El Congreso aprueba que existe excepcionalidad para la suspensión de las reglas fiscales

El pleno del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, ha apreciado, que «las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin precedentes que está sufriendo España» son una situación de emergencia extraordinaria, y por ello se puede aplicar la previsión de los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que permite al Estado y a las comunidades autónomas superar los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública. 

Además, se mantiene la suspensión del acuerdo de Consejo de ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales.

«El establecimiento del límite de gasto no financiero del Estado por parte del Gobierno es el paso previo a la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y acompaña al acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores que se remite a las Cortes Generales».

Así, el Congreso de los Diputados ha permitido aplicar por tercera vez, como ya hizo en los dos últimos años, la previsión del artículo 135.4 de la Constitución, que dispone que «los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina en su artículo 11.3 que «excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o sus sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo».

A falta de objetivos de estabilidad por la suspensión de las reglas fiscales, se introducen unas tasas de referencia de déficit. Así, la Administración Central será quien asuma pasará de una tasa de referencia del 3,8 % en 2022 al 3,2 % en 2023, siendo quien más reducirá su déficit. Por su parte, las comunidades autónomas tendrán más margen al pasar de una tasa de referencia del 0,1 % contemplado en el Programa de Estabilidad de abril a un 0,3% recogido en el acuerdo del Consejo de ministros del pasado 26 de julio. También las Entidades Locales contarán con más capacidad de gasto al pasar de un superávit del 0,2% previsto en el Programa de Estabilidad a un superávit del 0,1 % contemplado en el acuerdo del Consejo de ministros.

Fuente: Congreso de los Diputados