Avalada la constitucionalidad del recurso de casación contencioso por infracción de normas autonómicas

El Pleno del Tribunal Constitucional decide por mayoría avalar la constitucionalidad del recurso de casación contencioso-administrativo por infracción de normas autonómicas. Desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha contra los párrafos segundo y tercero del artículo 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), relativo al recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas.

El párrafo segundo dispone que será competente para conocer de dicho recurso una Sección de la Sala Contenciosa del TSJ. Y si hubiera más de una Sección, la Sala de Gobierno establecerá el turno correspondiente.

El TSJ consideraba que dicha regulación vulneraba la Constitución en cuatro puntos: art. 122.1 CE por la carencia de rango de ley orgánica exigido; art. 9.3 principio de seguridad jurídica; art. 14 igualdad ante la ley y art.24 tutela judicial efectiva.

En la sentencia se establece respecto a la falta de rango orgánico de la LJCA, que ?el contenido mínimo indispensable que debe contener la Ley Orgánica que prescribe el art. 122 de la Constitución no se incluyen aspectos como las modalidades de recursos disponibles, las resoluciones en su caso recurribles, los órganos competentes para su resolución o los procedimientos que a tal fin deban perseguirse, con independencia de que las disposiciones de la Ley orgánica del Poder Judicial hayan procedido en ocasiones, en el pasado a precisar en mayor o menor grado, algunos de esos aspectos?.

Fuera de ese contenido mínimo indispensable reservado a una ley orgánica, ?la jurisprudencia constitucional siempre ha admitido la posibilidad del que el legislador ordinario concrete ese diseño básico de la organización judicial?.

Respecto a la infracción del principio de seguridad jurídica el TC entiende que la ?indeterminación del precepto legal no conlleva una quiebra de la seguridad jurídica porque una interpretación sistemática permite acotar su sentido y determinar las resoluciones que pueden ser objeto de este recurso de casación y el órgano que debe resolverlo?.

Tampoco aprecia la sentencia que se haya infringido el principio de igualdad, ni tampoco el principio a la tutela judicial efectiva, ya que la unificación del Derecho autonómico corresponde a los TSJ a través de un recurso de casación paralelo al establecido en el TS.

Esta sentencia cuenta con dos votos particulares, uno discrepante por el que se entiende que las Secciones a las que se refiere el artículo 86.3 de la LJCA no son meras divisiones funcionales de las Salas de lo Contencioso-administrativo, sino que son órganos judiciales nuevos. Por ello, considera que, al estar reservada la constitución de los órganos judiciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por el art. 122.1 CE, los apartados segundo y tercero del citado art. 86.3 LJCA infringen el referido precepto constitucional por regular una materia que está reservada por la Constitución a la LOPJ.

El segundo de los votos entiende que la creación de una nueva Sección, a la que se confiere nominalmente una competencia exclusiva y excluyente, rompe con el sistema establecido en la Constitución y en la LOPJ, porque la denominación de Sección se crea un auténtico órgano jurisdiccional distinto de las Salas de lo Contencioso-administrativo ya establecidas.