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Tutela efectiva y derecho a la vivienda


Editorial: Atelier
Fecha Publicación:
Colección: Monografico
Edición: 1ª. Edición 2021
Páginas: 252
Formato: PAPEL
ISBN: 978-84-18244-36-0
Idioma: Castellano


  • Papel
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Resumen

El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se relacionan en el proceso continuamente, produciéndose en algunas ocasiones tensiones entre ambos. La Tutela Judicial Efectiva es un derecho fundamental, pero no tiene carácter absoluto. El segundo es un principio rector de la política social, por lo que no se puede alegar directamente ante los Tribunales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los han amparado vinculándolo con el contenido de un derecho fundamental. En la Unión Europea tampoco se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero se ha protegido indirectamente a través de la protección de su titular como consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios realizados para su adquisición.

Estos distintos criterios en la protección del derecho a la vivienda digna interactúan con el proceso civil en sus distintas etapas. Con carácter general se protege el acceso a la resolución de los conflictos potenciando los ADR en materia de vivienda y consumo.

En el proceso de declaración se confunde con la protección del consumidor influyendo en las facultades procesales del juez. 

En este sentido se produce el conflicto entre las sentencias nacionales firmes y la doctrina del TJUE cuando se realiza una interpretación distinta a las primeras. Es en el proceso de ejecución en el que la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se tensiona debido a que la vivienda social existente es insuficiente para ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por el desahucio de su vivienda. Ha sido el legislador, tanto estatal como autonómico, el que la  regula aplicando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, al ser dos derechos para el que son competentes el Estado y las Comunidades Autónomas se ha producido una alta conflictividad en cuanto a competencias. Ésta ha provocado que las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas que afectaban a normas procesales hayan sido declaradas inconstitucionales o reinterpretadas por el Tribunal Constitucional.

La finalidad de esta investigación es analizar estos aspectos y ofrecer opciones para avanzar en la regulación de la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna.

    1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    2. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL

    EFECTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2.1. El carácter de principio rector de la política social

    y económica del derecho a la vivienda digna en la Constitución Española . . . . . 17

    2.1.1. La doctrina del Tribunal Constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2.1.2. ¿Estamos ante un cambio de tendencia en la protección de los

    derechos sociales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    2.2. El derecho a la vivienda en la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    2.3. El derecho a la vivienda digna en los tratados internacionales de ámbito

    europeo y su aplicación en el derecho español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    2.3.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    2.3.2. Las Naciones Unidas y el derecho a la vivienda: el Pacto Internacional

    de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    2.4. El derecho a la tutela judicial efectiva y la relación con el derecho a la

    vivienda digna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

    2.4.1. El carácter no absoluto del derecho a la tutela judicial efectiva . . . . . . . . 41

    2.4.2. El principio de proporcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

    2.4.3. La relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho

    a la vivienda digna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    3. LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES PROCESALES DE LA RELACIÓN

    ENTRE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL DERECHO A LA TUTELA

    JUDICIAL EFECTIVA. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    3.1. El carácter de orden público de la protección del consumidor y su posible

    limitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

    3.2. La obligación del juez nacional de analizar de oficio la abusividad de una

    cláusula en un contrato en el que una de las partes sea un consumidor . . . . . . . 57

    3.2.1. La obligación del juez nacional de analizar la existencia de una clausula

    abusiva no alegada por el consumidor cuando es la parte demandante . . 57

    3.2.2. El momento procesal de realizar el control de oficio por parte

    del juez nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

    4. EL ACCESO A LA JUSTICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

    4.1. El acceso a la justicia de las personas afectadas por un proceso que tiene

    por objeto su vivienda habitual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

    4.2. El acceso a la justicia del consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

    4.2.1. La advertencia de la Unión Europea sobre el acceso a la justicia

    de los consumidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

    4.2.2. La doctrina del tjue sobre el acceso a la justicia de los consumidores . . . 72

    4.3. El acceso a la justicia y la brecha digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

    5. LOS ADR EN MATERIA DE VIVIENDA Y CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    5.2. El fomento de los ADR y ODR en materias de vivienda y consumo . . . . . . . . . . . 77

    5.3. Los motivos del fomento de los ADR y ODR en materia de consumo . . . . . . . . . . 80

    5.4. Los ADR y ODR como mecanismo de acceso a la resolución de conflictos

    y como instrumentos de igualdad entre las partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

    5.4.1. Los ADR como instrumento de la igualdad entre las partes . . . . . . . . . . . 85

    5.4.2. Los ADR como medio de acceso a la tutela judicial efectiva . . . . . . . . . . . 87

    5.5. La independencia de los organos responsables de la solución extrajudicial

    de los conflictos de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

    5.6. El carácter obligatorio ope legis de los ADR en materia de vivienda y consumo . 93

    5.7. La decisión automatizada del conflicto a través de un ODR . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

    5.8. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

    6. LAS NOTIFICACIONES EN LOS PROCESOS EN LOS QUE ESTÁ AFECTADA

    LA VIVIENDA, CON ESPECIAL REFERENCIA AL CONSUMIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

    6.1. La importancia de las notificaciones al demandado cuando el proceso tiene

    por objeto el lanzamiento de la vivienda habitual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

    6.2. Regulación legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

    6.3. Aspectos problemáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

    6.3.1. La constitucionalidad de la comunicación electrónica y el ambito

    de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

    6.3.2. La no indicación del correo electrónico en el escrito de demanda . . . . . . 114

    6.3.3. La negativa a recibir una comunicación electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

    6.4. las consecuencias procesales de los errores en las comunicaciones electrónicas . 118

    7. LA PRUEBA EN EL PROCESO DE CONSUMIDORES, CON ESPECIAL

    REFERENCIA A LOS PROCESOS QUE AFECTAN A LA VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . 121

    7.1. El consumidor, el orden público y los efectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

    7.2. La actividad probatoria de oficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

    7.2.1. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea . . . . . . . . . 122

    7.2.2. La práctica de prueba de oficio en el proceso español . . . . . . . . . . . . . . . 127

    7.2.3. La incidencia en las normas de carga de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

    7.3. La protección del consumidor. entre las presunciones y la carga de la prueba . . 130

    7.3.1. La regulación comunitaria: los criterios aparentemente contradictorios

    en la protección del consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

    7.3.2. Las reglas probatorias en la ley de consumidores y usuarios . . . . . . . . . . 141

    7.3.3. La diferencia entre las normas de carga de la prueba y las presunciones 143

    7.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

    8. LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS DEL TJUE Y LAS SENTENCIAS FIRMES

    DICTADAS EN PROCESOS NACIONALES, ESPECIALMENTE CUANDO TIENE

    POR OBJETO LA EXISTENCIA DE UNA CLAÚSULA ABUSIVA EN UN CONTRATO

    DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

    8.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

    8.2. La doctrina del TJUE y las cuestiones prejudiciales planteadas sobre los

    jueces nacionales sobre el alcance objetivo de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . 153

    8.3. Análisis de un caso concreto. los efectos de la sentencia del TJUE de

    3 de marzo de 2020 en los procesos nacionales firmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

    8.3.1. La sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

    8.3.2. La cosa juzgada de las sentencias que han aplicado la doctrina de

    la sentencia del Tribunal Supremo 669/2017, de 14 de diciembre . . . . . . 158

    8.3.3. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    8.4. Soluciones al conflicto entre una sentencia del TJUE y las sentencias firmes

    dictada por tribunales nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    8.4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    8.4.2. EL análisis desde la perspectiva del derecho de la unión . . . . . . . . . . . . . 162

    8.4.3. Previsión en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros

    de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

    8.4.4. La falta de regulación en el ordenamiento jurídico español . . . . . . . . . . . 167

    8.4.5. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

    9. EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EL DERECHO A LA VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . 171

    9.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

    9.2. La suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual cuando concurran

    determinadas circunstancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

    9.2.1. La regulación estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

    9.2.2. La constitucionalidad de la regulación estatal y el carácter básico

    de la Ley 1/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

    9.2.3. La Doctrina del TribunaL Europeo de Derechos Humanos Sobre la

    suspensión legal del proceso de ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

    9.2.4. El plazo de la suspensión del lanzamiento y el derecho a la tutela

    judicial efectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

    9.2.5. Los requisitos para suspender el lanzamiento en el proceso de ejecución

    hipotecaria por concurrir una situación de vulnerabilidad . . . . . . . . . . . . 181

    9.2.6. Aspectos procesales. el momento procesal en que debe solicitarse,

    tramitación y recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

    9.2.7. La posibilidad de realizar alegaciones sobre la abusividad de la cláusula

    en los procesos suspendidos por la aplicación de la Ley 1/2013 . . . . . . . . 186

    9.3. El desahucio de personas en situación vulnerable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

    9.3.1. Regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

    9.3.2. Efectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

    9.4. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

    10. LOS EFECTOS PROCESALES DE LA LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES

    AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

    10.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

    10.2. La regulación de los aspectos materiales de la función social de la

    propiedad y la delimitación con la competencia exclusiva del Estado en

    materia de ordenación de la economía y ordenación del crédito . . . . . . . . . . . 198

    10.3. La obligación de ofrecer un alquiler social antes o después de un proceso de

    ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de la renta arrendaticia . . . 202

    10.3.1. La obligación de ofrecer un alquiler social antes del inicio de un

    proceso de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de la

    renta arrendaticia. La Ley 24/2015, del Parlament de Catalunya,

    de 29 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

    10.3.2. La obligación de ofrecer un alquiler financiado por la Administración

    Pública tras la finalización del proceso de ejecución hipotecaria . . . . . 208

    10.3.3.  La viabilidad de la reclamación civil de la obligación de ofrecer

    un alquiler social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

    10.3.4. La posible inconstitucionalidad de la obligación de ofrecer

    un alquiler social antes de iniciar un proceso de ejecución

    hipotecaria o de desahucio prevista en la Ley 24/2015, de la

    Generalitat de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

    10.4. Aspectos procesales de la regulación autonómica de la función social

    de la propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

    10.4.1.  La competencia legislativa de las comunidades autónomas

    en materia procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

    10.4.2.  La legitimación de la administración para reclamar el cumplimiento

    de la legislación autonómica ante los tribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

    10.4.3. La inembargabilidad de las prestaciones sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 229

    10.4.4.  La suspensión de los lanzamientos derivados de un proceso

    de ejecución hipotecaria y del desahucio por impago del alquiler . . . . 231

    10.4.5. La regulación de ADR en materia de vivienda y consumo . . . . . . . . . . 233

    BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Autor: Vicente Pérez Daudí
Catedrático de Derecho Procesal Universitat de Barcelona


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