El TC avala la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera

El Constitucional informa a través de una nota informativa de una sentencia dictada el 6 de septiembre de 2018 en la que avala que el personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera pueda ejercer funciones de policía administrativa.

Viene a desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, considerando por unanimidad que el contenido de esta disposición no invade las competencias del Estado en materia penal (art. 149.1.6 CE) y en materia de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE).

El fallo señala la norma catalana puesta en entredicho se limita a atribuir al personal concernido la condición de agente de la autoridad como título de intervención sobre los usuarios del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera, a los efectos de ?permitir que puedan ejercer funciones de policía administrativa sobre ellos?. Por tanto, ?dicho personal debe dar cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, que serán los encargados de imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la ley autonómica?.

La sentencia añade que esa atribución no comporta la asunción por ?ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas?.

El TC aclara que a diferencia de lo que sucedía en el caso del artículo 38.4 de la Ley 4/2006, Ferroviaria de Cataluña, que atribuía la condición de agentes de la autoridad a los interventores ferroviarios a los efectos de exigir responsabilidad por conductas punibles conforme al Código Penal (este motivo fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 50/2018), la disposición adicional aquí cuestionada no atribuye a los empleados de la empresa de transporte la protección del artículo 550 del Código Penal.

Por tanto, alcanzada la conclusión de que la disposición cuestionada no constituye una norma penal también se rechaza ?la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en materia penal derivado del art. 25.1 Constitución?.

Por último, el TC también desestima otra de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto a una posible vulneración de la competencia estatal en materia de seguridad pública.

La sentencia explica que reconocer ?la condición de agentes de autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera no lo es en el sentido de policía gubernativa sino en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios. Particularmente, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un título válido de transporte?.

FUENTE: Notas de prensa TC