Presentan un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno por su retraso a la hora de aprobar el reglamento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social

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Con fecha 4 de diciembre, CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el gobierno por la falta de desarrollo reglamentario del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapcidad y su inclusión social. El plazo máximo para el mismo, de 2 años, terminaba ese mismo día. 

  • Materias: Administrativo
  • Fecha: 05/12/2017

condiciones básicas accesibilidad personas con discapacidad

El 4 de diciembre, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TS contra el Gobierno por la falta de desarrollo reglamentario del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. La Disposición Final 3ª de la norma establecía que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, el mismo aprobaría unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, hecho que, finalmente, no se ha producido.

Según la organización demandante, plataforma constituida por las principales organizaciones y entidades estatales de personas con discapacidad que agrupan a su vez a más de 8.000 asociaciones y entidades, "La no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad".  

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