SENTENCIA NUMERO 9/1990, DE 18 DE ENERO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 194/1989, EN RELACION CON EL ULTIMO INCISO DEL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, SOBRE PROTECCION CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN. - Boletín Oficial del Estado, de 15-02-1990

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; Y DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 194/1989, ACORDADA ELEVAR AL PLENO EN LA STC 243/1988, DE 19 DE DICIEMBRE, DE LA SALA PRIMERA DE ESTE TRIBUNAL, EN EL RECURSO DE AMPARO NUM. 602/1987, SOBRE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ULTIMO INCISO DEL PARRAFO PRIMERO DEL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, EN CUANDO DISPONE QUE , POR PODER SER CONTRARIO AL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION. HAN SIDO PARTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL GOBIERNO, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON EUGENIO DIAZ EIMIL, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EN EL RECURSO DE AMPARO NUM. 602/1987 SE DICTO POR LA SALA PRIMERA LA STC 243/1988, DE 19 DE DICIEMBRE, EN LA QUE SE OTORGO EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU VIRTUD, SE ACORDO LO SIGUIENTE: 1. DECLARAR LA NULIDAD DEL ACUERDO DEL PLENO DEL SENADO DE 18 DE MARZO DE 1987, POR EL CUAL SE DENEGO AUTORIZACION PARA PROSEGUIR EL PROCESO CIVIL DE PROTECCION AL HONOR PROMOVIDO POR LOS DEMANDANTES ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 2 DE ZAMORA CONTRA EL SENADOR DON ANDRES LUIS CALVO, ASI COMO LA NULIDAD DE LOS ACTOS POSTERIORES QUE SON CONSECUENCIA DEL MISMO Y, POR TANTO, DEL AUTO DE 10 DE ABRIL DE 1987 POR EL CUAL DICHO JUZGADO ACORDO EL ARCHIVO DEL REFERIDO PROCESO. 2.

RECONOCER EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS SOLICITANTES DE AMPARO.

3. RESTABLECER A LOS MISMOS EN LA INTEGRIDAD DE SU DERECHO, DECLARANDO QUE PROCEDE, SIN ULTERIOR TRAMITE PARLAMENTARIO, PROSEGUIR LA TRAMITACION DEL INDICADO PROCESO CIVIL HASTA OBTENER RESOLUCION JUDICIAL QUE SATISFAGA EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE AQUI SE RECONOCE Y RESTABLECE, Y 4. ELEVAR LA CUESTION AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL A FIN DE QUE PUEDA PRONUNCIARSE SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ULTIMO INCISO DEL PARRAFO PRIMERO DEL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, EN CUANTO DISPONE QUE .

2. EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL, EN SU REUNION DE 8 DE FEBRERO DE 1989, ACORDO ADMITIR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL REFERIDO PRECEPTO LEGAL, POR PODER SER CONTRARIO AL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION Y, EN SU CONSECUENCIA, ORDENO DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 37.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, AL OBJETO DE QUE, EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE QUINCE DIAS, PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMAREN PROCEDENTES, ORDENANDOSE, ASIMISMO, PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

EN LOS AUTOS SE PERSONARON EL GOBIERNO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL SENADO, QUE NO FORMULO ALEGACIONES, Y NO SE PERSONO EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

3. EL ABOGADO DEL ESTADO SOLICITO SENTENCIA POR LA QUE SE DECLARE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA, FORMULANDO EN SU APOYO LAS SIGUIENTES ALEGACIONES.

DESDE LA POSICION PROCESAL QUE LE CORRESPONDE EN PROCEDIMIENTOS COMO EL PRESENTE, SIRVEN DE REFERENCIA OBLIGADA LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA RECIENTE STC 243/1988 Y, POR CONSIGUIENTE, LO QUE AQUI FUNDAMENTALMENTE SE HA DE DILUCIDAR ES SI LA AUTORIZACION PREVISTA EN EL ART. 2.2 DE LA L.O. 1/1982, RESULTA CONTRARIA AL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION POR HACER DEPENDER EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS TRIBUNALES, EN RELACION CON LA TRAMITACION DE LAS DEMANDAS CIVILES DE PROTECCION AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, DE LA PREVIA AUTORIZACION DE LA CAMARA CORRESPONDIENTE A LA CONDICION DEL DEMANDADO.

EN EL CONCRETO CASO RESUELTO POR LA STC 243/1988, LA SALA QUE HA PLANTEADO LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTIMA QUE SE HA PRODUCIDO UNA INCUESTIONABLE VULNERACION DEL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, POR CUANTO, EN SINTESIS, (1) NO RESULTA ADMISIBLE EXTENDER AL AMBITO CIVIL LA GARANTIA PROCESAL DEL ART. 71.2 C.E., YA QUE LA INTERPOSICION DE DEMANDAS CIVILES EN NADA PUEDE AFECTAR A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS PARLAMENTARIOS; (2) NO TENIENDO EXPRESA CONSAGRACION CONSTITUCIONAL, UNICAMENTE SERIA ADMISIBLE MEDIANTE UNA ESPECIE DE VIA ANALOGICA QUE NO CONSIENTE LA INTERPRETACION ESTRICTA QUE MERECEN TODAS LAS PRERROGATIVAS.

SEGUN ENTIENDE LA ABOGACIA DEL ESTADO, LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE APOYO AL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA QUE DERIVA LA PRESENTE CUESTION, NO PUEDEN TENER LA EFICACIA O ALCANCE GENERAL QUE SERIA PRECISO PARA DECRETAR LA RADICAL CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 2.2 EN EL INCISO QUE AQUI NOS IMPORTA, DE LA LEY ORGANICA 1/1982 DE PROTECCION AL HONOR Y A LA INTIMIDAD.

ES INDUDABLE QUE EN LA CONSTITUCION NO EXISTE UNA PREVISION ESPECIFICA QUE, A SEMEJANZA DE LO QUE OCURRE CON LA INMUNIDAD (ART. 71.2), CONDICIONE LA TRAMITACION DE DEMANDAS CIVILES CONTRA PARLAMENTARIOS A LA PREVIA AUTORIZACION DE LAS ASAMBLEAS DE LAS QUE FORMEN PARTE.

DE ELLO NO CABE DEDUCIR, SIN EMBARGO, QUE EN CUALQUIER CASO QUE SEA AJENO A LOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS PARLAMENTARIOS, RESULTE INCONSTITUCIONAL LA PREVIA AUTORIZACION PARLAMENTARIA PARA PROCEDER JUDICIALMENTE CONTRA ELLOS, YA QUE LA INTERVENCION PARLAMENTARIA QUE PREVE EL ART.

2.2 DE LA L.O. 1/1982, AFECTA AL DERECHO QUE CONSAGRA EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION Y ESTE NO ES UN DERECHO ABSOLUTO NI ILIMITADO.

ACEPTANDO QUE LA PREVISION LEGAL SUPONE, O MAS BIEN PUEDE SUPONER, UNA LIMITACION AL DERECHO A LA JURISDICCION DE QUIENES PRETENDAN DEMANDAR CIVILMENTE A LOS PARLAMENTARIOS, EN BASE A LA L.O. 1/1982, LA CUESTION DE SI ESA LIMITACION ES O NO INCONSTITUCIONAL ENTENDEMOS QUE NO PUEDE RECIBIR UNA RESPUESTA AFIRMATIVA DE MANERA GENERAL Y ABSTRACTA SIN PREVIAMENTE INDAGAR LA NATURALEZA Y FINES DE LA PRERROGATIVA, Y DETERMINAR, SI EN FUNCION DE ELLA, EXISTEN RAZONES QUE AVALEN LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA DE QUE TRATAMOS. AL IGUAL QUE EN LA STC 90/1985, EL TRIBUNAL, A PARTIR DEL ACENTUADO CARACTER FINALISTA DE SU DOCTRINA SOBRE EL ART.

24.1 C.E., RECORDO LA NECESIDAD DE INDAGAR, EN CADA CASO, LA RAZON DE SER DE LOS RECORTES, LIMITACIONES O CONDICIONAMIENTOS QUE PUEDEN AFECTAR AL DERECHO DEL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, EN EL PRESENTE, ES PRECISO ANALIZAR EL FUNDAMENTO DE LA AUTORIZACION QUE NOS OCUPA Y SU ADECUACION A LAS FINALIDADES QUE DETERMINA SU EXISTENCIA.

A TAL EFECTO INTERESA RECORDAR LOS CRITERIOS DEL TRIBUNAL SOBRE LA PRERROGATIVA PARLAMENTARIA DE LA INVIOLABILIDAD EN SU STC 243/1988, SEGUN LA CUAL: LA INVIOLABILIDAD ES UN PRERROGATIVA DE CARACTER SUSTANTIVO QUE GARANTIZA LA IRRESPONSABILIDAD JURIDICA DE LOS PARLAMENTARIOS POR RAZON DE SUS OPINIONES; COMPRENDE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR ESCRITO O DE PALABRA EN ACTOS PARLAMENTARIOS PROPIAMENTE DICHOS O, POR EXCEPCION, EN ACTOS EXTERIORES QUE SEAN REPRODUCCION LITERAL DE ELLO Y TIENE POR FINALIDAD Y FUNDAMENTO ASEGURAR LA LIBRE FORMACION DE LA VOLUNTAD DEL ORGANO LEGISLATIVO DE QUE SE TRATE (STC 36/1981), A TRAVES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PARLAMENTARIOS.

ESTOS RASGOS FUNDAMENTALES PUEDEN FUNDAR LA OPINION DE QUE BASTA CON LA INTERVENCION JUDICIAL PARA QUE LA RAZON DE SER DE LA INSTITUCION QUEDE CUMPLIDA, ES DECIR, QUE LA EXCLUSIVA TUTELA JUDICIAL (ART. 117.3 C.E.), ES INSTRUMENTO BASTANTE PARA QUE LOS FINES DE LA INSTITUCION QUEDEN SATISFECHOS, PARA QUE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL PARLAMENTARIO Y, POR ELLO, LA LIBRE FORMACION DE VOLUNTAD DEL ORGANO LEGISLATIVO, QUEDE SUFICIENTEMENTE GARANTIZADA.

CORRESPONDE AL JUEZ DETERMINAR EN CADA CASO SI DEBE ENTRAR EN JUEGO O NO LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA, ES DECIR, SI, EN CADA CASO, ES JURIDICAMENTE IRRESPONSABLE POR RAZON DE SUS OPINIONES EL PARLAMENTARIO DEMANDADO.

ELLO PRESUPONE QUE SOLAMENTE LA SENTENCIA PUEDE AFECTAR A LA LIBRE OPINION DE LOS PARLAMENTARIOS. SI LA INVIOLABILIDAD ES UNA GARANTIA JURIDICA SUSTANTIVA DE IRRESPONSABILIDAD, UNICAMENTE LA SENTENCIA QUE PONGA TERMINO AL PROCESO CIVIL PUEDE DECLARARLO. ANTES, LA DEMANDA DEBE ADMITIRSE Y EL PROCESO TRAMITARSE. EN ELLO, SEGUN PARECE, NO EXISTE RIESGO ALGUNO DE AFECTACION DE LA VOLUNTAD DEL PARLAMENTARIO Y, POR TANTO, DE LA CAMARA.

POR OTRA PARTE, ESTA CONCEPCION DE LA INVIOLABILIDAD PRESUPONE TAMBIEN EN LA INTERPOSICION DE POSIBLES DEMANDAS CIVILES AL AMPARO DE LA LEY 1/1982 NO EXISTEN MAS IMPLICACIONES QUE LAS ESTRICTAMENTE CIVILES, QUE, EN NINGUN SUPUESTO, LA INTERPOSICION TIENE O PUEDE CONNOTACIONES POLITICAS Y, EN TODO CASO, QUE, SI EXISTEN, EL JUEZ CIVIL ESTA CAPACITADO Y ES EL ORGANO ADECUADO PARA APRECIARLAS.

LA ABOGACIA DEL ESTADO DISCREPA DE TALES CRITERIOS Y ENTIENDE QUE ES PRECISAMENTE EN LOS ASPECTOS A LOS QUE HEMOS ALUDIDO EN LOS QUE SE ENCUENTRA EL FUNDAMENTO DE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA QUE AQUI SE CUESTIONA.

NO PARECEN NECESARIAS DEMASIADAS CONSIDERACIONES PARA DEMOSTRAR QUE LA SIMPLE EXISTENCIA DE UNO O VARIOS PROCESOS, LOS RIESGOS INHERENTES A LOS MISMOS, LA AFECTACION DE LA ESFERA Y TRANQUILIDAD JURIDICA DE LOS DEMANDADOS Y LA TRASCENDENCIA PUBLICA QUE LOS MISMOS HAN DE TENER COMO CONSECUENCIA DE A VOLUNTAD DE QUIEN LOS COMO DEMANDADO.

SE PODRA DECIR QUE LA INVIOLABILIDAD GARANTIZA LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS Y POR CONSIGUIENTE QUE DE NINGUN MODO SU VOLUNTAD POLITICA Y LA LIBRE EXPRESION DE SU OPINION PUEDEN RESULTAR AFECTADOS. SIN EMBARGO, COMO QUIERA QUE LA PROTECCION QUE, PARA LOS FINES ANTEDICHOS, REPRESENTA LA INVIOLABILIDAD QUEDA DIFERIDA, DE NO ADMITIRSE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA PREVIA AL MOMENTO DE LA SENTENCIA, ENTIENDE EL ABOGADO DEL ESTADO QUE SERIA CERRAR LOS OJOS A LA REALIDAD EL DESCONOCER EL POSIBLE EFECTO PERTURBADOR QUE LA SIMPLE EXISTENCIA DE UN PROCESO PUEDE SUPONER Y POR CONSIGUIENTE LA INSUFICIENCIA POR SI MISMA Y POR RAZONES TEMPORALES DE LA TUTELA JUDICIAL PARA GARANTIZAR EN LA SENTENCIA LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA.

EN CUANTO AL SERVICIO DE ESA PRERROGATIVA, CON CARACTER PURAMENTE INSTRUMENTAL Y RECTAMENTE ENTENDIDA, LA AUTORIZACION A QUE SE REFIERE EL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982 SE PRESENTA, EN CAMBIO, COMO UN INSTRUMENTO EFICAZ EN ORDEN A TAL GARANTIA, Y UN INSTRUMENTO QUE, AUNQUE REPRESENTA UNA AFECTACION DEL DERECHO A LA JURISDICCION, ENCUENTRA UN FUNDAMENTO RAZONABLE EN LAS MISMAS FINALIDADES QUE JUSTIFICAN LA INVIOLABILIDAD, RESULTANDO ASI PLENAMENTE CONFORME A LA CONSTITUCION.

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA NO CABE OLVIDAR TAMPOCO QUE, EN OCASIONES, MEDIANTE LAS DEMANDAS CIVILES AMPARADAS EN LA LEY ORGANICA 1/1982 Y DIRIGIDAS CONTRA PARLAMENTARIOS SE PERSIGUEN O PUEDEN PERSEGUIRSE FINALIDADES NO ESTRICTAMENTE CONFORMES CON LAS QUE SERIAN PROPIAS DEL TIPO DE ACCION EJERCITADA, FINALIDADES, POR EJEMPLO, ESTRICTAMENTE POLITICAS. EN TALES CASOS NO RESULTAN, PROBABLEMENTE, LOS ORGANOS JUDICIALES LOS MAS ADECUADOS PARA APRECIAR LA INTENCIONALIDAD POLITICA DE LAS ACCIONES EJERCITADAS, LAS CONSECUENCIAS O LA INCIDENCIA POLITICA DE LAS MISMAS. ESE JUICIO SE ADECUA MAS PROPIAMENTE A LA NATURALEZA DE LA CAMARA PARLAMENTARIA A LA QUE PERTENECE EL DEMANDADO, QUIEN, SEGUN ENTENDEMOS, ES LA INDICADA PARA REALIZAR ESA VALORACION ESTRICTAMENTE POLITICA DE LA ACCION EJERCITADA, A LA CUAL DEBEN SER AJENOS LOS JUECES Y TRIBUNALES PESE A QUE DE NO ADMITIR LO QUE AQUI SE PROPUGNA, NO CABRIA OTRA ALTERNATIVA.

POR CONSIGUIENTE ENTIENDE EL ABOGADO DEL ESTADO QUE EXISTEN RAZONES SUFICIENTES PARA AVALAR LA PLENA CONFORMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA QUE EN ESTE PROCESO SE DISCUTE. COSA DISTINTA, NATURALMENTE, ES QUE DE ELLA SE HAGA EN CADA CASO UN USO AJUSTADO A LAS FINALIDADES QUE JUSTIFICAN LA INSTITUCION DE LA QUE ES INSTRUMENTO. ESE, SIN EMBARGO, ES UN PROBLEMA DE CASO CONCRETO QUE DESDE ESA PERSPECTIVA DEBE EXAMINARSE EN EL FUTURO, DE IGUAL MODO QUE LO HA SIDO EN EL ASUNTO A QUE PUSO TERMINO LA STC 243/1988.

4. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INTERESO SENTENCIA DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, POR SER CONTRARIA A LOS ARTS. 24.1 Y 71 DE LA CONSTITUCION, FUNDAMENTANDO ESTA PETICION EN LAS ALEGACIONES SIGUIENTES.

LO PRIMERO QUE SE CONSTATA AL ESTUDIAR EL TEXTO DE LA LEY ORGANICA 3/1985, COMO DEL ACUERDO DEL SENADO, ES LA CONFUSION EXISTENTE ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LA INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD PARLAMENTARIAS: NO QUEDA CLARO, NI EN EL TEXTO LEGAL QUE SE APLICA, NI EN LA RESOLUCION DEL PLENO DEL SENADO, SI SE ESTAN REFIRIENDO A UN SUPUESTO DE INVIOLABILIDAD, COMO PARECE INFERIRSE DE SU TEXTO, O HACEN REFERENCIA A UN CASO DE INMUNIDAD, COMO SERIA LOGICO DEDUCIR DE LA MERA EXISTENCIA DE UN SUPLICATORIO.

LA INVIOLABILIDAD PROTEGE A LOS PARLAMENTARIOS DE CUALQUIER TIPO DE CONSECUENCIAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LAS OPINIONES MANIFESTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SE TRATA DE UNA PRERROGATIVA DE CARACTER SUSTANTIVO, NO MERAMENTE PROCESAL, Y NO TIENE LIMITACION TEMPORAL ALGUNA: LAS OPINIONES CUBIERTAS POR LA INVIOLABILIDAD QUEDAN A SALVO DE CUALQUIER MEDIDA QUE CONTRA SU AUTOR PUDIERA ADOPTARSE, INCLUSO DESPUES DE FINALIZADO SU MANDATO REPRESENTATIVO. SU UNICA LIMITACION ES DE CARACTER OBJETIVO: CUBRE EXCLUSIVAMENTE LAS OPINIONES MANIFESTADAS POR LOS PARLAMENTARIOS . RESPECTO A ELLA NO CABE HABLAR DE SUPLICATORIO: LA PRESENCIA DE LA INVIOLABILIDAD EXCLUYE CUALQUIER POSIBILIDAD DE AUTORIZACION NI SIQUIERA POR LAS PROPIAS CAMARAS DE MEDIDAS QUE, EN DEFINITIVA, ATENTARIAN CONTRA LA LIBERTAD DE OPINION Y VOTO QUE ES ESENCIAL A LA FUNCION PARLAMENTARIA.

AHORA BIEN, LA LEY ORGANICA 3/1985 VIENE A AÑADIR AL TEXTO ORIGINAL DEL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982 () EL SIGUIENTE PARRAFO:

LA PREVIA AUTORIZACION SERA TRAMITADA POR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LOS SUPLICATORIOS.>

LA LEY QUE AQUI SE CUESTIONA ES UN VIVO EJEMPLO DE CONTRADICCION ENTRE SUS TERMINOS. SI AL REFERIRSE A OPINIONES MANIFESTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARLAMENTARIAS PARECE MOVERSE DENTRO DEL ESTRICTO CAMPO DE LA INVIOLABILIDAD, AL PERMITIR AUTORIZACION PARA PROCEDER JUDICIALMENTE CONTRA SU AUTOR MEDIANTE LA CONCESION DEL SUPLICATORIO, EVIDENCIA QUE SE ESTA REFIRIENDO A UN SUPUESTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA. MAXIME CUANDO, A RENGLON SEGUIDO, OBLIGA A PARALIZAR EL PROCESO CIVIL NADA MAS INICIADO, SIEMPRE QUE EL DEMANDADO OSTENTE LA CONDICION DE DIPUTADO O DE SENADOR, SIN REFERENCIA NINGUNA, EN ESTE ASPECTO, A QUE LA DEMANDA SE REFIERE A HECHOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

SI SE ACUDE A LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE AFIRMACION:

LA INTERPRETACION LITERAL DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS NOS LLEVA, INDUDABLEMENTE, AL CAMPO DE LA INMUNIDAD. PERO EL PROPIO TEXTO DE LA LEY, AL REPRODUCIR EL TENOR LITERAL DEL ART. 71.1 DE LA CONSTITUCION, QUE DEFINE LA INVIOLABILIDAD, SIEMBRA LA CONFUSION. A NO SER QUE EL LEGISLADOR HAYA PRETENDIDO INTRODUCIR EX NOVO UN SISTEMA DE CONTROL ABSOLUTO POR LAS CAMARAS TANTO DE LA INVIOLABILIDAD (LO QUE CARECE DE TODO PRECEDENTE) COMO LA INMUNIDAD, A TRAVES DEL SUPLICATORIO.

SI A ELLO SE AÑADE QUE EL TRANSCRITO TEXTO DE LA RESOLUCION DEL SENADO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA INVIOLABILIDAD DEL SENADOR DEMANDADO, SIN HABLAR PARA NADA DE INMUNIDAD, LA CONFUSION ALCANZA GRADOS DE PARADOJA.

NO OBSTANTE, LA CUESTION ES CLARA: EL SUPLICATORIO ES UNA INSTITUCION TAN SOLO PARA SUPUESTOS DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA, Y ASI LO AFIRMA, SIN LUGAR A DUDAS, LA SENTENCIA 243/1988. AHORA BIEN, TAL INSTITUCION SUPONE UNA EXCEPCION AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y COMO TAL, SOLO EN LA CONSTITUCION PODRA HALLARSE LA RAZON JURIDICA DE UNA RESTRICCION SEMEJANTE. ES OBLIGADO, POR TANTO, ACUDIR A LAS PREVISIONES DEL ART. 71 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL. TAL PRECEPTO EVIDENCIA QUE ESTA PENSADO EXCLUSIVAMENTE PARA SUPUESTOS PROCESALES PENALES. ASI SE DEDUCE DE LA STC 90/1985, DE 22 DE JULIO, EN LA QUE SE SEÑALAN:

ESAS DOS INTENCIONALIDADES SON INDISPENSABLES PARA EL RECTO USO DE LA FACULTAD DE DENEGAR EL SUPLICATORIO. , QUE SI DUDA HACE REFERENCIA AL HECHO DE QUE LA CONDENA A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, MIENTRAS DURE, CONSTITUYE UNA CAUSA DE INELIGIBILIDAD, QUE SI ES SOBREVENIDA SE CONVIERTE EN CAUSA AUTOMATICA DE CESE EN EL CARGO DE SENADOR: ART.

18 D) DEL REGLAMENTO DEL SENADO, EN RELACION CON EL 6.2 A) DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL, Y ASI LO RECONOCE LA STC 45/1983, DE 25 DE MAYO.

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, NO SE COMPRENDE COMO UNA DEMANDA CIVIL, QUE EN EL PEOR DE LOS CASOS PUEDE DAR LUGAR A UNA CONDENA INDEMNIZATORIA PECUNIARIA Y AL RESTO DE LAS MEDIDAS QUE EL JUEZ ACUERDE PARA SATISFACER EL DERECHO VULNERADO, PUEDE .

Y TAMPOCO ES IMAGINABLE UN SUPUESTO DE , POR EL HECHO DE QUE SE SIGA UN PROCEDIMIENTO CIVIL A UNO DE SUS MIEMBROS, POR HECHOS QUE, ADEMAS, Y COMO HA QUEDADO DEMOSTRADO, NO ESTAN EFECTUADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE SENADOR.

LA CONCLUSION QUE DE LO EXPUESTO EXTRAE LA STC 243/1988, ES CLARA, Y BIENE A ESCLARECER PRACTICAMENTE EL PROBLEMA AQUI PLANTEADO: . EXISTE, PUES, UNA DOCTRINA GENERAL, APLICABLE NO SOLO AL CASO DE AUTOS ENTONCES RESUELTO, SINO EXTENSIVO A TODOS LOS SUPUESTOS POSIBLES DE EXIGENCIA DE SUPLICATORIO PARA LA TRAMITACION DE PROCESOS NO PENALES, POR LO QUE DEBE CONCLUIRSE QUE LA MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA LEY ORGANICA 3/1985, EN EL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, ES INCONSTITUCIONAL, POR SER CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ART. 24.1 EN RELACION CON EL 71 DE LA CONSTITUCION.

5. POR PROVIDENCIA DE 16 DE ENERO SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y FALLO EL DIA 18 DE ENERO DE 1990.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL TIENE POR OBJETO RESOLVER SI EL ULTIMO INCISO DEL PARRAFO PRIMERO DEL ART.

2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, EN CUANTO DISPONE QUE , ES INCONSTITUCIONAL POR VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, QUE RECONOCE EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION.

EL ORIGEN DE ESTA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ELEVADA AL PLENO DEL TRIBUNAL POR LA SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA, NUM. 243/1988, DE 19 DE DICIEMBRE, HACE CONVENIENTE QUE, DEJANDO A UN LADO LOS ASPECTOS CONCRETOS CONTEMPLADOS POR LA MISMA EN EL RECURSO DE AMPARO EN EL QUE SE PRONUNCIO, RESOLVAMOS LA CUESTION TENIENDO PRESENTE LA DOCTRINA QUE EN ELLA SE MANTIENE, REITERADA EN LA STC 186/1989, DE 13 DE NOVIEMBRE, DICTADA POR LA SALA SEGUNDA, Y, EN ESTE PUNTO, NO RESULTA INOPORTUNO ADELANTAR QUE EL TRIBUNAL EN PLENO ACEPTA SUSTANCIALMENTE DICHA DOCTRINA, PASANDO A REPRODUCIRLA EN LO QUE AQUI INTERESA PARA, A CONTINUACION, ABORDAR LA OPOSICION DEL ABOGADO DEL ESTADO A QUE SE LE ATRIBUYA A LA MISMA, QUE EN ESENCIA, TAMBIEN ACEPTA UN ALCANCE GENERAL QUE CONDUZCA A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA.

2. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA GARANTIZA A TODAS LAS PERSONAS EL ACCESO A LOS PROCESOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS Y A OBTENER, DENTRO DE ELLO, UNA RESOLUCION MOTIVADA SOBRE EL FONDO DE LA PRETENSION EJERCITADA, SIEMPRE Y CUANDO LA PRESTACION JURISDICCIONAL SE RECLAME CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y PRESUPUESTOS PROCESALES A LOS QUE LA LEY, CON GENERALIDAD Y JUSTIFICACION RAZONABLE, CONDICIONE LA VIABILIDAD PROCESAL DE LA PRETENSION.

ES INCUESTIONABLE QUE EL REQUISITO DE LA PREVIA AUTORIZACION PARLAMENTARIA QUE LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, INTRODUCE EN EL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCION CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, CONSTITUYE UNA GRAVE Y EXCEPCIONAL LIMITACION DEL DERECHO A ACCEDER AL PROCESO QUE ESTA LEY REGULA, PUESTO QUE LO HACE DEPENDER, NO YA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEMANDANTE DE UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE VENGA EXIGIDO EN CONDICIONES DE GENERALIDAD, SINO DE LA DECISION DE UN ORGANO NO JURISDICCIONAL QUE RECAE SOBRE LA PROCEDENCIA DE UN PRIVILEGIO ESTABLECIDO EN PROTECCION DE UN DETERMINADO GRUPO DE PERSONAS Y, SIENDO QUE SOLO SON ADMISIBLES LOS OBSTACULOS Y LIMITACIONES DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL QUE SE MANIFIESTEN JUSTIFICADOS Y PROPORCIONADOS EN ATENCION A LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN, EL PROBLEMA QUE AQUI SE PLANTEA SE REDUCE A INDAGAR CUAL ES LA FINALIDAD DE LA REFERIDA AUTORIZACION PREVIA Y, UNA VEZ ESTABLECIDA, ENJUICIAR SU RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

3. NO ES NECESARIO ESFUERZO ALGUNO PARA IDENTIFICAR LA FINALIDAD A QUE RESPONDE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD INTRODUCIDO POR LA LEY ORGANICA 3/1985, PUESTO QUE ES EL MISMO LEGISLADOR EL QUE, EN EL PREAMBULO DE LA LEY, EXPLICA QUE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA PREVIA TIENE POR OBJETO PROTEGER A LOS DIPUTADOS Y SENADORES DE LA CONSTANTE AMENAZA DE DEMANDAS CI

VILES A QUE PUEDEN VERSE SOMETIDOS A CONSECUENCIA DE LAS OPINIONES QUE EXPRESEN EN ESTRECHA CONEXION CON SUS FUNCIONES PARLAMENTARIAS, QUE NO SE PRODUZCAN DENTRO DE LAS SEDES DE LAS CAMARAS .

SERIA SUFICIENTE CENTRAR NUESTRA ATENCION EN ESTA ULTIMA FRASE PARA OBTENER, SIN MAS RAZONAMIENTO, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESA EXIGENCIA DE AUTORIZACION PREVIA, PUES EN ELLA SE PONE DE MANIFIESTO QUE EL LEGISLADOR, DE MANERA CONSCIENTE, AMPLIA, MAS ALLA DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION, EL PRIVILEGIO EXCEPCIONAL DE LA INVIOLABILIDAD QUE CONSAGRA EN SU ART. 71, AL QUE SE REMITE, PUESTO QUE RECONOCE EXPRESAMENTE QUE LA FINALIDAD DEL REQUISITO PROCESAL ES LA DE EXTENDER LA INVIOLABILIDAD A SUPUESTOS EXCLUIDOS POR LA CONSTITUCION DEL AMBITO DE ESTA GARANTIA Y, ADEMAS, LO HACE APLICANDO A LA MISMA EL INSTRUMENTO DE LA AUTORIZACION PARLAMENTARIA O SUPLICATORIO, QUE NUESTRA NORMA SUPREMA SOLO PERMITE UTILIZAR COMO GARANTIA DE LA INMUNIDAD Y QUE ES, POR ELLO Y SEGUN VEREMOS, INCOMPATIBLE CON LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INVIOLABILIDAD.

SIN EMBARGO, ESA CONCLUSION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE, PRIMA FACIE, SE DERIVA DE LA REFERIDA FRASE, BIEN MERECE UNA MAS DESARROLLADA FUNDAMENTACION Y, EN ESTE PUNTO, ES OBLIGADO ACUDIR A LA DOCTRINA QUE, AL RESPECTO, ESTABLECEN LAS CITADAS SSTC 243/1988, DE 19 DE DICIEMBRE, Y 186/1989, DE 13 DE NOVIEMBRE, QUE A SU VEZ ES CONTINUACION DE LA DECLARADA EN LAS SSTC 36/1981, DE 12 DE DICIEMBRE, 51/1985, DE 10 DE ABRIL, Y 90/1985, DE 22 DE JULIO, ASI COMO EN LOS AATC 147/1982, DE 22 DE ABRIL, Y 526/1986, DE 18 DE JUNIO.

SIGUIENDO A LA SENTENCIA ORIGEN DE ESTA CUESTION, DEBEMOS PARTIR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES GENERALES:

A) LA INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD PARLAMENTARIAS SON DOS PRERROGATIVAS, QUE, TENIENDO DISTINTO CONTENIDO Y FINALIDAD ESPECIFICA, ENCUENTRAN SU FUNDAMENTO EN EL OBJETIVO COMUN DE GARANTIZAR LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE LA INSTITUCION PARLAMENTARIA, Y EN TAL SENTIDO SON COMPLEMENTARIAS. AL SERVICIO DE ESTE OBJETIVO SE CONFIEREN LOS PRIVILEGIOS, NO COMO DERECHOS PERSONALES, SINO COMO DERECHOS REFLEJADOS DE LOS QUE GOZA EL PARLAMENTARIO EN SU CONDICION DE MIEMBRO DE LA CAMARA LEGISLATIVA Y QUE SOLO SE JUSTIFICAN EN CUANTO SON CONDICION DE POSIBILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y LIBRE DE LA INSTITUCION ATC 526/1986 Y QUE, EN LA MEDIDA EN QUE SON PRIVILEGIOS OBSTACULIZADORES DEL DERECHO FUNDAMENTAL CITADO, SOLO CONSIENTEN UNA INTERPRETACION ESTRICTA STC 51/1985 , TANTO EN EL SENTIDO LOGICO DE SUJECION A LOS LIMITES OBJETIVOS QUE LES IMPONE LA CONSTITUCION, COMO EN EL TELEOLOGICO DE RAZONABLE PROPORCIONALIDAD A FIN QUE RESPONDEN, DEBIENDO RECHAZARSE, EN SU CONSECUENCIA, TODO CRITERIO HERMENEUTICO PERMISIVO DE UNA UTILIZACION INJUSTIFICADA DE LOS PRIVILEGIOS, QUE CONDUZCA A UN RESULTADO DE PRIVACION, CONSTITUCIONALMENTE ILICITA, DE LA VIA PROCESAL PERTINENTE PREVISTA EN LA LEY.

B) EL OBJETIVO COMUN A AMBAS PRERROGATIVAS NO IMPIDE QUE SEAN INSTITUCIONES DISTINTAS CON CARACTERISTICAS PROPIAS.

LA INVIOLABILIDAD ES UN PRIVILEGIO DE NATURALEZA SUSTANTIVA QUE GARANTIZA LA IRRESPONSABILIDAD JURIDICA DE LOS PARLAMENTARIOS POR LAS OPINIONES MANIFESTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ENTENDIENDO POR TALES AQUELLAS QUE REALICEN EN ACTOS PARLAMENTARIOS Y EN EL SENO DE CUALQUIERA DE LAS ACTUACIONES DE LAS CORTES GENERALES O, POR EXCEPCION, EN ACTOS PARLAMENTARIOS EXTERIORES A LA VIDA DE LAS CAMARAS SIENDO FINALIDAD ESPECIFICA DEL PRIVILEGIO ASEGURAR A TRAVES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PARLAMENTARIOS, LA LIBRE FORMACION DE LA VOLUNTAD DEL ORGANO LEGISLATIVO AL QUE PERTENEZCAN.

LA INMUNIDAD, EN CAMBIO, ES UNA PRERROGATIVA DE NATURALEZA FORMAL QUE PROTEGE LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS REPRESENTANTES POPULARES CONTRA DETENCIONES Y PROCESOS JUDICIALES QUE PUEDAN DESEMBOCAR EN PRIVACION DE LIBERTAD, EVITANDO QUE, POR MANIPULACIONES POLITICAS, SE IMPIDA AL PARLAMENTARIO ASISTIR A LAS REUNIONES DE LAS CAMARAS Y, A CONSECUENCIA DE ELLO, SE ALTERE INDEBIDAMENTE SU COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO (STC 90/1985). AL SERVICIO DE ESTE OBJETIVO SE ESTABLECE LA AUTORIZACION DEL ORGANO PARLAMENTARIO PARA PROCEDER CONTRA SUS MIEMBROS, QUE ES UN INSTRUMENTO PROPIO Y CARACTERISTICO DE LA INMUNIDAD, CUYO CAMPO DE ACTUACION, POR SU FINALIDAD, SE LIMITA AL PROCESO PENAL, UNA VEZ DESAPARECIDA DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO LA PRISION POR DEUDAS Y LA PRIVACION DE LIBERTAD DERIVADA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

4. LAS PRECEDENTES CONSIDERACIONES GENERALES CONDUCEN, CONFORME RAZONA LA REFERIDA SENTENCIA, A QUE, POR DISPOSICION DEL ART. 71 DE LA CONSTITUCION, LA UNICA PRERROGATIVA PARLAMENTARIA QUE PUEDE JUSTIFICAR LA SUSPENSION Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES ES LA DE LA INMUNIDAD, PUES UNICAMENTE ES ESTA INSTITUCION LA QUE CONSTITUCIONALMENTE PERMITE LA EXIGENCIA DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL. SIN EMBARGO, LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA SE MANIFIESTA INAPROPIADA PARA IMPEDIR EL CURSO DE UNA DEMANDA CIVIL INTERPUESTA CONTRA UN PARLAMENTARIO, PUES EL SENTIDO PROPIO DE LAS PALABRAS EMPLEADAS POR EL ART. 71 DE LA CONSTITUCION Y LA RAZON MISMA DE LA INSTITUCION EXCLUYEN, CON ABSOLUTA CLARIDAD, QUE SU PROTECCION SE EXTIENDA A PROCESOS QUE NO SEAN PENALES; ES DECIR, QUE NO ENTRAÑEN LA EVENTUALIDAD DE QUE SEAN UTILIZADOS CON LA INTENCION DE PERTURBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA O ALTERAR SU COMPOSICION, MEDIANTE LA POSIBLE PRIVACION DE LA LIBERTAD DEL PARLAMENTARIO.

SE SIGUE

DE ELLO QUE LA QUE REQUIERE EL ART. 71 DE LA CONSTITUCION PARA INCULPAR O PROCESAR A DIPUTADOS O SENADORES NO PUEDE EXIGIRSE PARA LA ADMISION, TRAMITACION Y RESOLUCION DE DEMANDAS CIVILES QUE EN NADA PUEDEN AFECTAR A SU LIBERTAD PERSONAL Y, EN CONSECUENCIA, QUE LA EXTENSION DEL AMBITO CIVIL DE DICHA GARANTIA PROCESAL RESULTA CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMA; SIN QUE, POR OTRO LADO, ESTA ILEGITIMIDAD PUEDA ELUDIRSE, SEGUN SE DEJA DICHO, ACUDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE TRASLADAR EL REQUISITO EXCEPCIONAL DE LA PREVIA AUTORIZACION PARLAMENTARIA AL AMBITO DE LA INVIOLABILIDAD, PUES SEMEJANTE DESNATURALIZACION DE ESTE PRIVILEGIO NO VIENE CONSENTIDO POR LA CONSTITUCION; YA QUE, SEGUN SE DEJA DICHO, LA INVIOLABILIDAD ES UNA GARANTIA SUSTANTIVA QUE, EN CUANTO EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD JURIDICA DE DIPUTADOS Y SENADORES POR LAS OPINIONES MANIFESTADAS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION PARLAMENTARIA, NO REQUIERE LA INTERPOSICION DE UNA AUTORIZACION PREVIA, QUE, AL CARECER DE EXPRESA CONSAGRACION CONSTITUCIONAL, SOLAMENTE PODRIA INTRODUCIRSE A TRAVES DE UNA ESPECIE DE VIA ANALOGICA QUE NO CONSIENTE LA INTERPRETACION ESTRICTA QUE MERECEN TODAS LAS PRERROGATIVAS, LAS CUALES, DE ACUERDO CON LO RAZONADO, NO SUMINISTRAN FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA CONDICIONAR O IMPEDIR LA PRESTACION DE LA FUNCION JURISDICCIONAL CON AUTORIZACIONES PREVIAS PARA PROCEDER EN EL ORDEN CIVIL CONTRA PARLAMENTARIOS.

5. LOS EVIDENTES TERMINOS DE GENERALIDAD Y ABSTRACCION EN QUE VIENE FORMULADA LA DOCTRINA EXPUESTA CONVIERTEN EN INOCUA LA LINEA DE DEFENSA ELEGIDA POR EL ABOGADO DEL ESTADO, QUE, ACEPTANDOLA IMPLICITAMENTE, INTENTA REDUCIR SU APLICACION AL SUPUESTO CONCRETO EN RELACION CON EL CUAL SE PRONUNCIO, ADUCIENDO QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA REQUIERE INDAGAR, MAS ALLA DE ESE CASO CONCRETO, LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA PRERROGATIVA Y DETERMINAR SI, EN FUNCION DE ELLAS, EXISTEN RAZONES QUE PERMITAN AVALAR SU LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL, LAS CUALES ENCUENTRA EN LA INSUFICIENCIA DE LA INVIOLABILIDAD, PUES, AL QUEDAR DIFERIDA SU EFICACIA AL MOMENTO DE DICTARSE SENTENCIA, NO PROTEGE A LOS PARLAMENTARIOS DEL POSIBLE EFECTO PERTURBADOR QUE LA SIMPLE EXISTENCIA DEL PROCESO PUEDE SUPONER.

LAS RAZONES DE TIPO GENERAL Y ABSTRACTO QUE RECLAMA EL ABOGADO DEL ESTADO SON PRECISAMENTE LAS QUE SE HAN DEJADO YA EXPUESTAS, PERO ELLO NO ES OBSTACULO PARA QUE REITEREMOS AQUI QUE SIENDO CIERTO QUE LOS PARLAMENTARIOS AL IGUAL QUE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTIENDAS POLITICAS, O SEAN PROFESIONALES DE LA INFORMACION O SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES EN LAS QUE FRECUENTEMENTE EXPRESAN OPINIONES O EMITEN INFORMACIONES CON TRASCENDENCIA PUBLICA QUE PUEDEN AFECTAR AL HONOR, INTIMIDAD O IMAGEN DE OTROS CIUDADANOS ESTAN EXPUESTOS AL RIESGO DE TENER QUE SOPORTAR DEMANDAS CIVILES POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE CONSIDEREN QUE LAS OPINIONES MANIFESTADAS POR AQUELLOS ENTRAÑAN INTROMISIONES ILEGITIMAS EN SUS REFERIDOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PERO ELLO NO CONSTITUYE JUSTIFICACION RAZONABLE Y PROPORCIONADA PARA ESTABLECER, EN EL ORDEN PROCESAL CIVIL, UN REQUISITO EN PROTECCION DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES QUE, EN MANIFIESTA CONTRADICCION CON LO DISPUESTO EN EL ART. 71 DE LA CONSTITUCION, PUEDA IMPEDIR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, ACUDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUIR EL PRIVILEGIO DE LA INVIOLABILIDAD GARANTIA DE NATURALEZA SUSTANTIVA QUE DESPLIEGA SU EFICACIA DENTRO DEL PROCESO, IMPIDIENDO A LOS JUECES Y TRIBUNALES, CUANDO ASI CORRESPONDA, LA OBLIGACION DE TENER PRESENTE EN SUS SENTENCIAS LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS POR LAS OPINIONES QUE EXPRESEN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARLAMENTARIAS POR UNA EXORBITANTE PRERROGATIVA QUE TRASLADA, MAS ALLA DE LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES, LA DISPONIBILIDAD DEL PROCESO A UN ORGANO NO JUDICIAL Y, CON ELLO, LA DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL DE CONTROLAR, SIN INJERENCIAS EXTRAÑAS, EL USO QUE LOS PARLAMENTARIOS HAGAN DE SU LIBERTAD DE EXPRESION Y LA APLICACION AL MISMO DE LA GARANTIA DE LA INVIOLABILIDAD.

EN RESUMEN, SE INTRODUCE POR EL LEGISLADOR ORDINARIO, A TRAVES DE UNA NORMA EXTENSIVA DEL ART. 71 DE LA CONSTITUCION, UNA AUTORIZACION PREVIA QUE DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL SOLO CONSIENTE EN LOS PROCESOS PENALES, CREANDOSE ASI UNA INSTITUCION HIBRIDA, COMPUESTA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA INVIOLABILIDAD A LOS QUE SE AÑADE UN INSTRUMENTO AUTORIZATORIO, PROPIO Y EXCLUSIVO DE LA INMUNIDAD, QUE CARECE DE ENCAJE CONSTITUCIONAL Y CONLLEVA UNA IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONADA LIMITACION DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EN CUANTO IMPIDE EL EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA JURISDICCION Y, POR TANTO, RESULTA DESPROVISTA DE LA DEBIDA JUSTIFICACION, TANTO DESDE DE LA PERSPECTIVA DEL ART. 71 DE LA CONSTITUCION COMO DESDE LA QUE CORRESPONDE AL ART. 24.1 DE LA MISMA.

OBVIAMENTE, LA INSCONSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIZACION PREVIA, INTRODUCIDA POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, EN EL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, ARRASTRA, Y ASI DEBE DECLARARSE EN APLICACION DEL ART. 39.1 DE LA LOTC, LA DE TODA LA MODIFICACION NORMATIVA OPERADA POR AQUELLA LEY, PUESTO QUE LA FRASE QUE ANTECEDE AL INCISO FINAL DEL PARRAFO PRIMERO DEL CITADO ART. 2.2, ADEMAS DE SER INUTIL REPETICION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 71 DE LA CONSTITUCION, FUNCIONA COMO MERO ANTECEDENTE DE DICHO INCISO FINAL Y EL PARRAFO SEGUNDO ES SIMPLE CONSECUENCIA DEL MISMO.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

ESTIMAR LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y, EN SU VIRTUD:

DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y, POR CONSIGUIENTE, NULA LA ADICION AL ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, REALIZADA POR LA LEY ORGANICA 3/1985, DE 29 DE MAYO, EN LA QUE SE DISPONE:

INICIADO UN PROCESO CIVIL EN APLICACION DE LA PRESENTE LEY, NO PODRA SEGUIRSE CONTRA UN DIPUTADO O SENADOR SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS O DEL SENADO. LA PREVIA AUTORIZACION SERA TRAMITADA POR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LOS SUPLICATORIOS.>

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID A DIECIOCHO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL.

CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ-BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA.

FIRMADOS Y RUBRICADOS.