Las tasas judiciales han recaudado 316 millones de euros en su primer año de aplicación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que sin la implantación de las tasas judiciales, que aportó unos recursos al Estado de 316 millones de euros en su primer año de aplicación, el Gobierno no podría haber aumentado el número de personas que se benefician del servicio de justicia gratuita.

"Si no hubiésemos aprobado las tasas judiciales, nosotros no hubiésemos podido elevar los umbrales de renta. Nosotros hoy proporcionamos la justicia gratuita a un número muy importante de ciudadanos en España que antes no tenían", ha señalado Gallardón durante el Pleno del Congreso, en el que ha respondido a una pregunta de control al Ejecutivo planteada por el diputado del PNV Emilio Olabarria.

El ministro ha defendido las tasas al apuntar que han permitido elevar tanto "los umbrales de renta" de los beneficiarios de la justicia gratuita como "el número de beneficiarios de este derecho al margen de su renta", en referencia a "mujeres maltratadas, los niños que hayan sido objeto de determinados delitos".

"Todas esas personas que nunca tuvieron en este país un servicio de justicia gratuita, por las políticas sociales de este Gobierno hoy lo tienen", ha señalado Gallardón, quien ha concretado que el coste total de la Justicia en España es de 3.800 millones, un 8,3 por ciento de lo recaudado con las tasas y lejos todavía del 27 por ciento de la media europea.

Tras apuntar que la recaudación se ha destinado a sufragar los costes de la Administración judicial y los de la justicia gratuita, el ministro ha defendido que el Gobierno cubrirá con cargo a las tasas los sobrecostes que tengan que asumir las comunidades autónomas por ofrecer este servicio, "hasta un límite de tres veces la desviación media del territorio Ministerio", que afecta a cinco regiones que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

Olabarria ha acusado a Gallardón de no decir la "verdad" porque ninguna comunidad autónoma ha recibido "un solo euro" para sufragar la justicia gratuita, a pesar de que el coste de este servicio está vinculado a la Ley General de Presupuestos de 2013 y las últimas Conferencias Sectoriales.

"Ustedes se pegan como una lapa a la Constitución en debates como ayer (...) pero prescinden de los requerimientos constitucionales cuando hablamos de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o el derecho de los litigantes con menos recursos a litigar", ha señalado el parlamentario nacionalista.