La prueba constará únicamente de una parte escrita de respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos. La primera convocatoria se dará a conocer ?en los próximos días?.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el pasado viernes el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones.

Dicha ley estimó necesario adquirir una cualificación profesional más allá de la sola obtención de una titulación universitaria tanto para la consecución del título profesional de abogado (quien presta asistencia letrada bajo esa denominación) como el de procurador (que ejerce la representación procesal de las partes en los procesos judiciales).

Ese proceso de capacitación profesional se adquiere mediante la superación de una formación especializada a través de la realización de cursos de formación que han de incluir un periodo de prácticas externas y superar una evaluación.

El Real Decreto 775/2011 estableció que para comprobar si se posee la formación necesaria para el ejercicio de ambas profesiones se debía realizar una prueba compuesta por dos partes: una de preguntas múltiples y otra consistente en la resolución de un caso práctico.

El Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros reforma ese de 2011, para que la prueba conste únicamente de una parte escrita de contestaciones o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre “situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores”.

De esta forma, según el Ministerio de Justicia, se garantiza un “sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teórico-práctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado”.

El Real Decreto aprobado el viernes también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas. El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%).

La convocatoria de la primera prueba se dará a conocer en próximos días. En cualquier caso el examen no podrá producirse al menos hasta tres meses después de publicarse la fecha.

La prueba se celebrará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que reclamaron, hace pocas semanas, la convocatoria urgente de la prueba y aseguraron que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.

Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen posibilidad de realizar prácticas, ya que su período formativo ha terminado.