECTO A LA PROHIBICION QUE ENUNCIA EL ART. 38.2, DE ANUNCIAR EN CUALQUIER MEDIO DE DIFUSION AQUELLAS ACTIVIDADES EN EL DEMANIO COSTERO QUE SEAN CLANDESTINAS (POR CARECER DEL PRECEPTIVO TITULO ADMINISTRATIVO) O ABUSIVAS (POR NO AJUSTARSE A SUS CONDICIONES), HAY QUE DAR LA RAZON AL ABOGADO DEL ESTADO. AUN CUANDO EL GOBIERNO VASCO RECURRE TODO EL ART. 38, SU SUCINTO ARGUMENTO CONTRA UNA INCORRECTA ARTICULACION ENTRE PROTECCION Y USO DE LA RIBERA DEL MAR Y LA ORDENACION DEL LITORAL NO ATAÑE AL CONTENIDO DEL APARTADO 2 DE ESTE PRECEPTO. CUANDO UN RECURRENTE PRETENDE LA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, TIENE LA CARGA DE COLABORAR CON LA JUSTICIA DE ESTE TRIBUNAL, ANALIZANDO PORMENORIZADAMENTE LAS GRAVES CUESTIONES SUSCITADAS (STC 11/1981, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ). EN ESTE CASO NO EXISTEN RAZONES QUE ACONSEJEN AL TRIBUNAL EXAMINAR EN EL FONDO LA VALIDEZ DE ESTE PRECEPTO, CUYA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD HA QUEDADO TAN INSUFICIENTEMENTE ALEGADA.

C) PROYECTOS Y OBRAS (CAPITULO SEGUNDO, ARTS. 42-46).

A) ARTICULO 44.

LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA LOS APARTADOS 5 Y 6 DEL ART. 44 REFERIDOS RESPECTIVAMENTE A LOS PASEOS MARITIMOS Y A LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, NO PUEDEN SER ACEPTADAS POR LAS RAZONES QUE YA SE DIERON AL ESTUDIAR LA PRESENTADA CONTRA EL ART. 25.2.

DE OTRA PARTE, COMO ES EVIDENTE, LA REFERENCIA QUE ESTE ARTICULO HACE EN SU APARTADO 1 A NORMAS GENERALES O ESPECIFICAS DEBE ENTENDERSE NULA EN CUANTO INCLUYA LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ART. 34, COMO CONSECUENCIA DE LA INVALIDACION DE ESTE.

ESTE APARTADO NO EXONERA, ADEMAS, A LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA FORMULAR EL PROYECTO DE OBRA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES QUE RIJAN EL TERRENO EN QUE VAYA A EMPLAZARSE. QUE EL PRECEPTO SE REFIERA TAN SOLO AL PLANEAMIENTO DESARROLLADO POR EL PROYECTO NO PUEDE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO QUE TEME EL GOBIERNO VASCO, LIBERANDO A LA OBRA DE LOS PLANES URBANISTICOS O TERRITORIALES QUE PUEDAN ESTAR EN VIGOR SOBRE LA FRANJA LITORAL CORRESPONDIENTE. LA SUJECION AL PLANEAMIENTO, TAL Y COMO ESTABLECE EL ART. 57 DE LA LEY DEL SUELO PARA LOS PLANES URBANISTICOS, Y COMO ESTABLECE EL ART. 9 DE LA MISMA Y LOS CORRELATIVOS PRECEPTOS DE LAS LEYES AUTONOMICAS DE ORDENACION DEL TERRITORIO PARA LOS PLANES TERRITORIALES, NO QUEDA EXCEPTUADA POR LO DISPUESTO POR EL ART. 44.1 DE LA LEY DE COSTAS. SIN QUE ELLO OBSTE A QUE, EN CADA CASO CONCRETO, LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PUEDA EJERCER LA FACULTAD QUE LE RECONOCE EL ART. 180 DE LA LEY DEL SUELO, EN LOS TERMINOS QUE FUERON EXPUESTOS POR LA STC 56/1986.

B) ARTICULO 46.

LAS DOS IMPUGNACIONES QUE SE FORMULAN CONTRA EL ART.

46 OTORGAN AL PRECEPTO UN ALCANCE DESMESURADO, POR LO QUE YERRAN AL VALORAR SU CONSTITUCIONALIDAD. QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO APRUEBE PLANES DE NO EQUIVALE A PERMITIRSE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD EN

EL ESPACIO COSTERO. EL PRECEPTO SE LIMITA A PERMITIR QUE LA ADMINISTRACION RACIONALICE, A TRAVES DE PLANES O, QUIZA MAS PROPIAMENTE, PROGRAMAS INTEGRADOS, LAS ACTUACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, VGR. LAS ENUMERADAS EN LAS LETRAS A), D) Y C) DEL ART. 110 DE LA LEY DE COSTAS; NO ASI, EN CAMBIO, LAS QUE NO LO SEAN, PERO SOBRE ESTAS ULTIMAS NUESTRO PRONUNCIAMIENTO SOLO HABRA DE HACERSE, EN SU CASO, AL ANALIZAR EL PRECEPTO QUE ESPECIFICAMENTE LAS PREVEA. POR LO DEMAS, ES EVIDENTE QUE EN LA ELABORACION DE ESTOS PLANES HABRAN DE TENERSE EN CUENTA LOS DEBERES DE INFORMACION MUTUA, COORDINACION, COLABORACION Y RESPETO ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES QUE EL ART. 116 DE LA LEY RECUERDA Y CUYO ESTRICTO CUMPLIMIENTO ES SIEMPRE NECESARIO.

D) RESERVAS Y ADSCRIPCIONES (CAP. TERCERO, ARTS. 47-50).

A) RESERVAS (ARTS. 47 Y 48).

MEDIANTE LA DECLARACION DE RESERVA DE UNA ZONA, LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PUEDE AFECTAR DETERMINADAS PERTENENCIAS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES DE SU COMPETENCIA, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR LOS ARTS. 47 Y 48.

NO PUEDE ACOGERSE LA IMPUGNACION QUE FRENTE A ELLOS FORMULA EL GOBIERNO VASCO, PUES COMO AFIRMA EL ABOGADO DEL ESTADO, NADA HAY EN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS QUE OFREZCA FUNDAMENTO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA DESVINCULARSE DE AQUELLOS PLANES, DE CARACTER TERRITORIAL, URBANISTICO, U OTRO DIVERSO, QUE ESTE OBLIGADA A CUMPLIR SEGUN LAS LEYES. NI LA CONSTITUCION EXIGE QUE LAS LEYES SE CARGUEN DE PREVENCIONES Y ADVERTENCIAS DE QUE ES PRECISO RESPETAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, NI EN EL PRESENTE CASO FALTA TAL ADVERTENCIA CONTENIDA, CON CARACTER GENERAL, EN EL ART. 116 DE LA PROPIA LEY DE COSTAS. LA RESERVA DE UNA ZONA DEL DOMINIO PUBLICO CON LA CONSIGUIENTE AFECTACION SECUNDARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES DE COMPETENCIA ESTATAL, QUE SUSTRAE DE MANERA TOTAL O PARCIAL LOS TERRENOS AFECTADOS AL USO COMUN GENERAL (Y A CUALQUIER OTRA UTILIZACION, QUEDANDO SUBORDINADOS LOS DERECHOS PREEXISTENTES EN LOS TERMINOS QUE FORMULA EL ART. 47.3) ES INSTRUMENTAL RESPECTO DE LA COMPETENCIA SUSTANTIVA EJERCITADA Y EN CONSECUENCIA RESULTA DE PLENA APLICACION LA JURISPRUDENCIA DE LAS SSTC 76/1984 Y 56/1986.

INDUDABLEMENTE, CUANDO EL ESTADO EJERCITE SUS COMPETENCIAS DEBERA TOMAR EN CUENTA LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, TANTO AL DECLARAR LA RESERVA, COMO AL LLEVAR A CABO LA CONSIGUIENTE UTILIZACION O EXPLOTACION DE LA PORCION RESERVADA DEL DOMINIO MARITIMO-COSTERO. TANTO DEL DEBER CONSTITUCIONAL DE LEALTAD ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (STC 11/1986), COMO DE LOS DEBERES RECIPROCOS QUE ESTABLECE EL ART. 116 DE LA PROPIA LEY DE COSTAS, DESARROLLADO EN ESTE PUNTO POR EL ART. 209 DE SU REGLAMENTO, SE DESPRENDE INEQUIVOCAMENTE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEBERA SUMINISTRAR A LA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA TODA LA INFORMACION PERTINENTE PARA LA CORRECTA ORDENACION DEL TERRITORIO AUTONOMICO, Y PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS RESTANTES COMPETENCIAS CON INCIDENCIA EN LA FRANJA LITORAL.

B) ADSCRIPCIONES (ARTS. 49 Y 50).

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES NO CUESTIONAN LA FIGURA DE LA ADSCRIPCION DE BIENES DE DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE QUE LOS ARTS. 49 Y 50 DE LA LEY DE COSTAS CONFIGURAN PARA VINCULAR PORCIONES COSTERAS CON EL FIN DE PERMITIRLES EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EN DOS MATERIAS: PUERTOS Y VIAS DE COMUNICACION. EN LA PRIMERA, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE AUTONOMIA PLENA OSTENTAN COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE TODOS LOS PUERTOS QUE NO REVISTEN INTERES GENERAL (ART. 149.1.20 Y LOS CORRESPONDIENTES DE LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS); LA DE LAS COMUNIDADES DE AUTONOMIA GRADUAL ALCANZA A LOS PUERTOS DE REFUGIO, A LOS DEPORTIVOS Y, EN GENERAL A LOS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES (ART. 148.1.6 Y LOS CORRESPONDIENTES DE LOS ESTATUTOS). EN MATERIAS DE VIAS DE TRANSPORTE, LA COMPETENCIA AUTONOMICA SE EXTIENDE A LAS CARRETERAS Y OTRAS VIAS CUYO ITINERARIO SE DESARROLLA INTEGRAMENTE EN SU TERRITORIO (ARTS. 148.1.5 Y 149.1.21 C.E., Y CORRESPONDIENTES DE LOS ESTATUTOS). CORRELATIVAMENTE, A LAS INSTITUCIONES CENTRALES DEL ESTADO LES CORRESPONDEN LOS PUERTOS DE INTERES GENERAL (Y, EN SU CASO, LOS PUERTOS COMERCIALES), Y LAS VIAS DE TRANSPORTE INTERTERRITORIALES.

LA ADSCRIPCION DEMANIAL ES UN INSTRUMENTO PUESTO POR LA LEY AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE AL ACTUAR DOS DE SUS COMPETENCIAS SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO COSTERO, QUEDAN EXENTAS DEL REGIMEN CONCESIONAL GENERAL, Y PUEDEN OBTENER LA UTILIZACION PRIVATIVA DE ZONAS DEL DOMINIO PUBLICO DE UNA FORMA SIMILAR A LAS RESERVAS EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. SE REPROCHA A LA LEY DE COSTAS QUE HA DESNATURALIZADO LA FIGURA, TAL Y COMO HABIA NACIDO EN LOS REALES DECRETOS DE TRASPASOS EN MATERIA PORTUARIA.

ESOS REALES DECRETOS NO VINCULAN A LAS CORTES GENERALES, NI A LOS PARLAMENTOS AUTONOMICOS AL REGULAR LOS SECTORES, INSTITUCIONES O MATERIAS SUJETAS A SU COMPETENCIA.

ESTA CONCLUSION ES EVIDENTE, CON SOLO REPARAR EN SUS AUTORES LOS GOBIERNOS ESTATAL Y AUTONOMICO, QUE LLEGAN A ACUERDOS EN EL SENO DE LAS CORRESPONDIENTES COMISIONES MIXTAS , Y EN LA FINALIDAD DE ESTOS DECRETOS TRANSFERIR LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA EJERCER LAS COMPETENCIAS DISPUESTAS POR LA CONSTITUCION Y EL RESPECTIVO ESTATUTO DE AUTONOMIA . LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS SON, POR LO GENERAL, LAS UNICAS FUENTES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS (STC 28/1983 Y OTRAS). CUANDO LA INTERPRETACION DE ESTE ORDEN QUE NECESARIAMENTE CONSTITUYE LA PREMISA DE LOS TRASPASOS ACORDADOS, ALCANZA UN REFLEJO EN EL CORRESPONDIENTE REAL DECRETO, ESTA INTERPRETACION SE REFIERE A LAS FUNCIONES DE LAS DOS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS EN EL CONTEXTO DE LA LEGISLACION VIGENTE EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL TRASPASO (STC 113/1983). LO MISMO CABE DECIR RESPECTO A LAS PRECISIONES SOBRE LAS TECNICAS O FORMAS JURIDICAS DISPUESTAS EN LOS REALES DECRETOS PARA CANALIZAR LAS RELACIONES DE COOPERACION O COLABORACION IMPUESTAS POR LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, PERO NO REGULADAS POR ELLAS (EN LOS TERMINOS EXPUESTOS A PARTIR DE STC 11/1986).

A') ARTICULO 49.

PARA APRECIAR EL GRADO DE ADECUACION DEL ART. 49 DE LA LEY DE COSTAS AL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, ES PRECISO ESCLARECER LA IMBRICACION DE TITULARIDADES QUE SE PRODUCE EN LOS ESPACIOS PORTUARIOS, QUE, LO MISMO QUE LOS AEROPUERTOS (STC 68/1984), SON ESPACIOS EN LOS QUE SE LLEVAN A CABO FUNCIONES DIVERSAS, CORRESPONDIENTES A DISTINTAS ADMINISTRACIONES (STC 77/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

LA COMPETENCIA AUTONOMICA ABARCA A TODOS LOS SERVICIOS PORTUARIOS, TANTO LOS GENERALES COMO LOS ESPECIFICOS, ASI COMO TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ANEJOS E INHERENTES QUE NO SEAN DE COMPETENCIA ESTATAL. DE AHI SE SIGUE QUE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL PUERTO SON CREADAS Y GESTIONADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE OSTENTA SOBRE ELLAS UNA TITULARIDAD PLENA, O DIFERIDA A LA REVERSION TRAS LA EXTINCION DE LA CONCESION QUE PUDIERA EXISTIR SOBRE LA OBRA O INSTALACION. AHORA BIEN, LA INDUDABLE TITULARIDAD AUTONOMICA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PORTUARIAS NO CONLLEVA LA PLENA TITULARIDAD DEMANIAL DE AQUELLA FRANJA DE TERRENO QUE ES DE TITULARIDAD ESTATAL, POR MANDATO EXPRESO DE LA CONSTITUCION.

ESTA TITULARIDAD DEMANIAL DEL ESTADO JUSTIFICA QUE LA LEY PUEDA OTORGAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL LA FACULTAD DE EMITIR UN ACTO QUE OTORGUE EL DERECHO A OCUPAR LA RIBERA DEL MAR NECESARIA PARA AMPLIAR UN PUERTO, O PARA TRAZAR UNA VIA DE TRANSPORTE. QUE DICHO ACTO SE EXTERIORICE BAJO LA FORMA DE UN INFORME VINCULANTE QUE HACE POSIBLE CUANDO ES FAVORABLE QUE EL ACTO AUTONOMICO LLEVE ANEJO EL EFECTO ADSCRIPTORIO, EN VEZ DE COMO UNA RESOLUCION ESTATAL AÑADIDA AL ACTO AUTONOMICO APROBANDO EL PROYECTO DE OBRAS, RESULTA CONSTITUCIONALMENTE VALIDO. COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, LA TECNICA DEL INFORME FAVORABLE SIMPLIFICA LA TRAMITACION, EN TERMINOS ANALOGOS A LA IMPORTANTE REGLA DE RACIONALIZACION QUE DISPONE EL ART. 39 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EVITANDO TENER QUE SEGUIR DOS PROCEDIMIENTOS SEPARADOS Y FACILITANDO LA COLABORACION ENTRE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL Y AUTONOMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS DISTINTOS FINES: PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL DEMANIO COSTERO, Y PROVEER LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y VIARIOS DE SU COMPETENCIA.

DEL FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE DEMANIAL QUE TIENE LA FACULTAD EN MANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE ADSCRIBIR PORCIONES DE LA COSTA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SE SIGUEN ALGUNAS CONSECUENCIAS QUE ES PRECISO DEFINIR CON PRECISION.

EN PRIMER LUGAR, ES EVIDENTE QUE NO SE REQUIERE ADSCRIPCION DEMANIAL ALGUNA CUANDO LA ACTUACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA RECAE SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PUBLICO, PUES ESA ACTUACION ESTA CONDICIONADA SOLO POR EL RESPETO A LAS SERVIDUMBRES Y DEMAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE EL TITULO II, INCLUYENDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA AUTORIZACION DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS SUPUESTOS QUE CONTEMPLA EL ART. 25.3 DE LA LEY DE COSTAS.

EN SEGUNDO LUGAR, ES TAMBIEN CLARO QUE, UNA VEZ ADSCRITA UNA PORCION DEL DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE A UNA COMUNIDAD AUTONOMA NO ES PRECISO RENOVAR DICHA ADSCRIPCION MIENTRAS EL TERRENO SIGA DESTINADO AL PUERTO O A LA VIA DE TRANSPORTE QUE DIO LUGAR A LA ADSCRIPCION INICIAL Y POR ESO EL ART. 49 DE LA LEY DE COSTAS, AUNQUE PREVE LA ADSCRIPCION NO SOLO PARA LA CONSTRUCCION O LA AMPLIACION DE PUERTOS Y VIAS DE TRANSPORTE, SINO TAMBIEN PARA LA DE LOS EXISTENTES, NO PUEDE SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO QUE TEMEN LOS ORGANOS RECURRENTES. RESULTA INDUDABLE, SIN EMBARGO, QUE EL HECHO DE LA ADSCRIPCION NO EXONERA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE SU DEBER DE VELAR POR LA INTEGRIDAD FISICA Y JURIDICA DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE Y QUE POR TANTO ES LEGITIMO QUE LA LEY PREVEA CAUCES QUE LE PERMITAN CONOCER A TIEMPO SI LAS OBRAS DE MODIFICACION PROYECTADAS POR UNA COMUNIDAD AUTONOMA PUEDEN LLEGAR A PRODUCIR UNA ALTERACION IMPORTANTE DEL DOMINIO, O INFLUYEN SOBRE LA COSTA Y PUEDEN AFECTAR A SU REGRESION, O DISTORSIONAN LA DINAMICA LITORAL, A LOS EFECTOS PREVISTOS POR LOS ARTS.

42.2 Y 44.2 Y 3 DE LA LEY DE COSTAS. SALVAGUARDADOS ESTOS LEGITIMOS INTERESES DEMANIALES, QUEDA AGOTADA LA INTERVENCION DEL ESTADO, CUYA ADMINISTRACION NO ESTA AUTORIZADA POR ESTE PRECEPTO PARA INMISCUIRSE EN LA GESTION O EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS O VIARIOS DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

EN TERCER LUGAR, ES TAMBIEN INDUDABLE QUE EL ALCANCE DE LA INTERVENCION ESTATAL PARA POSIBILITAR LA ADSCRIPCION HABRA DE CEÑIRSE A PRESERVAR LA INTEGRIDAD FISICA Y JURIDICA DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, AUNQUE ESO NO IMPIDE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, POR EVIDENTES RAZONES DE ECONOMIA PROCEDIMENTAL Y DE LEALTAD Y COLABORACION MUTUAS, APROVECHE EL INFORME BAJO EL QUE LA LEY HA INSTRUMENTADO SU INTERVENCION PARA FORMULAR AQUELLAS OBSERVACIONES, CRITICAS, O SUGERENCIAS QUE FLUYAN DEL EJERCICIO DE ALGUNA DE SUS COMPETENCIAS SECTORIALES, COMO PUDIERAN SER LA ILUMINACION DE COSTAS, LA MARINA MERCANTE, LA SANIDAD EXTERIOR O LA DEFENSA DEL PATRIMINIO MONUMENTAL ESPAÑOL (ART. 149.1, NUMS. 20, 16 Y 28).

SIENDO ESTO ASI, NADA HAY QUE OBJETAR A QUE EL INFORME ESTATAL, CONDICIONANTE DE LA ADSCRIPCION, SE REFIERA A LA DELIMITACION DEL DOMINIO PUBLICO AFECTADO POR LAS OBRAS, Y A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU PROTECCION O A EN CUANTO A LAS REPERCUSIONES QUE ESTOS PUEDEN TENER SOBRE LOS BIENES DEMANIALES ADSCRITOS, PUES ES CLARO QUE EN TODO LO DEMAS, EL MODO DE DISPONER LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y VIARIOS, Y DE CONFIGURAR LAS CORRESPONDIENTES OBRAS E INSTALACIONES, QUEDA FUERA DEL AMBITO DE COMPETENCIA ESTATAL.

LA OMISION DE LAS GARANTIAS PROCEDIMENTALES QUE VARIAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES ECHAN EN FALTA EN EL ART. 49.2 DE LA LEY DE COSTAS NO CONVIERTEN TAMPOCO A ESTE PRECEPTO EN INCONSTITUCIONAL. QUE LA LEY NO ESTABLEZCA EL PLAZO MAXIMO DEL QUE DISPONE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA EMITIR EL INFORME QUE HACE POSIBLE LA ADSCRIPCION NO ES SIGNIFICATIVO, PORQUE LA EXISTENCIA DE UN PLAZO ES INELUDIBLE PARA ASEGURAR EL RESPETO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SOBRE PUERTOS Y VIAS DE COMUNICACION, CUYO EJERCICIO NO PUEDE VERSE BLOQUEADO A CAUSA DE QUE EL ESTADO NO EJERCITE SUS FACULTADES DEMANIALES.

LA LEY NO SE HA PRONUNCIADO ACERCA DEL SIGNO, FAVORABLE O DESFAVORABLE, QUE DEBE DARSE AL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION ESTATAL. ESTA LAGUNA, QUE VERSA SOBRE UN ASPECTO DE INDUDABLE TRASCENDENCIA PARA PRESERVAR LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, NO IMPLICA LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE POSTULA DEL PRECEPTO LEGAL, PUES BASTARA CON ESTAR A LO DISPUESTO SOBRE ESTE ASPECTO POR LOS REALES DECRETOS DE TRASPASOS. POR ELLO, SI LA ADMINISTRACION DEL ESTADO NO EMITE INFORME DENTRO DEL PLAZO MARCADO POR EL ART. 105 A) DEL REGLAMENTO DE COSTAS, ESTE DEBERA ENTENDERSE FAVORABLE A LA ADSCRIPCION DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR LAS OBRAS PROYECTADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA.

HAY QUE RECHAZAR, POR ULTIMO, QUE SEAN INCONSTITUCIONALES EL INCISO DEL ART.

49.1 QUE ALUDE A , Y LA ULTIMA FRASE DE ESE MISMO APARTADO. LO PRIMERO, PORQUE LA REFERENCIA A TALES DISPOSICIONES NO HABILITA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A REGULAR LA GESTION O EXPLOTACION DE LOS PUERTOS O VIAS DE COMUNICACION REALIZADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA. LA SEGUNDA, PORQUE AL ESTABLECER QUE EL PLAZO DE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGUEN EN LOS BIENES ADSCRITOS NO PODRA SER SUPERIOR A TREINTA AÑOS, EL PRECEPTO SE LIMITA A RECORDAR LA REGLA GENERAL QUE IMPONE EL ART. 66.2 DE LA LEY DE COSTAS QUE NO HA SIDO IMPUGNADO, Y QUE EN CUALQUIER CASO REFLEJA UNA DETERMINACION LEGISLATIVA QUE CORRESPONDE A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO PARA REGULAR EL REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

B') ARTICULO 50.

EN RELACION CON EL ART. 50 DE LA LEY DE COSTAS, QUE REGULA LA REVERSION DE LOS BIENES ADSCRITOS A UNA COMUNIDAD AUTONOMA COMO SOPORTE DE LOS PUERTOS Y VIAS DE COMUNICACION DE SU TITULARIDAD, LOS ORGANOS QUE LO IMPUGNAN SUSCITAN TRES PROBLEMAS DIFERENTES: EL RELATIVO A AQUELLOS SUPUESTOS QUE SEGUN EL PRECEPTO JUSTIFICAN LA REVERSION, EL REFERENTE A QUIEN ES EL LEGITIMADO PARA ADOPTAR DICHA DECISION Y, POR ULTIMO, EL QUE TOCA A LA REGLAMENTACION DEL CONSIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

EL ART. 50 CONTEMPLA DOS PRESUPUESTOS DE LA REVERSION NETAMENTE DIFERENTES. EL PRIMERO, CONSISTENTE EN QUE LOS BIENES NO SEAN UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES A LOS QUE SE ADSCRIBIERON, CORRESPONDEN AL SUPUESTO TIPICO DE LA CADUCIDAD DE UN TITULO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO; POR CONSIGUIENTE, ES LICITO QUE LO REGULE EL ESTADO, EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA PARA ESTABLECER EL REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO. EL SEGUNDO SUPUESTO, EL DE QUE LOS BIENES ADSCRITOS SEAN NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA O EL INTERES GENERAL, SEGUN LOS ARTS. 131 Y 149 DE LA CONSTITUCION, SE CORRESPONDE CON LA FIGURA DE LA SUPRESION DE UN TITULO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO. PUEDE SUSCITAR ALGUNA DUDA, EN RAZON DE SU AMBIGUEDAD, PERO NO ES INCONSTITUCIONAL, EN TANTO QUE NO ATRIBUYE UNA POTESTAD OMNIMODA, SINO UNA FACULTAD CUYO EJERCICIO DEBE SER JUSTIFICADO EN CADA CASO Y, EN CONSECUENCIA, SUSCEPTIBLE DE SER SOMETIDO A CONTROL JURISDICCIONAL EN CASO DE DISCREPANCIA.

CUESTION DISTINTA ES LA QUE SUSCITA EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA APRECIAR LA CONCURRENCIA DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Y ADOPTAR LA PERTINENTE DECISION DE REVERSION AL ESTADO. NINGUNA OBJECION PUEDE HACERSE, DESDE LA PERSPECTIVA COMPETENCIAL, A QUE LA DECLARACION DE REVERSION LA FORMULE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, EN LA MEDIDA EN QUE DICHA DECLARACION ES UNA MANIFESTACION DE SU TITULARIDAD SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO. NO OBSTANTE ESTO, LA DISTINTA NATURALEZA DE LOS MOTIVOS POSIBLES EN LA REVERSION IMPLICA TAMBIEN UNA SITUACION DISTINTA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL PROCEDIMIENTO. CUANDO EL MOTIVO EN CUESTION ES EL ULTIMO DE LOS INDICADOS (LA ACTIVIDAD ECONOMICA O EL INTERES GENERAL, DE ACUERDO CON LOS ARTS.

131 Y 149 DE LA CONSTITUCION), LA APRECIACION DE SU CONCURRENCIA ES SIN DUDA COMPETENCIA ESTATAL Y LA AUDIENCIA PREVIA DE LA COMUNIDAD AFECTADA, CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA LA FORMA EN LA QUE, REGLAMENTARIAMENTE, SE ARTICULE, ES SUFICIENTE, EN PRINCIPIO, PARA SALVAGUARDAR SUS COMPETENCIAS.

MAYORES DUDAS SUSCITA, POR EL CONTRARIO, LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO EN RELACION CON EL PRIMERO DE LOS SUPUESTOS QUE EN EL SE CONTEMPLAN, ESTO ES, EL DE QUE LOS TERRENOS NO SEAN UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES A LOS QUE SE ADSCRIBIERON, PUES SIENDO ESTOS FINES, POR DEFINICION, DE COMPETENCIA AUTONOMA, SOLO LA COMUNIDAD AUTONOMA EJERCE LA GESTION O, EN SU CASO, LA INSPECCION Y CONTROL DE LOS CORRESPONDIENTES SERVICIOS, DE MANERA QUE SU CRITERIO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS Y, EN CONSECUENCIA, SOBRE LA UTILIZACION DE LOS TERRENOS PARA LOS FINES A QUE FUERON ADSCRITOS TIENE UNA ESPECIAL RELEVANCIA. PESE A ELLO Y HABIDA CUENTA DE LA POSIBILIDAD QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA TIENE DE IMPUGNAR ANTE LA JURISDICCION COMPETENTE LA DECISION ESTATAL QUE SE APARTE DEL CRITERIO POR ELLA SOSTENIDO EN EL INFORME PRECEPTIVO, NO CABE CONSIDERAR CONTRARIO A LA CONSTITUCION EL PRECEPTO, SIN PERJUICIO DEL JUICIO QUE, EN SU CASO, HAYA DE HACERSE DE SU DESARROLLO REGLAMENTARIO.

E) AUTORIZACIONES. DISPOSICIONES GENERALES (ARTS. 51-55).

A) ART. 52.

LA IMPUGNACION DE ESTE PRECEPTO SE HACE, EN TODOS LOS CASOS, POR CONEXION CON EL ART. 34. DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE, ES CLARO QUE ESAS IMPUGNACIONES HAN SIDO ATENDIDAS Y QUE DEBE CONSIDERARSE NULA LA REFERENCIA QUE EN ESTE ART. 52 SE HACE A LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ART. 34.

B) ARTS. 53.1 Y 54.

UNA VEZ ESTABLECIDO QUE LAS AUTORIZACIONES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE UTILIZAN EL DEMANIO COSTERO CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, O POR MEDIO DE INSTALACIONES DESMONTABLES O BIENES MUEBLES (EL ART. 51.1 NO HA SIDO IMPUGNADO) CONSTITUYEN, LO MISMO QUE LAS CONCESIONES, MANIFESTACIONES DE LA TITULARIDAD DEL DOMINIO PUBLICO, NADA SE PUEDE REPROCHAR A QUE LAS OTORGUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, NI AL HECHO DE QUE SE EXPLICITE QUE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS ESTAN SUBORDINADOS A SU OBTENCION, PUES SIN DUDA TALES ACTIVIDADES REVISTEN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLICAN LA INTERVENCION AUTORIZATORIA.

QUEDA, PUES, POR EXAMINAR TAN SOLO LAS REGLAS SUSTANTIVAS QUE ENUNCIAN LOS ARTS. 53.1 Y 54 DE LA LEY DE COSTAS SOBRE EL OTORGAMIENTO PREFERENTE DE LAS AUTORIZACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS QUE LO SOLICITEN (ART. 53.1, INCISO 2) Y A LOS CONCESIONARIOS DE OBRAS PARA LA CREACION,

REGENERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS (ART. 54). ESTA ULTIMA REGLA ES UN ESTIMULO PARA QUIENES ASUMEN EL COMPROMISO DE CREAR, REGENERAR O ACONDICIONAR UNA PLAYA QUE SE JUSTIFICA COMO NORMA DE REGIMEN JURIDICO DEL DEMANIO EN CUANTO ANUDA UNA UTILIZACION LUCRATIVA Y OTRA QUE SE PROCURA FOMENTAR, CON EL PROPOSITO INEQUIVOCO DE REGENERAR Y RECUPERAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL DOMINIO PUBLICO.

LA PREFERENCIA EN FAVOR DE LOS AYUNTAMIENTOS NO ES INCONSTITUCIONAL. TANTO LA COMPETENCIA ESTATAL PARA ESTABLECER LAS BASES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, COMO, SOBRE TODO, LA NECESIDAD DE DOTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE EL ART. 115 DE LA PROPIA LEY LES IMPONE Y QUE DIMANAN DIRECTAMENTE DE LAS FACULTADES DOMINICALES PARA ASEGURAR LA LIBRE UTILIZACION DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE, OFRECEN BASE SUFICIENTE PARA NEGAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA NORMA. POR OTRA PARTE, ES CLARO QUE AUNQUE EL PRECEPTO SE REFIERE SOLO A LA SUJECION DE LAS AUTORIZACIONES A (UNA REFERENCIA QUE, EN CUANTO CONECTADA CON EL ART. 34 DEBE TENERSE POR NULA) LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION ESTATAL NO DISPENSA EN MODO ALGUNO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA QUE FORMEN PARTE EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA.

C) ARTICULO 55.

LA REVOCACION UNILATERAL DE AUTORIZACIONES QUE PREVE EL ART. 55 SUSCITA DOS CUESTIONES DIFERENTES: UNA, RELATIVA A LOS MOTIVOS QUE PUEDEN JUSTIFICAR TAL DECISION; OTRA, DERIVADA DE LA INSEGURIDAD JURIDICA QUE SEGUN ALGUNO DE LOS RECURRENTES CREA.

A') MOTIVOS DE REVOCACION:

NO PUEDE ACEPTARSE LA ALEGACION DE QUE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO SE EXPANDEN FUERA DEL AMBITO DE LA PROTECCION DEL BIEN DEMANIAL DE SU TITULARIDAD, AL HABILITARLA EL ART. 55.1 PARA REVOCAR UNILATERALMENTE UNA AUTORIZACION EN EL MOMENTO EN QUE APRECIE QUE LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE PRODUCEN DAÑOS EN EL DOMINIO PUBLICO, O MENOSCABAN SU USO PUBLICO, PUES ESTOS DOS ASPECTOS SON, PRECISAMENTE, LOS QUE FORMAN EL NERVIO DE SUS FACULTADES DEMANIALES. LOS OTROS DOS SUPUESTOS EN QUE SE PREVE LA RESOLUCION, EN CAMBIO, SUSCITAN MAS REPAROS.

LA REVOCACION DE UNA AUTORIZACION POR RESULTAR INCOMPATIBLE CON LA NORMATIVA APROBADA CON POSTERIORIDAD ES, EN SI, UNA PREVISION LEGAL QUE SE LIMITA A ESTABLECER EL REGIMEN DE LAS AUTORIZACIONES DEMANIALES, CUYA APROBACION NO SE HA DISCUTIDO AL LEGISLADOR ESTATAL. AHORA BIEN, SI LA NORMATIVA CUYA APROBACION DA LUGAR A LA REVOCACION DE LA AUTORIZACION DEBE SER EJECUTADA POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, AL MARGEN DE QUE VENGA ESTABLECIDO POR LEYES ESTATALES O AUTONOMICAS, SERA ESTA LA QUE HABRA DE RESOLVER SI SE DEBE O NO IMPEDIR QUE CONTINUE LA UTILIZACION AUTORIZADA EN SU DIA, DE MANERA QUE LA RESOLUCION DICTADA POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUEDA EN CIERTO SENTIDO VINCULADA POR LA RESOLUCION AUTONOMICA, DICTADA EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EJECUTIVAS SECTORIALES.

EL CUARTO Y ULTIMO SUPUESTO DE RESOLUCION ES EL DE QUE EL USO ESPECIAL AUTORIZADO IMPIDA LA UTILIZACION DE LA PERTENENCIA DEMANIAL PARA ACTIVIDADES DE MAYOR INTERES PUBLICO.

SIEMPRE QUE LOS DOS INTERESES PUBLICOS EN JUEGO, EL SERVIDO POR LA ACTIVIDAD QUE SE QUIERE SACRIFICAR Y EL SERVICIO POR LA ACTIVIDAD QUE SE QUIERE BENEFICIAR CON LA RESOLUCION, CAIGAN EN LA ORBITA DE LAS COMPETENCIAS DE EJECUCION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA LITORAL, ES CLARO QUE SERA ELLA LA ENCARGADA DE TOMAR LA INICIATIVA DE LA DECISION ESTATAL, QUE SOLO PODRA SER DENEGADA EN ATENCION A UNA FINALIDAD DE INTERES PUBLICO QUE ENTRE EN EL AMBITO DE LA COMPETENCIA ESTATAL Y HACIENDO USO, EN SU CASO, DE LO DISPUESTO EN EL ART. 180 DE LA LEY DEL SUELO, COMO YA DIJIMOS EN LA STC 56/1986.

B') PRECARIEDAD.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA ESTIMA QUE LA POSIBILIDAD DE QUE UNA NORMATIVA POSTERIOR DE LUGAR A LA RESOLUCION DE UNA AUTORIZACION, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN DERECHO A INDEMNIZACION, Y SIN LA PREVISION DE UN REGIMEN TRANSITORIO (DADA LA INSUFICIENCIA DEL APARTADO 2 DEL ART. 55) VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA RECONOCIDO EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. ESTA ALEGACION ES INATENDIBLE PUES ES CLARO QUE, ESTANDO ESTABLECIDA LA PRECARIEDAD DE LAS AUTORIZACIONES MEDIANTE UNA NORMA GENERAL Y PREVIA, CUYA APLICACION AL CASO CONCRETO PUEDE SER OBJETO DE CONTROL JURISDICCIONAL, NADA CABE OBJETAR AL PRECEPTO QUE EXAMINAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE LA COMUNIDAD RECURRENTE NOS PROPONE.

F) VERTIDOS (ARTS. 56-62).6

LAS IMPUGNACIONES DIRIGIDAS CONTRA LOS ARTS. QUE INTEGRAN LA SECCION 2. DEL CAPITULO CUARTO, QUE REGULA LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LIQUIDOS O SOLIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE SE MUEVEN EN TRES PLANOS DISTINTOS. DE UNA PARTE (SOLO ESTO IMPUGNAN LAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE GALICIA Y BALEARES) SE OBJETA LA REFERENCIA QUE EL ART. 57.2 HACE A LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ART.

34. DE LA OTRA (DIVERSAS DEMANDAS DE MANERA MAS O MENOS INDIRECTA, PERO SOBRE TODO LA GENERALIDAD DE CATALUÑA), SE NIEGA LA COMPETENCIA ESTATAL PARA DICTARLAS, POR NO TRATARSE DE NORMAS BASICAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, DADO SU GRADO DE DETALLE Y POR INCLUIR TODOS LOS VERTIDOS, NO SOLO LOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES. POR ULTIMO, TODOS LOS RECURRENTES IMPUGNAN LA RESERVA A LA ADMINISTRACION ESTATAL DE LA FACULTAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS CUANDO ESTOS HAYAN DE HACERSE EN EL DOMINIO PUBLICO.

COMO ES OBVIO, EN LO QUE TOCA A LA REFERENCIA DEL ART.

57.2 A LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ART. 34, LAS DEMANDAS HAN DE SER ESTIMADAS, TENIENDOSE EN CONSECUENCIA POR NULA TAL REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS RAZONES YA ANTES EXPUESTAS. LA RESPUESTA A LAS IMPUGNACIONES CONTRA ESTA SECCION EN LOS OTROS DOS PLANOS REQUIERE, SIN EMBARGO, ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS, CUYA NECESIDAD RESULTA TANTO DE LA IMBRICACION EXISTENTE ENTRE LOS DOS TITULOS COMPETENCIALES QUE SE ADUCEN PARA SOSTENER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ESTATAL (LA COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO PARA EJECUTAR TANTO ESTA LEGISLACION COMO LA QUE EL ESTADO ESTABLEZCA SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES) COMO DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA COMPETENCIA EJECUTIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE VERTIDOS.

SOBRE EL ALCANCE DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA ESTABLECER LA LEGISLACION BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NO ES NECESARIO REITERAR AQUI LO YA DICHO EN EL PRIMERO DE LOS FUNDAMENTOS; SOBRE LA CORRELATIVA COMPETENCIA ASUMIDA POR LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESA MATERIA, SOLO HAY QUE RECORDAR QUE TODAS ELLAS, CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA LA COMPETENCIA NORMATIVA QUE EL RESPECTIVO ESTATUTO LES ATRIBUYE, SON COMPETENTES PARA EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. HECHA ESTA PRECISION, PODEMOS ENTRAR A ANALIZAR EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE VERTIDOS.

EN MATERIA DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES (SALVO CANTABRIA Y CANARIAS) HAN ASUMIDO COMPETENCIA PARA EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO. MAS PRECISAMENTE AUN, PARA EJECUTAR LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE LOS MENCIONADOS VERTIDOS EN LAS AGUAS TERRITORIALES CORRESPONDIENTES AL PROPIO LITORAL (ASI EA PAIS VASCO, ART. 12.10. ; EA CATALUÑA, ART. 11.10. ; EA GALICIA, ART. 29.4. ; EA ANDALUCIA, ART.

17.6. ; EA VALENCIA, ART. 33.9. , Y EA BALEARES, ART. 12.3. ). EN APARIENCIA EL SISTEMA DE DELIMITACIONES COMPETENCIALES, EN ESTE CASO, MAS SIMPLE QUE EN LO QUE TOCA A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, PUESTO QUE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE OSTENTAN LA COMPETENCIA LA TIENEN CON EL MISMO ALCANCE Y EN LOS MISMOS TERMINOS. LA SIMPLICIDAD ES, SIN EMBARGO, SOLO APARENTE Y LA CUESTION ES OSCURA Y COMPLEJA.

OSCURIDAD Y COMPLEJIDAD VIENEN, EN PRIMER LUGAR, DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA ATRIBUCION COMPETENCIAL A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PUESTO QUE DE ELLOS RESULTA QUE LA COMPETENCIA EJECUTIVA NO SE EXTIENDE A TODOS LOS VERTIDOS, SINO SOLO A LOS Y NO CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA EL LUGAR DE RECEPCION DE TALES VERTIDOS, SINO SOLO CUANDO ESTE SEA EL MAR TERRITORIAL (PAIS VASCO, CATALUÑA, GALICIA, ANDALUCIA Y VALENCIA) O INDISTINTAMENTE ESTE Y LAS (BALEARES). UNA INTERPRETACION ESTRICTA DEL PRECEPTO, COMO LA QUE ACOGE LA LEY OBLIGA A CONCLUIR QUE NO EXISTE COMPETENCIA AUTONOMICA ALGUNA SOBRE VERTIDOS CUANDO ESTOS NO TIENEN ORIGEN INDUSTRIAL Y SON INOCUOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLOGICO, NI SOBRE AQUELLOS, QUE AUN SIENDO INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, NO SE ARROJAN DIRECTAMENTE AL MAR TERRITORIAL (O, EN EL CASO BALEAR, A LAS AGUAS INTERIORES), DE MANERA QUE SOBRE TODOS ELLOS LA ADMINISTRACION CENTRAL HABIA RETENIDO LA PLENITUD DE SUS COMPETENCIAS. ESTA INTERPRETACION, AUNQUE POSIBLE ATENIENDOSE A LA LITERALIDAD DE LOS PRECEPTOS, NO ESTA EXENTA TAMPOCO DE DIFICULTADES (NI EL CONCEPTO DE TIENE UN CONTENIDO JURIDICO INEQUIVOCO NI PARECE RAZONABLE QUE UN VERTIDO DEJE DE SER COMPETENCIA ESTATAL PARA PASAR A SER COMPETENCIA AUTONOMICA CUANDO SE HACE MAS SUCIO, O VICEVERSA) Y CONDUCE, SOBRE TODO, A UNA SITUACION ABSURDA. ABSURDA NO SOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LOGICA INSTITUCIONAL SINO TAMBIEN DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO. EN ESTE ULTIMO AMBITO, EL ABSURDO SE ORIGINA EN LA ESTRECHA IMBRICACION EXISTENTE ENTRE ESTE TITULO COMPETENCIAL Y EL QUE ANTES HEMOS ANALIZADO, EN CUANTO TOCA A LA EJECUCION DE LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. COMO ES EVIDENTE, LAS MISMAS NORMAS SERAN INCARDINABLES EN UNO U OTRO TITULO SEGUN QUE SE LAS CONSIDERE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBJETO QUE REGULAN (EL VERTIDO) O DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN O EL RESULTADO QUE CON SU APLICAC

ION SE OBTIENE (LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) Y, EN CONSECUENCIA, LAS FACULTADES DE EJECUCION QUE SU APLICACION COMPORTE PODRAN SER AL MISMO TIEMPO RECONOCIDAS Y NEGADAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

PARA EVITAR ESTE ABSURDO NO CABE OTRA VIA QUE LA DE ENTENDER QUE LA COMPETENCIA ASUMIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES EN EL MAR TERRITORIAL NO ES MAS QUE UNA ESPECIFICACION DE LA COMPETENCIA MAS AMPLIA QUE TODAS ELLAS TIENEN PARA EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. ES CIERTO QUE ESTA INTERPRETACION HACE EN CIERTA MEDIDA REDUNDANTES LOS ENUNCIADOS ESTATUTARIOS RELATIVOS A VERTIDOS Y QUE INFRINGE ASI UNO DE LOS POSTULADOS HERMENEUTICOS MAS GENERALMENTE ACEPTADOS, PERO TAMBIEN ENTRE LOS PRINCIPIOS HERMENEUTICOS EXISTE UNA CIERTA JERARQUIA Y ES DIFICIL NO OTORGAR UN VALOR PREDOMINANTE AL QUE ORDENA PRESCINDIR DE AQUELLAS INTERPRETACIONES QUE CONDUCEN AL ABSURDO.

CABE AFIRMAR POR TANTO, PARA CONCLUIR, QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SON TAMBIEN COMPETENTES PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE EJECUCION QUE IMPLIQUEN LA APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE VERTIDOS, SEA CUAL FUERE EL GENERO DE ESTOS Y SU DESTINO.

UNA VEZ SENTADO LO ANTERIOR, ESTAMOS YA EN CONDICIONES DE ENTRAR EN EL ANALISIS DE LOS ARTICULOS IMPUGNADOS.

A) LOS ARTS. 56.1 Y 3; 57; 58; 59; 61, Y 62 SE IMPUGNAN, EN PRIMER LUGAR, SEGUN QUEDA DICHO, TANTO POR REFERIRSE A TODO GENERO DE VERTIDOS COMO POR EXCEDER SI SE LOS ENTIENDE COMO NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, DEL AMBITO DE LO QUE PUEDE SER CONSIDERADO COMO BASICO.

LA IMPUGNACION NO PUEDE SER ATENDIDA EN VIRTUD DE LAS RAZONES QUE ACABAMOS DE EXPONER. LA ADMISION DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA LA EJECUCION DE LA LEGISLACION EXISTENTE SOBRE TODO GENERO DE VERTIDOS SOLO EXISTE, DADO EL SILENCIO DE LOS ESTATUTOS EN LA MEDIDA EN LA QUE TAL NORMATIVA SEA ENCUADRADA, DE ACUERDO CON SU FINALIDAD, EN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y YA HEMOS OFRECIDO LOS ARGUMENTOS POR LOS QUE NO CABE CONSIDERAR QUE LAS NORMAS GENERALES Y ABSTRACTAS DICTADAS CON ESA FINALIDAD, SEA CUAL SEA SU GRADO DE DETALLE, EXCEDEN DE LA COMPETENCIA ESTATAL EN ESTA MATERIA. LOS ARTS. MENCIONADOS NO SON, POR LO TANTO, DESDE ESTE PUNTO DE VISTA Y EXCLUIDA SIEMPRE LA REFERENCIA QUE EL ART. 57.2 HACE A LAS NORMAS DICTADAS DE ACUERDO CON EL ART. 34, QUE DEBE REPUTARSE NULA, CONTRARIOS AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS.

B) LOS ARTS.

MENCIONADOS EN EL EPIGRAFE ANTERIOR, SALVO EL 56, SON IMPUGNADOS TAMBIEN POR ATRIBUIR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA COMPETENCIA PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS, SEA CUAL SEA EL GENERO DE ESTOS, UNA COMPETENCIA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS REIVINDICAN PARA SI MISMAS.

EN RAZON TAMBIEN DE LO ANTES EXPUESTO, NO CABE NEGAR LA TITULARIDAD AUTONOMICA DE LA COMPETENCIA REIVINDICADA, PUES EN LOS CORRESPONDIENTES ESTATUTOS, EN LA FORMA YA ANTES ANALIZADA, SE LES ATRIBUYE ESA COMPETENCIA CON MENCION EXPLICITA EN MUCHOS CASOS DE LOS VERTIDOS AL MAR TERRITORIAL. ES CLARO QUE PARA ALCANZAR ESTE LAS CONDUCCIONES DE VERTIDOS HABRAN DE ATRAVESAR EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y QUE PARA ELLO HABRAN DE OCUPARLO.

LA COMPETENCIA ESTATAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL OPORTUNO TITULO DE OCUPACION QUEDA, SIN EMBARGO, SALVADA POR LA PREVISION, CONTENIDA EN EL ART. 57.1, DE QUE EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES SE HARA . ESTA PREVISION, QUE PONE DE MANIFIESTO, TAMBIEN EN ESTE CASO, QUE LA EFICACIA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA SOLO PODRA ALCANZARSE MEDIANTE LA COORDINACION ENTRE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS, ES LA UNICA REFERENCIA INEQUIVOCA QUE EN LOS PRECEPTOS AHORA EN CONSIDERACION SE HACE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

EN TODOS ELLOS, EN EFECTO, SE HABLA SIEMPRE DE LA SIN PRECISAR CUAL SEA ESTA. ESTA INDEFINICION NO PRIVA CIERTAMENTE DE SENTIDO A LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA ESTOS ARTICULOS, PUES SU INTEGRACION CON LO DISPUESTO EN EL ART. 110 H), EN EL QUE INEQUIVOCAMENTE SE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA FACULTAD DE OTORGAR LA AUTORIZACION DE VERTIDOS, SALVO LOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, DESDE TIERRA AL MAR, NO ADMITE INTERPRETARLOS DE FORMA DISTINTA A LA HECHA POR LOS RECURRENTES. AUN ADMITIENDO LAS RAZONES DE ESTOS, LA LETRA DE ESTOS PRECEPTOS NO AUTORIZA NINGUNA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD NI ACONSEJA NINGUNA CONSIDERACION INTERPRETATIVA, PUES LOS RESULTADOS QUE CON ELLA PODRIAN ALCANZARSE SE OBTENDRAN DE MANERA MAS CLARA Y MAS SIMPLE AL LLEVAR EN SU MOMENTO AL PRONUNCIAMIENTO QUE HAYAMOS DE HACER SOBRE EL ART. 110 H), LAS CONSECUENCIAS DE LA DOCTRINA QUE QUEDA EXPUESTA.

G) CONCESIONES (ARTS. 64 A 72).

EL GOBIERNO VASCO ES EL UNICO RECURRENTE QUE IMPUGNA PRECEPTOS DEL CAPITULO V SOBRE CONCESIONES, AUNQUE LA TESIS QUE SUSTENTA ES SOSTENIDA TAMBIEN POR OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE CONCENTRAN SUS ATAQUES EN LAS LETAS B) Y C) DEL ART.

110, LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, 2, Y LOS ARTS. 52.1 Y 57.1. UNOS Y OTROS SOSTIENEN DOS TESIS SUPERPUESTAS: UNANIMEMENTE, LA DE QUE ES A LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, Y NO A LA ESTATAL, A LA QUE CORRESPONDE OTORGAR LAS CONCESIONES NECESARIAS PARA OCUPAR LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE CON OBRAS E INSTALACIONES NO DESMONTABLES, EN CONTRA DE LO AFIRMADO EN LOS ARTS. 64 Y 110 B) DE LA LEY DE COSTAS; FACULTAD DE OTORGAR A LA QUE IRIAN ANEJAS LAS DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE SU CLAUSULADO, QUE CONTEMPLA EL ART. 110 C); POR AÑADIDURA, EL GOBIERNO VASCO ATACA TAMBIEN DISTINTAS NORMAS SUSTANTIVAS REGULADORAS DE LAS CONCESIONES (LOS ARTS.

64, 67, 68 Y 71.3 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, 2), Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, LA PREVALENCIA GENERAL QUE ESTABLECE LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, 2. NOS OCUPAREMOS, EN PRIMER LUGAR, DE AQUELLA IMPUGNACION UNANIME QUE SE PUEDE CONSIDERAR CENTRADA EN EL ART. 64, PARA ESTUDIAR DESPUES, AQUI O MAS TARDE, LAS QUE SE DIRIGEN CONTRA ASPECTOS CONCRETOS DE LA REGULACION.

A) ARTICULO 64.

CON CARACTER PRELIMINAR, ES PRECISO DESTACAR QUE NINGUN RECURRENTE HA CUESTIONADO QUE LA LEY ESTATAL SUBORDINE LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO, MEDIANTE OBRAS O INSTALACIONES NO DESMONTABLES, A LA PREVIA OBTENCION DE UNA CONCESION. SOLO EL GOBIERNO VASCO IMPUGNA, COMO YA SE HA DICHO, EL ART. 64 DE LA LEY DE COSTAS Y LO HACE EXCLUSIVAMENTE EN SU ULTIMO INCISO, QUE SE REFIERE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. TAMPOCO SE HAN IMPUGNADO LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL REGIMEN SUSTANTIVO DE LA INSTITUCION CONCESIONAL (CAPS. QUINTO Y SEXTO), CON EXCEPCIONES NO POR IMPORTANTES MENOS SECUNDARIAS. POR CONSIGUIENTE, NUESTRO EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD PUEDE PARTIR DE LA PREMISA DE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDE LICITAMENTE ESTABLECER EL SISTEMA CONCESIONAL PARA INTERVENIR Y REGULAR LA UTILIZACION DE MAYOR INTENSIDAD DE PORCIONES DEMANIALES COSTERAS. Y QUE ESA COMPETENCIA ALCANZA A LA DEFINICION DE SU REGIMEN JURIDICO.

ESTE ULTIMO PUNTO ES DE INDUDABLE IMPORTANCIA. LA LEY DE COSTAS HA CONFIGURADO LA CONCESION DEMANIAL COMO TITULO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO, NO COMO MEDIDA DE INTERVENCION EN GARANTIA DE LAS LEYES SECTORIALES QUE RECAIGAN SOBRE LA ACTIVIDAD, LA OBRA O INCLUSO LA MISMA ZONA A LA QUE SE REFIERE LA CONCESION, Y EN SU ART. 65 RECUERDA QUE EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION DEMANIAL NO EXIME A SU TITULAR DE LA OBTENCION DE LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES QUE SEAN EXIGIBLES POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EN APLICACION DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIAS ESPECIFICAS COMO PUERTOS O VERTIDOS. LA ARTICULACION ENTRE UNAS Y OTRAS ES ABORDADA POR LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, QUE ESTABLECE ALGUNOS PRINCIPIOS SOBRE SU OTORGAMIENTO Y SU EFICACIA RECIPROCA.

ESTA CARACTERIZACION LEGAL DE LAS CONCESIONES DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE PERMITE AHUYENTAR LOS TEMORES DE INVASION COMPETENCIAL QUE FUNDAN LOS ALEGATOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES. EL ART. 64, AL ATRIBUIR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA FACULTAD DE OTORGAR EL DERECHO A OCUPAR BIENES DE DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE MEDIANTE CONCESION, NO HACE MAS QUE PERMITIR LA EXTERIORIZACION DE LA TITULARIDAD ESTATAL SOBRE TALES BIENES. ES LOGICO QUE, CONFORME A ESA TITULARIDAD, SE REQUIERA QUE EN EL CORRESPONDIENTE ACTO CONCESIONAL QUEDE CONSTANCIA DE CUAL ES LA CONCRETA ACTIVIDAD O UTILIZACION CONSENTIDA, COMO SE DEBE PRESERVAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL BIEN, SU VINCULACION GENERAL AL INTERES PUBLICO, Y CUALES SON LAS CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS POR SU APROVECHAMIENTO (COMO CONTEMPLA EN LINEAS GENERALES EL ART. 76 DE LA LEY DE COSTAS, NO IMPUGNADO).

ES OBVIO, POR TANTO, QUE A TRAVES DE LA CONCESION DEMANIAL LA ADMINISTRACION DEL ESTADO HACE VALER, EXCLUSIVAMENTE, SU CONDICION DE DOMINUS DE LAS COSTAS, Y QUE EN CONSECUENCIA, EN CUANTO ACTO DE INTERVENCION FUNDADO EN LA TITULARIDAD DEMANIAL, LA FUERZA EXPANSIVA DE LA INSTITUCION CONCESIONAL QUEDA LIMITADA EN EL PLANO CONSTITUCIONAL POR EL ORDEN DE COMPETENCIAS CONSUSTANCIAL AL ESTADO AUTONOMICO. SIN DUDA ESTO NO IMPIDE QUE, COMO HASTA AHORA, OTRAS LEYES ESTATALES (O LA MISMA LEY DE COSTAS, EN AQUELLOS DE SUS PRECEPTOS QUE NO SON ESTRICTAMENTE DEMANIALES) SE VALGAN DE LA CONCESION DEL DOMINIO PUBLICO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DISPOSICIONES, PERO SI QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PUEDA EJERCER SU FACULTAD DE CONCESION DEMANIAL PARA INTERFERIR O PERTURBAR EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN AQUELLOS AMBITOS MATERIALES SOBRE LOS QUE OSTENTAN COMPETENCIA DE EJECUCION, DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS QUE EXPUSO LA STC 77/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

NO ES ASI INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LA POTESTAD DE OTORGAR EL DERECHO A DETERMINADOS USOS DEL DEMANIO MARITIMO-TERRESTRE MEDIANTE CONCESIONES. ESTA CONCLUSION OBLIGA A DESECHAR LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA EL ART. 64 DE LA LEY DE COSTAS.

B) ARTICULO 67.

EL CONTENIDO PROPIO DEL ART. 67 ES EN GENERAL INOCUO DESDE LA OPTICA DE LA DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL PODER PUBLICO.

LOS REQUISITOS DE INFORMACION PUBLICA Y OFERTA DE CONDICIONES, ASI COMO LA EXIGENCIA DE ACEPTACION POR PARTE DEL PETICIONARIO Y LAS CONSECUENCIAS DE SU EVENTUAL IMPUGNACION, SON SIMPLES REGLAS DEL REGIMEN JURIDICO PROPIO DE LA TECNICA CONCESIONAL. LAS UNICAS DUDAS LAS SUSCITA LA CONFIGURACION DE LA POTESTAD ESTATAL DE OTORGAMIENTO DE LA CONCESION DEMANIAL COMO DISCRECIONAL. ESTA NOTA, TRADICIONAL EN LA REGULACION DE LA FIGURA, Y EN SI MISMA INOBJETABLE, REQUIERE ALGUNA MATIZACION EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE LA CONCESION SE SOLICITA PARA UN PROYECTO ENCUADRADO EN UNA MATERIA DE COMPETENCIA AUTONOMICA Y QUE HA RECIBIDO EL BENEPLACITO DE LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD. POR LAS RAZONES EXPUESTAS AL ANALIZAR EL ART. 35.2, LA ADMINISTRACION DEL ESTADO SOLO PODRA DENEGAR, EN TAL CASO, EL OTORGAMIENTO DE LA PRECEPTIVA CONCESION DEMANIAL EXPONIENDO MOTIVADAMENTE LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LOS HECHOS DETERMINANTES DE TAL DECISION, QUE SOLO SERAN LICITOS EN LA MEDIDA EN QUE SE DIRIJAN A EVITAR LA DEGRADACION O LA EXPOLIACION DEL DEMANIO COSTERO, O SE ENCUADREN EN MATERIAS EN LAS QUE EL ESTADO OSTENTA UNA COMPETENCIA PROPIA.

C) ARTICULO 68.

EL ART. 68 DE LA LEY PREVE LA POSIBILIDAD DE QUE EL ACTO CONCESIONAL IMPLIQUE LA DECISION DE UTILIDAD PUBLICA A EFECTOS DE EXPROPIACION FORZOSA, U OCUPACION TEMPORAL, DE LOS BIENES O DERECHOS AFECTADOS POR EL OBJETO DE LA CONCESION ESTATAL.

ESTA PREVISION SE PROYECTA TANTO SOBRE LA FRANJA DEMANIAL, EN LA QUE AFECTARA A LOS DERECHOS DE LOS CONCESIONARIOS PREEXISTENTES, COMO SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PUBLICO, EN DONDE AFECTARA A LOS DERECHOS DE SUS PROPIETARIOS. SIMULTANEAMENTE, EL MISMO ART. 68 ATRIBUYE LA DECLARACION AL DEPARTAMENTO MINISTERIAL COMPETENTE.

DE LA DOCTRINA EXPUESTA EN LA STC 37/1987 (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ) SE DESPRENDEN VARIOS CRITERIOS QUE PERMITEN ANALIZAR LA IMPUGNACION FORMULADA POR EL GOBIERNO VASCO: 1) LA LEGISLACION SOBRE EXPROPIACION FORZOSA ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, POR IMPERATIVO DEL NUMERO 18 DEL ART. 149.1 C.E.; 2) LA EXPROPIACION FORZOSA ES UN INSTRUMENTO PUESTO A DISPOSICION DEL PODER PUBLICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 13) QUE OBVIAMENTE HAN DE SER FINES DE SU COMPETENCIA, Y 3) LA DEFINICION DE LA CONCRETA CAUSA EXPROPIANDI , ADEMAS DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS EXPROPIATORIAS, SON FACULTADES QUE NO PUEDEN DISOCIARSE DE LAS QUE CORRESPONDAN AL PODER PUBLICO QUE DISPONE DE POTESTAD EXPROPIATORIA PARA LA DETERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS DIFERENTES POLITICAS SECTORIALES.

DE AQUI SE DESPRENDE LA CONCLUSION DE QUE LA DECISION DE ANUDAR AL ACTO CONCESIONAL LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA CORRESPONDERA YA A LA COMUNIDAD AUTONOMA, YA AL ESTADO, SEGUN CUAL SEA EL AMBITO COMPETENCIAL EN EL QUE SE ENCUADREN LA OBRA O LA INSTALACION PARA LA QUE SE SOLICITA LA CONCESION DEMANIAL, AUNQUE, COMO ES OBVIO, LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA, POSTULADA POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, COMO LA CONCESION MISMA, PODRA SER DENEGADA CUANDO LA EXPROPIACION O LA OCUPACION TEMPORAL HUBIERA DE RECAER SOBRE OBRAS O INSTALACIONES DE COMPETENCIA PLENA DEL ESTADO, POR RAZON DE TITULOS COMPETENCIALES PROPIOS, O CREARAN UN PELIGRO GRAVE PARA LA INTEGRIDAD FISICA O JURIDICA DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE. EN ESTOS SUPUESTOS, COMO EN MUCHOS OTROS QUE APARECEN DISPERSOS POR TODA ESTA LEY, RESULTA PALPABLE LA NECESIDAD INELUDIBLE DE ALCANZAR UNA COLABORACION, E INCLUSO CONCERTACION ENTRE LAS DOS ADMINISTRACIONES, COMO ES NORMAL CUANDO SOBRE EL MISMO MEDIO FISICO COINCIDEN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA EN EJERCICIO DE TITULOS COMPETENCIALES DISTINTOS (STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 20.E)).

D) ARTICULO 71.

LA DOCTRINA QUE ACABAMOS DE EXPONER OFRECE TAMBIEN SOLUCION PARA LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA EL ART. 71.3 DE LA LEY DE COSTAS, QUE ATRIBUYE AL DEPARTAMENTO MINISTERIAL CONCEDENTE LA FACULTAD DE DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA EL RESCATE DE UNA CONCESION, INCLUSO, EN SU CASO, CON DECLARACION DE URGENCIA.

QUE EL RESCATE DE UNA CONCESION DE DOMINIO PUBLICO SOBRE BIENES COSTEROS QUEDE SUPEDITADA A UNA EXPRESA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA HECHA POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO NO SUSCITA PROBLEMA ALGUNO, HABIDA CUENTA DE LA TITULARIDAD ESTATAL DEL DEMANIO. LO MISMO CABE DECIR DE LA PREVISION LEGAL QUE PERMITE AÑADIR UNA DECLARACION DE URGENCIA, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN, DE ACUERDO CON EL ART. 52 DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA.

CUANDO EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION SE HUBIESE HECHO DE ACUERDO CON PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y APROBADOS POR ESTA, LA DECLARACION DE LA UTILIDAD PUBLICA DE SU RESCATE SOLO PODRA HACERSE, EXCLUIDOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE TAL DECLARACION SE HACE PARA ATENDER FINES QUE SON DE LA COMPETENCIA ESTATAL O PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DEL DEMANIO, POR INICIATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA COMPETENTE RATIONE MATERIAE . INTERPRETADO EN ESTOS TERMINOS, EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS.

E) ARTICULO 79.1 K).

SU IMPUGNACION NO SE APOYA EN ARGUMENTACION ESPECIFICA ALGUNA, POR LO QUE NO PROCEDE CONSIDERARLA.

5. TITULO IV.

DENTRO DEL TITULO IV DE LA LEY, QUE REGULA EL REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, SE HAN IMPUGNADO LOS ARTS.

84.1, 85.3, 86 Y 87.

LOS MOTIVOS DE LA IMPUGNACION DE ESTOS PRECEPTOS ENLAZAN EN TODOS LOS CASOS CON LA REIVINDICACION COMPETENCIAL QUE YA EN RELACION CON ARTICULOS ANTERIORES SE HA ANALIZADO. PESE A ELLO Y COMO SE VERA EN LO QUE SIGUE, NO PUEDE TRASLADARSE A ESTE PUNTO SIN MAS, EN TODOS LOS CASOS, LA RESPUESTA QUE ALLI HEMOS DADO, PUES EN CUANTO QUE TAL RESPUESTA ALTERA, EN ALGUNO, LA SOLUCION PREVISTA EN LA LEY, LA LOGICA INTERNA DE ESTA QUEDARIA ROTA MEDIANTE LA TRASLACION PURA Y SIMPLE. PARA MANTENERLA RESULTA INDISPENSABLE POR ELLO HACER UNA DECLARACION INTERPRETATIVA QUE PERMITE MANTENER EL PRECEPTO EN TANTO QUE EL LEGISLADOR NO LO SUSTITUYA CON UNA FORMULA QUE DE MANERA MAS CLARA Y POR ESO MAS FACILMENTE APLICABLE, ACOMODE LA LEY A LAS EXIGENCIAS QUE DERIVAN DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

A) ARTICULO 84.

EL ART. 84.1 ESTABLECE UN CANON QUE GRAVA A TODA OCUPACION O APROVECHAMIENTO DEL DEMANIO COSTERO QUE SE LLEVE A CABO EN VIRTUD DE UNA CONCESION O AUTORIZACION. EL CANON SE DEVENGA A FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, SIN PERJUICIO DE LOS QUE SEAN EXIGIBLES POR LA ADMINISTRACION OTORGANTE. ES INDUDABLE QUE ESTE CANON DEMANIAL RECAE TAMBIEN SOBRE AQUELLAS OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PERMITAN, MEDIANTE LAS CONCESIONES O AUTORIZACIONES PERTINENTES, SOBRE LAS PORCIONES DEMANIALES ADSCRITAS PARA LAS VIAS DE COMUNICACION O LOS PUERTOS DE SU COMPETENCIA. PERO NINGUNA DE LAS RAZONES EXPUESTAS POR LA JUNTA DE GALICIA Y POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE BALEARES LLEVA A CONCLUIR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA NORMA.

EL PRESUPUESTO O HECHO IMPONIBLE DE ESTA EXACCION ES LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, NO LA REALIZACION POR LA ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ADJUDICAR LA CONCESION O LA AUTORIZACION QUE HACE POSIBLE DICHA UTILIZACION, PUES ESTAS ACTIVIDADES DARAN LUGAR, EN SU CASO, A TASAS COMO LAS PREVISTAS POR EL ART. 86, QUE EXAMINAREMOS LUEGO. DE AQUI SE DESPRENDE QUE ES INDIFERENTE, AL VALORAR EL CANON QUE ESTABLECE EL ART. 84.1, QUE SEA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO O LA DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA QUIEN EXPIDA EL TITULO ADMINISTRATIVO QUE PERMITE LA OCUPACION O EL APROVECHAMIENTO GRAVADOS. LO DETERMINANTE ES QUE ES EL ESTADO QUIEN OSTENTA LA TITULARIDAD DEL DOMINIO PUBLICO POR CUYA UTILIZACION SE EXIGE EL CANON. COMO YA DIJIMOS EN LA STC 227/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 28), ES POR ESTO AL LEGISLADOR ESTATAL A QUIEN CORRESPONDE ESTABLECER EL CANON DEMANIAL EN CUESTION.

NO SE DESNATURALIZA ASI LA FIGURA DE LA ADSCRIPCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTATAL A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PUES TAL ADSCRIPCION NO ALTERA LA TITULARIDAD DISPUESTA POR EL ART. 132.2 C.E. EN FAVOR DEL ESTADO, COMO SEÑALA EXPRESAMENTE EL ART. 49.1 DE LA LEY DE COSTAS. TAMPOCO IMPLICA ESTE CANON UN GRAVAMEN EN FAVOR DEL ESTADO SOBRE LOS BIENES USADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, PORQUE EL APARTADO 6 DEL MISMO ART. 84 LO EXCLUYE EXPRESAMENTE, NI SU EXISTENCIA PERMITE SOSTENER QUE SE HA INFRINGIDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSAGRADO POR EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, PORQUE DE ESTE PRECEPTO NO DIMANA DERECHO ALGUNO QUE PUEDA SER INVOCADO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE NO SON CIUDADANOS, SINO PARTES DEL ESTADO DOTADAS DE LAS POTESTADES QUE LES CONCEDE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA.

FINALMENTE, EN EL ART. 84.1 NO HAY VESTIGIO ALGUNO DE LA DOBLE IMPOSICION QUE PROHIBE EL ART. 6.2 DE LA LOFCA. YA DECLARAMOS EN NUESTRA SENTENCIA 37/1987 (FUNDAMENTO JURIDICO 14), EN RELACION CON UNA NORMA ANALOGA, QUE EL LEGISLADOR PUEDE SELECCIONAR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS QUE DEN LUGAR A OTROS TANTOS HECHOS IMPONIBLES, DETERMINANTES A SU VEZ DE FIGURAS TRIBUTARIAS DIFERENTES. ASI PUES, LA PREVISION DE QUE EL CANON POR OCUPACION DEL DEMANIO COSTERO PUEDE COEXISTIR CON TASAS U OTROS TRIBUTOS EXIGIBLES POR LA ADMINISTRACION OTORGANTE DE LA CONCESION O AUTORIZACION NO SUSCITA EN SI CUESTION ALGUNA.

B) ARTICULO 85.

EL ART.

85.3 HA SIDO IMPUGNADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA, EN RELACION CON LOS ARTS. 56 Y 57, POR CUANTO QUE, AL PREVER ESTOS (A SU VEZ POR SU CONEXION CON EL ART. 110 H) COMO YA VIMOS), QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS, ATRIBUYE TAMBIEN A ESTA LA PERCEPCION DEL CANON POR ESTE CONCEPTO. LA COMUNIDAD AUTONOMA COMBATE TAL ATRIBUCION POR ENTENDER QUE ES A ELLA A LA QUE CORRESPONDE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE VERTIDOS.

PARA ANALIZAR EL MERITO DE LA IMPUGNACION NO HEMOS DE FUNDARNOS EN EL HECHO DE QUE, COMO YA INDICAMOS, EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA NO OTORGA A ESTA COMUNIDAD COMPETENCIA ESPECIFICA SOBRE VERTIDOS, QUE HEMOS CONSIDERADO INCLUIDA EN LA MAS GENERICA DE GESTION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, QUE SI LE HA SIDO ATRIBUIDA (ART. 24 A)). TAM

POCO PODEMOS RESOLVER, SIN EMBARGO, MEDIANTE LA TRANSPOSICION MECANICA DE LA DOCTRINA QUE RESPECTO DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN RELACION CON LOS VERTIDOS, FUESE CUAL FUESE SU NATURALEZA, HEMOS ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD, DE MANERA QUE, ESTIMANDOLA, DECLAREMOS QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA LA PERCEPCION DEL CANON POR LA AUTORIZACION DE VERTIDOS, UNA DECLARACION QUE, POR LO DEMAS, EN NADA ALTERA EL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO QUE SE REFIERE SOLO A .

ESA IMPOSIBILIDAD

C) ARTICULOS 86 Y 87.

EL PROBLEMA QUE SE SUSCITA RESPECTO DE LOS ARTS. 86 Y 87 SE ORIGINA EN LA AMBIGUEDAD DE SU REDACCION QUE ATRIBUYE A A SECAS, LA PERCEPCION DE LAS TASAS QUE REGULA. ESTA AMBIGUEDAD HA DADO LUGAR A QUE SEA IMPUGNADO POR RAZONES DIAMETRALMENTE OPUESTAS: EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, POR INTERFERIR SU COMPETENCIA PARA IMPONER Y EXIGIR TASAS POR SUS SERVICIOS PROPIOS, AUN CUANDO SE PRESTEN SOBRE EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE POR ENTENDER QUE LAS TASAS PREVISTAS POR LA LEY ABARCAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION AUTOMICA; POR EL CONTRARIO, EL GOBIERNO VALENCIANO ESTIMA QUE EL ART. 86 ES INCONSTITUCIONAL POR NO EXPRESAR QUE LAS TASAS HAN DE SER PERCIBIDAS POR LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, CUANDO SEA ESTA Y NO LA DEL ESTADO LA QUE RESULTE COMPETENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD QUE LA ORIGINA.

HAY QUE DAR LA RAZON AL ABOGADO DEL ESTADO, CUANDO AFIRMA QUE ESTOS PRECEPTOS DEBEN SER INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y DE LAS NORMAS QUE FORMAN LA ARQUITECTURA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, PUES EL PRINCIPIO DE SUJECION DE LOS PODERES PUBLICOS AL ORDENAMIENTO JURIDICO (ART. 9.1 C.E.) IMPONE (STC 77/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ).

LOS ARTS. 86 Y 87 ESTABLECEN UNAS TASAS, QUE CUBREN LOS COSTES DIRECTAMENTE IMPUTABLES A LA PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PERCEPTORA. ESTOS INCLUYEN EL EXAMEN DEL PROYECTO EN LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, EL REPLANTEO Y LA INSPECCION DE OTRAS, LA PRACTICA DE DESLINDES Y OTRAS ACTUACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, Y LA APORTACION DE ESTUDIOS Y COPIAS DE DOCUMENTOS, SIEMPRE A INSTANCIA DE LOS INTERESADOS. EL PRINCIPIO DE QUE LA COMPETENCIA PARA CREAR TASAS POR SERVICIOS DERIVA NECESARIAMENTE DE LA QUE SE OSTENTA PARA CREAR LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES (STC 37/1981, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ) Y EL MANDATO EXPRESO DE LA LOFCA, CUYOS ARTS. 7.1 Y 17 DISPONEN QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESTABLECERAN Y REGULARAN LAS TASAS POR PRESTAR SUS PROPIOS SERVICIOS PUBLICOS, FUERZAN A ENTENDER QUE LA NORMA QUE CONTIENEN LOS ARTS. 86 Y 87 SOLAMENTE PUEDE ENTENDERSE REFERIDA A ACTIVIDADES QUE SEAN DE COMPETENCIA ESTATAL.

CONTRA LO QUE OPINA LA GENERALIDAD DE VALENCIA, LAS TASAS QUE RECAUDEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMO CONTRAPRESTACION DE SU INTERVENCION SERAN LAS FIJADAS EN SUS PROPIAS LEYES, NO LAS PREVISTAS POR LA LEY DE COSTAS.

EN CONCLUSION, PUES, LOS ARTS. 86 Y 87 SON CONSTITUCIONALES UNA VEZ ENTENDIDO QUE LAS TASAS ALLI ESTABLECIDAS GRAVAN ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION ESTATAL.

6. TITULO V.

EL TITULO V DE LA LEY REGULA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS POR LOS ORGANOS AUTONOMICOS QUE LO RECURREN PUEDEN SER AGRUPADAS EN TRES CLASES: LAS DIRIGIDAS CONTRA LOS ARTS. 90 Y 91, LAS QUE TIENEN POR OBJETO EL ART. 93 C) Y, POR ULTIMO, LAS QUE COMBATEN EL ART. 101.2. EL PRIMER GRUPO ES EL MAS NUTRIDO. LA JUNTA DE GALICIA, EL GOBIERNO VASCO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA OBJETAN DIVERSOS PARRAFOS DEL ART. 90, QUE TIPIFICA DETERMINADAS CONDUCTAS COMO INFRACCIONES SUJETAS A LAS SANCIONES QUE PREVE EL ART. 97, Y QUE SON CLASIFICADAS EN GRAVES Y LEVES EN EL ART. 91. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD ATACA TAMBIEN VARIOS PARRAFOS DEL ART. 91.2 QUE CLASIFICAN COMO GRAVES DISTINTAS INFRACCIONES.

A) ARTICULOS 90 Y 91.

LAS IMPUGNACIONES DIRIGIDAS CONTRA ESTOS ARTICULOS NO SE BASAN EN LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA EJECUTIVA ALGUNA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE LOS RECURRENTES JUZGUEN INVASOR DE LA PROPIA, PUES DE HECHO NO HAY TAL ATRIBUCION Y COMO EVIDENCIA, LA CONEXION EXISTENTE ENTRE ESTOS PRECEPTOS Y EL ART.

99 DE LA PROPIA LEY, ESTA PREVE QUE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA LAS FALTAS QUE AQUELLOS PRECEPTOS DEFINEN Y CLASIFICAN SEAN IMPUESTAS POR LA ADMINISTRACION COMPETENTE EN CADA CASO. LA RAZON DE LA IMPUGNACION ESTA POR ESO EN QUE LOS RECURRENTES NIEGAN QUE EXISTA COMPETENCIA ESTATAL PARA TIPIFICAR Y CLASIFICAR ESTAS FALTAS PORQUE LAS MISMAS HACEN RELACION A CONDUCTAS QUE SE DESARROLLAN EN UN ESPACIO, EL DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE, EN EL QUE ES COMPETENCIA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA LA EJECUCION DE LAS NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, O DE LA LEGISLACION SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, QUE SON LOS SECTORES MATERIALES EN LOS QUE CABE ENCUADRAR AQUELLAS NORMAS CUYA INFRACCION SE DEFINE AHORA COMO FALTA.

LOS TERMINOS EN LOS QUE LA IMPUGNACION SE PLANTEA OBLIGAN A RECHAZARLA. ASEGURADO COMO ESTA EN LA PROPIA LEY EL RESPETO A LAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO SE ADVIERTE, EN EFECTO, RAZON ALGUNA PARA DECLARAR LA INSCONSTITUCIONALIDAD DE ESTAS NORMAS POR INVADIR LA COMPETENCIA AUTONOMICA. ES CIERTO QUE NO SE HACE OBJECION ALGUNA FRENTE A AQUELLOS PARRAFOS EN LOS QUE LA CONDUCTA TIPIFICADA SE DESARROLLA EN EL DOMINIO PUBICO MARITIMO-TERRESTRE O INCIDE DIRECTAMENTE SOBRE EL (ASI LOS SEÑALADOS CON LAS LETRAS A), B), D) Y H), E INCLUSO, EN CIERTO SENTIDO, EL PRIMER INCISO DE LOS PARRAFOS E) Y F)), DE MANERA QUE NO SE CUESTIONA LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA REGULAR SU PROPIA ACTUACION COMO TITULAR DEL DEMANIO Y LA IMPUGNACION SE LIMITA A COMBATIR LA NORMATIVA ESTATAL EN CUANTO AFECTA A LA ZONA DE SERVIDUMBRE. AUN ASI LIMITADO EL ALCANCE DE LA PRETENSION DE LOS RECURRENTES, ESTA NO PUEDE SER ACEPTADA, SEGUN YA HEMOS DICHO. COMO COMPLEMENTO NECESARIO DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE LAS NORMAS AHORA ANALIZADAS, QUE NO SON EN RIGOR SINO PARTE DE LAS NORMAS QUE ENUNCIAN LOS DEBERES Y OBLIGACIONES CUYO INCUMPLIMIENTO SE TIPIFICA COMO FALTA, NO PUEDEN SER TACHADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES ES INCONTESTABLE QUE CORRESPONDE AL ESTADO, COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA, LA DE DICTARLAS EN LOS AMPLIOS TERMINOS QUE YA EXPUSIMOS EN EL FUNDAMENTO 4 F).

DE OTRA PARTE, Y COMO ES EVIDENTE, LAS NOMAS QUE ANALIZAMOS NO SOLO NO NIEGAN LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA DICTAR NORMAS EN SU DESARROLLO, FACULTAD QUE, COMO YA DECLARAMOS EN SSTC 87/1985 Y 227/1988 IMPLICA TAMBIEN LA DE PREVER SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SINO QUE EN RIGOR EL EJERCICIO DE ESTA FACULTAD ESTA POSTULADO POR LA MISMA LEY DE COSTAS AL LIMITARSE A SEÑALAR (ART. 99.3) UN LIMITE MAXIMO A LA CUANTIA DE LAS MULTAS A IMPONER POR LOS ORGANOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN PRECISAR CUALES HAN DE SER ESTOS Y HASTA QUE LIMITE PODRIA UTILIZAR CADA UNO DE ELLOS, EN SU CASO, ESTA FACULTAD SANCIONADORA. ES VERDAD QUE ESE LIMITE UNICO HACE REFERENCIA EXCLUSIVAMENTE A LAS SANCIONES POR INFRACCION DE LAS NORMAS SOBRE VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, UNICA MATERIA EN LA QUE LA LEY DE COSTAS (ART. 110 H)) RECONOCE UNA COMPETENCIA PROPIA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PERO EL REPROCHE QUE DE ACUERDO CON LA DOCTRINA DE LA PRESENTE SENTENCIA CABE HACER A ESE ENUNCIADO LIMITATIVO, NO ES RESULTADO DE LOS TERMINOS EN LOS QUE ESTA REDACTADO NI PODRIA SUBSANARSE MEDIANTE UNA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN LA MEDIDA EN LA QUE, DE ACUERDO CON DICHA DOCTRINA HAN DE RECONOCERSE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS UNA MAYOR AMPLITUD DE FACULTADES EJECUTIVAS, DERIVADA DE LA COMPETENCIA QUE OSTENTAN PARA LA EJECUCION SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, A LO SUMO PODRA ADVERTIRSE EN ESE ENUNCIADO UNA INSUFICIENCIA, UNA LAGUNA, QUE NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO.

CONVIENE ADVERTIR, POR ULTIMO, QUE SIENDO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LITORALES LAS COMPETENTES PARA EJECUTAR LAS NORMAS SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE HABRAN DE SER ELLAS, EN PRINCIPIO, LAS ENCARGADAS DE PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS FALTAS COMETIDAS EN LAS ZONAS DE SIRVIDUMBRE E INFLUENCIA, AUNQUE PUEDAN SERLO TAMBIEN DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CUANDO LA CONDUCTA INFRACTORA ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD DEL DEMANIO O EL MANTENIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES DE TRANSITO Y ACCESO QUE GARANTIZAN SU LIBRE USO. EN GENERAL, SEA CUAL SEA LA ADMINISTRACION COMPETENTE, NO PUEDEN LAS RESTANTES PERMANENER PASIVAS, DADOS LOS TERMINOS GENERALES DEL ART. 101, QUE OBLIGA A TODAS LAS ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS CONFLUYENTES SOBRE LAS COSTAS (ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCALES) A EFECTUAR LAS COMPROBACIONES NECESARIAS, Y A TRAMITAR TODAS LAS DENUNCIAS QUE RECIBAN, SIN PERJUICIO DE DIRIGIRSE (MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA, EN SU CASO) A LAS AUTORIDADES QUE ESTIMEN COMPETENTES PARA IMPONER LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

NINGUNA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE OPONERSE, EN CONSECUENCIA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ESTOS RECURSOS A LOS ARTS. 90 Y 91.

B) ARTICULO 93.

LA COMPETENCIA QUE OSTENTA EL ESTADO PARA REGULAR LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CONLLEVA, INELUDIBLEMENTE, LA POTESTAD PARA ESTABLECER QUIENES HAN DE RESPONDER POR ELLAS, TAL Y COMO CONTEMPLA EL ART. 93. EN NADA OBSTA A DICHA AFIRMACION QUE LA LEY PREVEA QUE, CUANDO LAS INFRACCIONES DERIVEN DEL OTORGAMIENTO DE TITULOS ADMINISTRATIVOS CONTRARIOS A LO ESTABLECIDO EN ELLA, RESULTEN IGUALMENTE RESPONSABLES LOS FUNCIONARIOS Y LAS AUTORIDADES A QUIENES RESULTE IMPUTABLES DICHO OTORGAMIENTO, EN LOS TERMINOS QUE DETALLA EL APARTADO C) DE ESTE ART. 93.

LA PROTECCION MAS EFICAZ DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE QUE, SIN DUDA, BUSCA ESTE PRECEPTO ES ASUNTO DE LA INCUMBENCIA DEL LEGISLADOR ESTATAL CONTRA LO QUE AFIRMA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. Y EL QUE LO DIPUESTO EN LA NORMA ATAÑA A AUTORIDADES Y A FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE CUALQUIER ADMINISTRACION PUBLICA, Y NO SOLO A LAS ENGLOBADAS E LA ESFERA ESTATAL, RESULTA INDIFERENTE. NO ES PRECISO ACUDIR A LAS COMPETENCIAS QUE AL ESTADO RESERVA EL NUM. 18 DEL ART. 149.1 C.E., COMO APUNTA SU ABOGADO A MAYOR ABUNDAMIENTO, PUES ES SUFICIENTE CON CONSTATAR QUE LAS NORMAS POR CUYO CUMPLIMIENTO VELA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, LOS PARRAFOS 1. Y 2. DE ESTE ART. 93 C) CAEN DENTRO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO, QUE NO ENCUENTRA MAS LIMITES A SU LIBERTAD DE CONFIGURACION QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS SUSTANTIVOS QUE PROCLAMA EL TEXTO CONSTITUCIONAL (STC 76/1990, FUNDAMENTO JURIDICO 5.

).

C) ARTICULO 101.

LA FACULTAD QUE EL ART. 101.2 OTORGA A LOS FUNCIONARIOS Y AGENTES DE LA ADMINISTRACION PARA ACCEDER A LOS TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN QUE HUBIEREN DE REALIZARSE LAS COMPROBACIONES Y ACTUACIONES PRECISAS PARA HACER GUARDAR LO DIPUESTO EN LA LEY DE COSTAS ES EN SI MISMA CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA. EL REPARO FORMULADO POR EL GOBIERNO CANTABRO, POR ESTIMAR QUE ESTE PRECEPTO CONCULCA LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO QUE RECONOCE EL ART. 18.2 C.E., SE SUSTENTA EN UNA INTERPRETACION DESMESURADA DE LO EN EL DISPUESTO, PUES NADA HAY EN SU TEXTO QUE REGULE EL MODO Y MANERA EN QUE DEBE SER EJERCIDA LA FACULTAD QUE OTORGA, CUYA ACTUACION DEBERA ATEMPERARSE COMO ES OBVIO AL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ART. 18.2 C.E.

ES CIERTO, COMO AFIRMA EL ABOGADO DEL ESTADO, QUE NO PUEDE INCLUIRSE SIN MAS LA EXPRESION DENTRO DEL CAMPO SEMANTICO DEL AL QUE LA CONSTITUCION EXTIENDE SU PROTECCION. PERO NO LO ES MENOS QUE TAMPOCO ES ACEPTABLE, SIN MAS, LA PROPOSICION INVERSA. PUES NO SE PUEDE DESCARTAR A PRIORI LA POSIBILIDAD DE QUE DENTRO DE UN TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA EXISTAN UNO O MAS LUGARES QUE MEREZCAN LA CALIFICACION CONSTITUCIONAL DE DOMICILIO; NI QUE, EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, LA INVIOLABILIDAD QUE LA CONSTITUCION PREDICA DE TALES LUGARES DEBA EXTENDERSE MAS ALLA DE LAS PAREDES QUE CIRCUNDEN SU ESPACIO NUCLEAR. TODAS ESTAS CUESTIONES PUEDEN QUEDAR AHORA IMPREJUZGADAS, PUES NINGUNA DE ELLAS RESULTA DETERMINADA POR LA SIMPLE HABILITACION QUE ENUNCIA EL ART. 101.2 DE LA LEY DE COSTAS, QUE EVIDENTEMENTE, SOLO FORZANDO SU SENTIDO LITERAL, PUEDE SER INTERPRETADA PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES QUE LA CONSTITUCION PROHIBE.

7. TITULO VI.

EL TITULO VI, DIVIDIDO EN CINCO CAPITULOS, ESTA INTEGRADO POR 10 ARTICULOS, SIETE DE ENTRE LOS CUALES HAN SIDO IMPUGNADOS EN LOS TERMINOS RECOGIDOS EN LOS ANTECEDENTES. TODOS LOS PRECEPTOS DEL TITULO, CON LA UNICA EXCEPCION DEL ULTIMO DE ELLOS, EL ART. 119, NO IMPUGNADO, SE LIMITAN A ESTABLECER DETERMINACIONES COMPETENCIALES, EN ALGUNOS CASOS YA PRECISADAS ANTES, PERO QUE EN OTROS, AL HACERSE AHORA POR VEZ PRIMERA, ESTABLECEN EL SENTIDO QUE EL LEGISLADOR ATRIBUYE A LAS FORMULAS EQUIVOCAS ( O, SIMPLEMENTE, ) UTILIZADAS AL HACER LA REGULACION SUSTANTIVA O PROCEDIMENTAL. ESTA TECNICA NOS HA OBLIGADO, COMO YA SE SABE, A ANTICIPAR EL ESTUDIO DE ALGUNOS DE ESTOS PRECEPTOS ANTICIPANDO TAMBIEN CON ELLO EL SENTIDO DE NUESTRA DECISION, CUYO ALCANCE PRECISO DEBE SER ESTABLECIDO AHORA.

ESTA MISMA IMPLICACION RECIPROCA ENTRE MUCHOS DE LOS ENUNCIADOS DE ESTE TITULO Y LOS DE AQUELLOS QUE LE PRECEDEN IMPIDE DAR UNA RESPUESTA GENERICA A LA ARGUMENTACION QUE, CON CARACTER GENERAL, CONTRA TODO EL TITULO, AUNQUE SOBRE TODO CONTRA SUS TRES PRIMEROS ARTICULOS, HACE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, INVOCANDO LA DOCTRINA RECOGIDA EN DIVERSAS SENTENCIAS (SSTC 76/1983, 29/1986 Y 49/1988) SOBRE LA ILICITUD DEL PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN HACER DEFINICIONES GENERALES Y ABSTRACTAS DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD PARA LA DELIMITACION DE COMPETENCIAS, PUES SOLO LA INTERPRETACION SISTEMATICA DE CADA UNO DE ESTOS ENUNCIADOS EN EL CONTEXTO DE LA LEY PERMITE HACER UN JUICIO ACERCA DEL TEMA.

A) CAPITULO PRIMERO (ARTICULOS 110 A 113).

LOS TRES PRIMEROS ARTICULOS DE ESTE TITULO (EL ULTIMO DE ELLOS NO HA SUSCITADO OBJECION ALGUNA) SON LOS QUE ATRAEN SOBRE SI LA MAYOR PARTE DE LAS IMPUGNACIONES, QUE AHORA PASAMOS A ANALIZAR.

A) ARTICULO 110.

EN ESTE ARTICULO, DIVIDIDO EN TRECE PARRAFOS SEÑALADOS CON LETRAS DE LA A) A LA M), SE PRECISAN CUALES SON LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, AUNQUE NO SE INCLUYEN LOS DE INFORMAR PLANES O PROYECTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES, CONTEMPLADOS EN LOS ARTS. 112 Y 117. LA DIVERSIDAD DE CONTENIDO DE LOS DISTINTOS PARRAFOS, ALGUNO DE LOS CUALES NO HA SIDO IMPUGNADO, OBLIGA A ANALIZARLOS SEPARADAMENTE A PARTIR DEL SEÑALADO CON LA LETRA B), YA QUE EL A) NO HA SIDO OBJETO DE ATAQUE ALGUNO.

B) LAS RAZONES POR LAS QUE NO CABE ESTIMAR LAS IMPUGNACIONES DIRIGIDAS CONTRA LAS DETERMINACIONES INICIALES DE ESTE PARRAFO, CONCERNIENTES A LA GESTION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE ADSCRIPCIONES, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA SU OCUPACION Y APROVECHAMIENTO Y LA DECLARACION DE ZONAS DE RESERVA, HAN SIDO YA EXPUESTAS ANTES EN LOS APARTADO A, B, C Y D DEL FUNDAMENTO 4, EN EL PRIMERO DE LOS CUALES HACIAMOS UNA SALVEDAD EXPRESA RESPECTO DE TODO LO CONCERNIENTE A AUTORIZACIONES EN ZONAS DE SERVIDUMBRE, LAS CONCESIONES DE OBRAS FIJAS EN EL MAR Y LAS INSTALACIONES MARITIMAS MENORES QUE NO FORMEN PARTE DE UN PUERTO O ESTEN ADSCRITAS AL MISMO.

SENTADO, PUES, QUE ES CONSTITUCIONALMENTE POSIBLE, Y POR TANTO LEGITIMO, ATRIBUIR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LAS FACULTADES RESPECTO DE RESERVAS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES RELATIVAS AL DEMANIO, CON EL ALCANCE QUE SE PRECISA EN LOS LUGARES DEL FUNDAMENTO 4 QUE ACABAMOS DE CITAR, SOLO NOS RESTA PRONUNCIARNOS SOBRE ESTAS ULTIMAS DETERMINACIONES.

LA POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE RESERVAR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA , HA SIDO TAMBIEN YA OBJETO DE CONSIDERACION Y POR LO TANTO TAMBIEN RESPECTO DE ELLA HEMOS ANTICIPADO EL SENTIDO DE NUESTRA DECISION, QUE ES DISTINTA SEGUN LA DISTINTA NATURALEZA DE LAS SERVIDUMBRES QUE LA LEY ESTABLECE. LA LLAMADA SERVIDUMBRE DE PROTECCION, CUYO ESTABLECIMIENTO HEMOS CONSIDERADO LEGITIMO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COSTERO, HA DE SER CONSIDERADA EN CONSECUENCIA COMO UNA INSTITUCION INSCRITA, EN LO QUE TOCA A LA DELIMITACION COMPETENCIAL ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DENTRO DE ESTE AMBITO MATERIAL EN EL QUE CORRESPONDE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ADEMAS DE DESARROLLAR, EN SU CASO, LA LEGISLACION DEL ESTADO O COMPLEMENTARIA MEDIANTE MEDIDAS ADICIONALES, LA EJECUCION. EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN LA ZONA DE PROTECCION, EN CUANTO REQUERIDAS POR LA NORMATIVA QUE DISCIPLINA ESTA SERVIDUMBRE, CORRESPONDE EN CONSECUENCIA, COMO ACTIVIDAD EJECUTIVA, A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN DIJIMOS YA, AL PRONUNCIARNOS SOBRE EL ART. 26, EN EL FUNDAMENTO 3, D,D). OTRA ES LA NATURALEZA DE LAS SERVIDUMBRES DE TRANSITO Y DE ACCESO AL MAR REGULADAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTS. 27 Y 28 DE LA LEY, PUES AUNQUE DICHAS SERVIDUMBRES RECAEN TAMBIEN, COMO LA DE PROTECCION, SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL DEMANIO, ESTAN CONECTADAS DIRECTAMENTE CON LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE VIGILANCIA LITORAL Y CON EL DEBER QUE LA TITULARIDAD DEMANIAL IMPONE AL ESTADO, DE ASEGURAR LA LIBRE UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE COMO YA HEMOS DICHO EN LOS APARTADOS E Y F DEL FUNDAMENTO 3. APENAS PARECE NECESARIO AGREGAR A LO ALLI DICHO, QUE EL CRITERIO PARA OTORGAR O DENEGAR LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS NO PODRA SER OTRO QUE EL DE GARANTIZAR LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS QUE JUSTIFICAN ESTAS SERVIDUMBRES, SIN INCIDIR EN EL EJERCICIO QUE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES HA HECHO DE SUS COMPETENCIAS PROPIAS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO, ETC.

RESTA CONSIDERAR, POR ULTIMO, LA LICITUD DE LA PREVISION CONCERNIENTE A LAS CONCESIONES DE OBRAS FIJAS EN EL MAR Y DE INSTALACIONES MARITIMAS MENORES QUE NO FORMAN PARTE DE UN PUERTO O ESTEN ADSCRITAS AL MISMO RESPECTO DE LA CUAL RESULTA POCO DUDOSA LA EXISTENCIA DE COMPETENCIA ESTATAL. ES OBVIO QUE LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO NO SE EXTIENDE AL MAR Y QUE, EXCLUIDA LA COMPETENCIA SOBRE PUERTOS NO AFECTADA POR ESTA PREVISION, LAS RESTANTES COMPETENCIAS SECTORIALES ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (PESCA, AGRICULTURA, ETC.), NO DISPENSA A QUIENES REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES DE LA NECESIDAD DE OBTENER LA CORRESPONDIENTE CONCESION DEMANIAL CUANDO LA REALIZACION DE LAS MISMAS IMPLICA LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y A FORTIORI, LA DEL MAR TERRITORIAL.

C) ESTE PRECEPTO RESERVA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LA TUTELA Y POLICIA DEL DOMINIO PUBLICO O DE SUS SERVIDUMBRES, DE UNA PARTE, Y LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CON LAS QUE HAN SIDO OTORGADAS LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, DE LA OTRA.

EN LO QUE A TUTELA Y POLICIA DEL DEMANIO RESPECTA, NO SE OPONE REALMENTE POR PARTE DE LOS RECURRENTES OTRA OBJECION QUE LA GENERAL, BASADA EN LA AFIRMACION DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS DE GESTION RESPECTO DEL MISMO, BASADAS EN LA QUE TIENEN PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO PROPIO. RECHAZADA ESTA, COMO HEMOS HECHO EN EL FUNDAMENTO 4.A, DECAE TAMBIEN ESTA IMPUGNACION GENERICA. A LO YA DICHO SOLO CABE AÑADIR QUE COMO LAS FACULTADES DE POLICIA QUE A LA ADMINISTRACION ESTATAL SE ATRIBUYEN AQUI SON SOLO LAS QUE LE CORRESPONDEN EN RAZON DE LA TITULARIDAD DEMANIAL, LA POLICIA DE LAS ACTIVIDADES QUE EN EL DEMANIO HAYAN DE LLEVARSE A CABO, EN CUANTO NO AFECTEN A LA INTEGRIDAD DEL MISMO, HA DE MANTENERSE, COMO ES OBVIO, EN MANOS DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA CUANDO SEA ESTA LA QUE OSTENTA LA COMPETENCIA RATIONE MATERIAE.

EN LO QUE TOCA A LA TUTELA Y POLICIA DE LAS SERVIDUMBRES DEMANIALES, TAMPOCO CABE NEGAR POR LAS MISMAS RAZONES EXPUESTAS LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION ESTATAL, AUNQUE, COMO TAMBIEN ES EVIDENTE, ESTA COMPETENCIA NI AUTORIZA A ESTA ADMINISTRACION PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES QUE NO ESTEN ORIENTADAS POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO Y GARANTIZAR SU LIBRE UTILIZACION, NI EXCLUYE EN MODO ALGUNO LA COMPETENCIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LLEVAR A CABO LA TUTELA Y LA POLICIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA ZONA DE PROTECCION.

LA EVENTUAL DUPLICIDAD DE ACTUACIONES HA DE SER RESUELTA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS EXPUESTOS EN EL ART. 116, QUE NO HA SIDO OBJETO DE IMPUGNACION.

POR ULTIMO Y EN LO QUE RESPECTA A LA VIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE OTORGARAN CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, EN CUANTO REFERIDA ESTA DETERMINACION A LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA ADMINISTRACION ESTATAL, NINGUN REPROCHE PUEDE HACERSE, DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, AL PRECEPTO QUE ESTUDIAMOS.

D) ESTE APARTADO ES IMPUGNADO SOLO POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, ADUCIENDO LAS MIMAS RAZONES QUE FUNDAMENTABAN SU ATAQUE AL ART. 29. BASTE REMITIRNOS AQUI, EN CONSECUENCIA, A LO YA DICHO EN EL FUNDAMENTO 3.G PARA DESESTIMAR ESTA IMPUGNACION.

E) LA UNICA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA ESTE APARTADO PUEDE SER RECHAZADA MEDIANTE UNA SIMPLE REMISION A LA DOCTRINA YA EXPUESTA EN STC 76/1984, PUES EL PRECEPTO SE REFIERE A LABORES PURAMENTE TECNICAS Y, EN CONSECUENCIA, COMO ALLI YA SOSTUVIMOS, NO PUEDEN LESIONAR COMPETENCIAS AJENAS.

F) LA IMPUGNACION DE ESTE PRECEPTO, SIMPLE PROYECCION DE LO YA PREVISTO EN LOS ARTS. 22 Y 34, ESTA YA DE HECHO RESUELTA POR NUESTRO PREVIO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE ESTOS ARTICULOS EN LOS FUNDAMENTOS 3.C Y 4.B, D). EL APARTADO ES EN CONSECUENCIA VALIDO, UNA VEZ ELIMINADA LA REFERENCIA QUE EN EL SE HACE AL ART. 34.

G) LA IMPUGNACION DE ESTE APARTADO, QUE REPRODUCE EN BUENA MEDIDA EL TENOR LITERAL DEL ART. 149.1.24 C.E. SE DIRIGE PRECISAMENTE CONTRA EL UNICO PUNTO EN EL QUE LA REDACCION CONSTITUCIONAL Y LA LEGAL DIFIEREN, ESTO ES, CONTRA LA REFERENCIA A LAS , ADEMAS DE LAS .

LA DECISION ACERCA DE ESTA IMPUGNACION RESULTA PROBLEMATICA NO CIERTAMENTE POR LA FUERZA DEL ARGUMENTO CON EL QUE SE LA APOYA, QUE ES REVERSIBLE, PUES AUNQUE ES CIERTO QUE EL ART.

149.1.24 C.E. NO HACE REFERENCIA SINO A OBRAS PUBLICAS Y NO A , TAMPOCO FIGURA ESTA REFERENCIA EN EL ART. 99.13. DEL ESTATUTO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, QUE ES LA COMUNIDAD IMPUGNANTE, DE MANERA QUE EN LO QUE A ESTA COMUNIDAD CONCIERNE, LA COMPETENCIA SOBRE HABRIA DE SER ENTENDIDA COMO COMPETENCIA RESIDUAL DEL ESTADO EN APLICACION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.3 C.E. LA PROBLEMATICIDAD VIENE DE LA IMPRECISION DE LA EXPRESION UTILIZADA, PUES NO ES FACIL DETERMINAR EN QUE PUEDAN CONSISTIR TALES , COMO COSA DISTINTA DE LAS OBRAS, NI EL PRECEPTO INDICA CUAL ES EL AMBITO EN EL QUE ESTAS PODRIAN LLEVARSE A CABO, NI, A DIFERENCIA DE LO QUE CON LAS OBRAS SUCEDE, OFRECE LA LEY NINGUNA INFORMACION ACERCA DE CUALES SON LAS ACTUACIONES DE LAS QUE SE PREDICA ESTE INTERES GENERAL.

PARECE EVIDENTE QUE CUANDO TALES ACTUACIONES HAYAN DE DESARROLLARSE EN EL ESPACIO DEMANIAL Y TENGAN COMO FINALIDAD PROTEGER SU INTEGRIDAD, PRESERVAR SUS CARACTERISTICAS PROPIAS O ASEGURAR SU LIBRE UTILIZACION, LA CAPACIDAD PARA LLEVARLAS A CABO VA INSITA EN LA TITULARIDAD DEMANIAL, PERO IGUALMENTE CLARO ES QUE ESAS NO SERAN CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMAS CUANDO SE DESARROLLEN FUERA DE ESE ESPACIO O AUN DENTRO DE EL EN SECTORES ADSCRITOS A UNA COMUNIDAD AUTONOMA, O QUE AUN SIN MEDIAR ADSCRIPCION DEMANIAL, IMPLIQUEN LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE CORRESPONDEN A LA COMPETENCIA AUTONOMICA. NO CABE, EN CONSECUENCIA, OTRO PRONUNCIAMIENTO QUE EL DE DECLARAR QUE EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION SIEMPRE QUE SE LO INTERPRETE EN ESTOS TERMINOS.

H) LA COMPETENCIA PARA AUTORIZAR VERTIDOS, SALVO LOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, DESDE TIERRA AL MAR, QUE ESTE APARTADO ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION ESTATAL ES COMPETENCIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEGUN HEMOS RAZONADO YA EN EL FUNDAMENTO 4.F Y EN CUANTO A TALES VERTIDOS EL PRECEPTO HA DE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL, TANTO MAS CUANTO QUE EL SUPUESTO, QUE EVENTUALMENTE PUDIERA DARSE, DE QUE EL TRANSITO DE LOS EFLUENTES A TRAVES DEL DEMANIO NO REQUIRIESE CONCESION, SINO SIMPLE AUTORIZACION, DE ACUEDO CON EL ART. 51, ESTA YA CUBIERTO POR LA PREVISION CONTENIDA EN EL APARTADO B) DE ESTE ART. 110.

EL PRECEPTO TIENE, SIN EMBARGO, OTRO AMBITO DE APLICACION, PUES PESE A LO DISPUESTO EN EL ART. 56.2, LA DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA PREVE SU APLICABILIDAD (JUNTO CON LA DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL TITULO V) A LOS VERTIDOS QUE SE REALICEN AL MAR DESDE BUQUES Y AERONAVES, EN DEFECTO DE LEGISLACION ESPECIFICA Y TAMBIEN EN CUANTO A ESTE CARACTER DE NORMA SUPLETORIA LO IMPUGNA EL GOBIERNO VASCO QUE CONSIDERA QUE ES ESTA COMUNIDAD AUTONOMA LA COMPETENTE PARA AUTORIZAR LOS VERTIDOS DE MAR A MAR EN LAS AGUAS LITORALES ADYACENTES A SU TERRITORIO.

ESTA REIVINDICACION, QUE EL GOBIERNO VASCO APOYA EN EL TENOR LITERAL DEL ART. 12.10. DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA NO PUEDE SER ESTIMADA. EL MENCIONADO PRECEPTO SE REFIERE AL MAR TERRITORIAL COMO LUGAR DE RECEPCION DE LOS VERTIDOS, NO COMO ORIGEN DE ESTOS Y EL ART. 20.6. DEL MISMO ESTATUTO PRECISA QUE , QUE NO INCLUYE EL MAR ADYACENTE.

EL PRECEPTO HA DE SER CONSIDERADO POR TANTO, INCONSTITUCIONAL, EN CUANTO REFERIDO A LOS VERTIDOS DE TIERRA A MAR.

I) EN CUANTO REFERIDO A LOS VERTIDOS NO INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES, ESTE APARTADO ES IMPUGNADO POR AQUELLAS COMUNIDADES QUE SOSTIENEN QUE SU COMPETENCIA SOBRE LOS VERTIDOS INOCUOS ES PLENA, CORRESPONDIENDOLES EN CONSECUENCIA TAMBIEN LA LEGISLACION SOBRE ELLOS. UNA VEZ QUE, COMO HEMOS VISTO, ESA COMPETENCIA (COMO, POR LO DEMAS, LA QUE OSTENTAN SOBRE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES Y CONTAMINANTES) HA DE SER ENCUADRADA EN LA MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, EN LA QUE LA COMPETENCIA NORMATIVA AUTONOMICA ES LA DE DESARROLLO DE LEGISLACION ESTATAL, ADEMAS DE LA NECESARIA PARA DICTAR NORMAS ADICIONALES, LA OBJECION FRENTE A LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA NORMATIVA A LA ADMINISTRACION ESTATAL HA DE SER RECHAZADA.

EL GOBIERNO VASCO IMPUGNA TAMBIEN LA ATRIBUCION A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE NORMAS SOBRE SEGURIDAD HUMANA EN LUGARES DE BAÑO, QUE CONSIDERA PROPIA COMO INSCRIBIBLE DENTRO DEL AMBITO DE LA PROTECCION CIVIL.

ES EVIDENTE, EN EFECTO, QUE ESTAS NORMAS AFECTAN DIRECTAMENTE AL USO COMUN DEL DOMINIO PUBLICO, CUYA REGULACION ES COMPETENCIA ESTATAL, PERO QUE, AL MISMO TIEMPO PUEDEN ENCUADRARSE, DE ACUERDO CON SU CONTENIDO, EN EL TITULO QUE EL GOBIERNO VASCO INVOCA. HA DE ENTENDERSE POR LO TANTO QUE SE TRATA DE COMPETENCIAS CONCURRENTES Y QUE LAS NORMAS ESTATALES HAN DE SER ENTENDIDAS COMO EL MINIMO INDISPENSABLE, QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA PUEDE AMPLIAR PARA MAYOR GARANTIA DE LOS USUARIOS. ENTENDIDO EN ESTOS TERMINOS EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

L) AUNQUE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA HACE ALGUNAS OBSERVACIONES CRITICAS DE LA IMPRECISION CON LA QUE ESTE APARTADO SE REFIERE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DEL ESTADO, SU IMPUGNACION COMO LA DEL RESTO DE LOS RECURRENTES QUE CONTRA EL SE DIRIGEN, COMBATE SOBRE TODO LA ATRIBUCION A LA ADMINISTRACION ESTATAL DE FACULTADES PARA LLEVAR A CABO, EN SU CASO, .

EN ESTE PUNTO LA REIVINDICACION COMPETENCIAL, APOYADA EN LAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS EN LAS QUE SE ATRIBUYE A LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA LA COMPETENCIA PARA EJECUTAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LAS MATERIAS QUE CONSTITUYEN SU PROPIO AMBITO COMPETENCIAL APARECE SOLIDAMENTE FUNDADA. ES CIERTO QUE, DADA LA IMPRECISA REDACCION DEL PRECEPTO, ESTE PODRIA ENTENDERSE REFERIDO SOLO A LAS MATERIAS DE COMPETENCIA ESTATAL, PERO AUN ASI, LA EJECUCION AUTONOMICA SOLO PODRIA FUNDARSE EN UNA DELEGACION EXPRESA DEL ESTADO Y HABIA DE SER LA LEY DE DELEGACION (O TRANSFERENCIA) LA QUE ESTABLECIESE (ART.

150.2 C.E.) LAS FORMAS DE CONTROL QUE EL ESTADO SE RESERVE.

TAMBIEN ES VERDAD QUE, EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL UNICA DEL ESTADO, ESTE NO PUEDE DESENTENDERSE DE CUAL ES LA FORMA EN LA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LLEVAN A CABO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS TRATADOS, PERO LA INFORMACION NECESARIA HA DE RECABARSE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS MEDIDAS QUE PARA CORREGIR EVENTUALES DEFICIENCIAS HAYA DE ADOPTAR SON LAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCION. EL APARTADO ES, POR TANTO, CONSTITUCIONAL EN SU PRIMER INCISO E INCONSTITUCIONAL Y NULO EN TODO LO DEMAS.

B) ARTICULO 111.

EL APARTADO PRIMERO DE ESTE ARTICULO CALIFICA DE INTERES GENERAL LAS OBRAS QUE DESCRIBE A CONTINUACION EN CINCO PARRAFOS SEPARADOS, DE LOS QUE SOLO LOS CUATRO PRIMEROS (A), B), C) Y D)) HAN SIDO IMPUGNADOS, POR ENTENDER LOS RECURRENTES QUE EL ESTADO CARECE DE COMPETENCIAS MATERIALES PARA ACOMETER TALES OBRAS, QUE HABRIAN DE SER, POR EL CONTRARIO, TAREA PROPIA DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA, COMPETENTE EN TODOS LOS CASOS PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y DEL LITORAL. LA COMPETENCIA QUE SOBRE ESTAS OBRAS SE RECABA PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ESPECIFICA, POR ASI DECIR, LA QUE, EN TERMINOS MAS GENERICOS SE ENUNCIA EN EL APARTADO G) DEL ARTICULO ANTERIOR Y ES INDEPENDIENTE DE LA QUE EN EL APARTADO B) DEL MISMO ARTICULO SE LE RECONOCE PARA EL OTORGAMIENTO DE ADSCRIPCIONES, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DEMANIO, DE TAL MODO QUE, EN CASO DE QUE LAS OBRAS EN CUESTION SEAN DE COMPETENCIA DE OTRA ADMINISTRACION DISTINTA, ESTA HABRA DE OBTENER, PARA REALIZARLAS, LA CORRESPONDIENTE CONCESION DEMANIAL. ESTA ES LA SITUACION QUE DE ACUERDO CON LA LETRA DEL PRECEPTO (APARTADO 1 D)) SE PRODUCIRIA EN LAS

OBRAS A REALIZAR EN EL MAR TERRITORIAL SOBRE INSTALACIONES DESTINADAS A LA ACUICULTURA. ES CLARO, EN CONSECUENCIA, QUE LA DISPUTA SOBRE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE ESTE PRECEPTO HA DE RESOLVERSE TENIENDO EN CUENTA NO EL ESPACIO FISICO EN DONDE LAS OBRAS HAN DE REALIZARSE, SINO LA FINALIDAD QUE CONSTITUYE SU RAZON DE SER.

DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO ES FACIL ALCANZAR LA SOLUCION EN LO QUE TOCA A LAS COMPETENCIAS ENUMERADAS EN LOS TRES PARRAFOS INICIALES (LETRAS A), B) Y C)). LA IMPUGNACION, QUE SE APOYA EN UNA INTERPRETACION MUY RESTRICTIVA Y NO CONSTITUCIONALMENTE NECESARIA DE LAS FACULTADES INHERENTES A LA TITULARIDAD DEMANIAL, HA DE SER RECHAZADA POR RAZONES QUE YA EXPUSIMOS EN EL FUNDAMENTO 4.A AL QUE AHORA, EN ARAS DE LA BREVEDAD, NOS REMITIMOS, PUES LA CONEXION ENTRE LA DEFINICION DE LAS OBRAS CALIFICADAS DE INTERES GENERAL Y EL AMBITO PROPIO DE ESAS FACULTADES INHERENTES ES EN TODOS LOS CASOS EVIDENTE.

MAS COMPLEJO ES EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA EL PARRAFO D), PUES, A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDE EN LOS CASOS ANTERIORES LA COMPETENCIA SOBRE LAS OBRAS NO SE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN ATENCION A LA FINALIDAD DE ESTAS, SINO SOLO EN RAZON DEL ESPACIO EN EL QUE SE REALIZAN. ESTE CAMBIO DE LA PERSPECTIVA, QUE ES EL QUE EXPLICA QUE SE SALVE AQUI LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE ACUICULTURA, OBLIGA TAMBIEN A CONSIDERAR INSUFICIENTE ESTA SALVEDAD PUES NO ES LA ACUICULTURA LA UNICA MATERIA DE COMPETENCIA AUTONOMICA QUE PUEDE DAR LUGAR A LA REALIZACION DE OBRAS EN EL MAR TERRITORIAL. ASI SUCEDE TAMBIEN, COMO HEMOS VISTO, EN LO QUE TOCA A LOS VERTIDOS Y PUEDE EVENTUALMENTE SUCEDER EN OTROS SUPUESTOS, CUYA EXCLUSION A PRIORI POR LA NORMA QUE AHORA ANALIZAMOS OBLIGA A CONSIDERARLA, PRECISAMENTE EN CUANTO LOS EXCLUYE Y SOLO POR ELLO, CONTRARIA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS. SU ACOMODACION AL MISMO NO REQUIERE POR ELLO OTRA OPERACION QUE LA DE ANULAR LA REFERENCIA ESPECIFICA A LA ACUICULTURA, DE MANERA QUE SE SALVE EN GENERAL LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SIEMPRE QUE ESTA EXISTA.

LOS APARTADOS 2. Y 3. DE ESTE MISMO ARTICULO SON IMPUGNADOS (EN ESTE CASO SOLO POR EL GOBIERNO VASCO) POR IMPLICAR UNA INJERENCIA EN LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.

ESTA POSIBLE INJERENCIA SOLO SE DARIA, SIN EMBARGO, EN LO QUE AL APARTADO SEGUNDO SE REFIERE, SI EL PRECEPTO DISPENSASE AL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL, PERO NO ES ESTE EL CASO. EL PRECEPTO, QUE RESERVA A LOS TRIBUNALES LA DECISION ULTIMA, SE LIMITA A EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE SUSPENSION ADMINISTRATIVA (NO JUDICIAL) DE LAS OBRAS EMPRENDIDAS POR EL ESTADO Y ENCUENTRA POR ELLO APOYO SUFICIENTE EN LA COMPETENCIA QUE, EN EXCLUSIVA RESERVA A ESTE EL ART. 149.1.18, DEL MISMO MODO QUE ENCUENTRA SOLIDO FUNDAMENTO EN EL ART. 133.1 Y 2 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, LA EXENCION FISCAL QUE EL APARTADO 3. CONSAGRA.

C) ARTICULO 112.

EL ART. 112 QUE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION ESTATAL LA FACULTAD DE EMITIR UN INFORME PRECEPTIVO Y VINCULANTE SOBRE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, HA SIDO IMPUGNADO POR LA OBVIA RAZON DE QUE TAL INFORME MEDIATIZA EL EJERCICIO POR ESTAS DE SUS COMPETENCIAS PROPIAS SOBRE LA ORDENACION DEL TERRITORIO, VERTIDOS, PUERTOS Y VIAS DE TRANSPORTE Y ACUICULTURA.

QUE LA MEDIATIZACION SE PRODUCE ES, DESDE LUEGO, COSA INNEGABLE. TAMBIEN LO ES, NO OBSTANTE, QUE LA EMISION DEL INFORME SE PREVE PARA PLANES Y PROYECTOS CUYA PUESTA EN PRACTICA REQUIERE DECISIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (ADSCRIPCIONES, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL CASO DE LOS APARTADOS B), C) Y D), AUNQUE NO NECESARIAMENTE EN EL CASO A)) QUE ESTA NO PUEDE SER FORZADA A ADOPTAR CUANDO ENTIENDE CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A LA PROTECCION, PRESERVACION Y USO PUBLICO DEL DEMANIO. LA EXISTENCIA DE UN INFORME PREVIO, Y PRECEPTIVO, EN TALES CASOS, ES ASI UN MEDIO RAZONABLE PARA ASEGURAR QUE LA REALIZACION DE LOS PLANES Y PROYECTOS NO ENCUENTRE AL FINAL UN OBSTACULO INSALVABLE.

COSA DISTINTA ES, NATURALMENTE, EL CARACTER VINCULANTE QUE A TALES INFORMES PRECEPTIVOS SE OTORGA Y QUE, COMO MAS TARDE VEREMOS, SE ENCUENTRA CONSIDERABLEMENTE ATENUADO, EN LO QUE RESPECTA A LOS PLANES Y NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL O URBANA, POR LO DISPUESTO EN EL ART. 117 DE LA PROPIA LEY, PUES LA FUERZA QUE ASI ADQUIEREN ESOS INFORMES CONVIERTE DE HECHO LA APROBACION FINAL DEL PLAN O PROYECTO EN UN ACTO COMPLEJO EN EL QUE HAN DE CONCURRIR DOS VOLUNTADES DISTINTAS Y ESA CONCURRENCIA NECESARIA SOLO ES CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE CUANDO AMBAS VOLUNTADES RESUELVEN SOBRE ASUNTOS DE SU PROPIA COMPETENCIA. LA ADMISIBILIDAD DE ESTA EXIGENCIA LEGAL DE INFORME VINCULANTE HA DE SER CONSIDERADA POR ESO EN RELACION CON CADA UNO DE LOS SUPUESTOS, DE ACUERDO CON ESTA DOCTRINA, QUE YA DEJAMOS SENTADA EN STC 103/1989 (FUNDAMENTO JURIDICO 8. ).

EN EL CONTEMPLADO EN EL PARRAFO A), LA COMPETENCIA EJERCIDA, MEDIATA O INMEDIATAMENTE, POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HAN DE APROBAR LOS PLANES O NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL ES LA QUE, CON CARACTER EXCLUSIVO, LE CONCEDEN LOS RESPETIVOS ESTATUTOS SOBRE LA MATERIA, EN TANTO QUE LA COMPETENCIA ESTATAL (MAS PRECISAMENTE FACULTAD INHERENTE EN LA TITULARIDAD ESTATAL) ES LA QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCION FISICA DEL DEMANIO Y LA GARANTIA DE SU UTILIZACION Y NO ES SOLO A ESTAS TAREAS A LAS QUE EL PRECEPTO SE REFIERE AL MENCIONAR TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y DE LAS NORMAS DICTADAS PARA SU DESARROLLO Y APLICACION. PRESCINDIENDO DE QUE, EN CUANTO EN ESTA ULTIMA REFERENCIA SE ENTIENDAN INCLUIDAS LAS NORMAS DICTADAS AL AMPARO DEL ART. 34, DEBE TENERSE POR NULA, ES OBVIO QUE ENTRE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY SE ENCUENTRAN, POR EJEMPLO, LAS QUE PROHIBEN DETERMINADAS ACTUACIONES EN LA ZONA DE PROTECCION O LAS LIMITAN EN LA ZONA DE INFLUENCIA, QUE HEMOS CONSIDERADO LEGITIMAS COMO NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COSTERO, CUYA EJECUCION CORRESPONDE, POR ESTA RAZON, A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. CUANDO ENTIENDA QUE LOS PLANES O NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL INFRINGEN TALES NORMAS, LA ADMINISTRACION ESTATAL PODRA SIN DUDA OBJETARLAS, PERO SU OBJECION NO RESULTA VINCULANTE, PUES NO ES A LA ADMINISTRACION ESTATAL, SINO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA A QUIEN CORRESPONDE EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMAS Y A ESTOS DEBERA RECURRIR AQUELLA PARA ASEGURAR EL RESPETO DE LA LEY CUANDO NO ES LA COMPETENTE PARA EJECUTARLA.

CUANDO, POR EL CONTRARIO, EL INFORME DE LA ADMINISTRACION ESTATAL PROPONGA OBJECIONES BASADAS EN EL EJERCICIO DE FACULTADES PROPIAS, INCLUIDA LA DE OTORGAR TITULOS PARA LA OCUPACION O UTILIZACION DEL DEMANIO O PRESERVAR LAS SERVIDUMBRES DE TRANSITO O ACCESO, PARA REFERIRNOS SOLO A LAS DERIVADAS DE LA TITULARIDAD DEMANIAL, A LAS QUE COMO ES LOGICO, CABE AÑADIR LAS QUE DERIVAN DE OTRAS COMPETENCIAS SECTORIALES (DEFENSA, ILUMINACION DE COSTAS, PUERTOS DE INTERES GENERAL, ETC.), SU VOLUNTAD VINCULARA SIN DUDA A LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, QUE HABRA DE MODIFICAR EN CONCORDANCIA LOS PLANES O NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL O URBANISTICA.

ESTA DOCTRINA HA DE APLICARSE A LOS RESTANTES PARRAFOS DE ESTE ARTICULO, SIN NECESIDAD DE ENTRAR EN DETALLE EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS IMAGINABLES. SI CONVIENE ADVERTIR, SIN EMBARGO, QUE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO B) HA DE ENTENDERSE APLICABLE A TODO GENERO DE VERTIDOS EN RAZON DE LO YA DICHO RESPECTO DE LOS ARTS. 56 Y SS. (FUNDAMENTO JURIDICO 4.F) Y DEL APARTADO H) DEL ART.

110 Y QUE EL ALCANCE POSIBLE DEL INFORME PREVISTO EN EL PARRAFO C) DEBE ESTABLECERSE TENIENDO EN CUENTA LA DOCTRINA QUE, EN RELACION CON EL ART. 49, SE RECOGE EN EL FUNDAMENTO 4.D, B), A').

EN LO QUE TOCA AL APARTADO D), ES CLARO, POR ULTIMO, QUE LA ESPECIFICACION DE ESTA DOCTRINA EN RELACION CON LOS CULTIVOS MARINOS, SE ENCUENTRA SOBRE TODO EN STC 103/1989 CUYAS DIRECTRICES BASICAS HEMOS EXTENDIDO AHORA A LOS RESTANTES SUPUESTOS.

B) CAPITULO SEGUNDO.

EL ART. 114, EL UNICO DE ESTE CAPITULO, QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EJERCERAN LAS COMPETENCIAS QUE CONSTITUCIONALMENTE TENGAN, HA SIDO IMPUGNADO, AUNQUE EN TERMINOS MAS BIEN DUBITATIVOS, POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CATALUÑA Y GALICIA.

CIERTAMENTE, DADO EL CARACTER TAUTOLOGICO DE SU ENUNCIADO, NO SE PUEDE HACER AL PRECEPTO REPROCHE ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CUANTO A SU CONTENIDO.

NO MENOS CIERTO ES, SIN EMBARGO, QUE LOS PRECEPTOS DE ESTA NATURALEZA NO TIENEN RAZON DE SER EN LAS LEYES EN CUANTO PUDIERAN LLEVAR A LA IDEA FALSA DE QUE PUEDEN ESTAS ALTERAR EL ORDEN COMPETENCIAL DISPUESTO POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. SU ESCASO RIGOR TECNICO NO ES, SIN EMBARGO, JURIDICAMENTE SUFICIENTE PARA SU INVALIDACION.

C) CAPITULO TERCERO.

EL ART. 115, EL UNICO TAMBIEN DE ESTE CAPITULO ES IMPUGNADO EN SU TOTALIDAD, AUNQUE LA ARGUMENTACION QUE SE OFRECE PARA COMBATIR SU LEGITIMIDAD SE CENTRA ESPECIALMENTE EN EL CONTENIDO DE LOS PARRAFOS C) Y D).

DADO EL CONTENIDO DE LOS DOS PRIMEROS PARRAFOS, QUE SE LIMITAN A PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA OFREZCA A LOS CORRESPONDIENTES MUNICIPIOS LA POSIBILIDAD DE INFORMAR EN LOS EXPEDIENTES DE DESLINDE O EN LOS QUE SE INICIEN PARA ATENDER SOLICITUDES DE RESERVA, ADSCRIPCION, CONCESION O AUTORIZACION, CUYA RESOLUCION CORRESPONDE EN TODO CASO A LA ADMINISTRACION ESTATAL, NO SE ADVIERTE CUAL PUEDA SER LA LESION QUE LOS MISMOS IMPLICAN PARA LAS COMPETENCIAS DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

TAMPOCO CABE ESTIMAR LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA LOS DOS RESTANTES APARTADOS, CUYO CONTENIDO NO DESBORDA DEL AMBITO COMPETENCIAL QUE LES RESERVAN LOS ARTS. 25 Y 28 DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL (LEY 7/1985) SOBRE CUYA ADECUACION CONSTITUCIONAL YA NOS PRONUNCIAMOS EN STC 214/1989 (FUNDAMENTO JURIDICO 12). EL PRIMERO DE ELLOS (C), ES POR LO DEMAS, SIMPLE PROYECCION DE LA PREVISION CONTENIDA EN EL ART. 53 QUE YA ANTES (FUNDAMENTO JURIDICO 4, E, B)) HEMOS CONSIDERADO COMPATIBLE CON EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. COMO ALLI DIJIMOS Y COMO AQUI PRECISA EL ENUNCIADO LIMINAR DE ESTE ARTICULO, LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN EVENTUALMENTE ASUMIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, HABRA DE ACOMODARSE EN TODO CASO A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION AUTONOMICA, INCLUIDA, NATURALMENTE, LA DE REGIMEN LOCAL. POR ULTIMO, Y EN LO QUE TOCA AL PARRAFO D) HAY QUE REITERAR QUE LA PREVISION DE ESTA COMPETENCIA MUNICIPAL QUE YA FIGURABA EN LA LEY DE COSTAS DE 1969 (ART.

17) Y EN DISPOSICIONES ANTERIORES, NO COLIDE EN MODO ALGUNO CON LA COMPETENCIA AUTONOMICA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, COMO YA HEMOS INDICADO AL ANALIZAR LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA EL PARRAFO I) DEL ART.

110, Y MENOS AUN CON LA COMPETENCIA DE SALVAMENTO MARITIMO CUYO AMBITO PROPIO ESTA ACTUALMENTE DELIMITADO POR LA LEY 60/1969. ENTENDIDO EN ESTOS TERMINOS, EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

D) CAPITULO CUARTO.

A) NI EL TENOR LITERAL DEL ART. 117, EL PRIMERO DE LOS IMPUGNADOS EN ESTE CAPITULO CONSAGRADO A LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS, PERMITE DISTINGUIR FACILMENTE EL SUPUESTO QUE EN EL SE CONTEMPLA DEL DESCRITO EN EL PARRAFO A) DEL ART. 112, NI EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE UNO Y OTRO PRECEPTO EN LOS ARTS. 206 Y 210 DEL REGLAMENTO, AYUDA A DESPEJAR LAS DUDAS QUE LA LECTURA DE LA LEY SUSCITA. ES CIERTO QUE EL ART. 112 A) SE REFIERE SOLO A PLANES Y NORMAS DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA, EN TANTO QUE ESTE ART. 117 QUE AHORA ANALIZAMOS MENCIONA, EN TERMINOS APARENTEMENTE MAS COMPRENSIVOS, TODOS LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA, PERO COMO EVIDENCIA LA LECTURA DE LOS CITADOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS, AMBAS FORMULAS INCLUYEN LOS PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO Y LOS ESTUDIOS DE DETALLE, QUE SON QUIZAS LOS UNICOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION QUE PODRIAN JUSTIFICAR LAS DIFERENCIAS DE DICCION.

ESTA COINCIDENCIA, CUANDO MENOS PARCIAL, DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN AMBOS ARTICULOS ES LA QUE NOS LLEVABA A AFIRMAR, AL ESTUDIAR EL ART. 112 A) QUE LA FUERZA VINCULANTE DEL INFORME QUE EN EL SE PREVEIA RESULTA DEBILITADA POR LO QUE EN ESTE ART. 117 SE DISPONE. EN EL, EN EFECTO, Y EN CONTRA DE LO QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES PARECEN SUPONER, NO SE SUBORDINA LA APROBACION DE LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACION (O DE SU REVISION O MODIFICACION) SIEMPRE Y EN TODO CASO A LA CONCURRENCIA DE AMBAS VOLUNTADES, SINO SOLO EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL INFORME DESFAVORABLE DE LA ADMINISTRACION ESTATAL VERSE SOBRE MATERIAS DE SU COMPETENCIA, ES DECIR, SOBRE UN AMBITO LIMITADO EN LA FORMA QUE YA HEMOS EXPUESTO AL ANALIZAR EL ART. 112 A). SOLO EN ESOS CASOS SERA INDISPENSABLE ABRIR EL PERIODO DE CONSULTAS PARA LLEGAR AL ACUERDO. CUANDO ASI NO SEA, ES DECIR, CUANDO EL INFORME NEGATIVO VERSE SOBRE MATERIAS QUE A JUICIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EXCEDAN DE LA COMPETENCIA ESTATAL, LA BUSQUEDA DEL ACUERDO NO ES JURIDICAMENTE INDISPENSABLE Y, EN CONSECUENCIA, PODRA LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA ADOPTAR LA DECISION QUE PROCEDA, SIN PERJUICIO, CLARO ESTA, DE LA POSIBILIDAD QUE A LA ADMINISTRACION ESTATAL, SE OFRECE SIEMPRE, DE ATACAR ESA DECISION POR RAZONES DE CONSTITUCIONALIDAD O DE LEGALIDAD.

ESTA INTERPRETACION ES LA QUE NATURALMENTE RESULTA DEL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO, Y POR TANTO ESTE NO PUEDE SER CONSIDERADO CONTRARIO AL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

B) EL ART. 118 SE REMITE AL ART. 59 DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL (, DICE).

LA REMISION PRODUCE CIERTA PERPLEJIDAD, PORQUE SI BIEN ES VERDAD QUE EL MENCIONADO PRECEPTO ABRE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS LEYES SECTORIALES, TANTO DEL ESTADO COMO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ATRIBUYAN AL GOBIERNO DE LA NACION, O AL RESPECTIVO CONSEJO DE GOBIERNO, LA FACULTAD DE COORDINAR LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL Y EN ESPECIAL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, NO ES MENOS CIERTO QUE EN EL APARTADO SEGUNDO SE ESTABLECE QUE Y QUE ESTA EXIGENCIA QUEDA ABSOLUTAMENTE INCUMPLIDA EN EL ARTICULO QUE AHORA ESTUDIAMOS.

ESAS CONDICIONES Y ESOS LIMITES LEGALMENTE PREVISTOS EN CADA CASO SON NATURALMENTE INDISPENSABLES PARA PRESERVAR LA AUTONOMIA LOCAL, QUE RESULTA IGNORADA MEDIANTE UNA HABILITACION GENERAL COMO LA QUE EN ESTE PRECEPTO SE CONTIENE. A ELLO HA DE AÑADIRSE AUN, QUE, COMO YA DIJIMOS EN STC 214/1989 (FUNDAMENTO JURIDICO 21), EL ART. 59 DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL NO RESULTA CONTRARIO AL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, PRECISAMENTE PORQUE LA POSIBILIDAD QUE EN EL SE ABRE DE QUE LA LEY ESTATAL O AUTONOMICA ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO O AL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA UNAS FACULTADES DE COORDINACION LIMITADAS Y SOMETIDAS AL CONTROL DE LAS CORTES O DEL PARLAMENTO RESPECTIVO, ESTA REFERIDA A LOS SECTORES MATERIALES DE COMPETENCIA ESTATAL O AUTONOMICA, EN TANTO QUE EL PRECEPTO QUE AHORA COMENTAMOS NO ESTABLECE DISTINCION ALGUNA, ABRIENDO ASI EL CAMINO PARA QUE LA ADMINISTRACION ESTATAL ASUMA LA TAREA DE COORDINAR LA ACTUACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIAS QUE, COMO LA DE ORDENACION TERRITORIAL, SON DE COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. TODO ELLO LLEVA INEXCUSABLEMENTE A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO.

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

A) PRELIMINAR.

LA HETEROGENEIDAD DE CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS HACE QUE LA IMPUGNACION DIRIGIDA CONTRA SEIS DE ELLAS (LA SEXTA NO HA SIDO ATACADA POR NINGUNO DE LOS RECURRENTES), SE APOYE EN RAZONES MUY DIVERSAS QUE ES IMPOSIBLE REDUCIR A UNIDAD. NO OBSTANTE, EL ARGUMENTO CENTRAL, DESARROLLADO UNAS VECES DIRECTAMENTE EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS (ASI EN LOS RECURSOS SUSCRITOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS Y POR EL GOBIERNO CANTABRO), Y EN OTROS AL IMPUGNAR ARTICULOS DE LA LEY PARA CUYO ANALISIS CONSIDERAMOS INNECESARIO ENTRAR EN EL PROBLEMA PLANTEADO POR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS (ASI EN LOS RECURSOS DEL GOBIERNO VASCO, ESPECIALMENTE EN RELACION CON LOS ARTS. 3, 4 Y 5 DE LA LEY Y DEL GOBIERNO BALEAR, EN RELACION CON EL ART.

13), EN EL DE QUE SE VIOLA EL ART. 33.3 DE LA CONSTITUCION SEGUN EL CUAL, COMO SE SABE .

PARECE, EN CONSECUENCIA, ACONSEJABLE, QUE TAMBIEN AQUI, COMO ANTES HICIMOS EN LOS FUNDAMENTOS PRIMERO Y CUARTO, ESTABLEZCAMOS, ANTES DE ACOMETER EL ANALISIS DE CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES O MAS PRECISAMENTE, DE CADA UNO DE LOS APARTADOS EN LOS QUE ESTAN DIVIDIDAS, ALGUNOS CRITERIOS GENERALES QUE AHORREN DESPUES REITERACIONES INNECESARIAS.

AL INICIAR ESTA TAREA, CONVIENE COMENZAR POR ADVERTIR QUE EL DERECHO QUE ESE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONSAGRA NO PUEDE SER DISOCIADO DEL QUE SE ENUNCIA EN EL APARTADO PRECEDENTE DEL MISMO ART. 33 C.E., PUES AUNQUE LA ADVERTENCIA PAREZCA OBVIA, NO ES INFRECUENTE EL OLVIDO DE ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS QUE NECESARIAMENTE SE SIGUEN DE LA ESTRECHA CONEXION DE AMBOS PRECEPTOS.

TAL OLVIDO PARECE PERCEPTIBLE, EN EFECTO, EN ALGUNAS DE LAS ARGUMENTACIONES EMPLEADAS POR LOS RECURRENTES PARA NEGAR LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE AQUELLAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE NO PREVEN INDEMNIZACION ALGUNA EN FAVOR DE LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS COLINDANTES CON EL DOMINIO PUBLICO, EN LA ZONA DE PROTECCION O EN LA DE INFLUENCIA, QUE AHORA, EN VIRTUD DE LAS LIMITACIONES QUE LA LEY ESTABLECE, SE VERAN IMPEDIDOS DE HACER LO QUE ANTES DE ELLA PODIAN. ESOS ARGUMENTOS NO IMPUTAN CIERTAMENTE A LA LEY DE INFRACCION DEL ART. 33.1 C.E. POR NO RESPETAR AQUELLA EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA PROPIEDAD, SINO LA DEL PARRAFO 3. DE ESTE MISMO ARTICULO POR NO INDEMNIZAR LA PRIVACION DE DERECHOS QUE DE LA MISMA SE SIGUE Y POR ESO NO PUEDEN SER RESPONDIDOS CON LA SIMPLE REMISION A LO YA DICHO EN OTRAS OCASIONES (ASI STC 111/1983, 37/1987 Y OTRAS). SU RAZONAMIENTO PARECE IMPLICAR, SIN EMBARGO, QUE SEA CUAL SEA EL CONTENIDO ESENCIAL Y POR ESO CONSTITUCIONALMENTE INTANGIBLE DE LA PROPIEDAD, EL REGIMEN JURIDICO DE UN DETERMINADO GENERO DE BIENES NO PUEDE SER ALTERADO EN NINGUN CASO SIN INDEMNIZAR A SUS PROPIETARIOS POR LA PRIVACION DE LOS DERECHOS (O SIMPLES FACULTADES), QUE DE ACUERDO CON LA REGULACION ANTES EXISTENTE TENIAN Y ESTA IDEA NO RESPONDE A UNA INTERPRETACION ADECUADA DE NUESTRA CONSTITUCION. LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD CON ARREGLO A LA CUAL LAS LEYES HAN DE DELIMITAR EL CONTENIDO PROPIO DE ESTA, OPERA, EN EFECTO, NO SOLO EN ABSTRACTO, POR ASI DECIR, PARA ESTABLECER EL CONTENIDO DE LA INSTITUCION CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADA, SINO TAMBIEN EN CONCRETO, EN RELACION CON LAS DISTINTAS CLASES DE BIENES SOBRE LOS QUE EL DOMINIO RECAE. EL LEGISLADOR PUEDE ESTABLECER EN CONSECUENCIA REGULACIONES DISTINTAS DE LA PROPIEDAD EN RAZON DE LA NATURALEZA PROPIA DE LOS BIENES Y EN ATENCION A CARACTERISTICAS GENERALES DE ESTOS, COMO ES, EN EL CASO QUE AHORA NOS OCUPA, LA DE SU CONTIGUIDAD O PROXIMIDAD RESPECTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE. NO ES TAREA PROPIA DE ESTE TRIBUNAL LA DE MEDIAR EN LA DISPUTA DOGMATICA ACERCA DE SI ESTAS NORMAS QUE DISCIPLINAN LA PROPIEDAD SOBRE DETERMINADOS GENEROS DE BIENES DELIMITAN EL CONTENIDO PROPIO DE DIVERSAS FORMAS DE PROPIEDAD O, SIENDO ESTA UNA INSTITUCION UNICA, SON MAS BIEN LIMITACIONES QUE AL PROPIETARIO SE IMPONEN EN RAZON DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES. LO QUE SI CONVIENE SUBRAYAR ES QUE LAS LIMITACIONES INTRODUCIDAS CON CARACTER GENERAL EN EL CAPITULO SEGUNDO DE LA LEY, COMO LOS MEROS CAMBIOS LEGISLATIVOS, AUN CUANDO IMPLIQUEN UNA RESTRICCION DE LOS DERECHOS (O SIMPLES FACULTADES), QUE ANTES DE EL SE TENIAN NO IMPLICA NECESARIAMENTE PRIVACION DE DERECHOS QUE PERMITA, EN CONSECUENCIA, EXIGIR LA INDEMNIZACION QUE EL ART.

33.3 C.E. GARANTIZA.

EN SEGUNDO TERMINO, PARECE TAMBIEN INDISPENSABLE HACER ALGUNA CONSIDERACION SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA DETERMINACION CONSTITUCIONAL (ART. 132.2), SEGUN LA CUAL FORMAN PARTE DEL DOMINIO PUBLICO ESTATAL .

LA ROTUNDIDAD DE ESTE ENUNCIADO, QUE UTILIZA SOLO CONCEPTOS REFERIDOS A LA REALIDAD FISICA Y NO CATEGORIAS JURIDICAS, HACE IMPOSIBLE OTRA DETERMINACION QUE NO SEA LA DE ENTENDER QUE DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA PROMULGACION DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, TODOS LOS ESPACIOS ENUMERADOS EN EL ART. 132.2 SE INTEGRAN EN EL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO, AUNQUE SE ENCOMIENDE AL LEGISLADOR EL ESTABLECIMIENTO DE SU REGIMEN JURIDICO Y, POR SUPUESTO, A ACTUACIONES ULTERIORES DE LA ADMINISTRACION LA DELIMITACION DE SUS CONFINES.

DEJANDO DE LADO ESTO ULTIMO PARA REDUCIRNOS SOLO A LA TAREA CONSTITUCIONALMENTE ENCOMENDADA AL LEGISLADOR, ES EVIDENTE QUE ESTE, AL EJECUTAR EL MANDATO CONTENIDO EN EL APARTADO PRIMERO DEL ART. 132 NO SOLO HABRA DE ESTABLECER EL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO INSPIRANDOSE EN LOS PRINCIPIOS DE INALIENABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INEMBARGABILIDAD, SINO TAMBIEN OFRECER SOLUCIONES CONCORDES CON TALES PRINCIPIOS (Y CON LOS DERECHOS QUE SIMULTANEAMENTE LA CONSTITUCION CONSAGRA, ENTRE LOS QUE AHORA MERECE ESPECIAL ATENCION EL DE PROPIEDAD), PARA LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA EVENTUAL EXISTENCIA DE TITULARIDADES DOMINICALES SOBRE ZONAS QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL QUEDAN INTEGRADAS EN EL DOMINIO PUBLICO ESTATAL.

NO HEMOS DE ENTRAR, PORQUE NO ES CUESTION QUE SE NOS HAYA PLANTEADO, A DISCUTIR LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL ROTUNDO MANDATO CONSTITUCIONAL Y EL MANTENIMIENTO DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA (ENCLAVES), EN EL ESPACIO DEMANIAL, AUNQUE SI CONVIENE ADVERTIR QUE NO CABE INVOCAR, EN APOYO DE ESTA SOLUCION, EL PRINCIPIO QUE REPETIDAMENTE HEMOS AFIRMADO Y QUE CONTINUAMOS MANTENIENDO DE LA PRIMACIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADOS, DEL QUE SE SIGUE QUE CUALQUIER LIMITACION DE ESTOS, AUNQUE NO AFECTE A SU CONTENIDO ESENCIAL, SOLO ES CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA CUANDO LA CONSECUCION DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LA NORMA NO PUEDE SER ALCANZADA SIN IMPONERLA. ESE PRINCIPIO, EN EFECTO, COMO ES EVIDENTE, SOLO ES APLICABLE A AQUELLAS NORMAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE AL CONTENIDO DEL DERECHO, NO A AQUELLAS OTRAS QUE TENIENDO OBJETO DISTINTO PRODUCEN INCONVENIENTES O DESVENTAJAS A ALGUNOS TITULARES DE DERECHOS POR LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS QUE EN ELLOS SE DAN. SUSTRAER DEL COMERCIO PRIVADO LOS TERRENOS QUE FORMAN PARTE DE LA RIBERA DEL MAR NO ES UNA REGULACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EN CONSECUENCIA NO PUEDE DECIRSE QUE LAS NORMAS QUE DISPONEN TAL SUSTRACCION RESTRINJAN O LIMITEN, MAS ALLA DE LO NECESARIO, ESE DERECHO. COSA BIEN DISTINTA ES QUE LA ELIMINACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EXISTENTES SOBRE TERRENOS QUE LA CONSTITUCION INCORPORO AL DEMANIO PUEDA SER CONSIDERADA COMO PRIVACION DE TALES BIENES Y HAYA DE DAR LUGAR, POR CONSIGUIENTE, A UNA INDEMNIZACION, PUES ESTA ES CUESTION QUE ATAÑE AL RESPETO DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA, QUE LA PROPIA CONSTITUCION RECONOCE.

COMO ES EVIDENTE ESTA ULTIMA CUESTION, QUE CONSTITUYE EL NUCLEO DE LA ARGUMENTACION DIRIGIDA CONTRA LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, NO PUEDE SER ANALIZADA EN ABSTRACTO, SIN TENER EN CUENTA CUALES SON LOS DERECHOS DE LOS QUE SE PRIVO A SUS TITULARES, CUAL ES LA FORMA DE ESTA PRIVACION Y CUAL ES, EN SU CASO, LA INDEMNIZACION QUE LA LEY LES OTORGA. SI CABE PRECISAR, SIN EMBARGO, CON CARACTER GENERAL, DOS EXTREMOS QUE CONVIENE TENER EN CUENTA ANTES DE LLEVAR A CABO ESE EXAMEN EN DETALLE DE LOS SUPUESTOS CONCRETOS CONTEMPLADOS EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

EL PRIMERO DE ELLOS ES EL DE QUE ESTA ELIMINACION DE LAS TITULARIDADES PRIVADAS SOBRE TERRENOS INCLUIDOS EN EL DOMINIO PUBLICO SOBRE LA RIBERA DEL MAR NO PUEDE SER CONSIDERADA, DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, COMO UNA DECISION ARBITRARIA O CARENTE DE JUSTIFICACION, PUES ES, CUANDO MENOS, LA FORMA MAS SIMPLE Y DIRECTA DE PONER EN PRACTICA UNA DECISION YA ADOPTADA POR LA CONSTITUCION MISMA, DE MANERA QUE SI DE EXPROPIACION HA DE HABLARSE ES AQUELLA LA QUE ESTABLECE LA CAUSA EXPROPIANDI .

EN SEGUNDO TERMINO HAY QUE TRAER TAMBIEN AQUI, EN RELACION AHORA CON LA EVENTUAL EXISTENCIA DE ENCLAVES DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL DOMINIO PUBLICO, LAS CONSIDERACIONES QUE ANTES HACIAMOS RESPECTO DE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS A LA PROPIEDAD SOBRE TERRENOS SITUADOS EN LAS ZONAS DE PROTECCION E INFLUENCIA. AUN SI ESOS ENCLAVES DE PROPIEDAD PRIVADA SE MANTUVIESEN EN LOS TERMINOS ACTUALES, LAS LIMITACIONES QUE AL USO Y APROVECHAMIENTO DE TALES BIENES PUDIERA RESULTAR DE LA NUEVA REGULACION LEGAL, NO PODRIAN SER CONSIDERADAS, AUNQUE FUERAN MAS INTENSAS QUE LAS ANTERIORES, COMO PRIVACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD. EN CONSECUENCIA NO PODRIA SER ENTENDIDA POR EJEMPLO, COMO PRIVACION DE UN DERECHO PREEXISTENTE, LA LIMITACION QUE A SU EJERCICIO IMPONE LA UTILIZACION LIBRE, PUBLICA Y GRATUITA PARA LOS USOS COMUNES DEL MAR Y SU RIBERA PUES AUN EN LA HIPOTESIS DE QUE LA INCLUSION DE UNA DETERMINADA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL ESPACIO DEMANIAL NO FUESE INCOMPATIBLE CON EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS DE PROPIEDAD PRIVADA EN ESE MISMO TERRITORIO, NO PUEDE TAMPOCO LA EXISTENCIA DE ESOS DERECHOS DOMINICALES IMPEDIR AL LEGISLADOR REGULAR EL USO DEL DOMINIO PUBLICO NATURAL EN LOS TERMINOS QUE CONSIDERE ADECUADOS A SU NATURALEZA.

B) DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.

LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA INTENTA DAR SOLUCION A DOS PROBLEMAS DISTINTOS: DE UNA PARTE, EL QUE PLANTEA LA EXISTENCIA DE TITULOS DE PROPIEDAD (O INCLUSO DE OBRAS SIN TITULO), SOBRE TERRENOS QUE YA ANTES DE LA PROMULGACION DE LA LEY, SE SITUABAN COMO ENCLAVES EN EL DOMINIO PUBLICO Y, DE LA OTRA, EL QUE SUSCITA LA EVENTUAL EXTENSION DE LA ZONA DEMANIAL SOBRE TERRENOS QUE, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION ANTERIOR, ERAN DE PROPIEDAD PRIVADA.

EL PRIMERO DE ESTOS PROBLEMAS ES EL QUE SE ABORDA EN LOS TRES PRIMEROS APARTADOS DE LA DISPOSICION, EN TANTO QUE SE CONSAGRA AL SEGUNDO EL APARTADO CUARTO.

ELEMENTO COMUN A LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE SE ENUNCIAN EN LOS TRES PRIMEROS APARTADOS, ES, CLARO ESTA, EL DE LA EXISTENCIA DE TITULOS PRIVADOS SOBRE TERRENOS ENCLAVADOS EN EL DOMINIO PUBLICO, CUYA SUBSISTENCIA RESULTA INCOMPATIBLE CON EL MANDATO DEL ART. 132.2 DE LA CONSTITUCION POR LO QUE ANTES DE ENTRAR EN EL ESTUDIO DE CADA UNO DE ESTOS SUPUESTOS ES IMPRESCINDIBLE HACER ALGUNA CONSIDERACION SOBRE LA NATURALEZA Y ORIGEN DE ESTOS TITULOS.

SU EXISTENCIA ES UN DATO DEL QUE LA LEY DE COSTAS PARTE. A ELLOS SE REFIERE TANTO LA EXPOSICION DE MOTIVOS (), COMO LA PROPIA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, QUE MUY SIGNIFICATIVAMENTE UTILIZA LA EXPRESION .

EXPRESO RECONOCIMIENTO, PUES, DE UNA REALIDAD PREEXISTENTE QUE, INCLUSO MAS ALLA DE LA GENERICA EXPRESION QUE UTILIZARA EL ART. 1 DE LA LEY DE COSTAS DE 1969, PARECE ADMITIR O PRESUPONER LA NATURALEZA DOMINICAL DE TALES DERECHOS.

NO OBSTANTE, DADA LA TRASCENDENCIA QUE LA CALIFICACION DE LA NATURALEZA DE ESOS PUDIERA TENER EN ORDEN A VALORAR LA ADECUACION AL ART. 33.3 DE LA C.E. DE LAS CONSECUENCIAS DE ORDEN PATRIMONIAL PREVISTAS POR LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, POR RAZON DE LA EXTINCION O SUPRESION DE LOS MISMOS, CONVIENE TENER PRESENTE QUE DICHA CALIFICACION NO HA DEJADO DE SUSCITAR CONTRAPUESTAS APRECIACIONES, NO SOLO YA DOCTRINALMENTE, SINO LO QUE AHORA RESULTA MAS RELEVANTE, EN LA PROPIA JURISPRUDENCIA.

EN EFECTO, FRENTE A LA IDENTIFICACION SIN MAS DE ESOS DERECHOS COMO EFECTIVAS PROPIEDADES PARTICULARES ENCLAVES PRIVADOS EN LAS RIBERAS MARITIMAS, A LOS QUE CIERTAMENTE TAMBIEN LA LEY DE COSTAS DE 1969 ALUDIA EXPRESAMENTE EN SU ART. 4.1: , NO HA DEJADO DE MANTENERSE POR CIERTA PARTE DE LA DOCTRINA, QUE ESOS DERECHOS NO PUEDEN REFERIRSE SINO A DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR SER EN TODO MOMENTO LOS UNICOS COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEMANIAL DE LA RIBERA DEL MAR. PERO ES QUE, ADEMAS, AUN CUANDO SE HA ADMITIDO, ANTE LA REALIDAD INCUESTIONABLE DE DETERMINADOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES, LA TITULARIDAD PRIVADA DE PARCELAS CONCRETAS ENCLAVES PRIVADOS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, NO POR ELLO SE HA DEJADO DE SOSTENER LA EXISTENCIA, EN TODO CASO, DE UNA SERVIDUMBRE DE USO PUBLICO A FIN DE CONSERVAR Y GARANTIZAR LOS VALORES COLECTIVOS INCORPORADOS AL LITUS MARIS , LO QUE SUPONIA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA REGLAMENTAR EL USO DE LAS PLAYAS Y DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE PROPIEDAD EXISTENTE SOBRE TALES BIENES. TESIS, CIERTAMENTE, DE LA QUE NO TODA LA DOCTRINA HA PARTICIPADO, PERO QUE EVIDENCIA YA LA O DE ESOS DERECHOS DOMINICALES AUN CUANDO SE LES RECONOZCA COMO TALES.

LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO REFLEJA TAMBIEN, MUY SINTOMATICAMENTE, LA FALTA DE UNIFORMIDAD DE CRITERIO EN ESTA CUESTION. EN UNA LINEA JURISPRUDENCIAL EVOLUTIVA, EN LA QUE, SIN EMBARGO, NO FALTAN DE

CISIONES CONCRETAS QUE COETANEAMENTE SE ORIENTAN EN MUY DISTINTO SENTIDO, CABE APRECIAR EL TENDENCIAL DESLIZAMIENTO DE LA POSICION MAS EXTREMA, QUE ADMITE SIN REPARO ALGUNO LA LICITUD OBVIAMENTE, SIEMPRE CON ANTERIORIDAD A LA CE VIGENTE DE LA DESAFECTACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO EN ESTE CASO, NO SE OLVIDE, DE DOMINIO PUBLICO NATURAL Y SU ADSCRIPCION AL DOMINIO PRIVADO MEDIANTE UN ACTO DE SOBERANIA QUE PRODUJERA SU ENTRADA EN EL COMERCIO DE LOS HOMBRES, A POSICIONES MAS MATIZADAS, O MAS DUBITATIVAS, BASADAS, EN TERMINOS GENERALES, EN LA CONSIDERACION DE QUE RESULTA DIFICIL ADMITIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO HAYA PODIDO DESAFECTAR UNOS BIENES QUE SIENDO INALIENABLES SE ENCUENTREN FUERA DE SU PODER DE DISPOSICION. E INCLUSO, DANDO UN PASO MAS ADELANTE, Y PARTIENDO DE QUE TALES BIENES POR SU PROPIA NATURALEZA SON RES COMMUNIS OMNIBUS , EN ALGUNAS OCASIONES SE HA CONCLUIDO NEGANDO LA LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICION Y DESAFECTACION QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO EN EL PASADO, CONSIDERANDO QUE LAS ENAJENACIONES A FAVOR DE PARTICULARES QUE HISTORICAMENTE SE PRODUJERON DE PARCELAS INCLUIDAS O ENCLAVADAS EN LA RIBERA DEL MAR SOLO PUDIERON TRANSMITIR UN O, SI SE QUIERE, UN , QUE, AUN SIN LIMITE TEMPORAL, CONCEDIO UNICAMENTE ALGUNAS DE LAS FACULTADES PROPIAS DE LA TITULARIDAD DOMINICAL, PERO NO ESTA.

ES

EVIDENTE QUE NO ES TAREA NUESTRA ENTRAR EN ESA POLEMICA, NI EN LA INTERPRETACION QUE DEBA DARSE A LA EXPRESION , MAXIME MEDIANDO SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES QUE, AUNQUE DESIGUALMENTE, YA LO HAN HECHO, PERO SI DEBE TENERSE PRESENTE QUE, EN TODO CASO, ESAS TITULARIDADES DOMINICALES LO SON DE UNOS SINGULARES BIENES QUE, POR SUS PROPIAS CARACTERISTICAS FISICAS Y POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, NECESARIAMENTE FORMAN PARTE DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

TRAS ESTAS CONSIDERACIONES INICIALES, PROCEDE EXAMINAR YA DIRECTAMENTE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA A LA QUE SE IMPUTA GENERICAMENTE LA INFRACCION DEL ART. 33.3 C.E., POR CUANTO, A JUICIO DE QUIENES FORMULAN TAL IMPUTACION, SUPONE UNA PRIVACION LEGISLATIVA DE DERECHOS DOMINICALES SIN LA CONSIGUIENTE Y PRECEPTIVA INDEMNIZACION. Y, ASIMISMO, SE ALEGA TAMBIEN LA VULNERACION DEL ART. 24 C.E., AL SER LA PROPIA LEY LA QUE HA PROCEDIDO A LA SUPRESION DE LOS REFERIDOS DERECHOS DOMINICALES.

A) EL APARTADO 1 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SE REFIERE, EN PRIMER LUGAR, A PARA ESTABLECER QUE . ESTE DERECHO SE MATERIALIZA EN EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION POR TREINTA AÑOS, PRORROGABLES POR OTROS TANTOS, QUE VENDRA A PERMITIR Y SIN QUE EL TITULAR TENGA OBLIGACION DE ABONAR CANON ALGUNO.

LA NORMA ACEPTA, COMO YA HEMOS DICHO, LA EXISTENCIA DE AUTENTICAS TITULARIDADES DOMINICALES PRIVADAS EN DETERMINADAS DEPENDENCIAS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE, DESCARTANDO ASI, IMPLICITAMENTE, LA POSIBILIDAD INTERPRETATIVA PLASMADA EN ALGUNA JURISPRUDENCIA, SEGUN LA CUAL ESAS TITULARIDADES NO PODIAN SER SINO DERECHOS DE APROVECHAMIENTO AUN CUANDO LO FUESEN SIN LIMITACION TEMPORAL.

NO OBSTANTE, AUN CUANDO SU DECLARACION POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME SUPONGA EL RECONOCIMIENTO DE TITULARIDADES DOMINICALES, LO CIERTO ES QUE, COMO YA HEMOS SEÑALADO, ESAS TITULARIDADES RECAEN SOBRE UNOS BIENES ZONA MARITIMO-TERRESTRE Y PLAYAS QUE POR SUS PROPIAS CARACTERISTICAS FISICAS Y NATURALES ERAN Y SON DE DOMINIO PUBLICO Y, POR TANTO, SE TRATA DE UNAS TITULARIDADES QUE POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DEBEN CESAR. TITULARIDADES DOMINICALES, ADEMAS, QUE, CON ARREGLO A LA PROPIA LEGISLACION QUE VINO A RECONOCERLAS Y RESPETARLAS, QUEDABAN YA LIMITADAS Y CONDICIONADAS POR RAZON MISMA DE LA CLASE O TIPO DE BIENES SOBRE LOS QUE RECAIAN.

ESA NATURALEZA DOMINICAL DEL DERECHO DECLARADO POR SENTENCIA JUDICIAL, AUNQUE EVIDENTEMENTE NO PERMITE OLVIDAR LAS LIMITACIONES QUE EN TODO CASO IMPONIA A LOS PROPIETARIOS EL CARACTER DEMANIAL DE LOS BIENES, OBLIGA A CONSIDERAR QUE SU TRANSFORMACION EN CONCESION IMPLICA UNA MUY SINGULAR FORMA DE EXPROPIACION. LA EVIDENTE RAZON DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA, DE TAL EXPROPIACION, NO PUEDE SER PUESTA EN CUESTION, DE TAL MODO QUE LA IMPUGNACION DEL PRECEPTO SE DIRIGE EFECTIVAMENTE CONTRA LA AUSENCIA O LA INSUFICIENCIA DE LA INDEMNIZACION.

QUE NO CABE HABLAR DE INEXISTENCIA DE INDEMNIZACION ES COSA EVIDENTE. SI LA EXPROPIACION SE OPERA PRECISAMENTE POR LA TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD EN CONCESION, EL VALOR ECONOMICO DE ESTA NO PUEDE SER ENTENDIDO SINO COMO COMPENSACION, DETERMINADA OPE LEGIS , POR LA PRIVACION DEL TITULO DOMINICAL. LA RELACION ENTRE EXPROPIACION Y CONVERSION DEL TITULO, DE UNA PARTE, Y LA NATURALEZA COMPENSATORIA DE LA CONCESION QUE SE OTORGA, DE LA OTRA, NO APARECIAN TAL VEZ CON ABSOLUTA NITIDEZ EN LA PROPIA LEY, QUE DABA A LOS PROPIETARIOS EL PLAZO DE UN AÑO PARA SOLICITAR DICHA CONVERSION Y NO OFRECIA SOLUCION ALGUNA PARA EL SUPUESTO DE QUE SE DEJARA TRANSCURRIR ESE PLAZO SIN CURSAR LA SOLICITUD. EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE ESA NORMA (DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, 2 DEL REGLAMENTO GENERAL) AL ORDENAR A LA ADMINISTRACION QUE, DE OFICIO, OTORGUE LA CONCESION CUANDO SE HUBIERA AGOTADO EL PLAZO PARA SOLICITARLA, VINO A LLENAR ESA LAGUNA E HIZO PATENTE QUE SE TRATA, EN EFECTO, NO DE UNA LIBRE OPCION, SINO DE UNA DECISION EXPROPIATORIA EN LA QUE ES LA LEY MISMA LA QUE FIJA EL QUANTUM DE LA INDEMNIZACION. ESTA VERIFICACION ES EL PUNTO DE PARTIDA OBLIGADO DEL ANALISIS DE LA IMPUGNACION QUE, COMO DECIAMOS ANTES, ADUCE LA VIOLACION DE DOS ARTICULOS CONSTITUCIONALES, EL 33.3 Y EL 24.

SIENDO INNEGABLE, COMO ACABAMOS DE SEÑALAR, QUE LA CONVERSION DEL TITULO QUE FACULTA PARA LA OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO ES, SIMULTANEAMENTE UN ACTO DE PRIVACION DE DERECHOS Y UNA COMPENSACION POR TAL PRIVACION, LA VULNERACION DEL PRIMERO DE LOS ARTICULOS MENCIONADOS SOLO PUEDE ENTENDERSE PRODUCIDA POR LA INSUFICIENCIA DE LA INDEMNIZACION CONCEDIDA, NO POR SU INEXISTENCIA.

ES EVIDENTE, SIN EMBARGO, QUE PARA QUE ESA POSTULADA INSUFICIENCIA COMPORTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA QUE FIJA LA INDEMNIZACION PARA LA EXPROPIACION DE UN CONJUNTO DE BIENES, SE HA DE ATENDER NO A LAS CIRCUNSTANCIAS PRECISAS QUE EN CADA SUPUESTO CONCRETO PUEDAN DARSE, SINO A LA EXISTENCIA DE UN (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 13 B)) ENTRE EL VALOR DEL BIEN O DERECHO EXPROPIADO Y LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION OFRECIDA, DE MODO TAL QUE LA NORMA QUE LA DISPONE SOLO PODRA SER ENTENDIDA COMO CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMA CUANDO LA CORRESPONDENCIA ENTRE AQUEL Y ESTA SE REVELE MANIFIESTAMENTE DESPROVISTA DE BASE RAZONABLE.

LA APLICACION DE ESA DOCTRINA AL SUPUESTO QUE AHORA NOS OCUPA NO PERMITE CONCLUIR, COMO LOS RECURRENTES SOSTIENEN, QUE LA NORMA SEA INCONSTITUCIONAL. LA SINGULARIDAD DE LAS PROPIEDADES A LAS QUE LA NORMA SE APLICA, YA ANTES COMENTADA, DE UNA PARTE, EL MANTENIMIENTO, AUNQUE SEA A TITULO DISTINTO PERO POR UN PROLONGADO PLAZO, DE LOS DERECHOS DE USO Y DISFRUTE QUE LOS MISMOS PROPIETARIOS TENIAN DE LA OTRA, Y LA CONSIDERACION, EN FIN, DE QUE EN TODO CASO ESOS BIENES HABRIAN DE QUEDAR SUJETOS, AUN DE HABERSE MANTENIDO EN MANOS PRIVADAS, A LAS LIMITACIONES DIMANANTES DE SU ENCLAVE EN EL DOMINIO PUBLICO, HACEN IMPOSIBLE ENTENDER QUE LA INDEMNIZACION OFRECIDA, DADO EL VALOR ECONOMICO SUSTANCIAL DE ESE DERECHO DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DEMANIO DURANTE SESENTA AÑOS Y SIN PAGO DE CANON ALGUNO, NO REPRESENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL JUICIO ABSTRACTO QUE CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL, UN EQUIVALENTE DEL DERECHO DEL QUE SE PRIVA A SUS ANTERIORES TITULARES.

DE OTRO LADO, Y CON ELLO ENTRAMOS EN EL ANALISIS DE LA SUPUESTA VIOLACION DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NADA IMPIDE, NATURALMENTE, QUE LOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACION PUEDAN IMPUGNAR ANTE LA JURISDICCION COMPETENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONVERSION DE SU TITULO DOMINICAL EN TITULO CONSESIONAL PARA DEDUCIR ANTE ELLA LAS PRETENSIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES FRENTE AL MISMO.

B) SUPUESTO SIMILAR ES EL PREVISTO EN EL APARTADO 4 DE LA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, REFERIDO A AQUELLOS BIENES QUE, TRAS EL CORRESPONDIENTE DESLINDE, PASAN A INTEGRAR EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE DE ACUERDO CON LA NUEVA DEFINICION QUE DEL MISMO SE CONTIENE EN LOS ARTS. 3, 4 Y 5 DE LA LEY. LA PERDIDA DE LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS IMPLICA SIN DUDA UNA EXPROPIACION QUE ES, NO OBSTANTE, CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE EN SU CAUSA EN CUANTO, COMO YA SE RAZONO EN SU MOMENTO, NADA IMPIDE QUE EL LEGISLADOR PRECISE LA DEFINICION JURIDICA DE LO QUE, EN RAZON DE SUS CARACTERISTICAS FISICAS, HAYA DE ENTENDERSE POR RIBERA DEL MAR Y QUE DA TAMBIEN SATISFACCION A LA GARANTIA INDEMNIZATORIA QUE PREVE EL ART. 33.3 C.E., AL COMPENSAR LA PERDIDA DE UNA EFECTIVA TITULARIDAD DOMINICAL SOBRE UNOS BIENES QUE PASAN A INTEGRAR EL DOMINIO PUBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION QUE PERMITE EL MANTENIMIENTO DE LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS EXISTENTES POR UN PLAZO MAXIMO DE SESENTA AÑOS.

C) EL APARTADO 2. DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA SE OCUPA DEL PROBLEMA QUE PLANTEA LA EXISTENCIA SOBRE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE O PLAYAS DE TITULARIDADES DOMINICALES AMPARADAS POR EL ART. 34 DE LA LEY HIPOTECARIA, AUNQUE NO DECLARADAS POR SENTENCIA JUDICIAL FIRME.

LA SOLUCION QUE PARA TAL PROBLEMA EXIGE ES LA DE QUE LOS TERRENOS EN CUESTION , RECONOCIENDOSELES, ASIMISMO, UN DERECHO DE PREFERENCIA, .

LA REDUCCION QUE EN ESTE CASO TIENE EL VALOR DE LA COMPENSACION IMPUESTA POR LA LEY, EN RELACION CON LOS DOS SUPUESTOS ANTES ESTUDIADOS, TIENE SU JUSTIFICACION, EN PRINCIPIO, EN LA MAYOR DEBILIDAD DEL TITULO. UNA COSA ES, CLARO ESTA, UNA SENTENCIA JUDICIAL, Y OTRA BIEN DISTINTA UNA INSCRIPCION REGISTRAL, PUES AUN PRESCINDIENDO DEL HECHO, BIEN SABIDO, DE QUE ENTRE NOSOTROS LA INSCRIPCION REGISTRAL DA FE DE LA VALIDEZ DEL TITULO, PERO NO DE LA REALIDAD FISICA DEL BIEN A QUE ESTE SE REFIERE, ES CLARO QUE FRENTE A LA NOTORIEDAD DEL CARACTER PUBLICO DE LA ZONA MARITIMO-TERRESTRE, LA EXISTENCIA DE TITULOS INSCRITOS EN EL REGISTRO EN LOS QUE SE SEÑALE COMO LINDEROS DE LA FINCA O, A VECES, INCLUSO, UN PAIS EXTRANJERO NO PUEDE FUNDAR LA AFIRMACION DE UNA EFECTIVA TITULARIDAD DOMINICAL.

PESE A ELLO, TAMPOCO CABE PASAR POR ALTO EL HECHO DE QUE, EN OCASIONES, LA INEXISTENCIA DE UNA SENTENCIA JUDICIAL PUEDE DEBERSE AL HECHO DE QUE LA ADMINISTRACION NO HIZO USO, TRAS EL DESLINDE DE LAS ACCIONES JUDICIALES DIRIGIDAS A INVALIDAR EL TITULO QUE SE LE OPONIA Y QUE, EN CONSECUENCIA, EL TITULAR REGISTRAL SE VE COLOCADO EN UNA SITUACION MAS DESFAVORABLE JUSTAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR INACTIVIDAD DE LA PROPIA ADMINISTRACION.

LAS DUDAS QUE ESTA CONSIDERACION JURIDICA PUDIERA HACER NACER EN CUANTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTE APARTADO, DADA LA MENOR COMPENSACION QUE EN ESTE CASO SE OFRECE A LOS TITULARES DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES, QUEDAN DESPEJADAS, NO OBSTANTE POR EL INCISO FINAL DEL PROPIO APARTADO, EN EL QUE EXPRESAMENTE SE SALVA EL DERECHO DE ESTOS TITULARES PARA ACUDIR A LAS ACCIONES CIVILES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS. ES EVIDENTE, EN EFECTO, QUE DE ACUEDO CON ESA SALVEDAD, LOS TITULARES REGISTRALES, COMO AQUELLOS TITULARES DE DERECHOS EN ZONAS HASTA AHORA NO DESLINDADAS, CUANDO EL DESLINDE SE EFECTUE, PODRAN EJERCITAR LAS ACCIONES DIRIGIDAS A OBTENER LA DECLARACION DE SU PROPIEDAD Y QUE SI LA SENTENCIA, ASI LO HICIESE, LES SERIA DE APLICACION LO DISPUESTO EN EL APARTADO PRIMERO DE ESTA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA.

D) EL APARTADO 3 DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DISPONE QUE .

ES EVIDENTE QUE LA OPERACION DE DESLINDE PUEDE DAR LUGAR TAMBIEN EN ESTOS CASOS A UNA PRIVACION DE DERECHOS. ASI SUCEDERA, POR EJEMPLO, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE, AL LLEVARSE A CABO EL DESLINDE CON ARREGLO A LA PRESENTE LEY SE INCORPOREN AL DOMINIO PUBLICO TERRENOS (Y EVENTUALMENTE OBRAS E INSTALACIONES) QUE SEGUN LA LEGISLACION ANTERIOR ERAN INEQUIVOCAMENTE DE DOMINIO PRIVADO, O EN AQUELLOS OTROS EN LOS QUE EXISTAN TITULOS REGISTRALES INSCRITOS Y AMPARADOS POR EL ART. 34 DE LA LEY HIPOTECARIA, QUE NUNCA PUDIERON HACERSE VALER ANTE LA ADMINISTRACION POR LA SIMPLE RAZON DE NO HABER ACOMETIDO ESTA EL DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO EN LA ZONA.

POR ELLO SERIA FORZOSO ACEPTAR LA IMPUGNACION EN ESTE PUNTO SI EFECTIVAMENTE, COMO LOS RECURRENTES SOSTIENEN, EL PROCEPTO NO CONTEMPLASE COMPENSACION ALGUNA. NO ES ESTO, SIN EMBARGO, ASI, Y LA INTERPRETACION SISTEMATICA DEL PRECEPTO EVIDENCIA QUE TAMBIEN EN ESTOS CASOS DEBERA SER INDEMNIZADA LA PRIVACION DE DERECHOS EN TERMINOS ANALOGOS A LOS PREVISTOS EN LOS DOS APARTADOS ANTERIORES.

EN LO QUE TOCA A LOS DERECHOS QUE RECAEN SOBRE TERRENOS QUE ERAN, ANTES DE LA PRESENTE LEY, DE DOMINIO PRIVADO Y QUE, AL EFECTUARSE EL DESLINDE DE ACUERDO CON LO QUE EN ELLA SE PREVE SE INCORPORAN AL DOMINIO PUBLICO, LA LAGUNA LEGAL HA SIDO COMPLETADA, EN TERMINOS COHERENTES CON LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DEL ART. 33.3 DE LA CONSTITUCION, POR EL REGLAMENTO, QUE EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS TERCERA, 4, Y CUARTA, DISPONE QUE ESTAS SITUACIONES RECIBAN EL MISMO TRATAMIENTO QUE LAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 4 DE ESTA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY, CUYA ADECUACION A LA CONSTITUCION YA HEMOS DECLARADO ANTES. ESTA DISPOSICION REGLAMENTARIA PATENTIZA, EN CONSECUENCIA, QUE LA NORMA QUE AHORA ANALIZAMOS PUEDE SER INTERPRETADA DE MANERA CONFORME A LA CONSTITUCION Y QUE PUEDE SER MANTENIDA, PESE AL SILENCIO DE SU TEXTO, SIEMPRE QUE SEA INTERPRETADA EN ESTE SENTIDO.

EN LO QUE RESPECTA A LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES AMPARADAS POR EL ART. 34 DE LA LEY HIPOTECARIA LA SOLUCION ES AUN MAS CLARA PUES LA POSIBILIDAD DE HACERLOS VALER EN EL MOMENTO DEL DESLINDE ESTA EXPRESAMENTE RECONOCIDA EN EL INCISO FINAL DEL ART. 13, APARTADO 2. , DE LA PROPIA LEY, DE MANERA QUE EN ESA OCASION PODRAN SUS TITULARES OBTENER DE LA JURISDICCION COMPETENTE EL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO Y QUEDARAN CON ELLO EN LA MISMA SITUACION QUE LOS PROPIETARIOS DE ENCLAVES A LOS QUE SE REFIERE EL APARTADO PRIMERO DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA. ES CIERTO QUE EL TEXTO DE ESTE APARTADO SE REFIERE SOLO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, PERO TAMBIEN LO ES QUE LA APLICACION ANALOGICA DE ESTA PREVISION AL SUPUESTO QUE AHORA CONSIDERAMOS, QUE EL TEXTO LITERAL NO HACE IMPOSIBLE, ES INDISPENSABLE PARA NO PRIVAR DE SENTIDO AL INCISO DEL ART. 13.2 QUE ANTES HEMOS COMENTADO Y QUE ESTA APLICACION, EXIGIDA EN DEFINITIVA POR LA INTERPRETACION SISTEMATICA DE LA PROPIA LEY, PERMITE TAMBIEN EN ESTE CASO ENTENDER QUE EL PRECEPTO QUE AHORA COMENTAMOS NO ES, TAMPOCO EN RELACION CON ESTOS SUPUESTOS, CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

C) DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA, APARTADOS 1 Y 2, ES IMPUGNADA POR EL GOBIERNO VASCO EN RAZON, EXCLUSIVAMENTE, DE SU CONEXION CON LOS ARTS. 3, 4 Y 5.

LA IMPUGNACION, SIN EMBARGO, DEBE SER RECHAZADA. EL CAMBIO DE CRITERIO QUE, RESPECTO DE LA LEY DE COSTAS DE 1969 (ART. 5.2) HA INTRODUCIDO EL ART. 4.5 DE LA VIGENTE LEY, AL CONCEPTUAR AHORA COMO DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE ESTATAL LOS TERRENOS DESLINDADOS COMO DOMINIO PUBLICO QUE POR CUALQUIER CAUSA HAN PERDIDO SUS CARACTERISTICAS NATURALES DE PLAYA, ACANTILADOS, O ZONA MARITIMO-TERRESTRE, SALVO QUE PROCEDA A SU DESAFECTACION DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ART. 18 DE LA LEY, JUSTIFICA QUE TRANSITORIAMENTE SE ESTABLEZCA LA REGLA DE QUE LOS TERRENOS SOBRANTES Y DESAFECTADOS DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 5.2 DE LA LEY DE 1969 QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ESTEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y NO HAYAN SIDO, EN SU CASO, RECUPERADOS POR SUS ANTIGUOS PROPIETARIOS, NO SERAN YA ENAJENADOS NI AFECTADOS A OTRAS FINALIDADES DE USO O SERVICIO PUBLICO MIENTRAS QUE PROCEDE A LA ACTUALIZACION DEL DESLINDE PARA SU AFECTACION AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE. POR ELLO, HABIENDO QUEDADO YA DESCARTADA LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 4.5 DE LA LEY, NECESARIAMENTE DEBE SERLO TAMBIEN LA DEL APARTADO 1 DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA, PUES IDENTICO ES EL FUNDAMENTO DE UNA Y OTRA PREVISION E IDENTICOS SON LOS MOTIVOS ESGRIMIDOS EN SU CONTRA.

LO MISMO HAY QUE DECIR EN RELACION AL APARTADO 2, MAXIMO CUANDO AQUI SE MANTIENE EL ESTATUTO PREEXISTENTE A LA LEY, A PESAR DE QUE ESTA EN SU ART. 4.2 DECLARA QUE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE OBRAS Y LOS DESECADOS EN SU RIBERA, SON BIENES PERTENECIENTES AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE ESTATAL. POR LO DEMAS, EL HECHO DE QUE EL RESPETO A LAS SITUACIONES PREEXISTENTES A LA LEY QUIEBRE CUANTO LOS TERRENOS HUBIESEN SIDO GANADOS ILEGITIMAMENTE, SIN TITULO HABILITANTE, ESTA PLENAMENTE JUSTIFICADO, PUES NINGUN DERECHO O INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIBLE QUEDA EN TAL CASO AFECTADO, SIN PERJUICIO DE QUE, EN SU CASO, A LAS OBRAS O INSTALACIONES QUE PUDIEREN EXISTIR EN DICHOS TERRENOS SE LES APLIQUE EL REGIMEN PREVISTO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA.

D) EN LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA SE IMPUGNAN GENERICAMENTE TODOS SUS APARTADOS ESPECIALMENTE LOS CUATRO PRIMEROS POR LAS MISMAS RAZONES ADUCIDAS EN LA IMPUGNACION DE LOS CORRESPONDIENTES PRECEPTOS DEL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO II CON LOS QUE GUARDA CONEXION.

UNA VEZ MAS HAY QUE SEÑALAR QUE EL REPROCHE QUEDA PRIVADO DE TODO FUNDAMENTO AL HABER SIDO YA RECHAZADO QUE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION A EXCEPCION DEL ART. 26.1 Y A LA ZONA DE INFLUENCIA SEAN CONTRARIAS DE LA CONSTITUCION POR VULNERAR LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA PREVE, EN EFECTO, UN REGIMEN TRANSITORIO EN LA APLICACION DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION Y DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA, LO QUE SUPONE INCIDIR EN LAS SITUACIONES URBANISTICAS PREEXISTENTES DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE AQUELLAS RECAEN, AFECTANDO DE ESA FORMA A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y AYUNTAMIENTOS EN LA MATERIA DE URBANISMO.

NO ES PRECISO, SIN EMBARGO, EXAMINAR EN DETALLE ESE REGIMEN, QUE SE DIVERSIFICA EN FUNCION DE LA CLASIFICACION DEL SUELO EXISTENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY Y, A SU VEZ, DE LA EXISTENCIA O NO DE PLANES PARCIALES APROBADOS DEFINITIVAMENTE O NO Y, EN SU CASO, DE LA FECHA DE SU APROBACION Y DEL HECHO MISMO DE SU EJECUCION (APARTADOS 1, 2 Y 3), PUES ES INCUESTIONABLE QUE LA INCIDENCIA QUE TODO ELLO TIENE EN LAS COMPETENCIAS URBANISTICAS DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES QUEDA PLENAMENTE JUSTIFICADA EN LA MEDIDA EN QUE, COMO YA SE HA VISTO, TAMBIEN LO ESTAN LAS PROHIBICIONES Y LIMITACIONES QUE, EN RELACIN AL USO DEL SUELO POR RAZONES MEDIO-AMBIENTALES (ART. 149.1.23 C.E.), SE IMPONEN EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION Y DE INFLUENCIA.

CABE AUN AÑADIR QUE ESTE REGIMEN TRANSITORIO ENCUENTRA ADEMAS COMPLEMENTARIA COBERTURA EN LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO RESERVA EL ART. 149.1.1 DE LA C.E., YA QUE CON EL SE GARANTIZA QUE LAS LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES QUE ESTABLECE LA LEY NO TENGAN UNA PROYECCION DESIGUAL SOBRE LAS FACULTADES DE LOS PROPIETARIOS SEGUN LAS DIVERSAS SITUACIONES URBANISTICAS DE LOS TERRENOS E INMUEBLES DE SU TITULARIDAD.

ES DECIR, SI LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE GARANTIZA EL ART. 33.1 DE LA C.E., NO QUEDARIA PLENAMENTE ASEGURADA SI EL ESTADO NO REGULASE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS COLINDANTES DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE SUJETOS A LAS LIMITACIONES YA CONOCIDAS, TAMPOCO LO QUEDARIA SI NO PROCEDIESE A FIJAR LOS CRITERIOS A LOS QUE TRANSITORIAMENTE, EN ATENCION AL PLANEAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS PREEXISTENTES EN CADA CASO, DEBA ACOMODARSE Y AJUSTARSE LA APLICACION DE DICHAS LIMITACIONES.

YA MAS EN PARTICULAR, TAMPOCO ES OBJETABLE LA REMISION AL REGLAMENTO QUE HACE EL APARTADO 3 EN LO QUE TOCA A LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR NUEVOS USOS Y CONSTRUCCIONES EN LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION QUE RECAIGA SOBRE TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO Y SIEMPRE DE CONFORMIDAD CON LOS PLANES DE ORDENACION EN VIGOR, PUES, SIN PERJUICIO DEL JUICIO QUE PUEDA MERECER EL DESARROLLO O CONCRECION QUE HA LLEVADO A CABO LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, 2 DEL R.C. QUE HA DISPUESTO QUE CUANDO LA LINEA DE EDIFICACIONES EXISTENTES ESTUVIESE SITUADA A UNA DISTANCIA INFERIOR A 20 METROS DESDE EL LIMITE INTERIOR DE LA RIBERA DEL MAR SERA POSIBLE LA AUTORIZACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES, SI BIEN SERA PRECISO LA OBSERVANCIA DE UNA SERIE DE CRITERIOS ENTRE LOS QUE OCUPA LUGAR PREFERENTE LA NECESIDAD DE QUE PREVIA O SIMULTANEAMENTE AL OTORGAMIENTO DE AQUELLA, SE PROCEDA A LA ELABORACION Y APROBACION DE UN PLAN ESPECIAL, ESTUDIO DE DETALLE U OTRO INSTRUMENTO URBANISTICO , LA SUJECION DE LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR LOS NUEVOS USOS Y CONSTRUCCIONES A LOS CRITERIOS QUE COMPLEMENTARIAMENTE SE FIJEN POR VIA REGLAMENTARIA SE JUSTIFICA POR LAS MISMAS RAZONES QUE NOS HAN LLEVADO A RECHAZAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 25.2, ULTIMO INCISO, MAXIME SI SE REPARA QUE AHORA SE TRATA DE AUTORIZAR NUEVOS USOS Y CONSTRUCCIONES EN LA SERVIDUMBRE DE PROTECCION AL MARGEN DE LOS CRITERIOS GENERALES ESTABLECIDOS POR EL ART. 25 DE LA LEY.

DE OTRA PARTE, EN EL INCISO FINAL DE ESTE MISMO APARTADO 3 SE ESTABLECE QUE EL SEÑALAMIENTO DE ALINEACIONES Y RASANTES Y LA ADAPTACION O REAJUSTE DE LOS EXISTENTES, ASI COMO LA ORDENACION DE LOS VOLUMENES Y EL DESARROLLO DE LA RED VIARIA, SE LLEVARA A CABO MEDIANTE ESTUDIOS DE DETALLE Y OTROS INSTRUMENTOS URBANISTICOS ADECUADOS, QUE DEBERAN RESPETAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY . SI LAS NORMAS QUE SE APRUEBEN CON ARREGLO A LA LEY SON LAS NORMAS DICTADAS EN DESARROLLO DE LA LEY O, COMO PARECE MAS APROPIADO, SON LAS PREVISTAS EN EL ART. 22, JUSTIFICADA LA NO INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE ATENDIENDO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, TAMPOCO PUEDE SERLO ESA SUJECION DE LOS REFERIDOS INSTRUMENTOS URBANISTICOS A TALES NORMAS QUE DISPONE EL PRECEPTO EN CUESTION.

AUN CUANDO NO SE FORMULA UNA ARGUMENTACION CONCRETA CONTRA EL APARTADO 4, ES EVIDENTE QUE DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 34, LA ADECUACION DE LA ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA DEL LITORAL EXISTENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY SOLO HABRA DE PRODUCIRSE, EN SU CASO, A LAS NORMAS A LAS QUE SE REFIERE EL ART. 22, SIN QUE ESA VINCULACION SUPONGA TAMPOCO MENOSCABO DE LAS COMPETENCIAS URBANISTICAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, UNA VEZ CONSTATADA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 22 DE LA LEY.

LA IMPUGNACION DE LOS APARTADOS 5 Y 6 NO SE APOYA EN ARGUMENTACION CONCRETA ALGUNA, LO QUE BASTARIA PARA RECHAZARLA. POR OTRA PARTE, NINGUNA INCIDENCIA COMPETENCIAL, LESIVA DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, CABE APRECIAR EN LA REGULACION CONTENIDA EN LOS MISMOS, QUE SE REFIEREN A LAS SERVIDUMBRES DE TRANSITO ANTIGUA SERVIDUMBRE DE PASO PUBLICO PEATONAL AL MAR Y DE ACCESO AL MAR, QUE, COMO YA SE HA VISTO, CORRESPONDE ESTABLECER AL ESTADO SIN PERJUICIO DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE PUEDAN ADOPTAR LAS ADMINISTRACIONES URBANISTICAS COMPETENTES.

POR ULTIMO, TIENE RAZON EL ABOGADO DEL ESTADO CUANDO AFIRMA QUE NO CABE IMPUTAR A ESTA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA VULNERACION ALGUNA DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA SANCIONADA EN EL ART. 33.3 DE LA C.E., PUES EL MARGEN DE LOS SUPUESTOS QUE PUEDAN PLANTEARSE EN LOS QUE PRODUCIDA UNA EFECTIVA EXPROPIACION DEBA PROCEDERSE A LA MATERIALIZACION DE LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION, LA FIJACION Y LA REGULARIZACION DE LAS LIMITACIONES A LAS PROPIEDADES COLINDANTES AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTE QUE POR RAZON DE LA PROTECCION DE ESTE Y DEL MEDIO-AMBIENTE SE ESTABLECEN EN EL TITULO II DE LA LEY, APARECEN PLENAMENTE JUSTIFICADAS CONSTITUCIONALMENTE (ART.

33.2 C.E.) Y POR ELLO, Y DE ACUERDO CON LO YA DICHO EN EL APARTADO A DE ESTE FUNDAMENTO, NO PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO EXPROPIACIONES STRICTO SENSU .

E) IDENTICA APRECIACION MERECE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, QUE PARA LOS DIPUTADOS RECURRENTES TAMBIEN INFRINGE EL ART. 33.3 POR CUANTO ESTABLECE LIMITACIONES DE DERECHOS O FACULTADES DOMINICALES SIN PREVER LA CORRELATIVA INDEMNIZACION PARA SUS TITULARES, MAXIME AL INCIDIR ESAS LIMITACIONES EN TERRENOS QUE NO SON ESTRICTAMENTE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

SIN EMBARGO, CON INDEPENDENCIA DE LA INEXACTITUD DE ESTA ULTIMA APRECIACION, YA QUE EL PARRAFO A) DEL APARTADO 2 DE DICHA DISPOSICION TRANSITORIA SI SE REFIERE A TERRENOS INTEGRANTES DEL DOMINIO PUBLICO, AL FIJAR EN CONCRETO CUAL SERA EL DESTINO FINAL DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY OCUPEN TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO, DEBE TENERSE EN CUENTA, EN PRIMER TERMINO, QUE LA DEMOLICION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PREVISTA EN EL APARTADO PRIMERO EN FORMA ALGUNA DEBE SER OBJETO DE INDEMNIZACION POR SER OBRAS REALIZADAS AL MARGEN O CON INFRACCION DE LA PROPIA LEGISLACION DE COSTAS VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE LO FUERON. NO SOLO, PUES, NO HAY PRIVACION EXPROPIATORIA DE UN BIEN, SINO QUE TAMPOCO HAY LESION PATRIMONIAL POR LA QUE DEBA RESPONDER LA ADMINISTRACION INDEMNIZANDO, SIN QUE PUEDA OLVIDARSE QUE LA LEY, AUN CUANDO NO VENIA OBLIGADA A ELLO, ABRE EL PORTILLO A UNA POSIBLE LEGALIZACION DE DICHAS INSTALACIONES Y OBRAS POR RAZON DE INTERES PUBLICO.

EN SEGUNDO LUGAR, TAMBIEN ES PRECISO ADVERTIR QUE EL HECHO DE QUE LAS OBRAS LEGALIZADAS POR RAZON DE INTERES PUBLICO, ASI COMO LAS CONSTITUIDAS, O QUE PUEDAN CONSTRUIRSE, AL AMPARO DE AUTORIZACION ESTATAL OTORGADA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, SEAN DEMOLIDAS AL EXTINGUIRSE LA CONCESION CUANDO OCUPEN TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO (APARTADO 2, PARRAFO A)), O QUEDEN SUJETAS A UNA SITUACION EQUIVALENTE A LA DE FUERA DE ORDENACION QUE PREVE EL ART.

60.1 Y 2 DE LA LEY DEL SUELO CUANDO SE ENCUENTREN UBICADAS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO Y DE PROTECCION (APARTADO 2, PARRAFOS B) Y C)), EN NADA PUEDE JUSTIFICAR LA IMPUTADA INFRACCION DEL ART. 33.3 DE LA C.E., AL NO SER SINO LIMITACIONES LEGALES DE LAS FACULTADES DOMINICALES QUE FACILMENTE SE COMPRENDE SON TOTALMENTE AJENAS AL CONCEPTO MISMO DE EXPROPIACION.

DISTINTA ES LA CONSIDERACION QUE DEBE MERECER EL PARRAFO C), APARTADO 2, YA QUE LA ATRIBUCION DE LA POTESTAD AUTORIZATORIA QUE EN EL SE PREVE A FAVOR DE LA ADMINISTRACION ESTATAL, DADO SU CARACTER EJECUTIVO, SUPONE UNA EXTRALIMITACION COMPETENCIAL DEL LEGISLADOR QUE MENOSCABA LAS COMPETENCIAS URBANISTICAS AUTONOMICAS Y, EN SU CASO, MUNICIPALES. DE MANERA QUE, AL IGUAL DE LO QUE YA SE HA DICHO A PROPOSITO DEL ART. 26.1, CORRESPONDERA EJERCITAR ESA POTESTAD A LOS PERTINENTES ORGANOS DE LAS CC.AA. O, EN SU CASO, A LOS AYUNTAMIENTOS.

F) LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA ES IMPUGNADA EN SUS DOS APARTADOS, POR ESTABLECER NORMAS INTERTEMPORALES QUE GUIEN LA APLICACION DE PRECEPTOS SUSTANTIVOS QUE SE ESTIMAN INCONSTITUCIONALES.

LA REFERENCIA QUE EL APARTADO 1) REALIZA AL ART. 57.2 HA QUEDADO SUSTANCIALMENTE ALTERADA, PUES COMO VIMOS AL ENJUICIAR LA VALIDEZ DE ESTE ARTICULO LA REMISION QUE EFECTUA NO PUEDE ENTENDERSE REFERIDA A LAS NORMAS APROBADAS EX ART. 34, DECLARADO INCONSTITUCIONAL, SINO A LOS REGLAMENTOS QUE EL ESTADO DICTE EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS REGULADORAS EN MATERIA DE VERTIDOS. EL APARTADO 2 DE ESTA DISPOSICION TRANSITORIA, POR SU PARTE, NO PRIVA A LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA DE SUS COMPETENCIAS DE GESTION DEL DOMINIO PUBLICO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS AL ANALIZAR LOS PRECEPTOS RELATIVOS A RESERVAS (ARTS. 47 Y 48), A ADSCRIPCIONES (ESPECIALMENTE EL ART. 50), Y A CONCESIONES (ARTS. 64, 67, 68 Y 71.3), Y SIEMPRE QUE SE TENGAN EN CUENTA LAS INFLEXIONES INTERPRETATIVAS QUE EXIGE EL RESPETO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, EN LOS TERMINOS QUE SE EXPUSIERON EN SUS RESPECTIVOS LUGARES.

G) LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, 1, SE SOLICITA POR RAZON DE SU CONEXION, EN PARTICULAR, CON EL ART. 26. NO OBSTANTE, ESTIMADA INCONSTITUCIONAL LA POTESTAD AUTORIZATORIA PREVISTA EN EL ART. 26.1 A FAVOR DE LA ADMINISTRACION ESTATAL, DEBE TAMBIEN ACORDARSE IDENTICA DECLARACION RESPECTO A LA REFERENCIA A LA CONTENIDA EN DICHA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, 1, PUES LA AUTORIZACION A LA QUE SE REFIERE EL ART. 26 SERA EXIGIDA POR LA ADMINISTRACION URBANISTICA COMPETENTE, SI BIEN DEBA SERLO DE ACUERDO CON .

ASIMISMO, LA IMPUGNACION DEL APARTADO 3 DE LA MISMA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, AL NO FUNDARSE EN RAZON DISTINTA A LA DE SU CONEXION CON EL ART. 44.5, DEBE RECIBIR IDENTICA RESPUESTA: NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE, LO MISMO QUE EL ART.

25.2, LAS LIMITACIONES IMPUESTAS A LOS PASEOS MARITIMOS CONSTITUYEN UNA NORMA BASICA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

9. DISPOSICIONES ADICIONALES, FINALES Y DEROGATORIAS.

A) LA AUSENCIA DE RAZONAMIENTO ESPECIFICO EN QUE SE PUEDA APOYAR LA IMPUGNACION POR EL GOBIERNO VASCO DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA NOS EXIME POR SI MISMA DE LA NECESIDAD DE TODO RAZONAMIENTO PARA RECHAZARLA, A PESAR DE LO CUAL NO ESTARA DE MAS SEÑALAR QUE EN NADA PUEDE AFECTAR A LAS COMPETENCIAS DE LA C.A. RECURRENTE LA DETERMINACION DE LOS CRITERIOS PARA LA FIJACION DE LAS DISTANCIAS PREVISTAS POR LA LEY EN ORDEN A LA CONCRECION DE LAS DIVERSAS SERVIDUMBRES Y ZONAS DE LIMITACION.

B) LAS RAZONES YA EXPUESTAS PARA RECHAZAR LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 28.3 Y 29.2, SON, ASIMISMO, REPRODUCIBLES EN EL CASO DE LOS APARTADOS 1 Y 3 DE LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. Y EN CUANTO A SU APARTADO SEGUNDO, COMO OPORTUNAMENTE ADVIERTE EL ABOGADO DEL ESTADO, ES CLARA LA NO EXTRALIMITACION COMPETENCIAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.18 DE LA C.E.

C) ES, ASIMISMO, NORMA PROCEDIMENTAL AMPARABLE EN EL ART. 149.1.18 DE LA C.E. LO PRECEPTUADO EN LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA QUE, POR LO DEMAS, EL GOBIERNO VASCO HA IMPUGNADO TAMBIEN SIN ARGUMENTACION CONCRETA ALGUNA.

D) LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, APARTADO 2, ESTABLECE QUE LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES OBTENIDAS SEGUN LA LEY DE COSTAS NO EXIMEN A SUS TITULARES DE OBTENER LAS LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS AUTORIZACIONES QUE SEAN EXIGIBLES POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES; NO OBSTANTE, .

ES INDUDABLE QUE LA LLAMADA DE LAS CLAUSULAS DEL TITULO ADMINISTRATIVO ESTATAL PARA OCUPAR EL DOMINIO PUBLICO, SOBRE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS AUTORIZACIONES QUE SEAN EXIGIBLES POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, NO PUEDE RECIBIR EL ALCANCE DESMESURADO QUE TEME LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. AL QUEDAR SOMETIDA LA LEY DE COSTAS AL MARCO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, ESTE PRECEPTO NO PUEDE PERMITIR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO IMPONER SU CRITERIO AL MARGEN DEL ORDEN

CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, EN LOS TERMINOS QUE EXPUSIMOS CON OCASION DEL TITULO III DE LA LEY. LAS AUTORIZACIONES QUE HAYAN EMITIDO LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, EN APLICACION DE SU LEGISLACION PROPIA O DE LA LEGISLACION ESTATAL EN MATERIAS EN QUE OSTENTEN LA COMPETENCIA DE EJECUCION, NO PUEDEN SUFRIR INTERFERENCIAS O PERTURBACIONES A CAUSA DE LAS CONCESIONES O AUTORIZACIONES DEMANIALES QUE OTORGUE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, SIEMPRE QUE UNAS Y OTRAS SE LIMITEN A SU AMBITO PROPIO. LO MISMO DEBE DECIRSE DE LAS AUTORIZACIONES QUE HAYAN OTORGADO LAS AUTORIDADES LOCALES, EN CUANTO LLEVEN A CABO LAS LEYES SECTORIALES DE COMPETENCIA DE SU COMUNIDAD AUTONOMA.

NO OBSTANTE, LA DISPOSICION ADICIONAL EN CUESTION INTRODUCE UN FACTOR GRAVEMENTE DISTORSIONANTE, AL PRESCRIBIR CATEGORICAMENTE QUE EL CLAUSULADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTATAL PREVALECERA SOBRE LO DISPUESTO POR LA ADMINISTRACION AUTONOMICA EN LAS LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS AUTORIZACIONES QUE EXPIDA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. HAY QUE DAR LA RAZON AL ABOGADO DEL ESTADO CUANDO AFIRMA QUE LO DISPUESTO EN EL TITULO DE OCUPACION ES DETERMINANTE DENTRO DE SU AMBITO PROPIO, QUE ESTA CIRCUNSCRITO A ASEGURAR LA INTEGRIDAD FISICA Y JURIDICA DEL BIEN DEL QUE LA ADMINISTRACION ESTATAL ES TITULAR EN CONCEPTO DE DUEÑO. PERO ES INDUDABLE QUE LO RESUELTO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMICOS, DENTRO DE AQUELLOS AMBITOS EN LOS QUE LA COMUNIDAD OSTENTA FACULTADES EJECUTIVAS, ES TAMBIEN DETERMINANTE DENTRO DE SU PROPIO AMBITO COMPETENCIAL, EL CUAL VIENE DEFINIDO MATERIALMENTE POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLADO POR LA CORRESPONDIENTE LEGISLACION SECTORIAL APLICADA POR LA ADMINISTRACION AUTONOMICA. PUES, COMO EXPUSIMOS EN LA STC 77/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ), LA CONCURRENCIA DE DOS COMPETENCIAS JURIDICAMENTE DIVERSAS SOBRE EL MISMO ESPACIO FISICO SOLO RESULTA POSIBLE CUANDO SU RESPECTIVO EJERCICIO NO INTERFIERE NI PERTURBA EL LEGITIMO EJERCICIO DE LA OTRA. POR CONSIGUIENTE, ES PRECISO ESTIMAR EN ESTE PUNTO, EL RECURSO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE CATALUÑA, Y DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL INCISO DE LA ULTIMA FRASE DE LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, 2.

E) LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, PARRAFO 2, ES ATACADA POR TRES COMUNIDADES AUTONOMAS PORQUE ATRIBUYE AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO FACULTADES DE LAS QUE CARECE EL ESTADO. A LA LUZ DE LO DICHO ANTERIORMENTE SOBRE LOS ARTS. 26.1, 29, 22 Y 34, 111 Y 112 A), ES PRECISO CONCLUIR QUE RESULTAN INCONSTITUCIONALES LOS SIGUIENTES INCISOS: , . SIENDO PLENAMENTE CONSTITUCIONALES LAS ATRIBUCIONES RESTANTES, SIEMPRE QUE EN SU EJERCICIO SE RESPETEN LOS LIMITES DERIVADOS DEL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, QUE HAN SIDO EXPUESTOS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES.

F) POR ULTIMO, RESPECTO DE LA DEROGACION DEL ART. 14 DEL DECRETO-LEY DE PUERTOS DE 19 DE ENERO DE 1928, COINCIDENTE CON EL MISMO ARTICULO DE LA LEY DE PUERTOS DE 1880 (DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA), NADA HAY QUE OBJETAR A QUE EL LEGISLADOR HAYA PROCEDIDO A DETERMINAR LOS BIENES QUE HAN DE FORMAR PARTE DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE ESTATAL CON ARREGLO A CRITERIOS DISTINTOS A LOS UTILIZADOS POR LAS LEYES ANTERIORES, SIEMPRE QUE, COMO YA HEMOS PRECISADO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 2.A ANTERIOR, NO SEAN ARBITRARIOS O CAPRICHOSOS NI CONLLEVEN UNA MODIFICACION EN TERMINOS QUE AFECTEN AL CONTENIDO ESENCIAL DE LAS INSTITUCIONES, LO QUE NO SE APRECIA EN FORMA ALGUNA EN LA DEROGACION AHORA IMPUGNADA, SIMPLE CONSECUENCIA DE LA DEFINICION PREVIA DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE ESTATAL A LA QUE HAN PROCEDIDO LOS ARTS. 4 Y 5 DE LA LEY.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

ESTIMAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS CONTRA LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS Y, EN CONSECUENCIA:

1. DECLARAR QUE SON INCONSTITUCIONALES Y CONSIGUIENTEMENTE NULOS LOS ARTICULOS:

26.1, (Y EN CONSECUENCIA LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUARTA APARTADO 2 C) Y SEPTIMA APARTADO 1 Y DISPOSICION FINAL PRIMERA EN CUANTO ATRIBUYEN A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN LA ZONA DE PROTECCION); 33.4, INCISO FINAL; 34 (Y, EN CONSECUENCIA, TODAS LAS REFERENCIAS QUE A LAS NORMAS APROBADAS DE ACUERDO CON EL SE HACEN EN LOS ARTS. 47.3; 52.1; 53.1; 57.2; DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 4, Y EN LA DISPOSICION FINAL PRIMERA); 35.2, LAS PALABRAS ; 110, APARTADOS B) (EN CUANTO INCLUYE LAS AUTORIZACIONES EN LA ZONA DE PROTECCION), H) (EN CUANTO REFERIDO A LOS VERTIDOS DE TIERRA A MAR) Y L) (EN CUANTO SE REFIERE A LA INSPECCION Y COORDINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS); 111, APARTADO 1 D), EN CUANTO INCLUYE EL INCISO ; 118 Y DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, APARTADO 2, EN LAS PALABRAS .

2. DECLARAR QUE NO SON INCONSTITUCIONALES SI SE INTERPRETAN EN EL SENTIDO QUE SE EXPONE EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE ESTA SENTENCIA, QUE A CONTINUACION DE CADA UNO DE ELLOS ENTRE PARENTESIS SE INDICAN, LOS ARTICULOS SIGUIENTES:

25, APARTADO 3 (FUNDAMENTO JURIDICO 3.D.C); APARTADO 3 Y 4 (ESTE ULTIMO RESPECTO DEL INCISO (FUNDAMENTO JURIDICO 4.B.C); 44, APARTADO 1 (FUNDAMENTO JURIDICO 4.C.A); 55, APARTADO 1 (FUNDAMENTO JURIDICO 4.E.C.A'); 67 (FUNDAMENTO JURIDICO 4.G.B); 68 (FUNDAMENTO JURIDICO 4.G.C); 71, APARTADO 3 (FUNDAMENTO JURIDICO 4.G.D); 86 (FUNDAMENTO JURIDICO 5.C); 110, APARTADOS C), G) E I) (FUNDAMENTO JURIDICO 7.A, C, G E I); 112 (FUNDAMENTO JURIDICO 7.A.C); 115 (FUNDAMENTO JURIDICO 7.C); DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, APARTADO 3 (FUNDAMENTO JURIDICO 8.B.D), Y DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA (FUNDAMENTO JURIDICO 8.F).

3. DESESTIMAR LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID, A CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. FIRMADO:

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA.

JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA. JOSE GABALDON LOPEZ.