El amparo colegial es la defensa que la corporación tiene y mantiene frente a un abogado que ha sufrido alguna injerencia en su actuación profesional.

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha prestado amparo a un abogado que recibió coacciones y amenazas de uno de los clientes a los que defendió y que como consecuencia a estos hechos fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 100 euros. El letrado, que llegó a recibir hasta 400 llamadas de su cliente, estuvo de baja médica durante 63 días y tuvo que recibir asistencia psicológica por trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que un juzgado de Paterna (Valencia) condena al cliente por un delito de coacciones, otro de amenazas, y una falta de injurias. Así mismo, se le obliga a abonar una indemnización de 3.528 euros y se le prohíbe acercarse al letrado a menos de 500 metros durante seis años.

Como consecuencia de estas coacciones, el abogado decidió solicitar amparo colegial en el ICAV, y se le fue concedido tras examinar la documentación y aprobarlo de forma unánime en la junta de gobierno, según han explicado fuentes del Colegio.

Al respecto, desde el Colegio de Abogados han explicado que el amparo colegial es la defensa que la corporación tiene y mantiene frente a un abogado que ha sufrido alguna injerencia en su actuación profesional. Es, han agregado, la protección que brinda la corporación cuando se ataca a la libertad profesional de un letrado. Este amparo se resuelve documental y judicialmente, aunque el Colegio no entra en el fondo del asunto.

El ICAV resuelve actualmente una media de entre cinco o 10 solicitudes de amparo formulados por letrados al mes. "Ante cualquier requerimiento o solicitud, el Colegio está ahí. Siempre tiene que estar apoyando a los compañeros porque forma parte de los estatutos", han concretado.

Sobre la condena al cliente que acosó al abogado, la sentencia recoge como hechos probados que el acusado, que había sido condenado en 2008 por un juzgado de Violencia sobre la Mujer en relación con un delito de coacciones, fue defendido por este abogado en una causa abierta por quebrantamiento de la medida de alejamiento impuesta. En este proceso, el acusado fue condenado y el letrado renunció a seguir representándole.

Ya con anterioridad a la renuncia, tal y como expone la sentencia, desde enero de 2011 el acusado llegó a realizar hasta 400 llamadas tanto al móvil del abogado como a su despacho profesional e, incluso, a su hermano, lo que le ocasionó un bloqueo de las líneas.

Así mismo, el acusado llegó a personarse en el despacho profesional del letrado, y al encontrarse con el hermano le dijo que si veía a la víctima "le iba a correr a hostias" si no le cogía el teléfono, así como que era un estafador, lo que igualmente le indicó en un SMS. Como consecuencia de estos hechos, el letrado estuvo de baja médica durante 63 días y tuvo que recibir asistencia psicológica por trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido.

El juez consideró probado el delito de coacciones por las 400 llamadas que hizo al letrado. Sobre las mismas, el acusado indicó durante el juicio que llamó a la víctima "en varias ocasiones" y lo hizo para reclamarle la entrega de la factura por los honorarios recibidos por el trabajo desempeñado y que el acusado indicaba haber abonado.

Al respecto, el magistrado mantiene que el elevado número de llamadas "no responde al concepto de 'varias' empleado por el acusado, ni tampoco a la simple voluntad de obtener la factura de un pago realizado, sino que viene a suponer un tráfico constante de llamadas capaz de bloquear cualquier línea telefónica".