Se aprueba por el Consejo de ministros el «Plan Camino»

El Consejo de ministros de 20 de septiembre de 2022 aprueba el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución (2022-2026), conocido como «Plan Camino».

Atendiendo a la idea de que la trata de mujeres y niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres unida a la prostitución, como objetivo principal de la trata con fines de explotación sexual, se han producido avances normativos y de políticas públicas en la materia. En este sentido destacan los derivados de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania; y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023.

En el contexto anterior y con la finalidad de hacer operativas las obligaciones derivadas de este nuevo marco normativo y de implementación de políticas públicas se aprueba el citado «Plan Camino». Este Plan supone un impulso de la acción política para reforzar la atención a los contextos de prostitución, entendidos como escenarios complejos en los que las mujeres pueden transitar por diferentes situaciones de explotación y de violación de derechos humanos.

Como medidas más relevantes cabe destacar:

• Mejorar la información disponible sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución y la realidad de las mujeres y niñas en estas situaciones.
• Desincentivar la demanda de trata, explotación sexual y prostitución.
• Promover la detección de la trata y la explotación sexual, fundamentalmente en los ámbitos social, sanitario, o educativo.
• Consolidar el sistema de acreditación de las víctimas, sin necesidad de denuncia o de haber finalizado la identificación formal.
• Garantizar la autonomía económica y habitacional de las víctimas, ofreciéndoles alternativas reales de vida.
• Facilitar el acceso al Sistema Público de Salud.
• Proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, a través de medidas de atención y recuperación, sensibilización y prevención, autonomía económica y habitacional, sanción a los responsables y goce de otros derechos.
• Impulsar el acceso a la regularidad documental para las mujeres extranjeras víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución con indicadores de vulnerabilidad extrema, a los efectos de facilitar su salida de la situación de explotación.