Se aprueba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Pleno del Congreso ha adoptado este jueves el acuerdo para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, al ratificar el informe aprobado el pasado mes de julio por la Comisión de Igualdad que plantea propuestas de actuación en todos los ámbitos y reclama los recursos financieros adecuados para la correcta aplicación de estas políticas, con un incremento de la dotación económica de mil millones de euros durante los próximos cinco años.

Las propuestas de actuación abarcan, entre otras,

Educación, con refuerzo y ampliación de los valores igualitarios y educación afectivo-sexual, con prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, con revisiones y refuerzos en la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo, ello desarrollado con campañas de prevención y sensibilización, publicidad, materiales, implicación de entidades locales.

Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexuales?). 

Visibilización en la web del Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), de las resoluciones y sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios, intensificando la vigilancia en internet y redes sociales.

Deporte, ampliando las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos

Laboral, impulsando campañas institucionales contra la violencia de género, en colaboración con organizaciones patronales, sindicales y empresas.

Sanidad, mejorando la detección de la violencia de género lo antes posible.

Dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género.

Otras medidas que se adoptarán en virtud del Pacto, 

La adecuación y dotación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la coordinación en cuanto a órdenes de protección y otras actuaciones en materia de justicia

Creación de una subcomisión sobre igualdad de género en el Instituto de Juventud y la mejora de acceso a la información; mejorar la protección en el ámbito rural; reforzar los protocolos en el ámbito sanitario y proteger a mujeres y niñas con diversidad funcional-discapacidad son otras de las actuaciones previstas

Las mujeres víctimas de violencia de género que accedan a la renta de reinserción por esta circunstancia nunca podrán cobrar una retribución menor al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Dicha prestación podrá ascender hasta el 133% del SMI en caso de que la receptora tenga a tres o más familiares a su cargo.

Formación especializada a profesionales de medios de comunicación, de la administración de justicia de cuerpos de seguridad del Estado y a los profesionales que atienden en cualquier ámbito a las víctimas de violencia de género.

Se propone establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuencias, con la periodicidad que se establezca, e impulsar la incorporación de indicadores específicos que permitan conocer el número de niños y niñas menores y géneros que han sido víctimas, así como las personas con diversidad funcional-discapacidad.

En relación a las recomendaciones a Comunidades Autónomas, entidades locales y otras asociaciones, entre otras propuestas, sobresale, la introducción de módulos transversales sobre violencia sexual en los contenidos formativos para empresas y administraciones, una mesa de coordinación estatal que incluya a todos los agentes, programas de prevención y detección desde la educación infantil, fomentar la investigación, promover un enfoque integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito de trata, concienciar contra la demanda de prostitución.

El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años, desglosados en 100 millones de euros adicionales a entidades locales, 500 a Comunidades Autónomas y otros 400 a competencias estatales contra la violencia de género dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Para el seguimiento del Pacto se propone una Comisión Permanente no legislativa en el Congreso, a la que la delegación del Gobierno deberá remitir informes anuales sobre la aplicación y desarrollo del plan nacional de sensibilización y prevención.

Fuente: congreso de los Diputados