SENTENCIA 55/1990, DE 28 DE MARZO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 487/1986, 158/1987, 495/1987 Y 510/1987, EN RELACION CON EL ARTICULO 8.1, PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. - Boletín Oficial del Estado, de 17-04-1990

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS NUMS. 487/1986, 158/1987, 495/1987 Y 510/1987, PLANTEADAS, RESPECTIVAMENTE, LAS DOS PRIMERAS POR EL JUEZ DE INSTRUCCION NUM. 12 DE MADRID, EL JUEZ DE INSTRUCCION DE ALCALA LA REAL (JAEN) Y EL JUEZ DE INSTRUCCION NUM. 9 DE MADRID, SOBRE, LA PRIMERA DE ELLAS, EL PARRAFO SEGUNDO DEL ART.

8.1 DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, Y LAS TRES RESTANTES SOBRE EL PARRAFO TERCERO DEL MISMO, POR POSIBLE OPOSICION A LOS ARTS. 14 Y 24.1 Y 2 C.E. HA COMPARECIDO EL SENADO A TRAVES DE SU PRESIDENTE, EL ABOGADO DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I.

ANTECEDENTES

1. EL DIA 9 DE MAYO DE 1986 TIENE ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL AUTO DE 8 DE MAYO ANTERIOR DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 12 DE MADRID, EN EL QUE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ART. 8, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD POR POSIBLE VIOLACION DE LOS ARTS. 14, 24.1 Y 2 C.E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 487/1986.

EN EL AUTO SE FIRMA, QUE, A LA VISTA DE UNAS ACTUACIONES DE MIEMBROS DE UN CUERPO DE SEGURIDAD, EN LAS QUE PODIA APRECIARSE LA EXISTENCIA DE INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD, LA UNICA RESOLUCION JUDICIAL PROCEDENTE, DE ACEPTARSE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL PRECEPTO, SERIA LA DE REMITIR LA CAUSA A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, SIN PODER DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO. POR TANTO, LA VALIDEZ DE LA DISPOSICION LEGAL CUESTIONADA ES CONDICIONANTE DE LA DECISION JUDICIAL, LO QUE DEMUESTRA LA RELEVANCIA DE LA CUESTION PLANTEADA.

EL AUTO COMIENZA ANALIZANDO EL PRECEPTO CUESTIONADO, SUS ANTECEDENTES, SU JUSTIFICACION Y LA SIGNIFICACION PROCESAL DEL AUTO DE PROCESAMIENTO QUE FIJA FORMALMENTE LA SOSPECHA, Y ES CONDICION INDISPENSABLE PARA QUE EL JUEZ PUEDE ACTUAR REALMENTE COMO JUEZ, ES DECIR, EN SITUACION DE ALTERIDAD, LO QUE EXIGE QUE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA BASE DE LA ACUSACION HAYA SIDO DESEMPEÑADA POR UN ORGANO DIFERENTE.

EL ART. 8.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, SERIA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR CONTENER UNA DESIGUALDAD DE TRATO INJUSTIFICADA Y NO RAZONABLE, YA QUE NI LOS INTERESES GENERALES NI LOS INTERESES DEL ORGANO JUDICIAL, NI LOS INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, JUSTIFICAN ESTA DIFERENCIACION DE TRATO.

TAMPOCO EN LA FUNCION DE ESAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD CONCURREN CIRCUNSTANCIAS O ELEMENTOS APTOS PARA DETERMINAR UN REGIMEN ESPECIAL EN CUANTO A LA SUJECION AL PROCEDIMIENTO CRIMINAL. LA UNICA RAZON PODIA SER LA DESCONFIANZA O SUSPICACIA RESPECTO DEL JUEZ NORMAL Y NATURAL, LO QUE SERIA CONSTITUCIONALMENTE INADMISIBLE, PUESTO QUE EL PRECEPTO ENCUENTRA SU VERDADERA RAZON EN EL TERRENO DE LA OPORTUNIDAD POLITICA, LO QUE EN MODO ALGUNO PUEDE PREVALECER SOBRE EL CRITERIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL, YA QUE NI LAS PECULIARIDADES DE LA FUNCION DE LOS MIEMBROS DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD NI LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD DE LOS JUECES DE INSTRUCCION JUSTIFICAN RACIONALMENTE LA CREACION DE UN FUERO ESPECIAL PARA LOS PRIMEROS Y LA PRIVACION DE CONOCIMIENTO PARA LOS SEGUNDOS.

EL PRECEPTO CUESTIONADO SERIA ADEMAS CONTRARIO AL PRINCIPIO DEL DEL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. TAL PRINCIPIO, CONCRECION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY EN EL PLANO DE LA JURISDICCION, EXIGE QUE LA ATRIBUCION DE LAS CAUSAS Y LITIGIOS AL JUEZ QUE EN EL SUPUESTO CONCRETO HA DE CONOCER SE HAGA CONFORME AL CRITERIO OBJETIVADO POR LA LEY Y CON CARACTER DE GENERALIDAD, Y SE ENCUENTRA HISTORICAMENTE LIGADO A LA PROHIBICION DE INSTITUIR MAGISTRATURAS ESPECIALES. ESTE FUNDAMENTAL MECANISMO DE GARANTIAS IMPIDE LA UTILIZACION ARBITRARIA DE LA MAGISTRATURA COMO INMEDIATO INSTRUMENTO DEL PODER POLITICO Y PERMITE LA DISTRIBUCION DEL TRABAJO JUDICIAL CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y CERTEZA. LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DESARROLLA ESTE DERECHO POSTULANDO UN NUMERO CERRADO DE ORGANOS Y DETERMINANDO EL AMBITO PRECISO DE ACTIVIDAD PARA EL QUE CADA UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA A SU VEZ LEGITIMADO. DICHA LEY EN SU ART. 87.1 ESTABLECE QUE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION CONOCERAN EN EL ORDEN PENAL DE LA INSTRUCCION DE LAS CAUSAS CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LAS AUDIENCIAS. REGIMEN PREVISTO CON CARACTER DE GENERALIDAD EN UNA LEY QUE DE MANERA UNICOMPRENSIVA LA FORMA EN QUE LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEBE EJERCERSE EN NUESTRA REALIDAD POSTCONSTITUCIONAL, CON EVIDENTE VOCACION DE EXCLUSIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DEL AMBITO DE LA ORGANIZACION Y LA ACTIVIDAD ESTATAL. SUPONE LA SUPERACION DE LA FASE HISTORICA EN QUE LA DIMENSION JUDICIAL DE LAS CUESTIONES APARECE COMO SIMPLE APENDICE DEL TRATAMIENTO LEGAL PARTICULARIZADO DE CADA UNA DE ELLAS. POR ELLO RESULTA ANOMALO QUE LA LEY ORGANICA 2/1986 INTRODUZCA UNA GRAVE QUIEBRA DE LA RACIONALIDAD INTERNA Y EN LA ECONOMIA DE LOS PRINCIPIOS DE ORDEN INSTALADOS POR LA LOPJ, HACIENDO REGRESAR LLAMATIVAMENTE A NUESTRO SISTEMA DE LEGALIDAD A UN MOMENTO ANTERIOR Y YA AMPLIAMENTE SUPERADO DE LA TECNICA Y LA POLITICA LEGISLATIVA.

EL PRECEPTO CUESTIONADO DEROGA EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL, YA QUE CORRESPONDE A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DECIR CON LA NECESARIA GENERALIDAD QUE JUEZ ES EL ORDINARIO EN CADA SUPUESTO, MIENTRAS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FUERO ESPECIAL PARA LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD POR UNA PARTE DESNATURALIZA A DETERMINADOS EFECTOS A TODO UN ORDEN JURISDICCIONAL Y AL MISMO TIEMPO CONVIERTE A OTRO ORDEN DE LA JURISDICCION EN UNA ANOMALA JURISDICCION ESPECIAL DE CARACTER OCASIONAL CON UNA RUPTURA DE LA NORMALIDAD. DE ESTA FORMA LA LEY ESTABLECE UNA EXCEPCION A LA REGLA GENERAL EN ATENCION A DETERMINADAS PERSONAS O COSAS, DISPONIENDO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL LA REALIZACION DE ACTOS PROPIOS DE INSTRUCCION PARA LOS QUE NO SE ENCUENTRA FUNCIONALMENTE PREDISPUESTA E INTRODUCIENDO UNA SERIE DE DISTORSIONES A LA LOGICA INTERNA DEL PROCESO PENAL CON NEGATIVAS DERIVACIONES PARA LA CALIDAD DEL ENJUICIAMIENTO.

EL PRECEPTO CUESTIONADO COMPORTA ADEMAS UNA QUIEBRA DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTRADICTORIO Y CONSTITUYE UN OBSTACULO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ART. 24.1. EL PROCESO ORDINARIO POR DELITO RESPONDE EN NUESTRA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL AL SISTEMA ACUSATORIO FORMAL O MIXTO, CUYA CARACTERISTICA MAS SALIENTE ES LA DIFERENCIACION DENTRO DE EL DE DOS FASES, LA DE INSTRUCCION Y LA DE ENJUICIAMIENTO PROPIAMENTE DICHO, INSPIRADAS EN PRINCIPIOS DE MUY DIVERSA NATURALEZA Y QUE ASIMISMO PRESUPONEN MODOS JUDICIALES DE ACTUAR FRANCAMENTE DIFERENCIADOS. LA VALIDEZ DEL MODELO REQUIERE LA INTERVENCION SUCESIVA DE DOS ORGANOS JUDICIALES DIFERENTES, DE LOS QUE SOLO EL QUE ACTUA EN LA SEGUNDA FASE LO HACE CON CARACTER PROPIAMENTE JURISDICCIONAL. LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRADICCION EN EL PROCESO PUEDE VERSE NEGADA POR LA ATRIBUCION, OPERADA POR EL PRECEPTO QUE SE EXAMINA, DE FACULTADES INSTRUCTORAS Y DE LA COMPETENCIA PARA LA INCULPACION FORMAL A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES, COMPROMETIENDOLAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INVESTIGACION SUMARIAL. CON ELLO SE OLVIDA QUE CARECEN DEL NECESARIO CONTACTO Y DE LA INMEDIACION RESPECTO A LOS HECHOS, ADEMAS DE QUE LA ESTRUCTURA COLEGIADA NO PERMITE ACTUAR EFICAZMENTE EN ESTA FASE. AL MISMO TIEMPO SE PRODUCE UNA EVIDENTE CONTAMINACION INQUISITIVA, LA PERDIDA DE CAPACI

DAD PARA SITUARSE A LA NECESARIA DISTANCIA CRITICA RESPECTO DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO, PERDIENDO LA IMPARCIALIDAD DEL ORGANO JUDICIAL QUE EXIGE EL ART. 6.1 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPRETADO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. POR OTRO LADO, LA ATRIBUCION DEL PROCESAMIENTO A ESOS TRIBUNALES DETERMINA PARA LOS INTERESADOS LA PERDIDA DE LA POSIBILIDAD DEL RECURSO CONTRA LA MEDIDA.

2. POR PROVIDENCIA DE 20 DE MAYO DE 1986, LA SECCION ACORDO OIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ART.

37.1 LOTC, PARA QUE EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS EXPUSIERA LO QUE ESTIMASE PROCEDENTE ACERCA DE LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTA ESCRITO EN EL QUE SE OPONE A LA ADMISION A TRAMITE DE LA CUESTION, EN PRIMER LUGAR, Y DESDE EL PLANO FOMAL O PROCESAL, POR ESTIMAR QUE FALTAN LAS CONDICIONES PROCESALES, TANTO A LA LUZ DEL ART. 163 C.E. COMO DEL ART. 35 DE LA PROPIA LOTC, NO CORRESPONDE AL ORGANO JUDICIAL PROPONENTE EMITIR UN , AUN ENTENDIDO ESTE EXTENSIVAMENTE CON PRONUNCIAMIENTO DECISIVO E IMPERATIVO DE UNA RESOLUCION JUDICIAL. DESDE EL PLANO SUSTANTIVO LA CUESTION ES NOTORIAMENTE INFUNDADA, PUES EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YA HA RESUELTO EN DIVERSAS DECISIONES QUE NO ES CONTRARIO AL ART.

14 C.E. LA EXISTENCIA DE NORMAS QUE ESTABLECEN UN FUERO ESPECIAL EN FAVOR DE DETERMINADOS CARGOS O FUNCIONARIOS, Y HA RECONOCIDO LA VIABILIDAD CONSTITUCIONAL DE ATRIBUCION DE COMPETENCIA EN BLOQUE PARA CONOCER DE UN DETERMINADO PROCESO A ORGANOS DE INSTANCIAS JUDICIALES SUPERIORES. ELLO SUPONE ADMITIR IMPLICITAMENTE TAMBIEN LA POSIBILIDAD DE QUE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE RESOLUCION SE IDENTIFIQUEN EN UN MISMO ORGANO JUDICIAL, Y ELLO NO IMPLICA UNA PERDIDA DE LA IMPARCIALIDAD DE ESE ORGANO. SE ANALIZA SEGUIDAMENTE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPIO DE DEL ART. 24.2 C.E., CONCEPTO QUE NO PUEDE IDENTIFICARSE CON EL DE .

3. POR PROVIDENCIA DE 19 DE JUNIO DE 1986, LA SECCION ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION PROMOVIDA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 12 DE MADRID, PUBLICAR SU INCOACION EN EL Y DAR TRASLADO DE LA MISMA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA LA FORMULACION DE ALEGACIONES.

SE HA PERSONADO EL SENADO A TRAVES DE SU PRESIDENTE, OFRECIENDO SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART.

88.1 LOTC.

4. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INICIA SU ESCRITO DE ALEGACIONES REITERANDO LAS RAZONES FORMALES POR LAS QUE LA CUESTION DEBERIA SER INADMITIDA SIN ENTRAR EN EL FONDO DEL ASUNTO.

SOBRE EL FONDO DE LA CUESTION SEÑALA, EN PRIMER LUGAR, QUE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, SE HA DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UN MANDATO CONSTITUCIONAL Y CON LA MAYORIA CUALIFICADA PROPIA DE UNA LEY ORGANICA, A LA QUE CORRESPONDE DETERMINAR LOS . DENTRO DE ESE ESTATUTO SE INCLUYE EL ART. 8, QUE ESTABLECE QUE EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS CRIMINALES NO SALE DEL AMBITO DE LA JURISDICCION ORDINARIA, POR OTRO LADO, NO SE REQUIERE ACUERDO O RESOLUCION JUDICIAL DE INHIBICION EN FAVOR DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, NI TAMPOCO TRATA DE CONFIGURAR DOS TIEMPOS PROCESALES, UNO A CARGO DEL JUEZ DE INSTRUCCION Y OTRO DE LA AUDIENCIA, SINO QUE DECLARAR COMPETENTE A LA AUDIENCIA PROVINCIAL SIGNIFICA QUE LA INSTRUCCION HASTA ESE MOMENTO PRACTICADA POR EL JUEZ SE ASUME O RECHAZA EN TODO O EN PARTE POR LA AUDIENCIA QUE VA A CONOCER EN SU INTEGRIDAD DEL PROCESO PENAL.

EL JUEZ AL DECIDIR EL PROCESAMIENTO NO ESTA EJERCIENDO UNA FUNCION INQUIRENTE Y NO SE SITUA EN UNA POSICION , POR ELLO ES POSIBLE FORMULAR APELACIONES CONTRA PROCESAMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL QUE MAS ADELANTE CONOCERA EL PROCESO. TAMBIEN SE RECHAZA QUE EL ART. 54.12 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ESTE REGULANDO EL SUPUESTO DE QUE UN MISMO ORGANO JUDICIAL TENGA ATRIBUIDAS POR LA LEY COMPETENCIAS DE INSTRUCCION Y DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO, SINO SOLO EL EJERCICIO A TITULO PERSONAL DE DOS FUNCIONES DISTINTAS Y EN MOMENTOS PROCESALES TAMBIEN DIFERENTES.

EN CUANTO AL CONTRASTE DEL PRECEPTO LEGAL DUBITADO Y EL ART. 14 C.E., EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO RECUERDA LOS AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE HAN CONTEMPLADO EL REGIMEN PROCESAL ESTATUIDO EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA SIN CONSIDERARLOS CONTRARIOS AL ART. 14 C.E. ENTIENDE ADEMAS QUE LA IGUALDAD SE LESIONARIA SI SU EFECTO FUERA NEGATIVO, O SEA, SI SE REDUJERAN LAS GARANTIAS PROCESALES, PERO NO CUANDO ES AMPLIFICADOR DE GARANTIAS, EN CONSIDERACION A LA FUNCION QUE EJERCEN ESTOS FUNCIONARIOS Y QUE CONCIERNE AL INTERES PUBLICO. DE ACUERDO A LA STC 61/1982 PUEDE EXISTIR UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE QUE PERMITA, SIN LESION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, ESTABLECER MECANISMOS PROCESALES DISTINTOS DE AQUELLOS QUE SIRVEN AL PROCESO PENAL ORDINARIO SIN QUE NECESARIAMENTE TENGAN QUE ESTAR PREVISTOS YA EN LA CONSTITUCION. AUN NO ESTANDO EL FENOMENO EXPRESAMENTE DETERMINADO EN LA CONSTITUCION, LA JERARQUIA ORGANICA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE CONCEDE EL FUERO, UNIDA AL INTERES GENERAL INSITO EN LA PROTECCION DE LAS FUNCIONES POR ELLAS EJERCIDAS, CONSTITUYEN FUNDAMENTO BASTANTE PARA OTORGAR UN TRATO PROCESAL DISTINTO, CON LO QUE SE ADVIERTE DIFERENCIACION RAZONABLEMENTE JUSTIFICADORA DE LA QUIEBRA PROCESAL GENERAL TANTO CON RESPECTO A DICHAS PERSONAS COMO EN ORDEN A LA COMPETENCIA NORMAL DE LOS ORGANOS JUDICIALES. Y NO ES DATO RELEVANTE EL QUE ESA REGULACION NO SE CONTENGA EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, SINO EN OTRA NORMA DISTINTA, PUES EL ART. 117.3 C.E. SE REMITE, EN PLURAL, A LAS .

EN RELACION CON EL POSIBLE CONTRASTE DEL ART. 8.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, Y EL ART. 24.2 C.E. EN ORDEN AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY, SE SEÑALA QUE EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL SE QUISO EVITAR CONSCIENTEMENTE EL USO DE LA EXPRESION , PARA INCLUIR EL TERMINO, DE ALCANCE DISTINTO, JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY, QUE LO QUE TRATA DE EXCLUIR ES UNA JURISDICCION ESPECIAL DE CARACTER OCASIONAL, MIENTRAS QUE LA LEY IMPUGNADA DEJA CLARO LA SUJECION A LA JURISDICCION ORDINARIA.

LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES NO SUPONE OBSTACULO ALGUNO AL PRINCIPIO DE CONTRADICCION NI PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD. LA DOCTRINA SENTADA EN EL CASO DE CUBBER POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS NO PUEDE GENERALIZARSE, DADO QUE EN AQUEL CASO SE DIO LA INSISTENTE PRESENCIA DE UN MISMO JUEZ EN DIVERSAS INSTANCIAS Y PROCESOS CONTRA LA MISMA PERSONA, LO QUE PUDO ENTENDERSE BASTANTE PARA QUE SURGIERA LA DUDA ACERCA DE LA IMPARCIALIDAD DE AQUEL. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS NO PROHIBE, CON CARACTER GENERAL Y PARA TODOS LOS SUPUESTOS PROCESALES, QUE UN MISMO ORGANO JUDICIAL NO PUEDA REALIZAR LA INSTRUCCION O LA CONTINUIDAD DE LA INSTRUCCION Y EL ENJUICIAMIENTO DE CIERTAS CAUSAS, POR RAZON DE LOS SUJETOS EN ELLAS IMPLICADOS. POR TANTO LA ATRIBUCION DE TALES COMPETENCIAS DICHAS A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES POR LA LEY ORGANICA 2/1986 NO COMPORTA OPOSICION RADICAL AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL CONSAGRADO POR EL ART. 24.1 C.E.

SIN PERJUICIO DE LA RESERVA HECHA EN TORNO AL MOMENTO PROCESAL EN QUE SE PLANTEA LA CUESTION, SE INTERESA SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO NO SER INCONSTITUCIONAL EL ART. 8.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, POR NO SER OPUESTO A LOS ARTICULOS. 14, 24.1 Y 2 DE LA CONSTITUCION.

5. EL ABOGADO DEL ESTADO COMIENZA SUS ALEGACIONES PONIENDO EN DUDA QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEN LOS REQUISITOS PROCESALES QUE PERMITEN PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y LA COMPETENCIA DEL JUEZ PROPONENTE DE LA CUESTION PARA DICTAR EL FALLO Y RESOLUCION EN EL QUE HAYA DE TENERSE EN CUENTA LA NORMA DE CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE DUDA. LA LEGITIMACION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PARA PLANTEAR CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD VIENE DADA NO POR UNA CUALIDAD SUBJETIVA, SER JUEZ, SINO A TRAVES DEL PRESUPUESTO OBJETIVO DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LA NORMA LEGAL, Y DE LA MISMA MANERA QUE LA COMPETENCIA JUDICIAL ES UNA CUALIDAD EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, HA DE SERLO TAMBIEN LA LEGITIMACION PARA EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ES PURA CONSECUENCIA O DERIVACION DE LA COMPETENCIA . AL JUEZ PROPONENTE LE CORRESPONDIA SOLO UN TRAMITE MATERIAL DE TRASLADO SIN EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DECISIVO E IMPERATIVO DE UNA RESOLUCION JUDICIAL, SEA CUAL SEA LA FORMA EN QUE ADOPTA SU DECISION.

EL ART. 52 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL REGULA LOS TRAMITES Y EL ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA, LO QUE INCLUYE NO SOLO UNA DISCREPANCIA DE CRITERIOS, SINO TAMBIEN LAS DUDAS SOBRE COMPETENCIA. SIN QUE PUEDAN EXTREMARSE LAS DIFERENCIAS ENTRE CUESTIONES DE COMPETENCIA Y CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO LO QUE SE CUESTIONA ES LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DE COMPETENCIA HA DE EXIGIRSE QUE EL PLANTEAMIENTO DE LA MISMA PROVENGA PRECISAMENTE DEL ORGANO LLAMADO POR LA LEY ORDINARIA PARA APLICAR LA NORMA QUE SE CUESTIONA, DE ACUERDO AL ART. 52 DE LA LOPJ, LA PROPIA AUDIENCIA PROVINCIAL.

EN REACION A LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ES INNECESARIO ENTRAR A CONTRAARGUMENTAR LAS RAZONES DEL AUTO, DEFENDIENDO LAS QUE TUVIERON O PUDIERAN TENER LOS ORGANOS LEGISLATIVOS QUE ADOPTARON LA LEY.

DISCUTIR LA RACIONALIDAD DE LA LEY, MEDIANTE LA REPRODUCCION DE UN DEBATE PARLAMENTARIO, ES UNA LABOR ESTERIL, PUES LA RACIONALIDAD DE LA LEY, A EFECTOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, TIENE UN SIGNIFICADO JURIDICO ESTRICTO QUE SE CONCRETA EN EL RESPETO A LA CONSTITUCION.

AL NO SER POSIBLE UN JUEZ UNICO PARA TODOS LOS ASUNTOS, Y EXISTIR UNA PLURALIDAD DE JUECES, LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES NO PUEDE DECIRSE QUE ALTERE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. LA ATRIBUCION DE UNA COMPETENCIA A UN ORGANO JUDICIAL CON PREFERENCIA A OTROS PROYECT ES EN DEFINITIVA UNA CUESTION EN LA QUE INTERVIENEN SIEMPRE RAZONES DE OPORTUNIDAD (MAYOR O MENOR COMPLEJIDAD TECNICA DE LOS ASUNTOS, MAYOR O MENOR VOLUMEN DE TRABAJO, CONVENIENCIA DE DISTRIBUCION TERRITORIAL, ETC.), SIENDO ESA DELIMITACION DE COMPETENCIA COMETIDO PROPIO DE LA LEY Y (STC 43/1985). NO ES CORRECTO QUE DETERMINADAS REGLAS DE COMPETENCIA REPRESENTEN UNA EXCEPCION A DETERMINADAS REGLAS GENERALES, PUESTO QUE CADA REGLA DE COMPETENCIA TIENE UN SENTIDO Y CARACTER GENERAL RESPECTO DE LOS SUPUESTOS HACIA LOS QUE ESTA PROYECTADA. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NO SE VE AFECTADO POR EL HECHO DE QUE DETERMINADOS DELITOS SEAN CONOCIDOS POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES, HIPOTESIS COMUN EN NUESTRO ORDENAMIENTO Y QUE ENCUENTRA INCLUSO SANCION EXPLICITA EN ALGUNOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES (ATC 80/1983).

EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY SIGNIFICA POSITIVAMENTE LA RIGUROSA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS REGLAS DE COMPETENCIA Y NEGATIVAMENTE LA PROHIBICION DE INSTITUIR MAGISTRATURAS ESPECIALES. NO PUEDE IDENTIFICARSE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL COMO LA NORMA GENERAL, NI EL PRECEPTO CUESTIONADO COMO CREANDO UNA JURISDICCION ESPECIAL DE CARACTER OCASIONAL, PUES ES UN PRECEPTO TAN GENERAL COMO LA LOPJ, AUNQUE LA EXTENSION O ALCANCE MATERIAL DE SUS PRECEPTOS SEA DISTINTO. LA JURISDICCION DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES ES TAN COMUN COMO LA DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION. LOS ARGUMENTOS FUNCIONALES O DE EFICACIA DE LA MEDIDA SON UN JUICIO DE VALOR AJENO POR COMPLETO A UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

LAS CIRCUNSTANCIAS SINGULARES DEL CASO DE CUBBER Y LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN AL JUEZ DE INSTRUCCION BELGA HACEN QUE NO PUEDA GENERALIZARSE ESA DOCTRINA NI APLICARSE AL PROCEDIMIENTO QUE DISEÑA EL ART. 8 DE LA LEY CUESTIONADA, QUE ATRIBUYE FUNCIONES DE INSTRUCCION A LAS AUDIENCIAS EN UN MOMENTO YA AVANZADO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, ES DECIR, CUANDO EL PROPIO JUEZ DE INSTRUCCION ENTIENDE QUE EXISTEN INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD TRAS LAS INSTRUCCIONES POR EL REALIZADAS Y HABRIA DE DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO. CON ELLO SE DEMUESTRA QUE LA REGULACION CUESTIONADA NO DIFIERE GRANDEMENTE DE LA COMUN, CON LA UNICA SINGULARIDAD DE QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL PUEDA ORDENAR LA PRACTICA DE NUEVAS DILIGENCIAS. LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS INSTRUCTORAS A UN ORGANO JUDICIAL COLEGIADO, LLAMADO A DICTAR EL FALLO, ES UNA EXIGENCIA CONSUSTANCIAL A TODOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE INCLUSO CON REGULACION DE RANGO CONSTITUCIONAL LA COMPETENCIA DE ENJUICIAR SE ATRIBUYE EN BLOQUE Y EN TODAS SUS FASES A UN MISMO ORGANO. LO CUAL NO ES OBSTACULO PARA QUE LAS LEYES PROCESALES PREVEAN LA DELEGACION O NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTORES (ART. 303 L.E.CRIM.), CON LO QUE, LA DELACION DE UNA COMPETENCIA IN ABSTRACTO A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE INSTRUCCION, NO PRESUPONDRIA AUNQUE SE LLEVARA A SUS ULTIMOS EXTREMOS LA SEPARACION ENTRE INSTRUCCION Y FALLO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, SINO QUE HABRIA DE ENTENDERSE AL DESARROLLO PARTICULAR DEL CASO PARA CONCRETAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE HABIA ASEGURADO LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUZGADORES Y CON ELLO EL DERECHO A LA TUTELA.

SE SOLICITA LA DESESTIMACION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA.

6. EL 10 DE FEBRERO DE 1987 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM.

12 DE MADRID, EN QUE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD A PROPOSITO DEL ART. 8, EPIGRAFE 1, PARRAFO 3, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, POR ESTIMARLO EN CONTRADICCION CON LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LOS ARTS. 14 Y 24.2 C.E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 158/1987.

EN EL AUTO SE HACE REFERENCIA AL PRECEPTO QUE MOTIVA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL PARRAFO TERCERO DEL EPIGRAFE 1 DEL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, QUE ESTABLECE QUE CUANDO EL HECHO FUESE CONSTITUTIVO DE FALTA, LOS JUECES DE INSTRUCCION SERAN COMPETENTES PARA LA INSTRUCCION Y EL FALLO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. DE ACEPTARSE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL PRECEPTO, EL JUEZ PROPONENTE TENDRIA QUE CELEBRAR EL CORRESPONDIENTE JUICIO DE FALTAS EN VEZ DE REMITIR LAS ACTUACIONES AL JUZGADO DE DISTRITO. POR TANTO SE TRATA DE UNA NORMA APLICABLE PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE UNA RESOLUCION JUDICIAL DE MATERIA PROCESAL.

SEGUIDAMENTE SE ANALIZA EL PRECEPTO, SUS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION PARA, SEGUIDAMENTE, SOSTENER QUE EL MISMO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, REPRODUCIENDO, AUNQUE SINTETICAMENTE, LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS POR EL MISMO JUEZ EN LA CUESTION 487/1986, PARA LLEGAR A LA CONCLUSION DE QUE NI LAS PECULIARIDADES DE LA FUNCION DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD NI LAS CONDICIONES DE INDONIEDAD TECNICA DE LOS JUECES DE DISTRITO JUSTIFICAN LA CREACION DE UN FUERO ESPECIAL EN MATERIA DE FALTAS PARA LOS PRIMEROS Y DE LA PRIVACION DE UN AREA DE SU NATURAL COMPETENCIA A LOS SEGUNDOS.

SE AFIRMA, ADEMAS, QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO CONTRADICE EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL DEL ART. 24.2 C.E. LA ALTERACION DEL REGIMEN GENERAL, DE ENCOMENDAR LOS JUICIOS DE FALTAS AL JUZGADO DE DISTRITO, Y LA CONSIGUIENTE PREVISION DE UN TRATAMIENTO DE CARACTER ESPECIAL PARA DETERMINADA CATEGORIA DE SUJETOS COMPORTA UNA INDUDABLE DEROGACION DEL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL, DESNATURALIZA DETERMINADOS EFECTOS A TODO UN ORGANO JURISDICCIONAL QUE RESULTA AL MISMO TIEMPO IMPLICITA Y GRAVEMENTE DESCALIFICADO Y RECONVIERTE A OTRO ORDEN DE LA JURISDICCION (LOS JUECES DE INSTRUCCION) EN ANOMALA JURISDICCION ESPECIAL DE CARACTER OCASIONAL, TANTAS VECES COMO ALGUNO DE ELLOS TENGAN QUE ASUMIR FUNCIONES QUE NO LE VIENEN ENCOMENDADAS POR LAS PROPIAS LEYES INSTITUTIVAS Y LAS QUE DETERMINAN SU REGIMEN DE COMPETENCIA CON CARACTER GENERAL, LO QUE SUPONE UNA RUPTURA DE SU CONFIGURACION Y COMETIDO INSTITUCIONAL, . EL JUEZ QUE RESULTA INSTITUIDO PARA UN GRUPO DETERMINADO DE SUPUESTOS ES UN JUEZ ESPECIAL, Y NO PUEDE BASTAR LA PRECONSTITUCION FORMAL PARA CONSEGUIR GARANTIA DE NATURALIDAD, TAL COMO LA ENTIENDE EL ART. 24 C.E., QUE NO SERA CUANDO LA LEY ESTABLECE AL MISMO, SIN FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, UNA EXCEPCION A LA REGLA GENERAL, EN ATENCION A DETERMINADAS PERSONAS.

7. POR PROVIDENCIA DE 18 DE FEBRERO DE 1987 LA SECCION ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION, PUBLICAR SU INCOACION EN EL Y DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PARA LA FORMULACION DE ALEGACIONES.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, A TRAVES DE SU PRESIDENTE, COMUNICA QUE NO HARA USO DE LAS FACULTADES DE PERSONACION NI DE LA FORMULACION DE ALEGACIONES Y QUE PONE A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

8. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SEÑALA, EN PRIMER LUGAR, QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/87 SE BASA EN FUNDAMENTOS SUSTANCIALMENTE IDENTICOS A LOS QUE, EL MISMO JUZGADO DE INSTRUCCION UTILIZO PARA PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 487/86, RELATIVA A LA MISMA LEY, AUNQUE A UN PARRAFO DISTINTO, EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 8. 1, QUE ES CONSECUENCIA LOGICA DEL CONTENIDO DEL MISMO EPIGRAFE, LO QUE HARIA ACONSEJABLE LA ACUMULACION. LA IDENTIDAD DE PLANTEAMIENTO OBLIGA A REPRODUCIR LAS AFIRMACIONES DEL MINISTERIO FISCAL EN LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROMOVIDAS, PARA LLEGAR A IDENTICA POSICION. SE RECUERDA EL CARACTER DE LEY ORGANICA, SE SEÑALA QUE EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO PENAL NO SALE DEL AMBITO DE LA JURISDICCION ORDINARIA, NI SE CONFIGURAN PROCESOS DISTINTOS, Y QUE TAN SOLO SE ELEVA UN GRADO LA SEDE DEL TRIBUNAL ANTE EL QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROCESO.

EL PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA IGUALDAD, PUES NO CONTIENE UNA DISTINCION PERJUDICIAL, SINO UNA AMPLIACION DE GARANTIAS, Y HAY UNA JUSTIFICACION DE INTERES PUBLICO PARA LA MEDIDA, LO QUE CONSTITUYE FUNDAMENTO BASTANTE PARA OTORGAR UN TRATO PROCESAL DISTINTO, UNA DIFERENCIACION RAZONABLEMENTE JUSTIFICADORA DE LA QUIEBRA PROCESAL GENERAL TANTO RESPECTO A DICHAS PERSONAS COMO EN ORDEN A LA COMPETENCIA NORMAL DE LOS ORGANOS JUDICIALES, POR LO QUE NO EXISTIRIA LESION DE LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD.

EN RELACION CON EL ART. 24.2 C.E., EL JUZGADO DE INSTRUCCION NO SE TRANSFORMA EN UNA JURISDICCION ESPECIAL DE CARACTER OCASIONAL, PUES FORMA PARTE DEL CUERPO ESTRUCTURAL DE LA JURISDICCION ORDINARIA, SIN QUE PUEDA CONFUNDIRSE , CON ATRIBUCION ESPECIFICA DE UNA DETERMINADA COMPETENCIA, AUN CUANDO TAL COMPETENCIA NO APAREZCA REFLEJADA EN LA LOPJ.

SE INTERESA LA DESESTIMACION DE LA CUESTION, Y SE SOLICITA LA ACUMULACION DEL PRESENTE PROCESO AL QUE SE TRAMITA CON EL NUM. 487/86.

9. EL ABOGADO DEL ESTADO COMIENZA SU ESCRITO DE ALEGACIONES SOSTENIENDO QUE LA CUESTION ES INADMISIBLE, PUES EL ACTO PROCESAL QUE DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL PRECEPTO CUESTIONADO ES UN MERO ACTO DE TRAMITE O DE ORDENACION MATERIAL DEL PROCESO QUE DEBE DICTARSE MEDIANTE PROVIDENCIA, SIN QUE SEA APLICABLE AL CASO LA STC 76/1982 QUE TRATABA DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO DE QUEJA. DE LA VALIDEZ DEL TERCER PARRAFO DEL ART. 8. 1 DEPENDE UN MERO ACTO DE TRAMITE SIN NINGUN CARACTER DECISORIO, LA CONVOCATORIA A JUICIO DE FALTAS, QUE DEBE EFECTUARSE POR PROVIDENCIA, NO ESTANDO CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO. NO ES ACEPTABLE TAMPOCO EL ARGUMENTO DE ECONOMIA PROCESAL CONTENIDO EN LA STC 8/1982, YA QUE EN AQUEL CASO LA DUDA AFECTABA A UNA NORMA LEGAL DE LA QUE DEPENDIA LA FUTURA SENTENCIA Y NO UNA SIMPLE PROVIDENCIA PARA CITAR A JUICIO. ADEMAS EN EL PRESENTE CASO LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSION HUBIERA PODIDO INTRODUCIR ELEMENTOS NUEVOS DETERMINANTES DE LA RELEVANCIA DE LA CUESTION PROPUESTA, PUES EN EL CORRESPONDIENTE JUICIO PODRIA HABERSE LLEGADO A LA CONCLUSION POR EJEMPLO DE QUE LOS HECHOS FUERAN DELITO, Y ENTONCES HUBIERA TENIDO QUE INHIBIRSE EL JUEZ.

LA DUDA DEL JUEZ A QUO VERSA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA DE AFORAMIENTO, DE UNA NORMA SOBRE COMPETENCIA JERARQUICA. SI LOS HECHOS NO CONSTITUYEN FALTA, LA CUESTION PROPUESTA ES IRRELEVANTE, LO QUE DEMUESTRA QUE ES PREMATURO PLANTEAR LA CUESTION, PUES LA EXIGENCIA DEL ART. 35.2 LOTC TIENE COMO FUNCION PRESERVAR EL CARACTER CONCRETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTROL. EN EL PRESENTE CASO EL JUEZ PROPONENTE NI SIQUIERA HA INICIADO EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE FALTAS, PLANTEANDO LA CUESTION A LA VISTA DEL ESCRITO DE ACUSACION DEL FISCAL EN UN PROCEDIMIENTO DISTINTO, EL DE LA LEY ORGANICA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1980, Y POR TANTO TOTALMENTE DESCONEXIONADA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE DEBIO SER PLANTEADA (JUICIO DE FALTAS). SE TRATA POR TANTO MAS BIEN DE UNA CONSULTA DE CARACTER ABSTRACTO, COMO QUEDA CORROBORADO POR LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE INVOCAN, QUE RECONOCEN DERECHOS FUNDAMENTALES. AUNQUE TALES DERECHOS NO SEAN SOLO DERECHOS INDIVIDUALES SINO TAMBIEN MAXIMAS DE ORGANIZACION, ES LLAMATIVO QUE SE PLANTEE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD MEDIANTE UN RAZONAMIENTO FUNDADO EN DOS DERECHOS FUNDAMENTALES PARA PERJUDICAR O, AL MENOS, NO BENEFICIAR AL ACUSADO QUE, CON EL FISCAL, SON LAS UNICAS PARTES PERSONADAS EN EL PROCEDIMIENTO.

PARA EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL NO JUZGARA INADMISIBLE LA CUESTION SE ENTRA EN EL ANALISIS DE FONDO, SOSTENIENDO, EN PRIMER LUGAR, QUE EL PRECEPTO LEGAL CUESTIONADO NO VIOLA EL ART. 14 C.E. TRAS RECORDAR AUTOS DEL TRIBUNAL QUE HAN DECLARADO QUE EL MINIMO FUERO PROCESAL CONCEDIDO A LOS MIEMBROS DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SE SOSTIENE QUE EL TEMA ES EL DE SI AL DICTAR LA NORMA DE AFORAMIENTO CUESTIONADA, EL LEGISLADOR ORGANICO HA VIOLADO EL LIMITE CONSTITUCIONAL QUE RESULTA DEL ART. 14 C.E., HABIENDO DE DEMOSTRARSE QUE LA DECISION ADMINISTRATIVA ES IRRAZONABLE O ARBITRARIA, SIENDO EQUIVOCA LA EXPRESION .

LO QUE DUDA EL JUEZ PROPONENTE ES QUE LAS CARACTERISTICAS DE LA MISION DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD JUSTIFIQUEN UNA REGLA DE COMPETENCIA ESPECIAL PARA LA INSTRUCCION Y FALLO DE LAS FALTAS COMETIDAS POR SUS MIEMBROS CUANDO DESEMPEÑEN LAS FUNCIONES QUE LES COMPETEN, PUES LA EXIGENCIA DE INVESTIGACION Y DECISION DE ESTAS FALTAS NO TENDRIA PARTICULARIDAD RELEVANTE ALGUNA PARA QUEDAR FUERA DEL ALCANCE DE LA CAPACIDAD TECNICA O PROFESIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO, SIENDO UN CONTRASENTIDO QUE LOS MAS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (A EXCEPCION DEL MINISTRO), O LOS ALCALDES CAREZCAN DE FUERO MIENTRAS DISFRUTAN DE EL SUS SUBORDINADOS. ESTA ARGUMENTACION NO ES CONVINCENTE, LOS JUECES DE DISTRITO Y SUS COMPETENCIAS SON CRIATURAS DEL LEGISLADOR Y LOS ORGANOS JURISDICCIONALES O SUS COMPETENCIAS NO SON POR RESPONDER A UNOS DECENIOS DE TRADICION LEGAL. LA CAPACIDAD PROFESIONAL O TECNICA NO ES AQUI UN ELEMENTO RELEVANTE, NI ES UN ARGUMENTO DE CONSTITUCIONALIDAD EL DE LA NO PROTECCION DE AUTORIDADES SUPERIORES, PUES LA JUSTIFICACION DE LOS AFORAMIENTOS NO SE BASA EN UNA RAZON DE JERARQUIA SINO EN LA PROTECCION O GARANTIA DE CIERTAS FUNCIONES.

ADEMAS EL CONTRASENTIDO PODRIA SER NEGATIVO, LA FALTA DE CONCESION DE FUERO A LAS AUTORIDADES QUE CITA EL JUEZ PROPONENTE Y NO LO CONTRARIO.

EL PLANTEAMIENTO CORRECTO DE LA CUESTION ES QUE TODO AFORAMIENTO, COMO RESERVA DE COMPETENCIA A DETERMINADOS ORGANOS DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL PARA CIERTOS ASUNTOS EN RAZON DE UNA CALIDAD SINGULAR DE LA PERSONA O PERSONAS IMPLICADAS EN CIERTOS HECHOS SERIA ILEGITIMO CONSTITUCIONALMENTE SI NO RESPONDIERA A UNA FINALIDAD DE PROTECCION O GARANTIA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCION, Y QUE GOCE DE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA QUE IMPIDA CONSIDERARLO UN MERO PRIVILEGIO INCONFORME A LA C.E. EL ART. 8. 1 DE LA LEY ORGANICA 2/1986 ES UNA DICTADA EN APLICACION DEL ART. 104.2 C.E. QUE MANTIENE EL SISTEMA PENAL Y PROCESAL QUE SE VENIA APLICANDO. LA NORMA DEL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ART. 8. 1 SE REFIERE A DELITOS Y FALTAS COMETIDOS , QUE SON LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL ART. 104.1 C.E. Y EN LOS ARTS. 11 Y SS. DE LA LEY ORGANICA 2/1986, LA PROTECCION DEL LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS Y LIBERTADES Y LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. EN MUCHOS CASOS EL EJERCICIO DE AQUELLAS FUNCIONES O EL CUMPLIMIENTO DE ESTA MISION, IMPLICA EL USO DE LA FUERZA O CREA UN RIESGO DE INCIDENCIA EN BIENES

JURIDICOS DE OTRAS PERSONAS, GENERALMENTE DELINCUENTES O PERTURBADORES DEL ORDEN O DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. ES NOTORIA LA UTILIZACION CADA VEZ MAS FRECUENTE DE VIAS PENALES CONTRA LOS AGENTES DE SEGURIDAD QUE SUPONEN DELICADAS PONDERACIONES (POR EJEMPLO, LA EXIMENTE UNDECIMA DEL ART. 8. DEL CODIGO PENAL), PARA EL EXAMEN DE LA RAZONABILIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA DEBE TENERSE A LA VISTA, PRIMORDIALMENTE, EL CASO MEDIO Y SUPUESTO NORMAL DE APLICACION DEL PRECEPTO, Y NO LOS SUPUESTOS EXCEPCIONALES O EXTREMOS.

LA CONCESION DE UN ORGANO JURISDICCIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE MAYOR JERARQUIA, LO QUE ES COMUN EN TODO AFORAMIENTO, NO SIGNIFICA UN DESPRECIO O DESCONFIANZA RESPECTO A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS INFERIORES Y MENOS UN AGRAVIO AL HONOR CORPORATIVO DE UN COLECTIVO, NI TIENE NADA QUE VER CON LA CAPACIDAD PROFESIONAL O INDIVIDUAL DE QUIENES SIRVEN LOS DISTINTOS ORGANOS JURISDICCIONALES. SI LOS ORGANOS SUPERIORES CORRIGEN LA APLICACION E INTERPRETACION DEL DERECHO CUMPLIDA POR LOS INFERIORES (CF. ART. 12.1 LOPJ), GOZAN POR ELLO MISMO, , DE SUPERIOR IDONEIDAD TECNICO-JURIDICA.

LA MAYOR PROTECCION QUE DISPENSA LA NORMA LEGAL CUESTIONADA ES JUSTAMENTE ESA: CONVERTIR EN ORGANO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LAS FALTAS COMETIDAS POR INDIVIDUOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD AL QUE, POR LO GENERAL, ES JUEZ DE APELACION EN MATERIA DE FALTAS.

ASI PUES, EN CONCLUSION, LA CONCESION DE ESTE FUERO ESPECIAL ES CONGRUENTE CON LA MISION CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ART. 104.1 C.E.), Y CON EL REENVIO A SU LEY ORGANICA DE LO RELATIVO A (ART. 104.2 C.E.), TODO LO CUAL VIENE A SER BASE CONSTITUCIONAL PARA LA DIFERENCIACION.

SE TRATA DE OTORGAR UNA MAYOR PROTECCION O GARANTIA JURISDICCIONAL A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL ENJUICIAMIENTO DE LAS FALTAS QUE PUDIERAN COMETER EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MEDIANTE UNA REGLA DE AFORAMIENTO BASADA EN LA SUPERIOR CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTAS FALTAS TIENEN LA PARTICULARIDAD RELEVANTE DE COMETERSE POR DEPOSITARIOS DE LA FUERZA PUBLICA, LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD. LA COACCION LEGITIMA ELEGIDA POR EL PODER PUBLICO, SE UTILIZA PARA PROTEGER LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS O EL ORDEN NECESARIO DE TODA COMUNIDAD CIVILIZADA.

CARECE DE FUERZA PERSUASORIA EL TERMINO DE COMPARACION OFRECIDO POR EL AUTO DE PLANTEAMIENTO, LA FALTA DE FUERO DE OTRAS PERSONAS, PUES LA NORMA CUESTIONADA NO PIERDE SU JUSTIFICACION SOLO POR QUE NO SE HAYA CONCEDIDO EL MISMO FUERO A OTRAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD, LAS CUALES, ADEMAS, PUEDEN ORDENAR EL USO DE LA FUERZA, PERO NO APLICARLA MATERIALMENTE.

EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY O AL JUEZ LEGAL ESTA EN EVIDENTE RELACION CON LA PROHIBICION CONSTITUCIONAL DE LOS TRIBUNALES DE EXCEPCION Y CON LA REFERENCIA A LAS NORMAS DE COMPETENCIAS CONTENIDAS EN EL ART. 117.3 C.E. Y EXIGE NORMAS GENERALES Y ANTERIORES AL HECHO. LA REGLA CUESTIONADA ES IRREPROCHABLE A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, PUES PREDETERMINA CON CARACTER GENERAL Y ABSTRACTO EL JUEZ COMPETENTE. LOS JUECES DE DISTRITO O LOS DE INSTRUCCION NO CONSTITUYEN UN NI LA NORMA CUESTIONADA CONVIERTE A ESTOS ULTIMOS EN Y MUCHO MENOS , SIENDO AMBOS JUECES PENALES ORDINARIOS. UNA MODIFICACION ESPECIAL LEX SPECIALIS DE LA REGLA COMUN DE DISTRIBUCION VERTICAL DE LA COMPETENCIA ENTRE ORGANOS DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL ORDINARIO, NO DA ORIGEN A UNA JURISDICCION ESPECIAL, NI MUCHO MENOS A UN JUEZ AD HOC . LAS LEYES ESPECIALES, COMO LA CUESTIONADA, SON DE CARACTER GENERAL Y ABSTRACTO, AUNQUE EL CIRCULO DE SUS DESTINATARIOS DIRECTOS PUEDA SER MAS REDUCIDO QUE EL DE LA LEY COMUN. EL DERECHO A UN JUEZ LEGAL NO OBSTA A QUE EXISTAN NORMAS ESPECIALES DE COMPETENCIA SI AQUELLAS SON DE CARACTER GENERAL Y ABSTRACTO. TODA LA ARGUMENTACION DEL PROPONENTE ES DE POLITICA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DISTRIBUCION VERTICAL DE LA COMPETENCIA EN

EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL, PREFERENCIA POLITICA QUE ES LEGITIMA PERO QUE NO CABE CONFUNDIR CON UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

POR PROVIDENCIA DE 11 DE MARZO DE 1987, LA SECCION ACORDO OIR AL ABOGADO DEL ESTADO PARA QUE ALEGUE LO QUE ESTIME PROCEDENTE ACERCA DE LA ACUMULACION DE ESTA CUESTION A LA REGISTRADA BAJO EL NUM. 487/1986, PEDIDA POR EL MINISTERIO FISCAL. EL ABOGADO DEL ESTADO, SIN DEJAR DE RECONOCER LA CONEXION ENTRE LA PRESENTE CUESTION Y LA 487/1986, NO ESTIMA ACONSEJABLE PROCEDER A LA ACUMULACION, PORQUE LAS RAZONES DE INADMISIBILIDAD DE UNA Y OTRA SON DISTINTAS, Y PORQUE EN LA CUESTION 487/1986 SE PLANTEA UNA CUESTION IMPORTANTE, LA DE CONTAMINACION INQUISITIVA, QUE NO EXISTE EN LA 158/1987.

POR AUTO DE 7 DE MARZO DE 1987, EL PLENO ACUERDA ACUMULAR LA CUESTION 158/1987 A LA REGISTRADA CON EL NUM.

487/1986, AMBAS PLANTEADAS POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 12 DE MADRID.

10. EL 14 DE ABRIL DE 1987 TIENE ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUEZ DE INSTRUCCION DE ALCALA LA REAL (JAEN) DEL 4 DE ABRIL ANTERIOR POR EL QUE SE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO AL ART. 8, EPIGRAFE 1, PARRAFO TERCERO DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, POR SI ESTUVIERA EN CONTRADICCION CON EL ART. 14 C. E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUMERO 495/87.

EL JUEZ PROPONENTE EN SU AUTO SE REFIERE AL PRECEPTO QUE MOTIVA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, Y A SU RELEVANCIA PARA LA RESOLUCION QUE HABRIA DE DICTAR, REMITIR LAS ACTUACIONES AL JUZGADO DE DISTRITO, ENTENDIENDO QUE ELLO ES UN PRONUNCIAMIENTO DECISIVO O IMPERATIVO DE CARACTER PROCESAL INCLUIBLE DENTRO DEL TERMINO FALLO DEL ART.

163 C. E. A CONTINUACION REALIZA UN ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES Y DE LA JUSTIFICACION DEL PRECEPTO, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE A SU JUICIO PERMITEN AFIRMAR QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EN EL SENTIDO DE IGUALDAD ANTE LA JURISDICCION. EN LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO NO CONCURREN CIRCUNSTANCIAS O ELEMENTOS DIFERENCIALES, POR LAS CARACTERISTICAS DE SU FUNCION, APTOS PARA DETERMINAR UN REGIMEN ESPECIAL DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE FALTAS NI PARA SUSTRAER ESOS HECHOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO, EXISTIENDO UN EVIDENTE CONTRASENTIDO PUESTO QUE SUS SUPERIORES NO GOZAN DE ESTE AFORAMIENTO. DE LA MISMA FORMA TERCERAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA REALIZACION DE POSIBLES FALTAS EN LAS QUE TAMBAIEN INTERVENGAN FORADOS, COMO EL CASO DEL FONDO DEL ASUNTO EN EL QUE SE PLANTEA ESTA CUESTION AL EXISTIR DENUNCIAS RECIPROCAS POR PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DEL DENUNCIADO, PUEDEN SUFRIR UN TRATO DISCRIMINATORIO DIFICILMENTE EXPLICABLE PARA AQUELLOS A QUIENES SE DIRIGEN ESTAS NORMAS, YA QUE ASISTEN COMO TESTIGOS DE SUS DENUNCIAS AL JUZGADO DE INSTRUCCION DONDE LOS POLICIAS ACUDEN COMO ACUSADOS, Y SIN EMBARGO VEN VENTILADAS SUS POSIBLES RESPONSABILIDADES ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO, Y EN UNA PEQUEÑA LOCALIDAD LA PERPLEJIDAD SE ACENTUA Y EL SENTIMIENTO DE TRATO DISCRIMINATORIO SE HACE MAS PATENTE. LA LEY NO DA MOTIVOS NI RAZONES PARA ESTE VACIAMIENTO DE COMPETENCIAS Y NO DEBE PASAR DESAPERCIBIDA LA EXCEPCIONALIDAD DEL PRECEPTO. SE CONCLUYE AFIRMANDO QUE NI POR LAS PECULIARIDADES DE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN NI POR LAS CONDICIONES DE FORMACION TECNICA JURIDICA DE LOS JUECES DE DISTRITO QUEDA JUSTIFICADA RACIONALMENTE LA CREACION DE UN FUERO ESPECIAL EN MATERIA DE FALTAS PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS MIEMBROS Y FUERZAS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

11. POR PROVIDENCIA DE 22 DE ABRIL DE 1987 LA SECCION ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION, PUBLICAR SU INCOACION EN EL Y DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A TRAVES DE SU PRESIDENTE COMUNICA QUE AUN CUANDO NO SE PERSONE NI FORMULE ALEGACIONES PONE A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

EL SENADO, A TRAVES DE SU PRESIDENTE EN FUNCIONES, PRESENTA ESCRITO PERSONANDOSE EN EL PROCEDIMIENTO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART.

88.1 LOTC.

12. EL ABOGADO DEL ESTADO SOSTIENE QUE EL AUTO DE PLANTEAMIENTO DEL JUEZ DE INSTRUCCION DE ALCALA LA REAL SUSTANCIALMENTE ES COPIA EXACTA DEL AUTO DEL JUEZ DE INSTRUCCION NUMERO 12 DE MADRID MEDIANTE EL QUE FUE PROMOVIDA LA CUESTION 158/1987, AUNQUE LIMITE LA FUNDAMENTACION DE LA DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD AL ART. 14 C. E., EXCLUYENDO LA REFERENCIA AL JUEZ NATURAL. ADEMAS SE AÑADE UN PARRAFO ESPECIFICO SOBRE . LA ACEPTACION DE LOS RAZONAMIENTOS DEL JUEZ MADRILEÑO MEDIANTE SU FIEL REPRODUCCION DISPENSA DE LLEVAR A CABO UNA ALEGACION DETENIDA, AUNQUE ES BUENA OCASION PARA HACER ALGUNA PRECISION ADICIONAL.

SE DEFIENDE LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION, DADO EL CARACTER PREMATURO Y ABSTRACTO DEL PLANTEAMIENTO Y SE SOSTIENE QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO NO VIOLA EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, AL TRATARSE DE UNA NORMA DE GARANTIA OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA, QUE CONSTITUYE UNA DISPOSICION ESTATUTARIA COMUN, UN ELEMENTO DEL ESTATUTO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. SE PROTEGE AQUI EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LOS INDIVIDUOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. LA ESPECIALIDAD DEL PRECEPTO CUESTIONADO CONSISTE EN CONVERTIR EL ORGANOS DE PRIMERA INSTANCIA AL QUE NORMALMENTE ES ORGANO DE APELACION, SE CONCEDE UN ORGANO DE MAYOR JERARQUIA, Y POR ELLO DE SUPERIOR IDONEIDAD TECNICO-JURIDICA. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LAS INFRACCIONES PENALES COMETIDAS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD TIENEN PARTICULARIDAD RELEVANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INVESTIGACION Y ENJUICIAMIENTO, LA DE QUE LAS COMETEN LOS DEPOSITARIOS ULTIMOS DE LA FUERZA PUBLICA COMO AGENTES DE LA AUTORIDAD Y PARA PROTEGER LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS POR EL ORDEN NECESARIO EN TODA COMUNIDAD CIVILIZADA. LA MEDIDA LEGAL TRATA DE PROTEGER EL DEBIDO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SIENDO LA CONCESION DE ESTE FUERO CONGRUENTE CON LA MISION CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y CON EL REENVIO A SU LEY ORGANICA DE LO RELATIVO AL ESTATUTO.

LA NO CONCESION DEL FUERO POLICIAL A DETERMINADAS AUTORIDADES, APARTE DE QUE NO JUSTIFICARIA DE POR SI LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA, PUEDE EXPLICARSE EN QUE TALES AUTORIDADES NO EJERCEN DIRECTAMENTE EL USO DE LA FUERZA.

EN CUANTO AL ARGUMENTO DE LA , DEL SENTIMIENTO DEL TRATO DISCRIMINATORIO DIFICILMENTE EXPLICABLE PORQUE UNA DENUNCIA SE TRAMITE ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCION Y OTRA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO, TAL ESTADO DE ANIMO NO ES FUNDAMENTO JURIDICO CONSTITUCIONAL BASTANTE PARA ENTENDER QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO ES INCOMPATIBLE CON EL ART. 14 C. E. AUNQUE ES PROVECHOSO QUE EL JUEZ NO SE AISLE DE LA COMUNIDAD EN QUE SIRVE SU OFICIO, LAS APRECIACIONES O ESTIMACIONES QUE, SIN CONTRASTE EMPIRICO ALGUNO, HACE UN JUEZ DE LOS SENTIMIENTOS O PERPLEJIDADES DE SUS CONVECINOS NO ES UN CRITERIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.

SE SOLICITA LA INADMISION DE LA CUESTION Y SUBSIDIARIAMENTE SU DESESTIMACION.

13. EL MINISTERIO FISCAL INDICA QUE LA PRESENTE CUESTION SE ENMARCA EN LOS TERMINOS QUE EN SU DIA FUERON PLANTEADAS CON LOS NUMS. 487/86 Y 158/87, ACUMULADOS POR AUTO DE 7 DE ABRIL DE 1987, Y QUE EN ESCRITO DE ALEGACIONES DE LA CUESTION 158/1987 SE DETENIA DE FORMA CONCRETA EN EL ESTUDIO DEL PARRAFO TERCERO DEL ART. 8.1 DE LA LEY DEBATIDA. DADA LA IDENTIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE DESCONOCIDOS Y ARGUMENTOS QUE SE CONTIENEN EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE PROMUEVEN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES YA ACUMULADOS Y EL ACTUAL, CUANTO SE ALEGO EN LOS PRECEDENTES PROCESOS ES DE PLENA APLICACION A ESTE, POR LO QUE SE INTERESA SE TENGAN POR REPRODUCIDAS LAS ALEGADAS FORMULADAS EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/87 Y SE ACUERDE LA ACUMULACION DE LA PRESENTE CUESTION ASI COMO LA NUM. 510/87, A LAS YA ACUMULADAS 487/86 Y 158/87 Y SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO NO SER INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO CUESTIONADO.

14. EL 15 DE ABRIL DE 1987 TIENE ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 9 DE LOS DE MADRID, EN EL QUE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8, APARTADO PRIMERO, PARRAFO TERCERO DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, POR SU POSIBLE CONTRADICCION A LOS ARTS. 14 Y 24 (APARTADO SEGUNDO, INCISO PRIMERO) DE LA CONTITUCION. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 510/87.

EN EL AUTO DEL JUEZ PROPONENTE SE RAZONA, EN PRIMER LUGAR, EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PROCESALES PARA PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, PORQUE LA NORMA CUESTIONADA TIENE RANGO DE LEY FORMAL, HA DE APLICARLA EL JUEZ QUE LA CUESTIONA, SU VALIDEZ CONDICIONA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y EL FALLO A EMITIR, Y SE PROPONE EN UN MOMENTO EN QUE HA DE TOMARSE UNA RESOLUCION JUDICIAL EN FORMA DE AUTO, POR NO SER UNA MERA PROVIDENCIA DE ORDENACION PROCESAL, SINO QUE DECIDE DE FORMA DEFINITIVA UNA FASE DEL PROCEDIMIENTO, SELECCIONA EL MODELO PROCEDIMENTAL A SEGUIR Y DETERMINAR LA COMPETENCIA PARA RECONOCER LA NUEVA ETAPA PROCESAL, ADEMAS LA NATURALEZA DE LA DECISION REQUIERE SU MOTIVACION Y ES UNA DECISION APELABLE. SE HAN OBSERVADO ADEMAS LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO AL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION AL HABER SIDO OIDO EL MINISTERIO FISCAL. FINALMENTE DADA LA FORMULACION Y CONTENIDO DEL PRECEPTO CONTENIDO NO SE HALLA VIA ALGUNA QUE PERMITA UNA INTERPRETACION ALTERNATIVA CONFORME A LA CONSTITUCION.

EL PARRAFO TERCERO DEL APARTADO PRIMERO DEL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA 2/1986 CONTRADICE EL PRINCIPIO DE IGUADAD CONSAGRADO POR EL ART. 14 C. E., QUE SE VE VIOLADO CUANDO UNA DIFERENCIACION DE TRATO CARECE DE JUSTIFICACION OBJETIVA, EN RELACION CON LA FINALIDAD DE LOS EFECTOS DE LA MEDIDA Y LA PROPORCIONALIDAD DE UNOS Y OTROS. TRAS UN AMPLIO ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN TORNO A LA IGUALDAD COMO LIMITE DEL LEGISLADOR PARA ESTABLECER DIFERENCIACIONES NORMATIAS CARENTES DE TODO BASAMENTO OBJETIVO, SE AFIRMA QUE EL ESTABLECIMIENTO DE UN AFORAMIENTO RELATIVO NO FUNDAMENTADO EN RAZONES OBJETIVAS ATENDIBLES CONTRADICE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD EN RELACION CON EL CONCRETO DERECHO DEL ART. 24.2. C. E.

TANTO LOS JUZGADOS DE DISTRITO COMO LOS DE INTRUCCION REUNEN, EN PRINCIPIO, ABSTRACTAMENTE CONSIDERADOS, LAS EXIGENCIAS PRECISAS PARA SER CALIFICADOS DE ORDINARIOS PREDETERMINADOS POR LA LEY, PERO EL ART. 8.1.3 DE LA LEY ORGANICA 2/1986 VIENE A INTRODUCIR, EN UN MARCO DE DISTRIBUCION COMPETENCIAL REGIDO POR CRITERIOS OBJETIVOS, UNO, SUBJETIVO, EN ATENCION A LA PERTENENCIA DEL IMPUTADO A UNA DETERMINADA CLASE PROFESIONAL (POR MAS QUE LUEGO SE LIMITE, AL CIRCUNSCRIBIRLO A LOS PROCESOS POR INFRACCION COMETIDA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES).

ESTE APARTAMIENTO DE LAS REGLAS ORDINARIAS DE COMPETENCIA ES LO QUE CONSTITUYE, PUES, A PRIMERA VISTA, UNA DISCRIMINACION POR RAZON DE UNA CONDICION O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL LA CLASE DE JUZGADO ANTE EL QUE SE HAN DE VENTILAR LOS JUICIOS DE FALTAS EN QUE APAREZCAN IMPUTADOS MIEMBROS DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD NO ES LA ESTABLECIDA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CIUDADANOS, NI SIQUIERA PARA EL COMUN DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (JUZGADO DE DISTRITO) SINO UN ESCALON SUPERIOR DENTRO DE LA PIRAMIDE JUDICIAL (JUZGADO DE INSTRUCCION).

LOS AFORAMIENTOS RELATIVOS, POR SALTO JURISDICCIONAL, CONSTITUYEN UN VERDADERO PRIVILEGIO PROCESAL, UNA EXCEPCION, QUE, DE NO RESPONDER A UNA FINALIDAD OBJETIVA RECONOCIBLE PARA CUYA CONSECUCION CONSTITUYA UN MEDIO PROPORCIONADO, ENTRARA EN COLISION ABIERTA CON EL ART.

14 C. E. NI EL ANALISIS DEL PRECEPTO, NI SU CONTEXTO NORMATIVO INMEDIATO, PROPORCIONAN ELEMENTO ALGUNO DEL QUE INFERIR UNA RAZON CONVINCENTE EN APOYO DEL TRATAMIENTO EXCEPCIONAL QUE CONSAGRA Y EL ESTUDIO DE LOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS SOLO ALIMENTA SOSPECHA DE INCONSTITUCIONALIDAD, AL NACER DE UN ENTORNO POLITICO NO DEMOCRATICO. TRAS ANALIZAR LA LEY 6/1974, DE 13 DE FEBRERO, Y LA LEY 55/1978, DE 4 DE DICIEMBRE, PASA A EXAMINAR LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE LA LEY ORGANICA 2/1986, EN LOS QUE EL FOCO DE ATENCION FUE EL DESPLAZAMIENTO COMPETENCIAL PARA EL PROCESAMIENTO.

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD SON FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO CUALESQUIERA OTROS, PERO ES EL UNICO COLECTIVO FUNCIONARIAL ORDINARIO QUE DISFRUTA DE ESTE AFORAMIENTO RELATIVO DEL QUE NO GOZAN SUS SUPERIORES, Y CONSTITUYEN UNA EXCEPCION EN EL AREA DE LA CULTURA JURIDICA DE LA EUROPA OCCIDENTAL, RECORDANDO LA DECLARACION SOBRE POLICIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA (RESOLUCION 690 (1979), DE 8 DE MAYO) DE QUE ANTE LOS TRIBUNALES UN FUNCIONARIO DE POLICIA DEBE GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS DEMAS CIUDADANOS.

EN EL CASO DE LA LEY ESPAÑOLA, EL MOTIVO FUNDAMENTAL HA DEBIDO DE SER LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN FILTRO DE PROTECCION EN FAVOR DE QUIENES TIENEN ENCOMENDADA LA PREVENCION Y PERSECUCION DE HECHOS PUNIBLES, Y ESTAN, POR ELLO, MAS EXPUESTOS AL PELIGRO DE QUE SE INSTRUMENTE EN SU CONTRA A TRAVES DE DENUNCIAS O QUERELLAS INFUNDADAS O ABIERTAMENTE MALICIOSAS EL APARATO DE LA JUSTICIA PENAL. SIN EMBARGO, NO ES POSIBLE APLICAR AQUI LA DOCTRINA SENTADA EN LA STC 61/1982, SOBRE EL ANTEJUICIO DE JUECES Y MAGISTRADOS. PUES EN EL PRECEPTO DEBATIDO SOLO EXISTE UNA GARANTIA ORGANICA RESIDENCIANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS JUICIOS DE FALTAS ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCION, TAMBIEN UNIPERSONAL, Y NO ES VALIDA LA RAZON DE DIARIA CONVIVENCIA POR EL JUZGADOR O LA DISPERSION DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, PUES TAL RAZON SERIA APLICABLE AUN MAS INTENSAMENTE RESPECTO AL JUEZ DE INSTRUCCION. TAMPOCO PUEDE PARTIRSE DE LA IDEA DE LA MEJOR PREPARACION Y MAYOR EXPERIENCIA DEL JUEZ DE INSTRUCCION. POR ELLO ES PLANTEABLE SI EL SACRIFICIO, MUY REAL, QUE COMPORTA LA NORMA CUESTIONADA PARA EL FUNDAMENTAL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL JUEZ COMPETENTE ES PROPORCIONADO A LA VENTAJA, MERAMENTE CONJETURAL, Y DESDE LUEGO BIEN EXIGUA, QUE PODRIA REPRESENTAR EN CASOS SINGULARES EL AFORAMIENTO RELATIVO.

A LO EXPUESTO SE SUMA UN FACTOR DE INSEGURIDAD JURIDICA DADA LA INDEFINICION QUE ENTRAÑA LA REFERENCIA A LOS HECHOS COMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE DE SER EL JUICIO FAVORABLE A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO CUESTIONADO RESULTARIA EXTRAORDINARIAMENTE PROVECHOSO QUE SE EMITIERA UNA DE LAS DOCTRINALMENTE DENOMINADAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS, EN QUE SE ILUSTRASE EL ALCANCE DE LA EXCEPCION DE COMPETENCIA ORDINARIA.

15. POR PROVIDENCIA DE 23 DE ABRIL DE 1987, LA SECCION ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION, PUBLICAR SU INCOACION EN EL Y DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, A TRAVES DE SU PRESIDENTE, COMUNICA QUE NO SE PERSONARA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARA ALEGACIONES Y QUE PONE A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

EL SENADO, A TRAVES DE SU PRESIDENTE EN FUNCIONES, PRESENTA ESCRITO EN EL QUE SOLICITA SE LE TENGA POR PERSONADO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

16. EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALA QUE LOS ARGUMENTOS JURIDICO-CONSTITUCIONALES POR LOS QUE SE CUESTIONA EL TERCER PARRAFO DEL ART. 8.1 DE LA LEY ORGANICA 2/1986 SON SIMILARES A LOS DE LAS CUESTIONES ANTERIORES, REITERANDOLAS EN PARTE AHORA, Y CONTESTANDO A ALGUNAS AFIRMACIONES PECULIARES DEL AUTO DEL JUEZ PROPONENTE.

SE INSISTE EN PRIMER LUGAR EN LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION. EL PRECEPTO CUESTIONADO ES ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE PARA DICTAR LA RESOLUCION A LA QUE SE REFIERE EL ART. 789 DE LA L.E. CRIM. Y QUE PONE FIN A LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA COMPETENCIA PARA DICTAR ESA RESOLUCION ESTA EN FUNCION DE LA COMPETENCIA PARA PRACTICAR ESA DILIGENCIA Y NO DEPENDE DEL CONTENIDO DE LA PROPIA RESOLUCION. AUN SUPRIMIDO HIPOTETICAMENTE EL PRECEPTO CUESTIONADO, NO POR ELLO DEJARA DE SER COMPETENTE EL JUEZ DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS PARA ADOPTAR LA RESOLUCION QUE REGULA EL ART. 789 DE LA L.E. CRIM., PUES EL ARTICULO CUESTIONADO COMO NORMA DE COMPETENCIA (AFORAMIENTO) NADA TIENE QUE VER CON LA COMPETENCIA RESOLUTORIA QUE EL ART.

789 L.E. CRIM. ATRIBUYE AL JUEZ DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, DICTANDO UNA RESOLUCION EN QUE NO SE EJERCITA UNA COMPETENCIA PARA INSTRUIR Y FALLAR, QUE ES A LA QUE SE REFIERE EL PRECEPTO CUSTIONADO, SINO LA DE ARCHIVAR ACTUACIONES O DETERMINAR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO. ELLO INDICA QUE EL JUICIO DE RELEVANCIA ES INCORRECTO Y QUE LA RESOLUCION NO DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL PRECEPTO CUESTIONADO.

EL QUE EL PROPIO AUTO DE PLANTEAMIENTO SE REFIERA AL CARACTER INDETERMINADO DEL CONCEPTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O VINCULO CON EL SERVICIO INDICA QUE ESTO ES ALGO QUE NO SE PUEDE APRECIAR DEBIDAMENTE, SINO DESPUES DE CUMPLIDO TODO EL DEBATE PROCESAL, Y ELLO PODRIA TAMBIEN DECIRSE DEL CASO PLANTEADO EN LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES, DE FORMA QUE LA APRECIACION DE SI LA ACTUACION DEL AGENTE ESTABA O NO VINCULADA CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SOLO PUDO CUMPLIRSE UNA VEZ CONCLUSO EL JUICIO DE FALTAS Y EN EL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA, NO BASTANDO PARA APLICAR EL PRECEPTO CUESTIONADO LA CALIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICIA. LA VALORACION DEFINITIVA DE SI EL HECHO HA SIDO REALIZADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SOLO PUEDE HACERSE CUANDO SE HA CONCLUIDO EL DEBATE PROCESAL, LO QUE NO HA TENIDO LUGAR EN EL PRESENTE CASO.

SUBSIDIARIAMENTE SE EXAMINA EL FONDO DEL ASUNTO PARA AFIRMARSE QUE NO HAY LESION DEL ART. 14 C.E. EN RELACION CON EL 24.2 (INCISO PRIMERO) C.E., AUNQUE ESTE ULTIMO PRECEPTO CONSTITUCIONAL CARECE DE PESO EN LA ECONOMIA ARGUMENTAL DEL AUTO DE PLANTEAMIENTO, CUYO RAZONAMIENTO DESCANSA EN LA VIOLACION DEL ART. 14 C.E., POR CONSAGRARLO UN VERDADERO PRIVILEGIO PROCESAL A FAVOR DEL COLECTIVO FUNCIONARIAL ORDINARIO QUE CONSTITUYEN LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. EL ABOGADO DEL ESTADO REITERA LA TESIS MANTENIDA EN LAS ALEGACIONES DE LOS ANTERIORES ASUNTOS DE QUE LA NORMA DE AFORAMIENTO SOLO SERIA INCONSTITUCIONAL SI SE RESOLVIERA EL MERO PRIVILEGIO DE UNA PERSONA O CATEGORIAS DE PERSONAS, ES DECIR, SI NO RESPONDIERA A UNA FINALIDAD DE GARANTIA Y PROTECCION COMPATIBLES CON LA CONSTITUCION Y OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA. TAL SE DA EN LA DISPOSICION CUESTIONADA, QUE CONSTITUYE UN ELEMENTO DEL ESTATUTO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL EJERCICIO EFICAZ DE LAS FUNCIONES POLICIALES, Y CONSISTENTE EN CONVERTIR EN ORGANOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL ENJUICIAMIENTO Y FALLO DE FALTAS AL JUEZ DE INSTRUCCION, QUE, INSTITUCIONALMENTE, ES DE SUPERIOR IDONEIDAD TECNICA JURIDICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO. SE TRATA DE UNA GARANTIA ORGANICA, SIN QUE SEA ADMISIBLE EL ARGUMENTO IMPLICITO DE LA INSUFICIENCIA DE LA GARANTIA POR NO TRATARSE DE UN ORGANO COLEGIADO. LA FALTA DE FUERO PARA OTRAS PERSONAS PODRA SER OBJETO DE CRITICA POLITICA, PERO NO ES OBSTACULO A LA JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL DE LA MEDIDA.

POR ULTIMO, SE SEÑALA QUE NO PUEDE EQUIPARARSE INSEGURIDAD JURIDICA Y NECESIDAD DE APLICAR EL CONCEPTO INDETERMINADO , EL PROPIO ART. 73.3, B), LOPJ UTILIZA UN CONCEPTO MUY SIMILAR . ESTA FUERA DE LUGAR QUE EN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO SE SOLICITE DICTARSE UNA NORMA INTERPRETATIVA.

EN EL SUPLICO SE SOLICITA SE DECLARE LA INADMISION DE LA CUESTION O, SUBSIDIARIAMENTE, SU DESESTIMACION.

17. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ENTIENDE QUE DADA LA IDENTIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO, LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE DESCONOCIDOS Y LOS ARGUMENTOS QUE SE CONTIENEN EN LA RESOLUCION JUDICIAL Y EN LAS ANTERIORMENTE PLANTEADAS, RESULTA PERTINENTE SOLICITAR TENER POR REPRODUCIDAS LAS ALEGACIONES FORMULADAS EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/1987, Y ACORDAR LA ACUMULACION DE LA PRESENTE CUESTION, ASI COMO LA 510/1987 A LAS YA ACUMULADAS 487/1986 Y 158/1987. TAMBIEN SE SOLICITA SE DECLARE QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

18. POR PROVIDENCIA DE 13 DE MAYO DE 1987 SE CONCEDIO UN PLAZO DE DIEZ DIAS AL ABOGADO DEL ESTADO PARA FORMULAR ALEGACIONES SOBRE LA PETICION DE ACUMULACION PEDIDA POR EL MINISTERIO FISCAL DE ESTA CUESTION Y DE LA NUM. 495/1987, A LAS YA ACUMULADAS 487/1986 Y 158/1987.

EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES EL MINISTERIO FISCAL AFIRMA QUE A LA VISTA DEL AUTO DE 7 DE ABRIL DE 1987 NO SE MUESTRA DISCONFORME CON QUE SE ACUMULEN LAS CUESTIONES 495 Y 510/1987 A LAS YA ACUMULADAS 487/1986 Y 158/1987.

POR AUTO DE 28 DE MAYO DE 1987, EL PLENO ACORDO ACUMULAR LAS CUESTIONES 495/1987 Y 510/1987, PLANTEADAS, RESPECTIVAMENTE, POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE ALCALA LA REAL Y POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 9, A LAS YA ACUMULADAS REGISTRADAS CON LOS NUMEROS 487/1986 Y 158/1987.

POR PROVIDENCIA DE 26 DE MARZO DE 1990 SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DEL PRESENTE RECURSO EL DIA 28 DE MARZO DE 1990.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. SE HAN DE EXAMINAR CON CARACTER PREVIO LAS EXCEPCIONES DE CARACTER PROCESAL FORMULADAS TANTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO COMO POR EL EL MINISTERIO FISCAL FRENTE A LAS CUATRO CUESTIONES ACUMULADAS EN EL PRESENTE PROCESO Y CONSISTENTES EN QUE EN LAS MISMAS NO SE DARIAN LAS CONDICIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 163 C.E. Y 35.1 Y 2 LOTC, PORQUE NI LOS JUECES PROPONENTES ESTARIAN LEGITIMADOS PARA PLANTEAR LAS CORRESPONDIENTES CUESTIONES, POR NO TENER QUE DICTAR NINGUNO DE ELLOS UN JUDICIAL, NI ESTARIAN CONCLUSOS LOS PROCEDIMIENTOS PENALES DE ORIGEN.

EN LAS CUATRO CUESTIONES OBJETO DE ESTE PROCESO, CADA UNO DE LOS JUECES PROPONENTES HA DE ADOPTAR ALGUN TIPO DE RESOLUCION O CONDUCTA PROCESAL EN RELACION A LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE VIENE CONOCIENDO, Y EN LOS CUATRO CASOS LA DECISION A ADOPTAR POR EL ORGANO JUDICIAL Y EL POSTERIOR DESARROLLO DEL PROCESO ESTAN CONDICIONADOS POR LA VALIDEZ DE LAS NORMAS CUESTIONADAS.

TALES NORMAS SUPONEN EN UNO DE LOS CASOS (C.I. 487/1986) LA FALTA DE COMPETENCIA DEL ORGANO JUDICIAL PROPONENTE, Y EN LOS OTROS TRES LA ASUNCION DE UNA COMPETENCIA QUE DE NO EXISTIR LA NORMA QUE SE CUESTIONA HABRIA CORRESPONDIDO A OTRO ORGANO JUDICIAL. LOS PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN CONTRARIOS A LA CONSTITUCION RESULTAN APLICABLES A LAS DECISIONES A DOPTAR, Y SU VALIDEZ CONDICIONA ESAS DECISIONES.

ES DOCTRINA REITERADA DE ESTE TRIBUNAL QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUECES O TRIBUNALES CUMPLE UNA FUNCION DE CONTROL CONCRETO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES (STC 106/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ), Y A TRAVES DE ELLA NO ES POSIBLE UNA IMPUGNACION ABSTRACTA O INDIRECTA DE LA LEY (STC 94/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). NO OBSTANTE EL TERMINO DEL ART. 163 C.E. HA SIDO INTERPRETADOI FLEXIBLEMENTE Y DE MODO EXTENSIVO NO COINCIDENTE CON EL MAS ESTRICTO DE SENTENCIA (SSTC 76/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ) 54/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ), PERMITIENDO CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA LEGAL CUYA APLICACION RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA FUNDAMENTAR LA DECISION JUDICIAL O ADOPTAR, IMPIDIENDO ASI LA APLICACION DIRECTA DE LA NORMA LEGAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA (ATC 684/1985). ASI LAS COSAS, HA DE RECONOCERSE QUE LOS JUECES PROPONENTES ESTABAN LEGITIMADOS PARA CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNOS PRECEPTOS LEGALES EN LOS QUE HABIAN DE FUNDAMENTAR LA DICISION JUDICIAL, Y, ADEMAS, QUE PARA EVITAR APLICARLOS HABRIAN DE PLANTEAR LA CUESTION PRECISAMENTE EN EL MOMENTO EN QUE LO HICIERON, EN EL QUE PARA CADA UNO DE LOS JUECES PROPONENTES PODIA ENTENDERSE CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO. HA DE RECHAZARSE, EN CONSECUENCIA, ESTE MOTIVO DE INADMISION DE CARACTER FORMAL ALEGADO POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y POR EL ABOGADO DEL ESTADO.

2. LAS CUATRO CUESTIONES ACUMULADAS EN ESTE PROCESO SE REFIEREN A UN TEMA COMUN, LAS REGLAS COMPETENCIALES CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ART. 8.1 DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (EN ADELANTE, LOFCS), PARA CONOCER DE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES PENALES EN QUE PUEDAN HABER INCURRIDO LOS AGENTES POLICIALES EN ACTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

LA CUESTION 487/1986 PLANTEA LA DUDA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO SEGUNDO DE ESE ART.

8.1, MIENTRAS QUE LAS OTRAS TRES CUESTIONES PLANTEAN LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO TERCERO DEL MISMO ART. 8.1. ANTES DE ENTRAR EN EL ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS PRECEPTOS ES NECESARIO HACER ALGUNAS PRECISIONES SOBRE SU ALCANCE Y SIGNIFICADO.

EL PARRAFO PRIMERO DEL ART.

8.1 LOFCS, QUE NO HA SIDO CUESTIONADO, DECLARA LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCION PENAL ORDINARIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS PUNIBLES EN QUE PUEDAN VERSE INVOLUCRADOS, COMO SUJETOS ACTIVOS, LOS MIEMBROS DE LAS DIVERSAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO PRECISAN EL SIGNIFICADO DE ESA ATRIBUCION COMPETENCIAL.

EL PARRAFO SEGUNDO, REFERIDO A LOS DELITOS, ESTABLECE QUE INICIADAS UNAS ACTUACIONES POR UN JUEZ DE INSTRUCCION, CUANDO EL MISMO ENTIENDA QUE EXISTEN INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD EN LA CONDUCTA DE UN MIEMBRO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, SUSPENDERAN LAS ACTUACIONES Y LAS REMITIRAN A LA AUDIENCIA PROVINCIAL CORRESPONDIENTE, QUE SERA LA COMPETENTE PARA SEGUIR LA INSTRUCCION,

ORDENAR, EN SU CASO, EL PROCESAMIENTO Y DICTAR EL FALLO QUE CORRESPONDA.

EL PARRAFO TERCERO DEL CITADO PRECEPTO ORGANICO PARTE DE LA HIPOTESIS DE QUE EL HECHO EN QUE PUEDAN VERSE INVOLUCRADOS LOS AGENTES DE LA POLICIA FUERE CONSTITUTIVO DE FALTA; EN TAL CASO, LOS JUECES DE INSTRUCCION SERAN COMPETENTES PARA LA INSTRUCCION Y FALLO, SIGUIENDO LO DISPUESTO EN LAS LEYES PROCESALES PARA LAS FALTAS.

ESTE DISEÑO LEGAL EN MATERIA DE COMPETENCIA JUDICIAL FUE INTRODUCIDO POR LA LEY 6/1974 SOLO PARA LOS MIEMBROS DEL ENTONCES CUERPO GENERAL DE POLICIA; FUE ELIMINADO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA L.O. 6/1985, DEL PODER JUDICIAL (EN ADELANTE LOPJ), HASTA LA PROMULGACION DE LA VIGENTE LOFCS, Y HA SIDO AFECTADO A SU VEZ POR LA REMODELACION DEL PROCESO PENAL INTRODUCIDA POR LA L.O. 7/1988, QUE, SIN EMBARGO, OMITE CUALQUIER REFERENCIA A ESTA ESPECIALIDAD COMPETENCIAL. AUNQUE LA ADECUACION DE LOS CRITERIOS DEL ART. 8.1 LOFCS A LA NUEVA REALIDAD ORGANICO-PROCESAL ES UNA TAREA QUE CORRESPONDE YA SEA AL LEGISLADOR, YA A LOS RESPECTIVOS ORGANOS JUDICIALES, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTE TRIBUNAL HA DE TENER EN CUENTA ESA NUEVA REALIDAD ORGANICO-PROCESAL AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS.

TRAS LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 38/1988, DE DEMARCACION Y PLANTA JUDICIAL EN CONGRUENCIA CON LO PREVISTO EN LA LOPJ EN SUS ARTS. 87.1, B), Y 100.2 Y EN SU DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA , SE HAN SUPRIMIDO LOS JUZGADOS DE DISTRITO, ASUMIENDO SUS COMPETENCIAS EN MATERIA PENAL LOS DE INSTRUCCION Y LOS DE PAZ. A SU VEZ, EL DISEÑO DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS PENALES HA QUEDADO CONFIGURADO DE MODO DIVERSO A COMO LO ESTABA CUANDO SE PROMULGO LA LOFCS, SOBRE TODO PARA SEPARAR LA FUNCION DE INSTRUCCION Y FALLO EN LAS CAUSAS PENALES.

LA APLICACION DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS AL ACTUAL SISTEMA PROCESAL SUPONE LO SIGUIENTE:

A) EN LOS JUICIOS DE FALTAS LA COMPETENCIA ESTA ATRIBUIDA EN PRINCIPIO A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION, SALVO LO QUE CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE PAZ EN VIRTUD DEL ART. 4 DE LA LEY 3/1967. PARA LAS POSIBLES FALTAS DE LOS MIEMBROS DE LOS DIVERSOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, EL ART. 8.1, TERCERO, LOFCS SUPONE QUE LA COMPETENCIA LA TENDRAN ASIGNADA EN ESTE MOMENTO SOLO LOS JUECES DE INSTRUCCION, CON EXCLUSION DE LOS JUZGADOS DE PAZ.

B) EN LOS DELITOS MENOS GRAVES (EN SINTESIS, HASTA SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD), DEL CORRESPONDIENTE PROCESO PENAL ABREVIADO CONOCE DE LA INSTRUCCION EL JUEZ DE INSTRUCCION Y LE CORRESPONDE EL CONOCIMIENTO Y FALLO AL JUEZ DE LO PENAL. PARA TALES DELITOS, SI COMETIDOS PRESUNTAMENTE POR MIEMBROS DE LOS DIVERSOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL ART. 8.1, SEGUNDO, EXCLUYE LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE INSTRUCCION Y LA DEL JUEZ DE LO PENAL, Y ASIGNA LA CONTINUACION DE LA INSTRUCCION, EL CONOCIMIENTO Y FALLO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL.

C) PARA LOS DELITOS GRAVES (EN SINTESIS, PENA DE HASTA DOCE AÑOS), EN EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONOCE DE LA INSTRUCCION EL JUEZ DE INSTRUCCION, MIENTRAS QUE EL CONOCIMIENTO Y FALLO CORRESPONDE A LA AUDIENCIA PROVINCIAL O NACIONAL. EN EL CASO DE DELITOS PRESUNTAMENTE IMPUTABLES A MIEMBROS DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDERA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA SEGUIR LA INSTRUCCION, EL CONOCIMIENTO Y EL FALLO, PUESTO QUE EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS EXCLUYE LA CONTINUACION DE LA INSTRUCCION DEL ASUNTO DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE INSTRUCCION.

D) POR DELITOS MUY GRAVES (EN SINTESIS, CON PENAS SUPERIORES A DOCE AÑOS DE PRIVACION DE LIBERTAD), CORRESPONDE LA COMPETENCIA INSTRUCTORA AL JUEZ DE INSTRUCCION, ASI COMO LA DE DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO, QUE DESAPARECE EN LOS ANTERIORES PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENDO EL CONOCIMIENTO Y FALLO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL O NACIONAL. SIN EMBARGO, EN VIRTUD DEL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, PARA TALES DELITOS SI PRESUNTAMENTE IMPUTADOS A MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL JUEZ DE INSTRUCCION NO PODRA CONTINUAR LA INSTRUCCION NI ORDENAR EL PROCESAMIENTO, COMPETENCIA QUE EL PRECEPTO LEGAL ATRIBUYE A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, AL IGUAL QUE PARA EL CONOCIMIENTO Y FALLO.

LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ART. 8.1 LOFCS SOLO ALTERAN ASI PARCIALMENTE LAS REGLAS COMPETENCIALES GENERALES EN MATERIA PENAL Y, ADEMAS, TIENEN UN ALCANCE DISTINTO, SEGUN CUAL SEA EL TIPO DE INFRACCION PENAL Y DE PROCESO AL QUE EN CADA CASO SE APLICA.

LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS TIENEN UN EFECTO BASTANTE LIMITADO EN RELACION A LA DETERMINACION DEL ORGANO JUDICIAL QUE HA DE CONOCER DEL JUICIO ORAL, MOMENTO CENTRAL DEL PROCESO PENAL, Y QUE HA DE DECIDIR EN FORMA DE SENTENCIA. EN MATERIA DE FALTAS, AUNQUE EL ART. 8.1, TERCERO, LOFCS, SUPUSO ORIGINARIAMENTE LA ASIGNACION A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION DE LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DESAPARECIDOS ESTOS, EL PRECEPTO SUPONE EN LA ACTUALIDAD TAN SOLO QUE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION ASUMAN LAS COMPETENCIAS, MAS BIEN MARGINALES, QUE EN MATERIA DE FALTAS ESTAN ASIGNADAS A LOS JUECES DE PAZ.

EN RELACION CON LOS DELITOS EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, SOLO SUPONE EL CAMBIO DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO Y DICTAR EL FALLO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO POR DELITO MENOS GRAVE, AL ASIGNARSE A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE LA COMPETENCIA QUE EN OTRO CASO CORRESPONDERIA A LOS JUECES DE LO PENAL. PARA LOS DELITOS GRAVES Y MUY GRAVES EL ORGANO COMPETENTE PARA EL JUICIO Y FALLO ES EL COMUN PARA ESTE TIPO DE DELITOS: LA AUDIENCIA PROVINCIAL O, EN SU CASO, LA NACIONAL.

LOS CAMBIOS MAS IMPORTANTES SE PRODUCEN EN RELACION AL ORGANO COMPETENTE PARA REALIZAR LA INSTRUCCION EN MATERIA DE DELITOS. MIENTRAS QUE EL JUEZ DE INSTRUCCION TIENE EN GENERAL LA COMPETENCIA INSTRUCTORA (ART. 14.2 L.E.CRIM.), EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, HA SUSTRAIDO PARCIALMENTE ESA COMPETENCIA AL JUEZ DE INSTRUCCION Y LA HA ASIGNADO A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.

FINALMENTE, PARA LOS DELITOS MUY GRAVES EN LOS QUE SUBSISTE EL PROCESAMIENTO, EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, ENCOMIENDA A LA AUDIENCIA, EN VEZ DE AL JUEZ DE INSTRUCCION, LA COMPETENCIA PARA DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO.

3. EN LAS CUESTIONES 487/86, 158/87 Y 510/87 SE SOSTIENE QUE LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ART. 8.1 LOFCS, EN CUANTO QUE MODIFICAN EL ORGANO NORMALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS DELITOS Y FALTAS, VIOLAN EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY DEL ART. 24.2 C.E., ENTENDIDO ESTE DERECHO COMO REFERENTE AL LLAMADO JUEZ NATURAL. SEGUN REITERADA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL, EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY EXIGE, FUNDAMENTALMENTE, QUE EL ORGANO JUDICIAL HAYA SIDO CREADO POR UNA NORMA LEGAL INVISTIENDOLO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA CON ANTERIORIDAD AL HECHO MOTIVADOR DE LA ACTUACION O PROCESO JUDICIAL Y QUE SU REGIMEN ORGANICO Y PROCESAL NO PERMITA CALIFICARLO DE ORGANO ESPECIAL O EXCEPCIONAL (STC 47/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

ESTA GARANTIA NO SUPONE EL DERECHO A UN JUEZ DETERMINADO EN CONCRETO (STC 97/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ) Y NO EXCLUYE, EN PRINCIPIO, LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA EN LA DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS ENTRE LOS DISTINTOS ORGANOS JUDICIALES. LA NOCION CONSTITUCIONAL DE JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY NO SE CONCRETA EN EL ESTABLECIMIENTO LEGISLATIVO DE UNAS COMPETENCIAS EN GENERAL, SINO QUE SE INTEGRA NORMALMENTE DE AQUELLAS DISPOSICIONES LEGALES QUE DEROGAN O ALTERAN ESA COMPETENCIA GENERAL.

LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS RESPETAN ESA GARANTIA INSTITUCIONAL Y ESE DERECHO FUNDAMENTAL, PORQUE ESTABLECEN, CON CARACTER PREVIO Y GENERAL, PARA TODOS LOS HECHOS DE LA MISMA O SEMEJANTE INDOLE LA COMPETENCIA DE DETERMINADOS ORGANOS JUDICIALES (STC 47/1982, FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. Y 3. ). LOS ORGANOS A LOS QUE AQUELLOS ASIGNAN COMPETENCIAS, JUECES DE INSTRUCCION O AUDIENCIAS, SON, ORGANICA Y FUNCIONALMENTE, JUECES ORDINARIOS DEL ORDEN PENAL, IDONEOS PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS (ART. 120.2 C.E.) O DE LOS (ART. 125 C.E.). POR CONSIGUIENTE, HA DE DECLARARSE QUE LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ART. 8.1 LOFCS NO VIOLAN EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY DEL ART.

24.2 C.E.

4. EN LAS CUATRO CUESTIONES SE PROPONE COMO MOTIVO COMUN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DOS PARRAFOS CUESTIONADOS DEL ART. 8.1 LOFCS, LA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DEL ART. 14 C.E. ADEMAS, EN LA CUESTION 487/1986 SE ALEGA UNA POSIBLE VULNERACION DEL ART. 24.1 C.E.

POR , EN RELACION AL PARRAFO SEGUNDO DEL ART.

8.1 CITADO.

LOS JUECES PROPONENTES ADMITEN LA CONSTITUCIONALIDAD DE MAS ALLA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EXPRESAMENTE EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL, Y POR ELLO QUE LA LEY PUEDA ESTABLECER EN DETERMINADOS Y EXCEPCIONALES CASOS ESPECIALIDADES EN EL ENJUICIAMIENTO DE LOS TITULARES DE OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES O DE PODERES DEL ESTADO PARA PRESERVAR SU INDEPENDENCIA Y FUNCIONES, PERO ENTIENDEN QUE TAL AFORAMIENTO ESPECIAL NO ESTARIA JUSTIFICADO CONSTITUCIONALMENTE EN RELACION CON LOS MIEMBROS DE LA POLICIA. TIENEN RAZON LOS JUECES PROPONENTES AL AFIRMAR QUE LOS AFORAMIENTOS NO PUEDEN ESTABLECERSE POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, SIENDO SOLO CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLES CUANDO RESPONDAN A UNA EFECTIVA NECESIDAD DE ASEGURAR LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE PODERES Y FUNCIONES DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. SIN EMBARGO, EL ART.

8.1 LOFCS, EN SUS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, NO HA ESTABLECIDO UN AFORAMIENTO EN SENTIDO TECNICO, QUE TENGA POR FINALIDAD ASEGURAR LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES. A DIFERENCIA DE LOS SUPUESTOS PROPIOS DE AFORAMIENTO PREVISTOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO, EL CITADO ARTICULO TAN SOLO ESTABLECE REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA, O SEGUN SE MIREN, DE PROCEDIMIENTO, QUE HAN PODIDO SER CALIFICADAS DE EN UN DOBLE SENTIDO. PRIMERO, PORQUE SOLO AFECTAN A AQUELLAS EVENTUALES INFRACCIONES PENALES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, CONCEPTO QUE HA DE SER INTERPRETADO RESTRICTIVAMENTE SIN QUE ELLO REQUIERA, COMO SE SOLICITA EN ALGUNA DE LAS CUESTIONES, UNA SENTENCIA INTERPRETATIVA DE ESTE TRIBUNAL, PUESTO QUE ELLO DERIVA DE REGLAS ELEMENTALES DE LA HERMENEUTICA JURIDICA QUE EXIGEN LA INTERPRETACION RESTRICTIVA DE LAS NORMAS EXCEPCIONALES. EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE, SEGUN SE HA VISTO, EN BUENA PARTE DE LOS CASOS LA REGLA COMPETENCIAL, SOBRE TODO EN LO QUE SE REFIERE AL CONOCIMIENTO Y FALLO, ES LA COMUN, SITUANDOSE LA ESPECIALIDAD SOBRE TODO EN LO QUE SE REFIERE A LA INSTRUCCION Y AL PROCESAMIENTO.

LO QUE SE CUESTIONA ES ASI LA EXISTENCIA DE REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA QUE ALTERAN PARCIALMENTE LAS GENERALES ESTABLECIDAS EN LA L.E.CRIM. Y EN LA LOPJ, EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES EN QUE FIGUREN COMO IMPUTADOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD POR ACTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO, AL SER LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS COMETIDO PROPIO DE LA LEY, CADA REGLA DE COMPETENCIA TENDRIA UN SENTIDO Y CARACTER GENERAL RESPECTO A LOS SUPUESTOS HACIA LOS QUE ESTARIA PROYECTADA Y NO PODRIA CONSIDERARSE, POR ELLO, COMO EXCEPCION A DETERMINADAS REGLAS GENERALES. SIN EMBARGO, NO PUEDE DEGRADARSE A SIMPLE CRITERIO DE ORDEN PROCESAL EL CARACTER CONSTITUCIONAL DE LA ORDENACION DE LAS COMPETENCIAS POR LO QUE LAS DECISIONES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE DISTRIBUCION DE COMPENTENCIAS, ESTAN SOMETIDAS TAMBIEN A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, YA QUE EL LEGISLADOR QUE ESTABLECE LAS NORMAS ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL O LAS PROCESALES ESTA LIMITADO POR EL RESPETO A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES. EL PROBLEMA NO ES ASI EL DE LA RELACION DE LEY GENERAL Y LEY ESPECIAL, SINO EL QUE PLANTEA UNA DIFERENCIA RESPECTO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, EN ESTE CASO, EN RELACION, SOBRE TODO, CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA TUTELA JUDICIAL EFECIVA Y AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY.

LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS SUSTRAEN COMPETENCIAS DEL JUEZ GENERALMENTE COMPETENTE PARA ASIGNARLAS A OTRO ORGANO JUDICIAL, CON DEROGACION, ALTERACION O EXCEPCION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES ORDENADORES DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. Y ELLO POR LA PERTENENCIA DEL PRESUNTO IMPUTADO A UNA DETERMINADA CLASE PROFESIONAL CUANDO SE TRATE DE INFRACCIONES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. ESTABLECEN REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA POR RAZON DE LA FUNCION QUE DESEMPEÑAN DETERMINADAS PERSONAS Y POR ELLO SUPONEN UNA DESIGUALDAD DE TRATO EN MATERIA COMPETENCIAL. COMO TODA DESIGUALDAD DE TRATO, ESTA SOMETIDA A LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 C.E. QUE, EN ESTE CASO, Y POR TRATARSE DE NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL, HA DE PONERSE EN CONEXION CON EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ART. 24.1 C.E., QUE SUPONE Y EXIGE UNA IGUALDAD DE ACCESO Y DE SOMETIMIENTO DE LOS JUSTICIABLES A LOS ORGANOS JUDICIALES.

5. LA CONJUNCION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LOS ARTS. 14 Y 24.1 C.E. SUPONE QUE LA DEROGACION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE COMPETENCIA, RESPECTO A UN MISMO TIPO DE DELITO (Y POR ELLO RESPECTO A PRESUNTOS IMPUTADOS O VICTIMAS), SEGUN EL IMPUTADO Y LA OCASION EN QUE LA PRESUNTA INFRACCION PENAL SE COMETIO, PARA SER CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA DEBE ESTAR JUSTIFICADA EN TERMINOS OBJETIVOS Y RAZONABLES, DE ACUERDO CON UN FIN CONSTITUCIONALMENTE ACEPTABLE DE LA REGLA DIFERENCIADORA.

TANTO EL MINISTERIO FISCAL COMO EL ABOGADO DEL ESTADO DEFIENDEN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS SOSTENIENDO QUE LOS MISMOS TRATAN DE GARANTIZAR LA FUNCION CONSTITUCIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS DE LOS CIUDADANOS QUE CORRESPONDE A LAS FUERZAS DE POLICIA (ART. 104.1 C.E.).

DE LA CONSTITUCION SE DEDUCE QUE LAS FUERZAS DE POLICIA ESTAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PARA GARANTIZAR AL CIUDADANO EL LIBRE Y PACIFICO EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE LA CONSTITUCION Y LA LEY LES RECONOCEN, Y ESTE ES EL SENTIDO DEL ART. 104.1 C.E. QUE PUEDE CONSIDERARSE DIRECTAMENTE HEREDERO DEL ART.

12 DE LA DECLARACION DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, CONFIGURANDO A LA POLICIA COMO UN SERVICIO PUBLICO PARA LA COMUNIDAD, ESPECIALIZADO EN LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD, EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROTECCION DEL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. EL ART. 104.1 C.E. TRATA DE ASEGURAR LA ADAPTACION DEL SISTEMA POLICIAL, DE SUS FUNCIONES Y DE SUS PRINCIPIOS BASICOS AL ORDEN CONSTITUCIONAL, SUBRAYANDO, EN UN PLANO POSITIVO, Y EN LA MISMA LINEA QUE EL ART.

53 C.E., LA FUNCION DE GARANTIA DE LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES QUE TAMBIEN CORRESPONDE A LA POLICIA PERO, AL MISMO TIEMPO, NEGATIVAMENTE DESTACANDO QUE LA ACTUACION DE LA FUERZA DE LA POLICIA DEBE RESPETAR TAMBIEN Y GARANTIZAR LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CIUDADANO.

EL ART. 104.1 C.E. REFLEJA UN NECESARIO Y NO SIEMPRE FACIL EQUILIBRIO EN RELACION CON LA ACTUACION DE LAS FUERZAS DE LA POLICIA, QUE SON UN INSTRUMENTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, PERO Q

UE, AL MISMO TIEMPO, POR LA POSIBILIDAD DE USO LEGITIMO DE LA FUERZA Y DE MEDIDAS DE COACCION SUPONE, EN EL CASO DE EXTRALIMITACIONES, UNA PUESTA EN PELIGRO DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE AQUELLOS, ASI COMO DE OTROS DERECHOS Y BIENES CONSTITUCIONALES DE LA PERSONA (VIDA, INTEGRIDAD FISICA, INTIMIDAD, INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, ETC.). UN ORDEN CONSTITUCIONAL DEMOCRATICO ES INCOMPATIBLE CON EL USO DE METODOS REPRESIVOS ILEGITIMOS Y POR ELLO MISMO EXIGE UNA PROTECCION ADECUADA DEL CIUDADANO FRENTE AL PELIGRO DE EVENTUALES EXTRALIMITACIONES, LO QUE INCLUYE TAMBIEN LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LA VIA JUDICIAL PARA REACCIONAR FRENTE A LOS EXCESOS Y ABUSOS, CON TRASCENDENCIA PENAL, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, EN EL USO, EN PRINCIPIO LEGITIMO, DE LA FUERZA Y DE LOS MEDIOS DE COACCION.

EL LEGISLADOR HA DE PONDERAR, POR TANTO, LOS VALORES CONSTITUCIONALES EN JUEGO, DE MODO QUE LA PROTECCION DE LOS MEDIOS DE ACTUACION DE LAS FUERZAS DE POLICIA NO PUEDE SUPONER UN SACRIFICIO DE BIENES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DEL PROPIO RESPETO DEL ESTADO DE DERCHO, NI UNA LIMITACION EFECTIVA DE LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR JUDICIALMENTE LOS ABUSOS O EXTRALIMITACIONES, POR EXCEPCIONALES QUE PUEDAN SER, EN QUE EVENTUALMENTE INCURRAN LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE POLICIA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO LAS NORMAS CUESTIONADAS TRATAN DE OTORGAR UNA MAYOR PROTECCION EN FAVOR DE QUIENES TIENEN ENCOMENDADA LA PREVENCION Y PERSECUCION DE HECHOS PUNIBLES, Y ESTAN LIGITIMADOS A TAL FIN PARA EL EJERCICIO DE LA FUERZA O MEDIOS DE ACCION DIRECTA.

ES CIERTO QUE LAS FUERZAS DE POLICIA ESTA EXPUESTAS AL PELIGRO DE QUE TRATEN DE INSTRUMENTARSE EN SU CONTRA DENUNCIAS O QUERELLAS INFUNDADAS O ABIERTAMENTE MALICIOSAS, QUE DIFICULTARIAN LA PROPIA ACCION POLICIAL, PERO DICHO PELIGRO NO PUEDE REPARARSE O REDUCIRSE MEDIANTE EL SACRIFICIO DE BIENES Y DERECHOS QUE PUEDEN ESTAR CONSTITUCIONALMENTE AFECTADOS POR UNA ACCION POLICIAL PENALMENTE ILICITA. ELLO SIGNIFICA QUE LAS NORMAS CUESTIONADAS SOLO SERAN CONSTITUCIONAMENTE LEGITIMAS SI NO SUPONEN OBSTACULO, DIFICULTAD O LIMITACION ALGUNA PARA LA AVERIGUACION Y, EN SU CASO, SANCION DE INFRACCIONES PENALES EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. MAS EXACTAMENTE, DADOS LOS VALORES Y BIENES CONSTITUCIONALES EN JUEGO, SI ASEGURAN EFECTIVAMENTE LA PROTECCION Y EL RESPETO POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES Y LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (ART. 104.1 C.E.).

HA DE ACEPTARSE, PUES, LA ALEGACION DEL ABOGADO DEL ESTADO DE QUE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS HAN DE PONERSE EN RELACION CON EL ART. 104.1 C.E., AUNQUE ESA PUESTA EN RELACION SUPONE QUE LA PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DE LA DIFERENCIA DE TRATO QUE DISPONEN ESTAS REGLAS ESPECIALES DE COMPETENCIA SOLO ES ACEPTABLE EN LA MEDIDA EN QUE NO PONGA EN PELIGRO, SINO, AL CONTRARIO, ASEGUREN LA NECESARIA CONEXION DE LA ACTUACION POLICIAL CON LOS VALORES, PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES.

RESULTA INDISPENSABLE EN ESTOS CASOS PONER LOS HECHOS EN CLARO PARA ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS Y VALORES CONSTITUCIONALES, SU TUTELA JUDICIAL Y LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LA JUSTICIA. ELLO SIGNIFICA QUE ESE LLAMADO SOLO SERIA CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO SI NO SUPONE UNA DIFICULTAD O TRABA PARA EL JUSTICIABLE, VICTIMA DE LA EVENTUAL EXTRALIMITACION POLICIAL, O PARA LA ACCION PUBLICA, DE MANERA QUE PUEDA ENTENDERSE, AL IGUAL QUE OTRAS FORMULAS ACUÑADAS PARA LA PROTECCION DE LA FUNCION POLICIAL EN OTROS PAISES INSERTOS EN NUESTRA MISMA TRADICION JURIDICO-CONSTITUCIONAL, COMO UNA MEDIDA NECESARIA FUNDADA EN UNA NECESIDAD SOCIAL IMPERIOSA Y PROPORCIONADA AL FIN LEGITIMO PERSEGUIDO, QUE HA DE SER CONSIDERADO TAMBIEN A LA LUZ DEL ART. 104.1 C.E.

PARA ESTABLECER LA CORRECCION CONSTITUCIONAL DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS DEBE DISTINGUIRSE UNA DUALIDAD DE SUPUESTOS. POR UN LADO, LA REGULACION CONTENIDA EN EL ART. 8.1, TERCERO, Y, EN PARTE, EN EL ART. 8.1, SEGUDO, LOFCS, EN CUANTO LE ASIGNA LA COMPETENCIA OBJETIVA PARA EL CONOCIMIENTO, JUICIO Y FALLO A UN ORGANO JUDICIAL DISTINTO, DE SUPERIOR GRADO. EN SEGUNDO LUGAR, Y EN RELACION SOLO AL ART.

8.1, SEGUNDO, HA DE ENJUICIARSE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA ASIGNACION DE COMPETENCIAS FUNCIONALES PARA LA INSTRUCCION O, EN SU CASO, EL PROCESAMIENTO A LA CORRESPONDIENTE AUDIENCIA, CUESTION QUE ADEMAS HA DE PONERSE EN CONEXION CON EL ART. 24.2 C.E., POR COINCIDIR EN EL MISMO ORGANO JUDICIAL LA INSTRUCCION, PROCESAMIENTO Y FALLO.

6. EL PARRAFO TERCERO DEL NUM.

1 DEL ART. 8 LOFCS, ENCOMIENDA EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDUCTAS DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVAS DE FALTAS AL JUEZ DE INSTRUCCION EN VEZ DE, COMO ERA LA REGLA GENERAL, AL JUEZ DE DISTRITO. SEGUN SE HA DICHO, LAS RECIENTES REFORMAS EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO PENAL (ART.

87.1 B) Y 100.2 LOPJ) SUPONEN QUE, EN VIRTUD DEL ART. 42.2 DE LA LEY 38/1988, DE DEMARCACION Y PLANTA JUDICIAL, DESDE EL 28 DE DICIEMBRE PASADO, LA NORMA CUESTIONADA COINCIDA CON LA REGLA GENERAL DE QUE LOS JUECES DE INSTRUCCION CONOZCAN DE LAS FALTAS, Y DEL ART. 8.1, TERCERO, SOLO RESULTA UNA EXCLUSION DE LA COMPETENCIA RESIDUAL EN MATERIA DE FALTAS QUE CORRESPONDE A LOS JUECES DE PAZ.

TAMBIEN HA DE RECORDARSE QUE, DE ACUERDO AL PARRAFO SEGUNDO DEL NUM. 1 DEL ART. 8 LOFCS LA COMPETENCIA PARA EL JUICIO ORAL Y EL FALLO EN RELACION CON LOS DELITOS MENOS GRAVES COMETIDOS POR LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDERA NO AL JUEZ DE LO PENAL, SINO A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.

LA NOTA DIFERENCIADORA ENTRE LA REGULACION DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS Y LA REALIDAD PROCESAL ACTUAL SE REFIERE SOLO AL ORGANO COMPETENTE EN PRIMERA INSTANCIA. COMO EN OTRAS OCASIONES HA AFIRMADO ESTE TRIBUNAL (POR EJEMPLO, SSTC 51/1985, 30/1986 Y 33/1989), LA ATRIBUCION DEL ENTENDIMIENTO DE UN GRUPO DE CASOS LO QUE SUPONE YA LA PREDETERMINACION ABSTRACTA CONSTITUCIONALMENTE REQUERIDA A UN ORGANO JUDICIAL DE MAYOR RANGO FUNCIONAL QUE EL QUE LA TIENE ORDINARIAMENTE ATRIBUIDA, NO CONSTITUYE NINGUNA INFRACCION CONSTITUCIONAL, DADO EL INCREMENTO DE GARANTIAS QUE SUPONE LA ASUNCION DEL CASO POR UN TRIBUNAL DE ORDEN SUPERIOR.

LA REGLA ESPECIAL DE COMPETENCIA NO ELIMINA NI RESTRINGE LOS DERECHOS DE DEFENSA DE LAS POSIBLES VICTIMAS NI TAMPOCO LOS DE LA ACUSACION PUBLICA, PUESTO QUE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO SON IDENTICAS EN UNO Y OTRO CASO, SIN SUFRIR NINGUNA VARIACION, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA EL JUEZ DE INSTRUCCION EN VEZ DEL JUEZ DE DISTRITO Y HOY DEL JUEZ DE PAZ, O LA AUDIENCIA EN VEZ DEL JUEZ DE LO PENAL, EL QUE ENJUICIE ESTOS HECHOS. TIENE RAZON EL ABOGADO DEL ESTADO CUANDO ADUCE LA DIFICULTAD INTRINSECA QUE TIENE EL ENJUICIAMIENTO DE ESTAS CUESTIONES, QUE REQUIEREN LA PONDERACION DE DIVERSOS VALORES CONSTITUCIONALES EN JUEGO, LA CALIFICACION DE EXIMENTES, ETC., PONDERACION QUE PODRIA EXPLICAR Y JUSTIFICAR, COMO MEDIDA RAZONABLE Y NO ARBITRARIA, LA ELECCION POR LA LEY DE UN ORGANO SUPERIOR QUE, AL TENER COMO FUNCION LA CORRECCION DE LA APLICACION E INTERPRETACION DEL DERECHO CUMPLIDA POR LOS INFERIORES, GOZA INSTITUCIONALMENTE DE UNA SUPERIOR EXPERIENCIA E IDONEIDAD TECNICO-JURIDICA.

HA DE TENERSE EN CUENTA QUE EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CON EFECTO DEVOLUTIVO SE ATRIBUYE POR LA LEY A ORGANOS SUPERIORES DEL QUE HA DICTADO EL ACTO IMPUGNADO, LO QUE SUPONE QUE EL LEGISLADOR ATRIBUYE ESE CONTROL A UN ORGANO NO SOLO SUPERIOR EN LA ESCALA JERARQUICA. POR ELLO PUEDE HABLARSE DE UNA MAYOR IDONEIDAD TECNICA DEL ORGANO DECISOR DE SUPERIOR GRADO, Y LA ASIGNACION DE ESTA COMPETENCIA AL ORGANO DE SUPERIOR GRADO NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO UN PRIVILEGIO EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES, SINO MAS GENERICAMENTE UNA GARANTIA DE UNA DECISION JUDICIAL MAS AJUSTADA A DERECHO. EL CAMBIO DE ORGANO JUDICIAL PUEDE SER CONSIDERADO ASI COMO UNA MAYOR GARANTIA DE ACIERTO, Y COMO TAL ES UN REFORZAMIENTO DE GARANTIASDE CARACTER BILATERAL, PUES PUEDE Y DEBE BENEFICIAR TANTO AL IMPUTADO COMO AL ACUSADOR.

LA SUSTITUCION ORIGINARIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y, HOY, DE LOS JUECES DE PAZ (AUN MAS DADO EL CARACTER DE LEGO DE ESTOS ULTIMOS) POR LOS JUECES DE INSTRUCCION, ASEGURA OBJETIVAMENTE POR ESA MAYOR IDONEIDAD TECNICA, DECISIONES MAS ACERTADAS; EL MISMO EFECTO TRATA DE PRODUCIR LA SUSTITUCION DEL JUEZ DE LO PENAL POR LA AUDIENCIA, EN EL QUE ADEMAS LA COMPETENCIA SE ATRIBUYE A UN ORGANO COLEGIADO, EL COMPETENTE ORDINARIAMENTE PARA EL ENJUICIAMIENTO Y FALLO DE LOS DELITOS GRAVES Y MUY GRAVES. EL QUE LA AUDIENCIA SEA COMPETENTE EN PRIMERA Y UNICA INSTANCIA EN LA MATERIA TIENE, ADEMAS, UN VALOR AÑADIDO, EL CONTROL CASACIONAL QUE EJERCE EL TRIBUNAL SUPREMO, CONTROL QUE NO EJERCE DE ORDINARIO SOBRE LOS DELITOS QUE SEAN COMPETENCIA EN PRIMERA INSTANCIA DEL JUEZ DE LO PENAL. LA REGLA LEGAL HA SUPUESTO ASI, EN ESTOS PROCEDIMIENTOS, UN MAYOR NIVEL DE GARANTIAS PARA LOS AFECTADOS TANTO ACTIVOS COMO PASIVOS, Y NO CONSTITUYE OBSTACULO ALGUNO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ENJUICIAMIENTO DE LAS EXTRALIMITACIONES, CON RELEVANCIA PENAL, EN QUE PUEDAN INCURRIR EN SU ACTUACION LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

EN CONTRA DE LA OPCION DEL LEGISLADOR LOS JUECES INVOCAN LA MAYOR INMEDIACION DEL JUEZ INFERIOR QUE TENDRIA ASI MEJOR CONOCIMIENTO DE CAUSA. SIN EMBARGO, ESTE ARGUMENTO PUEDE SER UTILIZADO TAMBIEN, Y ASI LO HACE EL ABOGADO DEL ESTADO, EN EL SENTIDO CONTRARIO, DE QUE LA MAYOR PROXIMIDAD E INCLUSO EL CONOCIMIENTO PERSONAL PUEDE DERIVAR EN PREJUICIO Y FALTA DE OBJETIVIDAD EN FAVOR O EN CONTRA DEL PRESUNTO IMPUTADO Y, CONSECUENTEMENTE, EN CONTRA O EN FAVOR DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE SU ACTUACION. UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE ELEVE EN UN GRADO EL ORGANO DECISOR, PUEDE TAMBIEN JUSTIFICARSE ASI COMO FAVORECIMIENTO DE UNA MAYOR OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA DEL ORGANO JUDICIAL Y, EN CONSECUENCIA, COMO GARANTIA ADICIONAL DE LA EFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA PARA EL JUSTICIABLE, TANTO EL IMPUTADO COMO LA ACUSACION.

EL JUEZ DE INSTRUCCION DE ALCALA LA REAL SEÑALA QUE LA REGLA ESPECIAL DE COMPETENCIA EN RELACION CON LAS FALTAS PUEDE SUPONER, EN LOS CASOS DE DOBLE DENUNCIA CRUZADA, EL RIESGO DEL DESDOBLAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE UNOS MISMOS HECHOS EN RELACION A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL POLICIA DENUNCIADO Y DE LA PRESUNTA VICTIMA, A SU VEZ DENUNCIADA COMO INFRACTORA. APARTE DE QUE ESTE ARGUMENTO HA PERDIDO HOY ACTUALIDAD, AL CONVERTIRSE EL JUEZ DE INSTRUCCION EN EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE PARA EL ENJUICIAMIENTO EN PRINCIPIO DE LAS FALTAS, EXISTEN MEDIOS EN NUESTRA LEGISLACION PROCESAL, COMO LA CONEXION O LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA ASEGURAR UNA UNIDAD DE ENJUICIAMIENTO DE ESTOS HECHOS.

DE TODO LO ANTERIOR CABE DEDUCIR QUE NI EL ART. 8.1, SEGUNDO, NI EL ART. 8.1, TERCERO, LOFCS, AL ESTABLECER REGLAS DE COMPETENCIA ESPECIALES PARA EL JUICIO Y FALLO, RESPECTIVAMENTE, DE LOS DELITOS MENOS GRAVES Y DE LAS FALTAS, HAN LESIONADO EL DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO DEL ART. 14 C.E., EN CONEXION CON EL ART. 24.1 DEL MISMO TEXTO LEGAL, E INTERPRETADO A LA LUZ DEL ART. 104.1 C.E., POR LO QUE DEBEN DESESTIMARSE LAS CUESTIONES 158/87, 495/87 Y 510/87, Y PARCIALMENTE LA CUESTION 487/86, EN LO REFERENTE A LA ASIGNACION A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS MENOS GRAVES EN QUE PUDIERAN HABER INCURRIDO LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

7. NOS CORRESPONDE AHORA EXAMINAR, EN RELACION CON LA CUESTION 487/86, LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, EN CUANTO QUE DEL MISMO DERIVA QUE EL JUEZ DE INSTRUCCION, CUANDO ENTIENDA QUE EXISTEN INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD CONSTITUTIVA DE DELITO EN LA CONDUCTA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA DE SUSPENDER LAS ACTUACIONES Y HA DE REMITIRLAS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL CORRESPONDIENTE QUE SERA LA COMPETENTE PARA SEGUIR LA INSTRUCCION Y, EN SU CASO, DICTAR EL PROCESAMIENTO. ES DECIR, EL PRECEPTO ENCOMIENDA LA AVERIGUACION DE LOS HECHOS Y LA PROSECUCION DE LA INSTRUCCION EN EL CASO DE LOS DELITOS A LA AUDIENCIA E IMPIDE QUE ESA INSTRUCCION O, EN SU CASO, EL PROCESAMIENTO, SE REALICE POR EL ORGANO NORMALMENTE COMPETENTE PARA ELLO, EL JUEZ DE INSTRUCCION.

FRENTE A ESTA DISPOSICION, SE ALEGA EN LA CUESTION 487/86, LA VULNERACION DEL ART. 24.2 C.E. POR , AL ESTABLECERSE QUE SEA UN MISMO ORGANO EL QUE REALICE LA INSTRUCCION Y, EN SU CASO, DECIDA EL PROCESAMIENTO, Y ADEMAS CONOZCA DEL JUICIO ORAL Y DICTE LA CORRESPONDIENTE SENTENCIA. ESTE TRIBUNAL HA ENTENDIDO QUE DENTRO DEL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS SE INCLUYE EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL, LO QUE EXCLUYE, TAMBIEN COMO EXIGENCIA DEL PRINCIPIO ACUSATORIO, LA POSIBILIDAD DE ACUMULACION EN UN MISMO ORGANO JUDICIAL DE FUNCIONES INSTRUCTORAS Y DECISORAS (SSTC 145/1988 Y 164/1988). AL SER GARANTIA NECESARIA DEL PROCESO PENAL, PARA ASEGURAR LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ, LA SEPARACION DE FUNCIONES DE INSTRUCCION Y RESOLUTORIAS, HA DE RECONOCERSE QUE PRIMA FACIE EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, NO RESPETA ESA GARANTIA AL RECONOCER A LA AUDIENCIA LA COMPETENCIA PARA LA INSTRUCCION Y PARA EL CONOCIMIENTO Y FALLO DEL ASUNTO.

ESE MISMO DEFECTO HA DE IMPUTARSE TAMBIEN AL PRECEPTO EN CUANTO QUE NO DIFERENCIA EL ORGANO QUE DECIDE EL PROCESAMIENTO, CON BASE EN UNA VALORACION INDICIARIA DE CULPABILIDAD, Y EL ORGANO QUE CONOCE Y FALLA LA CAUSA. EL NECESARIO CONTACTO CON LOS ELEMENTOS DEL SUMARIO Y EL JUICIO SOBRE EL ACUSADO EN EL MOMENTO DE DECIDIR EL PROCESAMIENTO NO PUEDE DEJAR DE INFLUIR SOBRE LA MANERA EN QUE EL ORGANO JUDICIAL CONTEMPLE, DURANTE EL CURSO ULTERIOR DEL PROCESO, LOS MEDIOS DE PRUEBA Y LOS PUNTOS EN LITIGIO, LO QUE CUESTIONA LA IMPARCIALIDAD PARA ENJUICIAR DEL ORGANO ENCARGADO DE DICTAR EL PROCESAMIENTO. PARA APLICAR EL ART. 384 L.E. CRIM., EL ORGANO JUDICIAL DEBE ASEGURARSE DE LA EXISTENCIA DE , ES DECIR, DE SOSPECHAS RACIONALES DE QUE EL IMPUTADO HA PODIDO COMETER EL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA; ELLO SIGNIFICA UNA INICIAL VALORACION DE CULPABILIDAD, POR LO QUE LA DIFERENCIA ENTRE LA CUESTION A DECIDIR EN EL PROCESAMIENTO Y (STEDH, DE 24 DE MAYO DE 1989, ASUNTO HAUSCHILDT).

PARA SALVAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO NO CABRIA ALEGAR QUE LA AUDIENCIA PODRIA DELEGAR ESA INSTRUCCION Y PROCESAMIENTO BIEN EN UNO DE SUS INTEGRANTES O BIEN EN EL PROPIO JUEZ DE INSTRUCCION (CON LA PARADOJA, EN ESTE ULTIMO CASO, DE QUE LA CONSTITUCIONALIDAD SE SALVARIA SIMPLEMENTE POR LA NO APLICACION PRACTICA DE LA REGLA), PUES ESTA POSIBILIDAD DE DELEGACION NO ESTA PREVISTA PARA ESTE TIPO DE SUPUESTOS. EN EFECTO, TRAS LA REFORMA OPERADA POR EL ART. 1, APARTADOS DOS, TRES Y CINCO, DE LA L.O. 7/1988, QUE HAN DADO NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 57.2, 61.2 Y 73.4 LOPJ, SE HA INTRODUCIDO TRES DELEGACIONES DE INSTRUCCION CON SEPARACION AUTOMATICA DE LA SALA DEL INSTRUCTOR MIEMBRO DE LA MISMA QUE LA HUBIERA PRACTICADO CUANDO CORRESPONDA ENJUICIAR UNA CAUSA A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO, A LA SALA ESPECIAL DE ENJUICIAMIENTO DE PRESIDENTES DE SALA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO O A LA SALA DE LO PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.

FUERA DE ESTAS DELEGACIONES, LA LOPJ NO CONOCE OTRAS, Y EL QUE, TRAS ESTAS RECIENTES REFORMAS NO SE HA REGULADO NINGUNA OTRA DELEGACION DE TRIBUNALES COLEGIADOS, COMO LA QUE HUBIERA SIDO NECESARIA PARA SALVAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS, AUNQUE NO PUEDA SUPONER UNA DEROGACION IMPLICITA DE ESTE PRECEPTO, SI QUE PERMITE CONFIRMAR LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR EL TEMA DE LA SEPARACION DE LA FUNCION DE INSTRUCCION Y DE

PROCESAMIENTO Y LA DE CONOCIMIENTO Y FALLO.

EN CONSECUENCIA, HA DE DECLARARSE QUE EL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS ES INCONSTITUCIONAL, POR CONTRARIO AL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL, EN CUANTO QUE ASIGNA A UN MISMO ORGANO JUDICIAL LA INSTRUCCION, EL PROCESAMIENTO Y EL CONOCIMIENTO Y FALLO DE ESTE TIPO DE DELITOS.

LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DEL ART. 8.1, SEGUNDO, LOFCS HACE INNECESARIO ENTRAR A EXAMINAR SI EL PRECEPTO, EN CUANTO EXCLUYE LA COMPETENCIA INSTRUCTORA Y PARA EL PROCESAMIENTO DEL JUEZ DE INSTRUCCION Y LA ASIGNA A LA AUDIENCIA HA VULNERADO, ADEMAS, EL DERECHO A LA IGUALDAD DEL ART. 14 C.E., EN RELACION AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ART. 24.1 DE LA MISMA.

8. RESULTA NECESARIO PRECISAR EL ALCANCE DE LA DECLARACION DE INSCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL Y CORRESPONDIENTE NULIDAD DEL ART. 8.1, SEGUNDO, TENIENDO EN CUENTA EL CARACTER PROCESAL DE LA DISPOSICION QUE SE ANULA.

LA DECLARACION DE NULIDAD RESULTANTE DE LA PRESENTE SENTENCIA NO PERMITIRA REVISAR PROCESOS FENECIDOS, MEDIANTE SENTENCIA CON FUERZA DE COSA JUZGADA, PUES NO ESTA EN JUEGO UNA REDUCCION DE LA PENA O UNA REDUCCION DE SANCION ADMINISTRATIVA O UNA EXCLUSION, EXENCION O LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD, UNICOS SUPUESTOS EN QUE SEGUN EL ARTICULO 40.1 LOTC, LA SENTENCIA TENDRIA EFECTOS SOBRE LOS PROCESOS TERMINADOS POR SENTENCIA FIRME.

EN ORDEN A LOS PROCESOS EN CURSO, NO SURTIRA EFECTO LA PRESENTE DECLARACION DE NULIDAD RESPECTO A LAS ACTUACIONES PROCESALES PRACTICADAS DE ACUERDO A LA NORMA QUE AHORA SE DECLARA INCONSTITUCIONAL, DECLARACION QUE, EN CONSECUENCIA, SOLO SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION EN EL PROCESO DE ORIGEN, Y DE LA FECHA DE SU PUBLICACION EN EL EN LOS DEMAS CASOS.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1. ESTIMAR PARCIALMENTE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 487/1986 Y, EN CONSECUENCIA, DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NULO EL ART. 8.1, SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, EN CUANTO QUE ATRIBUYE LA COMPETENCIA PARA SEGUIR LA INSTRUCCION Y ORDENAR, EN SU CASO, EL PROCESAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD POR DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.

2. DESESTIMAR EN LO DEMAS LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 487/1986.

3. DESESTIMAR EN SU TOTALIDAD LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/1987, 495/1987 Y 510/1987.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID, A VEINTIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. JOSE VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADO.