La justicia europea confirma en lo sustancial la sanción a Google por restringir ilegalmente la competencia a su motor de búsqueda

El Tribunal General, en su sentencia de 14 de septiembre de 2022 (asunto T-604/18, Google y Alphabet/Comisión), confirma en gran medida la decisión de la Comisión que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores móviles con el objetivo de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.

Antecedentes

Mediante decisión de 18 de julio de 2018, la Comisión europea sancionó a Google por haber abusado de su posición dominante al imponer restricciones contractuales anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles, algunas de las cuales se remontaban a enero de 2011.

En concreto, se sancionaban tres tipos de restricciones:

• Las que obligaban a fabricantes de dispositivos móviles a preinstalar las aplicaciones de búsqueda general y de navegación de Google para que este les otorgara una licencia de explotación de su tienda de aplicaciones (Play Store), incorporadas en «acuerdos de distribución».
• Las que condicionaban la obtención de las licencias de explotación necesarias para la preinstalación de las aplicaciones Google Search y Play Store por parte de los fabricantes de dispositivos móviles al compromiso de estos de abstenerse de vender dispositivos equipados con versiones de Android no autorizadas por Google, incorporadas en «acuerdos contra la fragmentación».
• Las que supeditaban la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles a que estos se comprometiesen a renunciar a la preinstalación de un servicio de búsqueda general de la competencia en una cartera de dispositivos predeterminada, incorporadas en «acuerdos de reparto de los ingresos».

Son restricciones que, según la Comisión, tenían como objetivo proteger y reforzar la posición dominante de Google en el ámbito de los servicios de búsqueda general y, con ello, los ingresos obtenidos gracias a anuncios publicitarios asociados a tales búsquedas. Se consideró la existencia de una infracción única y continuada y se impuso a la empresa una multa de cerca de 4.343 millones de euros, la mayor nunca impuesta en Europa por una autoridad de la competencia.

La apreciación del Tribunal General

El Tribunal General desestima en lo esencial el recurso interpuesto por Google, limitándose a anular la decisión solamente en la medida en que declara que los acuerdos de reparto de ingresos por cartera mencionados constituyen, en sí mismos, un abuso y fijando el importe de la multa impuesta en 4.125 millones de euros.

Por lo que se refiere a la valoración del carácter abusivo de las restricciones controvertidas, el Tribunal General considera lo siguiente:

• Con respecto a las condiciones de preinstalación impuestas a los fabricantes de dispositivos móviles, el Tribunal entiende que ninguna de las críticas formuladas por Google desvirtúa lo argumentado por la Comisión, que consideró que tal preinstalación podía suscitar un «sesgo de statu quo».
• Sin embargo, por lo que se refiere a la condición de preinstalación única incluida en los acuerdos de reparto de los ingresos por cartera, el Tribunal estima el motivo del recurso de Google, al considerar que no podía corroborarse la constatación de un abuso resultante en sí mismo de dichos acuerdos.
• En cuanto a las restricciones incorporadas en los acuerdos contra la fragmentación, el Tribunal entiende acreditado el obstáculo al desarrollo y a la comercialización de productos competidores en el mercado de los sistemas operativos con licencia. La práctica en cuestión había llevado a un reforzamiento de la posición dominante de Google en el mercado de los servicios de búsqueda general, al tiempo que constituía un freno a la innovación, puesto que había limitado la diversidad de ofertas accesibles para los usuarios.

En base a la valoración de las circunstancias relativas a la sanción, el Tribunal estima que procede reformar la decisión impugnada a los efectos de fijar el importe de la multa a imponer a Google en 4.125 millones de euros. A tal fin, del mismo modo que la Comisión, ve adecuado considerar el carácter deliberado de la aplicación de las prácticas infractoras y el valor de las ventas pertinentes realizadas realizadas por Google en el último año de su participación completa en la infracción. En cambio, también entiende adecuado tener en cuenta la evolución en el tiempo de los distintos aspectos de la infracción y la complementariedad de las prácticas en cuestión para evaluar el impacto de los efectos de expulsión fundadamente constatados por la Comisión en la decisión impugnada.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.