Tras los graves fallos de seguridad detectados hace tan solo unos días, se reabre el debate sobre LexNET.

El fallo de seguridad que tuvo lugar durante varias horas del jueves 27 de julio, y que permitía, según los operadores jurídicos que lo denunciaron, que cualquier usuario de la plataforma LexNET (se estima que más de 140.000 abogados y procuradores) pudiese acceder sin ningún tipo de problema a la carpeta de cualquier otro, ha vuelto a poner en tela de juicio la operatividad de un sistema que ha costado más de 7 de millones de euros a las arcas públicas, y eso, sin contar los gastos previos a 2010.

 El Ministerio salía al paso con una nota informativa, rápidamente distribuida por los diversos Colegios profesionales, donde, ante la amenaza de una vulneración masiva a la Ley Orgánica de Protección de Datos, se decía, entre otras cosas lo siguiente:

"El defecto ha sido completamente subsanado en un plazo inferior a 5 horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema. Los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema LexNET. El Ministerio quiere reiterar que el sistema LexNET es una aplicación destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales. Los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de LexNET de un usuario que no fuera el legítimo. Dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado".

Sin embargo, y lejos de calmar los ánimos, el Ministerio ha vuelto a avivar la polémica sobre un sistema que, entre otras cosas, se ha puesto en entredicho por estar bajo el control del Ministerio de Justicia (el poder ejecutivo) y no por el poder judicial, o por su extremada lentitud, que exige trabajar con sistema determinado y un navegador (obsoleto), igualmente determinado, y que ni siquiera permite enviar documentos a color, como señala el "descubridor" de la última incidencia, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, en declaraciones a un conocido diario. 

El hecho acaecido no hace más que dar la razón a los que piden una auditoría de este sistema informático, fuente de disfunciones y problemas desde su puesta en funcionamiento. Prueba de ello es, entre otras, la ya popular imagen que ilustra esta noticia.