Última revisión
Se publican en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la Ley por la función social de la vivienda, la ley para paliar y reducir la pobreza energética y la ley por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
El 09/02/2017 se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana todo un paquete de medidas legislativas en materia social y de emergencias. Las normas son la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, la
Por lo que respecta al primero de los textos legales, esto es, la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, ante la constatación de la existencia de un amplio número de viviendas desocupadas, establece un paquete de medidas para su movilización "con la pretensión de satisfacer las necesidades de la población, especialmente los que más lo requieran, razón por la cual se adopta un compendio de iniciativas de actuación sobre la vivienda deshabitada, de primera residencia y preferentemente en manos de entidades financieras", destacando la regulación del procedimiento de declaración de una vivienda como deshabitada, "particularmente diseñado para grandes tenedores" de vivienda, y que se materializa en la imposición de multas coercitivas si la misma no se ocupa efectivamente en el plazo máximo de 6 meses fijado por la norma.
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Finalmente, la Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, persigue "la constitución de un ente reconocible, no sólo a nivel interno y orgánico dentro de la Generalitat sino también por la ciudadanía y agentes sociales, como responsable de la seguridad y la respuesta a las emergencias en el territorio valenciano". Su función es unificar las directrices estratégicas, fijar un marco normativo de actuación, desplegar un catálogo de servicios y de actividades común, utilizar criterios semejantes de gestión y contar con espacios de participación y deliberación, respetando siempre la autonomía de las entidades implicadas y una mayor coordinación y control en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos.