El Gobierno planea dar ayudas a la vivienda a jóvenes, mayores y las familias desahuciadas.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado durante la presentación del real decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 [cuya tramitación pretende afrontar desde el 1 de junio para que entre en vigor el 1 de enero], la intención del Gobierno de conceder una ayuda de hasta 10.800 euros para que personas de hasta 35 años afronten los gastos de adquirir una vivienda (tanto libre como protegida), con un límite del 20% del valor del inmueble. También apoyará a este colectivo con ayudas de hasta el 50% de la renta para alquileres de hasta 900 euros durante un periodo de tres años.

Objetivos del proyecto 

Según el el ministro de Fomento los objetivos primordiales del proyecto son «ayudar a las personas que más lo necesitan» -colectivo en el que incluyó a  jóvenes, mayores y las familias desahuciadas-, incentivar la oferta de alquiler a precios asequibles y promocionar la rehabilitación, así como flexibilizar la gestión de las comunidades autónomas, que son las que llevan a la práctica las medidas una vez firmados convenios con el Estado.

Duración del programa

Las ayudas del nuevo plan estarán vigentes durante un periodo máximo de tres años, que será de dos para los afectados por desahucios.

Inicialmente se ha pretendido que sean de aplicación a partir del 1 de enero de 2018.

Ayuda a la compra de vivienda  para personas de hasta 35 años.

Como se ha dicho anteriormente la intención del Gobierno de conceder una ayuda de hasta 10.800 euros para que personas de hasta 35 años afronten los gastos de adquirir una vivienda (tanto libre como protegida), con un límite del 20% del valor del inmueble. En este caso se solicitará:

- tener hasta 35 años en el momento de la solicitud.

- tener unos ingresos mensuales inferiores a 1.597,53 euros (tres veces el IPREM). Es decir, 19.170,39 euros anuales si se cobran 12 pagas y 22.365,42 euros si se reciben 14.

- la casa objeto de la ayuda deberá ser la vivienda habitual y permanente durante un periodo mínimo de cinco años. 

-no poseer una vivienda

Ayudas al alquiler

Se subvencionará el 50% de la renta mensual en alquileres de hasta 900 euros (lo que supone un incremento el techo de la renta que estaba hasta ahora en 600 euros). Para ello:

- tener hasta 35 años en el momento de la solicitud.

- tener unos ingresos mensuales inferiores a 1.597,53 euros (tres veces el IPREM). Es decir, 19.170,39 euros anuales si se cobran 12 pagas y 22.365,42 euros si se reciben 14.

-Los mayores de 35 años podrán recibir hasta el 40% de la renta que abonan sin límite -en el anterior plan había un tope de 2.400 euros al año-.

Mayores de 65 años 

Aquellos mayores de 65 años con unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM y un patrimonio inferior a 100.000 euros podrán elegir durante tres años entre una ayuda de hasta el 50% del alquiler (para recibos de hasta 900 euros) o, en caso de tener la vivienda en propiedad, un apoyo,de hasta 200 euros para los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos como agua, luz o gas.

Residencias para personas mayores

El Ejecutivo también tiene planeado pagar hasta el 40% de la inversión a las entidades públicas y privadas que construyan edificios o complejos residenciales destinados durante al menos 40 años al alquiler para personas mayores.

Viviendas para desahuciados

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se complementa con una ayuda del Estado y las autonomías para el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o colectivos vulnerables, con una aportación del 80% del Ministerio y del 20% de las autonomías.

¿Quién asume el pago?

Por lo que se ha adelantado, el Estado y las autonomías asumirán el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler, al igual que con colectivos vulnerables, que podrán optar a viviendas desocupadas y disponibles de la Sareb (Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para habitarlas en régimen de alquiler con esta ayuda económica.

La aportación de esta cuantía será un 80% del Ministerio y un 20% de las autonomías.