El rescate de Banco Popular ha supuesto 51 demandas contra los reguladores de la Unión Europea

La resolución emitida por la Junta Única de Resolución (JUR, el FROB europeo) ha provocado que los abogados de grandes inversores se pusieran en pie de guerra que consecuenció una avalancha de demandas no solo en España, sino también en Luxemburgo, que se enfrenta a uno de sus mayores desafíos legales y supone un nuevo ataque contra la normativa sobre rescates bancarios.

El Tribunal de Justicia de la UE (con sede en Luxemburgo) ha admitido a trámite un total de 51 demandas contra la JUR, después de que éstos determinasen la escasa viabilidad del Banco por una falta de liquidez y por escasa solvencia, lo cuál provocó que las autoridades eruopeas interviniesen, en junio,al Popular y lo vendieron por un euro al Santander. Los accionistas y los bonistas que han reclamado ante la justicia europea la devolución de sus inversiones pueden sumar más de 2.000 millones de euros, correspondientes al menos a 7.000 inversores, aunque las pérdidas suman más de 4.000 millones de euros.

Fuentes del tribunal europeo aseguraron que las reclamaciones contra la resolución del Popular pueden considerarse el mayor en número de acciones legales contra una única decisión de la UE presentada ante el TJUE. Estas demandas solicitan que la JUR anule la venta de Popular a favor del Santander y que indemnice a los inversores, a pesar de que algunas también incluyen en sus demandas a la Comisión Europea.

La resolución de todas las reclamaciones es una incógnita, ya que no existe plazo para ello. Fuentes jurídicas aseguran que no hay un tiempo fijo para que el tribunal emita su sentencia, pero afirman que el promedio de los procesos es de 18 meses, según muestran las estadísticas judiciales.