Prescribe el plazo para exigir responsabilidad civil al Santander por la compra del Popular

Se cumple un año desde que Banco Santander compró, a través de una subasta exprés, el Banco Popular al Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) por un euro, ante el riesgo de que el banco no tuviese liquidez para atender a sus clientes, mediante la amortización de las acciones, en detrimento de los accionistas.

Según aseguró fuentes del Santander, se prevé que el proceso de integración jurídica de Santander y Popular se complete entre los meses de septiembre y octubre de 2018. De hecho, «inmediatamente» después de que termine este proceso, la entidad se encontrará «lista» para acometer la integración tecnológica de las oficinas de Santander y Popular en España.

No obstante, los perjudicados por la resolución del Popular, (los 305.000 accionistas que vieron cómo sus ahorros e inversiones desaparecieron y se quedaron en cero, así como bonistas), piden ahora que Santander asuma las contingencias mediante responsabilidad por culpa extracontractual por daños y perjuicios, aunque su plazo para reclamar por esta vía prescribe hoy, jueves 7/06/2018.

El Popular ocultó información sobre su situación con pleno conocimiento. Por ello, toda vez que el Santander ha asumido los activos del Popular, también se debe responsabilizar de los pasivos y de las contingencias pasadas que se deriven.

El artículo 1909 del Código Civil establece el plazo de un año para reclamar esta responsabilidad por culpa extracontractural, es por ello que los despachos de abogados han estado presentado las pertinentes reclamaciones extrajudiciales con el fin de romper la prescripción, ya que al presentar un nuevo escrito se puede interrumpir. 

• Vías alternativas.

Además de la vía civil, existen otros caminos para reclamar como el contencioso-administrativo, que se presenta ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Sin embargo, este procedimiento está suspendido de momento hasta que Luxemburgo resuelva. La Audiencia Nacional ha estado tramitando estos recursos contencioso-administrativos sobre la resolución (un total de 259), no obstaante, decidió suspender la tramitación de estos recursos hasta que se resuelvan los procesos pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) relativos a la decisión de resolver la entidad por parte de la JUR.

De su lado, la JUR está pendiente de la publicación del segundo informe elaborado por Deloitte. Este segundo documento, cuya publicación estaba prevista a lo largo del primer trimestre del año, evaluará si los antiguos accionistas y acreedores subordinados del Popular habrían recibido un trato mejor en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada mediante un procedimiento nacional de insolvencia.